Sentencia AP-876-18 — Registro 12268
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo Penal contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar una recusación interpuesta contra los Jueces de La Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la causa relacionada a la querella. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 60, 80, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (13): Que los considerados expuestos en el presente caso de mérito, se enerva que la presente sentencia no contraviene los derechos constitucionales invocados por los amparistas, ya que se considera que la resolución recurrida ha sido debidamente motivada y de conformidad a derecho, observando los derechos y garantías establecidos por la Ley, por lo que no se encuentra de ninguna manera ni de fondo o forma vulneración de las garantías constitucionales, advirtiendo que las actuaciones y demás intervenciones de los juzgadores en el proceso, solo entran al ámbito de la jurisdicción constitucional cuando materialmente afecten derechos o garantías y no cuando se tomen decisiones correspondientes a las instancias en total apego a las facultades conferidas por la ley. De lo anterior, esta Sala comparte el criterio esgrimido por el Tribunal de Alzada de fecha 17 de octubre del 2018 al no encontrarse enmarcada la causal de recusación que arguyen los censores plasmada en el artículo 83 numeral 2 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional ha cumplido los requisitos legales tanto en su motivación fáctico jurídico como consecuentemente la aplicación al principio de legalidad, constando mediante autos que no vulnera el derecho de petición, el debido proceso, ni las demás garantías constitucionales esgrimidas por el censor ya que la sentencia dictada por el Ad Quem es emitida y apegada a derecho; consecuentemente no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Penal interpuesto por los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA y JOSE ARTURO DUARTE PORTILLO a favor de los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ y NAPOLEON LARACH JAMIS, respectivamente, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar una recusación interpuesta contra los JUECES DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, señores KARLA LIZETH ROMERO DAVILA, EDGAR CROSBY LANZA REYES y ARMIDA AGUILERA PERALTA; en la causa relacionada a la querella promovida por el señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHE, también conocido como FUAD HASBUN TOUCHE, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V., contra los señores ALVARO MORALES PATIÑO Y JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ, en su condición de representantes legales de BANCO DAVIVIENDA, S.A., JUAN MIGUEL TORREBIARTE LANTZERDORFEER y ROBERTO BUESO ARAUJO, en su condición de representantes legales de BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), y NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS y LUIS NAPOLEON LARACH LARACH, en su condición de representantes legales de la sociedad mercantil denominada DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. de C.V. conocida con las siglas “DEINSA”, por suponerlos responsables por el delito de FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 60, 80, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHE, también conocido como FUAD HASBUN TOUCHE, actuando en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V., compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo querella criminal contra los señores: ALVARO MORALES PATIÑO, actuando en su condición de representante legal de BANCO DAVIVIENDA, S.A.; JUAN MIGUEL TORREBIARTE LANTZERDORFEER en su condición de representante legal de BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), y el señor LUIS NAPOLEON LARACH LARACH, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (DEINSA), ampliada contra los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ, ROBERTO BUESO ARAUJO y NAPOLEON LARACH JAMIS, como representantes legales de las sociedades mercantiles: BANCO DAVIVIENDA, S.A., de BANCO DEL PAIS, S.A., DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (DEINSA), respectivamente, por suponerlos responsables por el delito de FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V. 2) Que en fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA y MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderados defensores de los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ y NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS, presentando Recusación contra los Jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán: Karla Lizeth Romero Dávila, Edgar Crosby Lanza Reyes y Armida Aguilera Peralta; por haber sido denunciados por las partes como autores de delitos y ejecutar actos viciados de nulidad, que según los recurrentes son “…notorios e irrefutables, donde se acredita su falta de objetividad al transgredir, tergiversar y disminuir el debido proceso, el derecho de defensa y los principios de igualdad y contradicción entre los sujetos procesales.” (Folios del 1 al 6 de la pieza de recusación). 3) Que, seguido el procedimiento, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en la cual resolvió (sic): “…1) Declarar NO HA LUGAR la recusación presentada por los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA y MARIBEL ESPINOZA TURCIOS en la causa de mérito contra los Jueces LIZETH ROMERO DÁVILA, EDGAR CROSBY LANZA REYES y ARMIDA AGUILERA PERALTA…” (Folios 40 al 42 de la pieza de Recusación) 4) Que en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA y JOSE ARTURO DUARTE PORTILLO, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, reclamando amparo a favor de los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ y NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS, afirmando que la resolución de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, y que se deja relacionada en el inciso que precede, es violatoria de los artículos 60, 80, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado el recurso de mérito, dando vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio 78 del presente Recurso) 6) Que en fecha veinticinco (25) de junio de dos mil diecinueve (2019), la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido su dictamen a través de su Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión de que “NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones constitucionales alegadas por el amparista…”, al estimar que la alzada emitió su resolución debidamente motivada y de conformidad a derecho, observando los derechos y garantías establecidos en la Ley; por lo que no se encuentra que la resolución recurrida en ninguna manera vulnera garantías constitucionales, advirtiendo que las actuaciones y demás intervenciones del Juzgador en el proceso, solo entran en el ámbito de la Jurisdicción Constitucional cuando materialmente afecten derechos o garantías, y no cuando se tomen decisiones correspondientes a la instancia en total apego a las facultades conferidas por la Ley, por lo que el ente fiscal comparte el criterio esgrimido por el Ad Quem, en cuanto a que en el caso de autos no se enmarca en la causal de recusación contenida en el Artículo 83 numeral 2 del Código Procesal Penal. (Folios 81 al 92 del presente recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA y JOSE ARTURO DUARTE PORTILLO a favor de los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ y NAPOLEON LARACH JAMIS, respectivamente, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que declaró No ha Lugar una recusación interpuesta contra los Jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Abogados Karla Lizeth Romero Dávila, Edgar Crosby Lanza Reyes y Armida Aguilera Peralta; en la causa relacionada a la querella promovida por el señor JESUS FUAD HASBUN TOUCHE, también conocido como FUAD HASBUN TOUCHE, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V., los señores ALVARO MORALES PATIÑO y JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ, en su condición de representantes legales de BANCO DAVIVIENDA, S.A., JUAN MIGUEL TORREBIARTE LANTZERDORFEER y ROBERTO BUESO ARAUJO, en su condición de representantes legales de BANCO DEL PAIS, S.A. (BANPAIS), y NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS y LUIS NAPOLEON LARACH LARACH, en su condición de representantes legales de la sociedad mercantil DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (DEINSA), por suponerlos responsables del delito de FRAUDE CONTINUADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representados los artículos 60, 80, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. Deviene de lo anterior decir, que la recusación es dentro del derecho procesal, una forma de apartamiento de un juez de un proceso, cuando una parte considera que su parcialidad se encuentra en duda. CONSIDERANDO (4): Que del estudio del presente recurso de amparo los impetrantes establecen que la procedencia de la acción interpuesta se suscita por las violaciones citadas que se han producido por el Tribunal de Alzada al desestimar la procedencia de la recusación planteada en el amparo incoado, argumentando que ha sido sustentada en fundamentos jurídicos que no son atinentes al caso sub judice, por no ajustarse a la realidad de los hechos denunciados como justificantes de recusación, señalando que la doctrina legal en que finca la resolución denegatoria, no es aplicable, en tanto que la doctrina invocada en la resolución recurrida está referida a circunstancias de improcedencia de causal sustancialmente distintas a la realidad fáctica que se plantea como antecedentes para solicitar dicha recusación, es por ello que en base a lo establecido en el artículo 83 numeral 2 del Código Procesal Penal, siendo dicha causal la que se acredita al haber presentado la correspondiente denuncia, colocando a los jueces en la condición requerida de “denunciados” por una de las partes, como autores de un delito, y la Ley no exige como requisito sine qua nom a cumplir, que haya sido admitida la acusación o denuncia en sede judicial, pues la sola presentación de cualquier tipo de instrumentos documentales generados de la acción penal, puesto en conocimiento del juez contra quien se dirige, crea una adveración en contra del denunciante, acusador o querellante, indisponiéndolo, propiciando una predisposición a la de no ser objetivo, lo que justifica u obliga que se aparte del conocimiento de la causa. Esgrime que lo que motivó la recusación de los jueces que integran la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, es la inobjetable falta de observancia al obligado “principio de contradicción” preceptuado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que materializado en las audiencias públicas, deben imperativamente aplicar con carácter rector, con motivo de la proposición y evacuación de la prueba ofertada por las partes, por ser la más conveniente para el descubrimiento de la verdad y el más oportuno para que jueces imparciales y objetivos dicten la eventual sentencia en estricto respeto al principio del debido proceso. Toda pretensión con fines probatorios debe ser formulada por una de las partes o sujetos procesales en el proceso penal y a su vez, esa formulación probatoria debe ser incuestionablemente comunicada a la parte contraria, siendo prohibido a los jueces no solo dictar una resolución judicial a espaldas de una de las partes, o que es lo mismo, dictarla sin que esta sea previamente comunicada para que haya tenido la oportunidad procesal de oponerse ya que directamente pudiera verse afectada por ella, sino que también y más grave aún, es enviar oficios, comunicaciones, notas o despachos judiciales tergiversando y deformando el contenido de una resolución judicial válidamente adoptada, extendiendo la petitoria o mandato judicial para solicitar pruebas que ni la parte acusatoria, ni la parte defensora han solicitado someter a contradictorio, que es precisamente lo que aconteció y sustento la recusación que injustificadamente se ha denegado, pues los jueces han dejado de ser imparciales y objetivos para constituirse en representantes de los intereses de la parte querellante y para efectos practico en partes procesales para suplir sus carencias probatorias, generando actividad oficiosa, incluso sin contar con el expediente, infringiendo abiertamente y turnando en nugatorio para los querellados el postulado del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que consideran fundado en el amparo interpuesto que las razones jurídicas argumentadas por la parte recurrida, no son atinentes al caso sub examine, ya que la sola presentación de la denuncia no debe constituir una causa para recusar a los jueces relacionados en el presente amparo, cuando esta tenga su origen en actos propios del juicio. CONSIDERANDO (5): Se traslada que el derecho a la defensa es aquel que podrá hacerse aconsejar, defender y representar, y a ser oído en todo el procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer recursos procesales y a no ser juzgado en ausencia. Por consiguiente, cabe agregar en la presente causa de mérito que el legislador ha querido prestar especial atención a la imparcialidad del juzgador, regulando detalladamente la diferencia entre la abstención y la recusación, pero no sólo de los jueces y magistrados, titulares de la potestad jurisdiccional; sino también de los juzgados y de los miembros del Ministerio Público. Los jueces y magistrados, sin esperar a que las partes, ejerciendo un derecho que es innegable, les recusen, deberán abstenerse cuando concurran en ellos las causas de recusación determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El órgano jurisdiccional podrá ser recusado por las partes, en la primera actuación que éstas realicen en el proceso, y de conocerse la causa posteriormente, dentro de los tres días siguientes a dicho conocimiento. En este caso estamos ante un incidente con tramitación mixta, ya que se combina una tramitación propia, bajo el principio de contradicción, con el procedimiento general de los incidentes. Esta tramitación propia es muy sencilla cuando el juez o magistrado admite la causa de recusación, absteniéndose de intervenir y remitiendo los autos al subrogado. Si el juez o magistrado no acepta la causa de recusación, debe ser el tribunal competente el que resuelva, oyendo al juez o magistrado recusado. No obstante, el tribunal competente puede también entender que la recusación es manifiestamente infundada, rechazándola de plano. En caso contrario, se dará traslado a las demás partes del proceso para que puedan adherirse u oponerse, momento a partir del cual, la tramitación será la del procedimiento incidental general. El incidente de recusación se planteará ante el mismo órgano jurisdiccional a recusar por medio de un escrito, en que deberá expresarse la causa legal y motivos en que se funde. Durante la tramitación del incidente, el juez o magistrado no podrá intervenir en el asunto. Al revés que, con la abstención, la tramitación de este incidente no suspenderá el curso del proceso hasta que éste llegue al momento de pronunciar sentencia, por lo que los actos realizados hasta ese momento serán válidos, independientemente del resultado del mismo. CONSIDERANDO (6): Del amparo interpuesto como de su formalización (f.65-76 vuelto de la pieza de amparo) el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ plantea que de lo expuesto en el amparo presentado por los recurrentes, considera que del recurso incoado no implica necesariamente que el director del proceso asuma una posición imparcial y contraria a derecho desatendiendo las pruebas que hayan sido aportadas por las partes y las normas que son aplicables al caso concreto, de tal manera, para que la causa invocada por los recurrentes constituya una causal legítima de recusación, habrá también que valorar si las actuaciones de los jueces denunciados han revelado esa posición de imparcialidad, o bien, que el funcionado ha actuado arbitrariamente frente a quien lo denunció, lo cual al criterio del ente fiscal no ocurre en el caso de autos, máxime cuando las actuaciones del juzgador se encuentran amparadas por las presunciones de legalidad y el orden jurídico ha establecido los controles necesarios para que las funciones asignadas a los diferentes órganos estatales, se cumplan dentro de los parámetros señalados en las normas legales que los gobiernan. CONSIDERANDO (7): Cabe decir que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (8): Se agrega que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal. CONSIDERANDO (9): Se menciona el marco jurídico internacional aplicable al caso sub examine, como es El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado el 16 de diciembre de 1966, en vigor en fecha 23 de marzo de 1976, en el numeral 1 de su artículo 14, prevé: Artículo 14.- numeral 1 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial…” (Destacado nuestro). La Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por la Asamblea General 53/144 de la Organización de las Naciones Unidas en fecha 08 de marzo de 1999, en el numeral 2 de su artículo 9, consagra: Artículo 9 numeral 2.- “A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial…” (Destacado nuestro). El Estatuto Universal del Juez, aprobado por la Asociación Internacional de Jueces en la reunión del Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados en Taipei (Taiwán) en fecha 17 de noviembre de 1999, en su artículo 5, establece: Artículo 5. “El juez debe ser y aparecer imparcial en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Debe cumplir sus deberes con moderación y dignidad respecto de su función y de cualquier persona afectada.” (Destacado nuestro). También, la Convención Americana en su numeral 1, artículo 8 señala: Artículo 8.- “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (Destacado nuestro). La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948), en su artículo 26, señala: Artículo 26.- “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.” (Destacado nuestro). Esta Sala Constitucional procede a ratificar, brevemente, las razones que la conducen a sostener que en el presente caso no existe imparcialidad por parte de algunos de los jueces que actualmente forman parte de los JUECES DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, explícitamente a los señores KARLA LIZETH ROMERO DAVILA, EDGAR CROSBY LANZA REYES y ARMIDA AGUILERA PERALTA. A renglón seguido se deja dicho en tal sentencia que, podemos concluir que nuestro País debe hacer suya la aplicación de la Norma Internacional que sobre este punto como Miembros suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos somos y el llamado a la modificación del Derecho Interno para la aplicación de sus disposiciones a través de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que lo anteriormente expuesto forma parte de nuestro marco jurídico aplicable al caso concreto que ha sido objeto de estudio exhaustivo. CONSIDERANDO (10): Que la LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES en su TITULO I DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, homologa en su Artículo 1.- “La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de Justicia. La justicia se administra en nombre de la República”. (Destacado nuestro), por lo que los Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su jerarquía, sólo podrán ser recusados por causa legítima. Artículo 187 in fine establece que podrán sólo recusar, en los negocios civiles, los que sean o se muestren parte en ellos. En los negocios criminales: -El representante del Ministerio Público. La noción es de uso frecuente en el contexto judicial. Una recusación, por lo tanto, es el acto a través del cual se pide que un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada. CONSIDERANDO (11): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha, esta Sala, no considera que las motivaciones de los jueces sean insuficientes ni contradictorias, en razón de que plasman en la sentencia razones válidas y suficientes para considerar que procede la recusación, y que siendo esta por lo tanto, el acto a través del cual se pide a un juez, un integrante de un tribunal o a un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por considerar que su imparcialidad no está garantizada. Situación que esta Sala considerada alejada de las pretensiones expuestas por los censores. Uno de los puntos fundamentales de la recusación es que deben existir pruebas válidas y legítimas que permitan llevar a cabo los deseos de la parte interesada; sobra decir que, si no fuera así, cualquier persona podría alterar la estabilidad de un procedimiento judicial exigiendo a cada paso un cambio en las autoridades participantes, ya sea para creer que no van a fallar a su favor o simplemente para ganar tiempo, por ejemplo. CONSIDERANDO (12): Que, consagrado dentro del Derecho nos encontramos en la esfera de su aplicación el derecho invocado por los censores como el denominado Derecho a la Defensa, que es aquel derecho que vela por el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos inherentes al mismo. Podemos decir que, a nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge a los que vinculan al Estado que los haya suscrito como ser Honduras, valga la aclaración que la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. El derecho a la defensa es sin duda alguna el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso. CONSIDERANDO (13): Que los considerados expuestos en el presente caso de mérito, se enerva que la presente sentencia no contraviene los derechos constitucionales invocados por los amparistas, ya que se considera que la resolución recurrida ha sido debidamente motivada y de conformidad a derecho, observando los derechos y garantías establecidos por la Ley, por lo que no se encuentra de ninguna manera ni de fondo o forma vulneración de las garantías constitucionales, advirtiendo que las actuaciones y demás intervenciones de los juzgadores en el proceso, solo entran al ámbito de la jurisdicción constitucional cuando materialmente afecten derechos o garantías y no cuando se tomen decisiones correspondientes a las instancias en total apego a las facultades conferidas por la ley. De lo anterior, esta Sala comparte el criterio esgrimido por el Tribunal de Alzada de fecha 17 de octubre del 2018 al no encontrarse enmarcada la causal de recusación que arguyen los censores plasmada en el artículo 83 numeral 2 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional ha cumplido los requisitos legales tanto en su motivación fáctico jurídico como consecuentemente la aplicación al principio de legalidad, constando mediante autos que no vulnera el derecho de petición, el debido proceso, ni las demás garantías constitucionales esgrimidas por el censor ya que la sentencia dictada por el Ad Quem es emitida y apegada a derecho; consecuentemente no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 60, 80, 90, 94, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 320, 321, 323, de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78, 186, 188, 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 4, 14, 83 numeral 2. del Código Procesal Penal; 1, 13, 16 y 37 de la Ley del Ministerio Público; FALLA: DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARCO ANTONIO CALIX MOLINA y JOSE ARTURO DUARTE PORTILLO a favor de los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LOPEZ y NAPOLEON LARACH JAMIS, respectivamente, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018). En consecuencia, se deja sin valor ni efecto la Suspensión Provisional del Acto Reclamado resuelta en la providencia de fecha veintiocho de enero del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0876-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.