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Sentencia AP-873-18 — Registro 9006

Resumen

Sentencia en consulta otorgó acción de amparo y ordenó restablecer los derechos fundamentales a favor de recurrente en relación a causa contra imputado por suponerlo responsable de delito de homicidio en perjuicio del ofendido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que no comparte la decisión del Tribunal de Sentencia, ya que no se trata de dar preferencia o primacía a los derechos o garantías constitucionales del testigo o en su defecto del ofendido por sobre los derechos o garantías constitucionales del imputado; se trata de armonizarlos entre sí, tomando en cuenta además de que el imputado tiene derecho a un debido proceso, el Ministerio Público tiene no solo la facultad de ejercer la acción penal, sino también de participar en el proceso proponiendo pruebas que le permitan comprobar su acusación, tal como la declaración de las personas que tengan noticia del hecho criminoso, estas personas, es decir, los testigos también tienen derecho a prestar su testimonio sin ningún riesgo que ponga en peligro ni su integridad física, ni sus bienes, es por ello que esa Corte de Apelaciones no encuentra violación de derechos para el imputado que el testigo acuda al juicio con la protección solicitada..."..."la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor RAUL MENDOZA RAMOS, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de JOSE ALFREDO ALBERTO PEREZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; manifestando el recurrente que a su representado se le han violentado garantías constitucionales contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 2) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO: Declarando OTORGANDO la Acción de Amparo. SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida. (Folios 33 al 35 de la segunda pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor RAUL MENDOZA RAMOS, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de JOSE ALFREDO ALBERTO PEREZ.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que la dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; violenta las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; cuando por unanimidad de votos admite la declaración de Testigos nominados por el Ministerio Público, pero sin la protección solicitada.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que no comparte la decisión del Tribunal de Sentencia, ya que no se trata de dar preferencia o primacía a los derechos o garantías constitucionales del testigo o en su defecto del ofendido por sobre los derechos o garantías constitucionales del imputado; se trata de armonizarlos entre sí, tomando en cuenta además de que el imputado tiene derecho a un debido proceso, el Ministerio Público tiene no solo la facultad de ejercer la acción penal, sino también de participar en el proceso proponiendo pruebas que le permitan comprobar su acusación, tal como la declaración de las personas que tengan noticia del hecho criminoso, estas personas, es decir, los testigos también tienen derecho a prestar su testimonio sin ningún riesgo que ponga en peligro ni su integridad física, ni sus bienes, es por ello que esa Corte de Apelaciones no encuentra violación de derechos para el imputado que el testigo acuda al juicio con la protección solicitada.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82, 90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0873-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve.- VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor RAUL MENDOZA RAMOS, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de JOSE ALFREDO ALBERTO PEREZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; manifestando el recurrente que a su representado se le han violentado garantías constitucionales contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 2) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO: Declarando OTORGANDO la Acción de Amparo. SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida. (Folios 33 al 35 de la segunda pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; en relación a la causa instruida contra el señor RAUL MENDOZA RAMOS, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de JOSE ALFREDO ALBERTO PEREZ.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando básicamente que la dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho; violenta las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; cuando por unanimidad de votos admite la declaración de Testigos nominados por el Ministerio Público, pero sin la protección solicitada.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que no comparte la decisión del Tribunal de Sentencia, ya que no se trata de dar preferencia o primacía a los derechos o garantías constitucionales del testigo o en su defecto del ofendido por sobre los derechos o garantías constitucionales del imputado; se trata de armonizarlos entre sí, tomando en cuenta además de que el imputado tiene derecho a un debido proceso, el Ministerio Público tiene no solo la facultad de ejercer la acción penal, sino también de participar en el proceso proponiendo pruebas que le permitan comprobar su acusación, tal como la declaración de las personas que tengan noticia del hecho criminoso, estas personas, es decir, los testigos también tienen derecho a prestar su testimonio sin ningún riesgo que ponga en peligro ni su integridad física, ni sus bienes, es por ello que esa Corte de Apelaciones no encuentra violación de derechos para el imputado que el testigo acuda al juicio con la protección solicitada.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82, 90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ URBINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de abril del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0873-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional