Sentencia AP-884-16 — Registro 12269
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra el auto de apertura a juicio dictada por el Juez de Letras Natural designado por La Corte Suprema de Justicia, con relación a los delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, otros fraudes y fraude, respectivamente, en perjuicio de la fe y la administración pública del estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del A-Quo contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del A-Quo objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del A-Quo contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del A-Quo objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ contra el Auto de Apertura a Juicio dictada por el JUEZ DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, OTROS FRAUDES y FRAUDE, respectivamente, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINITRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho de junio de dos mil quince, las Abogadas ELSA GERTRUDIS CALDERON GODOY Y MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia, presentando requerimiento fiscal contra los señores MARIA DE LOS ANGELES FUNES PINEDA, MARTHA GRISSELDA VASQUEZ ORDOÑEZ, ERICKA NINOSKA CASTILLO CANELAS, MIRZA LIZETH RUIZ CASTRO, KISTIAN MANUEL BAUTISTA, MIRTA GLORIA ESCOBAR CARCAMO, SOAD ESTRELLA OROZCO MONTOYA, MARIA CRISTINA NUÑEZ GARCIA, EVELYN FLORES DIAZ, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y PREVARICATO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; contra MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, GINETTE KARIME GUTIERREZ AREVALO, LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO, JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO, CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA, GLADIS IRIAS RIVERA, GILBERTO LEZAMA TORO por suponerlos responsables de los delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA SALUD PÚBLICA; y contra LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO por suponerla responsable del delito de FRAUDE CONTRA LOS INTERESES DEL ESTADO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-2) Que, seguido el Proceso, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Juez de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, resolvió: “…III. Decretar AUTO DE APERTURA A JUICIO, contra los imputados MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, (Autor) GINETTE KARIME GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), LENA KAIN GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO (Autor), GLADYS IRIAS RIVERA (Complicidad), GILBERTO LEZAMA TORO (Autor), por suponerlos responsables a título de autores y cómplices de la comisión de los delitos contra la Salud Pública, Falsificación de Documentos Públicos, Uso de Documento Público Falso y Otros Fraudes todos estos delitos en perjuicio de La Administración Pública, La Fe Pública y La Salud Pública,…” (Folios del 2066 al 2072 del Tomo III de la primera pieza de antecedentes). -3) Que los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, afirmando que la resolución de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ se dirige contra el Auto de Apertura a Juicio dictada por el JUEZ DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, OTROS FRAUDES y FRAUDE, respectivamente, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, afirmando que la resolución de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, señalando, que el Juez de Letras Natural Designado, ha violentado el debido proceso legal previsto por el Artículo 90 de la Constitución de la República por haber dictado un Auto de Formal Procesamiento, desconociendo lo dispuesto en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República que al carecer de motivación en los términos del Artículo 141 del Código Procesal Penal además de que no están acreditados la evidencia probatoria del delito acusado ni los indicios racionales que la persona imputada es autor o cómplice.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por el Juez de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual, entre otras situaciones resolvió: “…III. Decretar AUTO DE APERTURA A JUICIO, contra los imputados MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, (Autor) GINETTE KARIME GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO (Autor), GLADYS IRIAS RIVERA (Complicidad), GILBERTO LEZAMA TORO (Autor), por suponerlos responsables a título de autores y cómplices de la comisión de los delitos contra la Salud Pública, Falsificación de Documentos Públicos, Uso de Documento Público Falso y Otros Fraudes todos estos delitos en perjuicio de La Administración Pública, La Fe Pública y La Salud Pública,…”, se aprecia en la misma, que el Ad-Quo hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo que a lo largo del juicio fueron aportadas pruebas por el ente acusador, las cuales llevan a la plena prueba de que se cometieron delitos, ya que existen todos los elementos de su tipificación legal en el caso que nos ocupa, es por lo que a criterio del Juzgador que no existen pruebas de descargo que motiven a dictar un sobreseimiento definitivo a los imputados como fuera solicitado por sus poderdantes.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del A-Quo contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del A-Quo objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firma y Sello JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDET.- NARY MAURICIO MIRANDA.- RUBEN RIVERA FLORES.- ROXANA LICETH MORALES TORO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0884-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ contra el Auto de Apertura a Juicio dictada por el JUEZ DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, OTROS FRAUDES y FRAUDE, respectivamente, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINITRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha dieciocho de junio de dos mil quince, las Abogadas ELSA GERTRUDIS CALDERON GODOY Y MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia, presentando requerimiento fiscal contra los señores MARIA DE LOS ANGELES FUNES PINEDA, MARTHA GRISSELDA VASQUEZ ORDOÑEZ, ERICKA NINOSKA CASTILLO CANELAS, MIRZA LIZETH RUIZ CASTRO, KISTIAN MANUEL BAUTISTA, MIRTA GLORIA ESCOBAR CARCAMO, SOAD ESTRELLA OROZCO MONTOYA, MARIA CRISTINA NUÑEZ GARCIA, EVELYN FLORES DIAZ, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y PREVARICATO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; contra MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, GINETTE KARIME GUTIERREZ AREVALO, LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO, JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO, CARLOS ALBERTO ZAMORA BAUTISTA, GLADIS IRIAS RIVERA, GILBERTO LEZAMA TORO por suponerlos responsables de los delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS Y OTROS FRAUDES, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA SALUD PÚBLICA; y contra LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO por suponerla responsable del delito de FRAUDE CONTRA LOS INTERESES DEL ESTADO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-2) Que, seguido el Proceso, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Juez de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, resolvió: “…III. Decretar AUTO DE APERTURA A JUICIO, contra los imputados MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, (Autor) GINETTE KARIME GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), LENA KAIN GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO (Autor), GLADYS IRIAS RIVERA (Complicidad), GILBERTO LEZAMA TORO (Autor), por suponerlos responsables a título de autores y cómplices de la comisión de los delitos contra la Salud Pública, Falsificación de Documentos Públicos, Uso de Documento Público Falso y Otros Fraudes todos estos delitos en perjuicio de La Administración Pública, La Fe Pública y La Salud Pública,…” (Folios del 2066 al 2072 del Tomo III de la primera pieza de antecedentes). -3) Que los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, afirmando que la resolución de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ se dirige contra el Auto de Apertura a Juicio dictada por el JUEZ DE LETRAS NATURAL DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, por suponerlo responsable de los DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, OTROS FRAUDES y FRAUDE, respectivamente, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados MARCO TULIO CANALES y DAGOBERTO MEJÍA PINEDA, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del señor MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, afirmando que la resolución de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y que se deja relacionada en el inciso que precede es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, señalando, que el Juez de Letras Natural Designado, ha violentado el debido proceso legal previsto por el Artículo 90 de la Constitución de la República por haber dictado un Auto de Formal Procesamiento, desconociendo lo dispuesto en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República que al carecer de motivación en los términos del Artículo 141 del Código Procesal Penal además de que no están acreditados la evidencia probatoria del delito acusado ni los indicios racionales que la persona imputada es autor o cómplice.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala tuvo por formalizado el recurso de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por el Juez de Letras Natural Designado por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual, entre otras situaciones resolvió: “…III. Decretar AUTO DE APERTURA A JUICIO, contra los imputados MARCO TULIO GUTIERREZ VELASQUEZ, (Autor) GINETTE KARIME GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), LENA KARIN GUTIERREZ AREVALO (Complicidad), JULIO CESAR GUTIERREZ AREVALO (Autor), GLADYS IRIAS RIVERA (Complicidad), GILBERTO LEZAMA TORO (Autor), por suponerlos responsables a título de autores y cómplices de la comisión de los delitos contra la Salud Pública, Falsificación de Documentos Públicos, Uso de Documento Público Falso y Otros Fraudes todos estos delitos en perjuicio de La Administración Pública, La Fe Pública y La Salud Pública,…”, se aprecia en la misma, que el Ad-Quo hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo que a lo largo del juicio fueron aportadas pruebas por el ente acusador, las cuales llevan a la plena prueba de que se cometieron delitos, ya que existen todos los elementos de su tipificación legal en el caso que nos ocupa, es por lo que a criterio del Juzgador que no existen pruebas de descargo que motiven a dictar un sobreseimiento definitivo a los imputados como fuera solicitado por sus poderdantes.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del A-Quo contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por los recurrentes no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del A-Quo objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firma y Sello JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDET.- NARY MAURICIO MIRANDA.- RUBEN RIVERA FLORES.- ROXANA LICETH MORALES TORO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0884-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL