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Sentencia AP-897-19 — Registro 12555

Resumen

Resolución que declaró sin lugar solicitud de recibimiento de prueba, en proceso penal en la causa instruida contra Persona Desconocida, por el delito de Homicidio y Robo Agravado dejando entrever el Juzgador que para acceder a la pretensión de recurrente se hacía necesaria la identificación del imputado// esta Sala a su vez ha entendido que lo que se reclama en concreto no es la inadmisión del recurso de reposición sino la decisión de la inadmisión de los medios de prueba bajo la formalidad de prueba anticipada, por lo que las consideraciones de este fallo parten de esta premisa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(8): Que primeramente es importante señalar que como puede observarse, la recurrente estableció en el escrito de interposición del presente recurso, que la actuación en contra de la que se reclamaba garantía de amparo era la emitida por la juez de instancia en fecha 12 de junio de 2018, la cual resolvía un recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución de fecha 16 de mayo de 2018, referente a las diligencias de prueba anticipada a la que ya hemos hecho referencia. Esta Sala ha dicho en reiterada jurisprudencia que las resoluciones en las que se decide sobre la procedencia de un recurso de reposición no admiten recurso alguno y por ende, no son susceptibles de ser recurridas por vía de amparo. No obstante, se advierte de las consideraciones de la Alzada en la sentencia que se revisa, que se consideró como acto reclamado en amparo, no el señalado por la impetrante sino el referido auto de fecha 16 de mayo de 2018, probablemente atendiendo a los razonamientos presentados por ente fiscal en sus escritos de interposición y de formalización, con lo que esta Sala a su vez ha entendido que lo que se reclama en concreto es la decisión de la juez de instancia relacionada a su pronunciamiento en torno a la inadmisión de los medios de prueba bajo la formalidad de prueba anticipada, por lo que las consideraciones de este fallo parten de esta premisa. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala concuerda con el criterio de la Alzada en estimar como violatoria de la garantía del debido proceso la resolución emitida por la juez de instancia en fecha 16 de mayo de 2018, puesto que efectivamente, la norma reguladora de la prueba anticipada se encuentra meridianamente establecida en nuestro Código Procesal Penal en su artículo 277, mismo que prevé los supuestos y circunstancias en que los que proceden las pruebas anticipadas, así como la forma en la que debe ser rendida y evacuada dicha prueba. De las consideraciones de la resolución reclamada resulta evidente que tal regulación legal ha sido desconocida por la A-quo, la cual valiéndose de una apreciación errónea y arbitraria, ha desatendido su función jurisdiccional al excluir inexcusablemente de sus razonamientos resolutorios a la propia ley. La decisión de la A-Quo contraviene el artículo 277 del Código Procesal Penal pues no es verdad que deba esperarse –o más grave aún exigirse— la presentación del requerimiento fiscal para que el Ministerio Público pueda solicitar pruebas anticipadas, y tampoco es cierto que deba estar identificado el imputado para tal propósito, como parece entenderlo la juez A-Quo, quien además no deja claro el porqué decidió aplicar lo estipulado por el artículo 253 del Código Procesal Penal, referente al reconocimiento en rueda, cuando del escrito presentado por el Ministerio Público no consta que tal diligencia haya sido solicitada. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala se ha pronunciado ya en forma reiterada, en cuanto a que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (11): Que así entonces, esta Sala advierte de las actuaciones de mérito que la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, y que ha sido objeto del presente recurso de amparo, efectivamente se traduce en una vulneración a la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, dado que la misma ha no ha sido dictada en consonancia con el ordenamiento jurídico, al limitar dicho Tribunal en forma indebida el derecho que asiste al Ministerio Público de solicitar la recepción anticipada de la prueba de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal, el cual ha sido desconocido por la juez de instancia en la resolución objeto de amparo, lo que le ha deparando perjuicio al MINISTERIO PÚBLICO, y sobre todo a la víctima a la cual representa, circunstancias que han sido correctamente advertidas por la Alzada en el fallo sometido a revisión por parte de esta Sala. CONSIDERANDO (12): Que analizada que ha sido la sentencia objeto de examen, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, en particular los atinentes a la garantía genérica del debido proceso y la tutela judicial efectiva, con lo cual esta Sala encuentra que al emitir la sentencia objeto de estudio, la Alzada ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado"

Legislación citada

Sentencia

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