Sentencia AP-883-19 — Registro 12554
Resumen
otorgamiento de acción de amparo interpuesta contra resolución que inadmitió medios de pruebas interpuestas por recurrente en la causa que se le instruya por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional, que no comparte la decisión del Tribunal de Sentencia, ya que es un imperativo para el Tribunal de Sentencia explicar detallada y razonadamente a las partes, los aspectos concretos que tomó en consideración para estimar que la prueba no reúne los requisitos de admisibilidad. Así pues, debe otorgarse el amparo por este aspecto y en atención a lo que dispone el Artículo 141 del Código Procesal Penal, deviene el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Extorsión en la obligación de emitir nuevamente su resolución y motivar adecuadamente el rechazo de la prueba. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo del dos mil veintiuno.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto el abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), quien declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la demanda ejecutiva de hacer no personalísimo, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL SIG-URBAN, INMOBILIARIA Y LOTIFICADORA S DE R.L. contra la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL).- Estimando el recurrente que la resolución reclamada ha violentado los derechos consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada ALMA IRIS TOLEDO BAIRES en su condición de representante procesal de SIG URBAN INMOBILIARIA Y LOTIFICADORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o su abreviatura S. DE R.L DE C.V o sus siglas “SIG-URBAN S DE R.L DE C.V”, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, interponiendo demanda de ejecución forzosa de hacer no personalísimo, mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, habilitación de días y horas inhábiles. (Folio 01 al 12 de la pieza del Juzgado).-2) Que una vez evacuado el trámite correspondiente, en fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua FALLÓ: PRIMERO: En atención a lo antes expuest6o este Juzgado declara SIN LUGAR la oposición a la ejecución de hacer no personalísimo, interpuesta por el abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID, en su condición de parte ejecutada y apoderado legal de LA COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), representada por LA COMISIÓN INTERVENTORA, integrada por JUAN CARLOS GUZMAN REYES y JUAN CARLOS VILLACORTA LEMUS.- SEGUNDO: CON COSTAS para la parte ejecutada, en virtud de haber visto rechazadas sus peticiones y además porque deben de ser pagadas por el mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 746 del Código Procesal Civil…”(Folios 169 al 171 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua FALLÓ: PRIMERO: DECLARAMOS SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID en su condición de apoderado Legal de LA COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), contra la resolución de fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019) proferida por el Juzgado de Letras Civil de la Ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en LA DEMANDA EJECUTIVA FORZOSA DE HACER NO PERSONALISIMO promovida por INMOBILIARIA Y LOTIFICADORA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (SIG-URBAN S DE R.L DE C.V), en virtud de la cual DECLARA SIN LUGAR LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN FORZOSA DE HACER NO PERSONALISIMO, interpuesta por el Abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID, en su condición de parte ejecutada y apoderado legal de COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL) representada por LA COMISION INTERVENTORA, integrada por JUAN CARLOS GUZMAN REYES y JUAN CARLOS VILLACORTA LEMUS.- SEGUNDO: CONFIRMAMOS LA RESOLUCIÓN RECURRIDA DESCRITA EN EL ACAPITE PRIMERO.- TERCERO: CON COSTAS…” (FOLIO 11 al 13 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) El recurrente, abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID, compareció ante esta Sala en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de LA COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL), por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), infringe los derechos consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en perjuicio de su representación procesal. (Folios 01 al 11 de la pieza de Amparo).-5) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veinte (2020), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folios 44 de la pieza de amparo).-6) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinte (2020), la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo; con fundamento en que la resolución impetrada es acorde a lo preceptuado en los artículos 304 de la Constitución de la República y 13 del Código Procesal Civil; en lo pertinente a la valoración razonada de la prueba para fundar el convencimiento del Tribunal Ad Quem, señalando claramente los motivos por los cuales resulta improcedente la oposición a la ejecución forzosa de hacer no personalísimo, haciendo referencia a los diferentes medios de prueba aportados por la parte ejecutante en Audiencia de Oposición, tales como son: La Transacción Judicial homologada de fecha 20 de marzo de 2018, solicitud de nuevo acuerdo conciliatorio, escrituras de primera y segunda hipoteca; por lo cual se estima que, si bien no se está ejecutando propiamente la transacción judicial que fue homologada, sí se actúa con acuerdo a lo prescrito en los artículos 751 y 782 (Sic.), relativos a la fuerza ejecutiva a las sentencias, acuerdos homologados y a los instrumentos públicos creados por los Notarios, sean primera o segunda copia. Además, reconoce el Dictamen Fiscal, que, del estudio de la foliada, no se desprenden cláusulas que prohíban liberación de inmuebles otorgados en garantía, por pagos parciales; por lo cual la parte ejecutante ha demostrado la fuerza ejecutiva que poseen los títulos presentados, en los cuales sustenta su pretensión. Finalmente, con relación a los recursos de que es susceptible la resolución, se comparte el criterio esgrimido por la Alzada. (Folios 49 al 52 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual declara Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la DEMANDA EJECUTIVA DE HACER NO PERSONALÍSIMO, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL SIG-URBAN, INMOBILIARIA Y LOTIFICADORA S DE R.L. contra la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL); tomando como fundamento para tal declaratoria que, la parte ejecutante acreditó la fuerza ejecutiva de los títulos presentados, así como el pago parcial de la deuda con la Cooperativa COMIXMUL, por la cantidad de L 80, 432.06; por lo cual los motivos invocados por el recurrente no son de recibo, debiendo continuarse con el trámite de la Demanda de Ejecución Forzosa de no hacer Personalísimo. Asimismo, considera la Corte Ad Quem que, el artículo 2113 del Código Civil, es adecuado fundamento legal para darle trámite a la demanda de ejecución forzosa de hacer no personalísima; en vista a que no pesa sobre los bienes hipotecados descritos, la prohibición expresa de su liberación parcial, conforme a la amortización de la deuda; aunado a que se encuentra probada la realización de pagos parciales, en la foliada.-CONSIDERANDO (4): Que la formalización del recurso de amparo, manifiesta el abogado MARCO ORLANDO DEL CID DEL CID, que los preceptos constitucionales vulnerados a su representación procesal, son el derecho a la defensa y al debido proceso, garantizados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, los cuales rezan que el derecho a la defensa es inviolable y que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; y a que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. -CONSIDERANDO (5): Que contra la resolución de apelaciones impetrada se interpuso el remedio procesal de aclaración y corrección, en vista a modificarse el auto original, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, en el cual se consignaba que cabía contra dicho fallo el Recurso Extraordinario de Casación; por ulterior auto, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), en el cual se suprimió el acceso recursivo al mismo. Promoviéndose, asimismo, el recurso de reposición, en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), siendo ambos objetos de denegatoria por parte de la Alzada, dejando expedita la vía para peticionar la acción constitucional de amparo. Percibe el garantista en esta modificación al auto originalmente proferido por la Corte de Apelaciones, un agravio a la juridicidad del proceso y, particularmente, una violación a los derechos y garantías constitucionales invocadas; pues si el artículo 765 habilita la apelación contra los autos que decidan con carácter definitivo la oposición, procedería también el Recurso Extraordinario de Casación; según lo consignado en los Comentarios al Código Procesal Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su “página 966, párrafo segundo” (Sic.).-CONSIDERANDO (6): Que manifiesta el garantista, asimismo, que considera la Corte Ad Quem debió haber concedido la oposición y dictado la nulidad de la demanda de ejecución de hacer no personalísimo, promovida por su contraparte contra su representada, en supuesta condición de ejecutada. Asevera lo anterior, en vista a que tal demanda no estuvo orientada a hacer cumplir el contenido del título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada, sino que se extendió indebidamente a cuestiones no integradas en la pretensión debatida en el proceso en el que se constituyó el título, que supuestamente se ejecutaba; obviando el Ad Quem que, conforme al artículo 744 numerales 1 y 2 (Sic.), el título que se ejecute determina el límite de la actividad ejecutiva. Y que, careciéndose de obligación que se pudiera demandar por la vía de ejecución forzosa, de la COMIXMUL, se configuró un acto nulo. Por todo lo cual recurre el amparista a esta Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando se enmiende con arreglo a derecho lo resuelto por el Tribunal Ad Quem. -CONSIDERANDO (7): Que, en cuanto al alegato del garantista, de infracción al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa, visto lo improcedente de reformar la resolución impugnada, pues si el artículo 765 (Sic.) habilita la interposición de la apelación contra los autos que decidan con carácter definitivo la oposición, se desprendería también la procedencia del Recurso Extraordinario de Casación, citando al respecto la autoridad doctrinal de los Comentarios al Código Procesal Civil de la Corte Suprema de Justicia. Consultada la obra citada,[1] sin embargo, se desprende que dicho artículo refiere solamente a la ejecución de títulos judiciales por la vía de apremio (Ver el Libro VI, Titulo Segundo, Capítulo V); lo cual no es el caso, según se desprende lo alegado y resuelto en la audiencia de oposición, que se conociera en sede de apelaciones.-CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, sí resulta necesario consignar lo que refiere, como principio fundante de actuaciones, el Código Procesal Civil, con especial referencia al asunto conocido en amparo: “ARTÍCULO 742.- DERECHO A LA EJECUCIÓN FORZOSA. 1. La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada. 2. El litigante que hubiere obtenido a su favor ejecutoria, podrá solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con las reglas que se establecen en este Código”;[2] con relación a la tutela judicial que en esta fase procesal se ofrece al justiciable, sugieren los tratadistas concordar la expresión legal aquí utilizada, con lo preceptuado en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Civil, contentivos del derecho de acceso a los Tribunales civiles para peticionar la tutela de los derechos e intereses legítimos; entre los cuales, la pretensión de ejecución.-CONSIDERANDO (9): Que, en concordancia a lo anterior, es relevante citar literalmente lo que sigue: “La jurisprudencia constitucional, a fin de que la tutela judicial sea realmente efectiva, ha venido a proclamar reiteradamente que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos, de suerte que el beneficiado con el pronunciamiento de condena que se ejecuta, obtenga aquello a lo que se condenó al contrario. Es decir, se trata de que si se condenó a entregar una cantidad de dinero u otra cosa, esta se haga efectiva y si se condenó a hacer o no hacer una cosa, esa cosa se haga o se deje de hacer tal y como se resolvió en la sentencia”.[3]-CONSIDERANDO (10): Que, cabe poner de manifiesto que lo debatido, motivado y resuelto por la Corte de Apelaciones, no concuerda a la legalidad citada, ya que se limita a reconocer el carácter ilustrativo de uno de los títulos de ejecución, que acompañan la solicitud de la parte ejecutante apelada; tal como es la transacción judicial homologada de fecha 20 de marzo de 2018, y que, la conducta que se pretende obligatoria para la parte ejecutada apelante, no se encuentra prohibida en las escrituras de primera y segunda hipoteca, en las cuales el beneficiario del presente recurso aparece suscribiendo como garante hipotecario y a las cuales el órgano judicial le confiere fuerza ejecutiva. Mas no motiva el Ad Quem por qué habría de tutelarse, mediante Ejecución Forzosa de Hacer No Personalísimo, el cumplimiento del contenido de un título en lo que no se encuentra expresado literalmente; es decir, más allá de lo que obligan sus propios términos.-CONSIDERANDO (11): Que, siempre con relación a la tutela de la pretensión ejecutiva, la doctrina ha puesto de manifiesto que, al igual que sucede en el proceso de declaración, la ejecución forzosa tiene por objeto una pretensión, que no persigue ahora la declaración del derecho: “… pues ya consta en el título de forma indiscutible, sino precisamente que el órgano judicial realice las actividades coactivas necesarias para dar satisfacción al derecho del ejecutante habida cuenta del incumplimiento del ejecutado”.[4] En tal sentido, resulta formalizada la censura, en cuanto a que, la no valoración en la resolución de apelaciones de los motivos de oposición interpuesta contra la ejecución forzosa de cuestiones no integradas en la pretensión debatida, en el proceso en el que se constituyó el título, que supuestamente se ejecutaba. Resulta atinente aquí, también lo argumentado por el tratadista MORENO CATENA, sobre la acreditación de una causa de pedir, en la integración de la pretensión ejecutiva; la cual se concreta en el título de ejecución, en primer término, por representación del hecho jurídico que faculta para demandar la ejecución y; en segundo lugar, fundamentando por sí mismo la posición del ejecutante: “(…), que nada tiene que probar sino el propio título, pues éste marca los límites y la medida de las actividades en que se concreta la ejecución forzosa”.[5] -CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, que, de lo expuesto y circunstanciado, se colige la procedencia de la acción de amparo interpuesta, por violación al debido proceso que asiste a la parte que aparece como demandada en vías de ejecución forzosa; correspondiendo a la Corte de Apelaciones recurrida, razonar adecuadamente los puntos de la valoración judicial aquí señalados como omisos, o incongruentes con la legalidad aplicable; proveyendo motivación amplia y suficiente, con fundamentación legal congruente y de fondo, en un nuevo fallo, a emitirse de conformidad a derecho. - En virtud de lo cual procede declarar, la violación del derecho al debido proceso que asiste a la representación procesal demandante de amparo y la consiguiente estimatoria a la presente garantía constitucional.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 48, 49 51, 54, 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO promovida por el abogado MARCOS ORLANDO DELCID DELCID a favor de la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL), contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019). 2) Que proceda la Corte de Apelaciones recurrida a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en la parte motivacional de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de Junio del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0935-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: Abg. Lidia Álvarez Sagastume
Nº EXPEDIENTE
SCO–0935=2019
TIPO DE ACCION:
AMPARO CIVIL
DESCRIPCIÓN:
Recurrente: Abg. MARCO ORLANDO DEL CID DEL CID
Agraviada: La COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL)
Acto Reclamado: Resolución de la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019),quien declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el garantista contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019); con relación a la demanda ejecutiva de hacer no personalísimo, promovida por LA SOCIEDAD MERCANTIL SIG-URBAN, INMOBILIARIA Y LOTIFICADORA S. DE R.L., contra la COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA (COMIXMUL).
PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR LA RECURRENTE:
Que el recurrente ha aducido que la resolución del Ad Quem contraría lo prescrito en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en virtud de los siguientes aspectos:
a) Que contra la resolución de apelaciones impetrada se interpuso el remedio procesal de aclaración y corrección, en vista a modificarse el auto original, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, en el cual se consignaba que cabía contra dicho fallo el Recurso Extraordinario de Casación; por ulterior auto, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), en el cual se suprimió el acceso recursivo al mismo. Promoviéndose, asimismo, el recurso de reposición, en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), siendo ambos objetos de denegatoria por parte de la Alzada, dejando expedita la vía para peticionar la acción constitucional de amparo. Percibe en ello, un agravio a la juridicidad del proceso, pues si el artículo 765 habilita la apelación contra los autos que decidan con carácter definitivo la oposición, procedería también admitir el recurso de casación.
b) Que la Corte Ad Quem debió haber concedido la oposición y dictado la nulidad de la demanda de ejecución de hacer no personalísimo, promovida por su contraparte contra su representada, en supuesta condición de ejecutada. Asevera lo anterior, en vista a que tal demanda no estuvo orientada a hacer cumplir el contenido del título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada, sino que se extendió indebidamente a cuestiones no integradas en la pretensión debatida en el proceso en el que se constituyó el título, que supuestamente se ejecutaba; obviando el Ad Quem que, conforme al artículo 744 numerales 1 y 2 (Sic.), el título que se ejecute determina el límite de la actividad ejecutiva; careciéndose de obligación que se pudiera demandar vía ejecución forzosa, de la COMIXMUL, se configuró un acto nulo.
Por todo lo cual, solicita se otorgue la garantía constitucional de amparo a su representación procesal.
PROBLEMA JURIDICO RECONOCIDO POR LA SALA (Thema decidendi):
El planteamiento garante remite al quebrantamiento de la normatividad procesal civil aplicable, considerando la Corte Ad Quem debió haber dictado la nulidad de la demanda de ejecución de hacer no personalísimo promovida contra su representada, en la supuesta condición de ejecutada; en vista a carecerse de obligación que se pudiera demandar vía ejecución forzosa, de su representada procesal, la COMIXMUL.
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
Son Considerandos relevantes del fallo, los siguientes:
“CONSIDERANDO (7): Que, en cuanto al alegato del garantista, de infracción al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa, visto lo improcedente de reformar la resolución impugnada, pues si el artículo 765 (Sic.) habilita la interposición de la apelación contra los autos que decidan con carácter definitivo la oposición, se desprendería también la procedencia del Recurso Extraordinario de Casación, citando al respecto la autoridad doctrinal de los Comentarios al Código Procesal Civil de la Corte Suprema de Justicia. Consultada la obra citada,[6] sin embargo, se desprende que dicho artículo refiere solamente a la ejecución de títulos judiciales por la vía de apremio (Ver el Libro VI, Titulo Segundo, Capítulo V); lo cual no es el caso, según se desprende lo alegado y resuelto en la audiencia de oposición, que se conociera en sede de apelaciones.
CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, sí resulta necesario consignar lo que refiere, como principio fundante de actuaciones, el Código Procesal Civil, con especial referencia al asunto conocido en amparo: “ARTÍCULO 742.- DERECHO A LA EJECUCIÓN FORZOSA. 1. La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada. 2. El litigante que hubiere obtenido a su favor ejecutoria, podrá solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con las reglas que se establecen en este Código”;[7] con relación a la tutela judicial que en esta fase procesal se ofrece al justiciable, sugieren los tratadistas concordar la expresión legal aquí utilizada, con lo preceptuado en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Civil, contentivos del derecho de acceso a los Tribunales civiles para peticionar la tutela de los derechos e intereses legítimos; entre los cuales, la pretensión de ejecución.
CONSIDERANDO (9): Que, en concordancia a lo anterior, es relevante citar literalmente lo que sigue: “La jurisprudencia constitucional, a fin de que la tutela judicial sea realmente efectiva, ha venido a proclamar reiteradamente que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos, de suerte que el beneficiado con el pronunciamiento de condena que se ejecuta, obtenga aquello a lo que se condeno al contrario. Es decir, se trata de que si se condenó a entregar una cantidad de dinero u otra cosa, esta se haga efectiva y si se condenó a hacer o no hacer una cosa, esa cosa se haga o se deje de hacer tal y como se resolvió en la sentencia”.[8]
CONSIDERANDO (10): Que, cabe poner de manifiesto que lo debatido, motivado y resuelto por la Corte de Apelaciones, no concuerda a la legalidad citada, ya que se limita a reconocer el carácter ilustrativo de uno de los títulos de ejecución, que acompañan la solicitud de la parte ejecutante apelada; tal como es la transacción judicial homologada de fecha 20 de marzo de 2018, y que, la conducta que se pretende obligatoria para la parte ejecutada apelante, no se encuentra prohibida en las escrituras de primera y segunda hipoteca, en las cuales el beneficiario del presente recurso aparece suscribiendo como garante hipotecario y a las cuales el órgano judicial le confiere fuerza ejecutiva. Mas no motiva el Ad Quem por qué habría de tutelarse, mediante Ejecución Forzosa de Hacer No Personalísimo, el cumplimiento del contenido de un título en lo que no se encuentra expresado literalmente; es decir, más allá de lo que obligan sus propios términos.
CONSIDERANDO (11): Que, siempre con relación a la tutela de la pretensión ejecutiva, la doctrina ha puesto de manifiesto que, al igual que sucede en el proceso de declaración, la ejecución forzosa tiene por objeto una pretensión, que no persigue ahora la declaración del derecho: “… pues ya consta en el título de forma indiscutible, sino precisamente que el órgano judicial realice las actividades coactivas necesarias para dar satisfacción al derecho del ejecutante habida cuenta del incumplimiento del ejecutado”.[9] En tal sentido, resulta formalizada la censura, en cuanto a que, la no valoración en la resolución de apelaciones de los motivos de oposición interpuesta contra la ejecución forzosa de cuestiones no integradas en la pretensión debatida, en el proceso en el que se constituyó el título, que supuestamente se ejecutaba. Resulta atinente aquí, también lo argumentado por el tratadista MORENO CATENA, sobre la acreditación de una causa de pedir, en la integración de la pretensión ejecutiva; la cual se concreta en el título de ejecución, en primer término, por representación del hecho jurídico que faculta para demandar la ejecución y; en segundo lugar, fundamentando por sí mismo la posición del ejecutante: “(…), que nada tiene que probar sino el propio título, pues éste marca los límites y la medida de las actividades en que se concreta la ejecución forzosa”.[10]
CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, que, de lo expuesto y circunstanciado, se colige la procedencia de la acción de amparo interpuesta, por violación al debido proceso que asiste a la parte que aparece como demandada en vías de ejecución forzosa; correspondiendo a la Corte de Apelaciones recurrida, razonar adecuadamente los puntos de la valoración judicial aquí señalados como omisos, o incongruentes con la legalidad aplicable; proveyendo motivación amplia y suficiente, con fundamentación legal congruente y de fondo, en un nuevo fallo, a emitirse de conformidad a derecho. - En virtud de lo cual procede declarar, la violación del derecho al debido proceso que asiste a la representación procesal demandante de amparo y la consiguiente estimatoria a la presente garantía constitucional.”
DECISIÓN (decisum):
SE OTORGA LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO
[1] Ref. CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Coordinador: Juan Miguel CARRERAS MARAÑA, 2008. Páginas: 968, en adelante.
[2] Ibídem, páginas 923, en adelante.
[3] Ibídem, páginas 925 y 926.
[4] MORENO CATENA, Víctor. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. (t. IV). La Ejecución Forzosa. TECNOS, Madrid, 2000. Página 57.
[5] Ibídem.
[6] Ref. CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO. Corte Suprema de Justicia de Honduras. Coordinador: Juan Miguel CARRERAS MARAÑA, 2008. Páginas: 968, en adelante.
[7] Ibídem, páginas 923, en adelante.
[8] Ibídem, páginas 925 y 926.
[9] MORENO CATENA, Víctor. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. (t. IV). La Ejecución Forzosa. TECNOS, Madrid, 2000. Página 57.
[10] Ibídem.