Sentencia AP-870-18 — Registro 8729
Resumen
Acto recurrido que declara sin lugar el recurso de apelación y confirma la del a-quo, con relación a la causa instruida contra el señor Nahúm Francisco Suazo Montoya, por suponerlo responsable de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la medida de simplificación procesal de la conciliación emitido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, departamento de La Paz, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, en el proceso penal seguido contra el señor NAHUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo en perjuicio del señor Juan Manuel Bonilla y confirma la resolución emitida; argumentando que la figura desjudicializadora señalada, está dedicada a los delitos de tipo de persecución que no se encuentren dentro de los de orden privado propiamente o en los de orden público a instancia de parte, estableciendo un solo requisito respecto a estos, y es que cumplan con los límites aritméticos de punibilidad que se exige para otra medida de simplificación procesal, la suspensión provisional de la persecución penal, la medida de simplificación de la conciliación, también abarca aquellos delitos de acción o persecución pública propiamente dichos, siempre que esto en razón de su punibilidad en término medio de esta no exceda de seis años, la norma no establece o determina otra interpretación que la conciliación procede en los delitos que admitan la medida procesal de simplificación procesal de la suspensión condicional de la persecución penal, es decir, que para efectos de evitar la trasmutación de requisitos, no exige que se cumplan los requisitos de la suspensión, de ser así, perdería el fin la medida de simplificación. Asimismo, la recurrente cuestiona la decisión judicial de admisión de la conciliación, porque se trataba de un delito de homicidio culposo y que de acuerdo a una copia de un documento, se puede determinar que el delito se vuelve agravado, es preciso citar el artículo 3 de la Ley de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio de ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en la audiencia inicial celebrada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor NAHUM FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS Y DAÑOS CULPOSOS, en perjuicio de los señores JUAN ALBERTO BONILLA Y ELI BONILLA HERNANDEZ.- CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación, y confirma la resolución dictada en audiencia inicial en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, contra el señor NAHUM FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS Y DAÑOS CULPOSOS; estimando la recurrente que los argumentos de la resolución del Ad-Quem no son de recibo, ya que considera que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se limitó referirse a la medida de simplificación procesal de la conciliación, respecto al delito de homicidio culposo agravado que en su momento fue imputado por el ente acusador; asimismo, estima que los órganos jurisdiccionales, tanto en la resolución emitida por el A-Quo como en la confirmada por el Ad-Quem, inobservaron el mandato constitucional de aplicar las leyes a casos concretos, en virtud de que se inobservó el contenido del artículo 141 con relación al artículo 338 del Código Procesal Penal, en cuanto impone que las resoluciones judiciales que emitan los jueces decidirán motivadamente las cuestiones sometidas a su conocimiento, y más aún resulta un tanto contradictoria, ya que la lectura emitida por el A-Quo, por un lado señala que no procede la conciliación respecto a las lesiones porque estas no se subsumen en el tipo penal contenido en el artículo 136 del Código Penal, mientras que por otro, homologa el acuerdo llegado por las partes para gastos médicos, sin emitir un pronunciamiento concreto en relación a las heridas causadas al menor son constitutivas de falta, y por ende debió aplicar lo dispuesto en el artículo 396.1 del mismo cuerpo legal, y resolver lo procedente, ordenando que el testimonio de las presentes diligencias se remitiera al Juez de Paz competente, para que este en definitiva substanciara el juicio por faltas.- CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que la recurrente estima como violentado las garantías contenidas en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, declaró sin lugar el recurso de apelación contra el auto de aplicación de la Penalización de la Embriaguez Habitual; que de la lectura del mismo, se determina cual es el mecanismo o procedimiento a seguir para determinar si una persona ha consumido alcohol y cual es la escala prohibida, en el caso de autos, el Ministerio Público no ha acreditado mediante dictamen toxicológico cual fue el grado de alcohol encontrado en la sangre del imputado, por lo tanto, al acompañar una copia fotostática de un test aplicado al señor Nahúm Suazo, no es suficiente para determinar que el delito que se cometió fuese agravado.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación, y confirmó la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala; puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por la recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO (5): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la medida de simplificación procesal de la conciliación emitido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, departamento de La Paz, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, en el proceso penal seguido contra el señor NAHUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo en perjuicio del señor Juan Manuel Bonilla y confirma la resolución emitida; argumentando que la figura desjudicializadora señalada, está dedicada a los delitos de tipo de persecución que no se encuentren dentro de los de orden privado propiamente o en los de orden público a instancia de parte, estableciendo un solo requisito respecto a estos, y es que cumplan con los límites aritméticos de punibilidad que se exige para otra medida de simplificación procesal, la suspensión provisional de la persecución penal, la medida de simplificación de la conciliación, también abarca aquellos delitos de acción o persecución pública propiamente dichos, siempre que esto en razón de su punibilidad en término medio de esta no exceda de seis años, la norma no establece o determina otra interpretación que la conciliación procede en los delitos que admitan la medida procesal de simplificación procesal de la suspensión condicional de la persecución penal, es decir, que para efectos de evitar la trasmutación de requisitos, no exige que se cumplan los requisitos de la suspensión, de ser así, perdería el fin la medida de simplificación. Asimismo, la recurrente cuestiona la decisión judicial de admisión de la conciliación, porque se trataba de un delito de homicidio culposo y que de acuerdo a una copia de un documento, se puede determinar que el delito se vuelve agravado, es preciso citar el artículo 3 de la Ley de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio de ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0870-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en la audiencia inicial celebrada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor NAHUM FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS Y DAÑOS CULPOSOS, en perjuicio de los señores JUAN ALBERTO BONILLA Y ELI BONILLA HERNANDEZ.- CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación, y confirma la resolución dictada en audiencia inicial en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, contra el señor NAHUM FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, LESIONES CULPOSAS Y DAÑOS CULPOSOS; estimando la recurrente que los argumentos de la resolución del Ad-Quem no son de recibo, ya que considera que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua se limitó referirse a la medida de simplificación procesal de la conciliación, respecto al delito de homicidio culposo agravado que en su momento fue imputado por el ente acusador; asimismo, estima que los órganos jurisdiccionales, tanto en la resolución emitida por el A-Quo como en la confirmada por el Ad-Quem, inobservaron el mandato constitucional de aplicar las leyes a casos concretos, en virtud de que se inobservó el contenido del artículo 141 con relación al artículo 338 del Código Procesal Penal, en cuanto impone que las resoluciones judiciales que emitan los jueces decidirán motivadamente las cuestiones sometidas a su conocimiento, y más aún resulta un tanto contradictoria, ya que la lectura emitida por el A-Quo, por un lado señala que no procede la conciliación respecto a las lesiones porque estas no se subsumen en el tipo penal contenido en el artículo 136 del Código Penal, mientras que por otro, homologa el acuerdo llegado por las partes para gastos médicos, sin emitir un pronunciamiento concreto en relación a las heridas causadas al menor son constitutivas de falta, y por ende debió aplicar lo dispuesto en el artículo 396.1 del mismo cuerpo legal, y resolver lo procedente, ordenando que el testimonio de las presentes diligencias se remitiera al Juez de Paz competente, para que este en definitiva substanciara el juicio por faltas.- CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que la recurrente estima como violentado las garantías contenidas en los artículos 90 y 304 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, declaró sin lugar el recurso de apelación contra el auto de aplicación de la Penalización de la Embriaguez Habitual; que de la lectura del mismo, se determina cual es el mecanismo o procedimiento a seguir para determinar si una persona ha consumido alcohol y cual es la escala prohibida, en el caso de autos, el Ministerio Público no ha acreditado mediante dictamen toxicológico cual fue el grado de alcohol encontrado en la sangre del imputado, por lo tanto, al acompañar una copia fotostática de un test aplicado al señor Nahúm Suazo, no es suficiente para determinar que el delito que se cometió fuese agravado.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación, y confirmó la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala; puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por la recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO (5): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la medida de simplificación procesal de la conciliación emitido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Marcala, departamento de La Paz, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho, en el proceso penal seguido contra el señor NAHUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA, por suponerlo responsable del delito de Homicidio Culposo en perjuicio del señor Juan Manuel Bonilla y confirma la resolución emitida; argumentando que la figura desjudicializadora señalada, está dedicada a los delitos de tipo de persecución que no se encuentren dentro de los de orden privado propiamente o en los de orden público a instancia de parte, estableciendo un solo requisito respecto a estos, y es que cumplan con los límites aritméticos de punibilidad que se exige para otra medida de simplificación procesal, la suspensión provisional de la persecución penal, la medida de simplificación de la conciliación, también abarca aquellos delitos de acción o persecución pública propiamente dichos, siempre que esto en razón de su punibilidad en término medio de esta no exceda de seis años, la norma no establece o determina otra interpretación que la conciliación procede en los delitos que admitan la medida procesal de simplificación procesal de la suspensión condicional de la persecución penal, es decir, que para efectos de evitar la trasmutación de requisitos, no exige que se cumplan los requisitos de la suspensión, de ser así, perdería el fin la medida de simplificación. Asimismo, la recurrente cuestiona la decisión judicial de admisión de la conciliación, porque se trataba de un delito de homicidio culposo y que de acuerdo a una copia de un documento, se puede determinar que el delito se vuelve agravado, es preciso citar el artículo 3 de la Ley de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio de ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0870-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional