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Sentencia AP-861-18 — Registro 12340

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente en causa por suponerlo responsable del delito de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido; el Tribunal de Alzada concluyó que se encuentra firme la sentencia condenatoria y que recurrente consintió la ejecución de la pena al haber sido notificado y haber ofrecido pagar la pena de multa con trabajo comunitario y el juzgado de ejecución aceptó el ofrecimiento, La sala constitucional considera como causa de inadmisibilidad de la acción de merito los actos consumados de modo irreparable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se comprueba del estudio de las presentes diligencias que efectivamente fue declarado extemporáneo el recurso de casación (folio 147 de sus antecedentes) promovido por la defensa por considerar por parte del Tribunal que la Sentencia se encontraba con carácter de firme utilizando de fundamentación jurídica el artículo 363 del Código Procesal Penal, por lo que procedió darle el traslado del expediente de mérito al Juzgado de Ejecución. De ahí que siendo la pretensión del amparista en cuento que esgrime que no le fue notificada la resolución del Tribunal de Sentencia de fechas 12 de febrero y 5 de marzo ambas del año 2018 -ver folio 159-161 de la pieza de sus antecedentes-, la primera consistente en la resolución del Ad Quem que resuelve el recurso de casación interpuesto por quebrantamiento de forma y violación al precepto constitucional interpuesto por la parte demandada en su condición de apoderado defensor, ha causado firmeza la sentencia recaída en el señor ARIEL FERNANDO MENJIVAR VASQUEZ, y la segunda contiene la remisión de las diligencias instruidas en contra de su representado por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO T65-2015 en virtud de encontrarse firme su sentencia condenatoria de fecha 28 de abril del 2018, de lo anterior obra constancia de la Secretaria Adjunta del Juzgado de ejecución en la que señala audiencia programada en fecha 2 de mayo del 2018 la que no se llevo a cabo debido a que el defensor privado no se presentó a la misma siendo programada en fecha 23 de mayo del 2018 obrando la notificación respectiva para tal audiencia, la cual se celebro la audiencia de requerimiento de multa quien expresó que la pagará mediante trabajo comunitario debido a su insolvencia económica..."..."En el caso que nos ocupa se puede hacer constar en el expediente de mérito la ausencia de la notificación de la resolución de fecha 12 de febrero del 2018 por extemporaneidad del recurso de casación interpuesto, tuvo la posibilidad de oponerse solicitando nulidad de lo actuado por el Juzgado de ejecución tal como lo manda el precepto legal enunciado, omitiendo dicho proceso más bien estuvo de acuerdo en que su representado aceptara pagar la pena de multa con trabajo comunitario, también tuvo la posibilidad de interponer el recurso de casación de hecho al tener del artículo 351 del Código Procesal Penal, sin embargo no lo hizo..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba la inadmisibilidad del recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en base a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46.5, por lo que dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causa de inadmisibilidad, por lo que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, constituyendo esto un motivo más que suficiente para concluir que la sentencia recurrida emitida por la CORTE DE APLEACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES debe sobreseerse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERMAN GIRON PINEDA a favor del señor ARIEL FERNANDO MEJIVAR VASQUEZ, contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fechas doce (12) de febrero y cinco (5) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); en relación a la causa instruida contra el señor ARIEL FERNANDO MEJIVAR VASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 80, 82, 90, 95 y 98 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado WILMER NUÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra señor ARIEL FERNANDO MEJIVAR VASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil quince (2015), el Juzgado antes referido, RESUELVE: PRIMERO: Decretar AUTO DE FORMAL PRISION en contra de los imputados JUNIOR OBED CALIX VILLEGAS Y ARIEL ARMANDO MENJIVAR VILLEGAS; por suponerlos responsables de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO T-65-2015, con fundamento en los artículos 222 y 37 del Código Penal Vigente y los artículos 172, 173 numeral 3, 199, 294, 297 del Código Procesal penal. SEGUNDO: Imponer a los imputados JUNIOR OBED CALIX VILLEGAS Y ARIEL FERNANDO MENJIVAR VASQUEZ, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA. TERCERO: Declarar sin lugar las pretensiones de las defensas privadas de los imputados JUNIOR OBED CALIX VILLEGAS y ARIEL FERNADO MENJIVAR VASQUEZ, relativa a que se decretara sobreseimiento provisional a favor de sus representados, en virtud de lo expuesto anteriormente. (Folios 36 al 44 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado GERMAN GIRON PINEDA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor ARIEL FERNANDO MEJIVAR VASQUEZ, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, considerando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 80, 82, 90, 95 Y 98 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 05 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que en fecha quince de mayo (15) del año dos mil dieciocho (2018), la presente Sala, RESUELVE. 1° DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesto por el Abogado GERMAN GIRON PINEDA, a favor del señor ARIEL FERNANDO MENJIVAR. 2° Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por ser éste el Tribunal Competente. (Folio 06 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tuvo por recibido y admitido el recurso de merito, y ordenó continuar dándole trámite al presente proceso. (Folio 01 de la segunda pieza de antecedentes). 6) Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite correspondiente, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, FALLA: UNICO: SOBRESEYENDO dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Germán Girón Pineda a favor del señor ARIEL FERNANDO MENJIVAR VASQUEZ. (Folios del 46 al 49 de la segunda pieza de antecedentes). 7) Que en fecha trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERNADO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERNADO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (4): Que se conoce el Recurso de Amparo venido en Consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERMAN GIRON PINEDA a favor del señor ARIEL FERNANDO MEJIVAR VASQUEZ, contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fechas doce (12) de febrero y cinco (5) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); en relación a la causa instruida contra el señor ARIEL FERNANDO MEJIVAR VASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO. De este marco procesal es audible mencionar la obligatoriedad de consulta constitucional quedando establecido que para la Sala de lo Constitucional está adscrita con funciones propias a la Corte Suprema de Justicia, teniendo un doble escudo de protección respecto de algún intento de afectar el funcionamiento de la efectiva tutela judicial, en este sentido es deber de consulta el caso sub judice tal como lo homologa la Ley sobre Justicia Constitucional, razón fundamental y en estricto cumplimiento esta Honorable Sala, que le viene hoy a decir que al Tribunal de Alzada que debe tutelar efectivamente los derechos y libertades fundamentales por razones históricas, jurídicas y de justicia, cumpliendo una función objetiva, una guía, a la cual recurrirán las partes para transformar un ordenamiento jurídico que responda a la sociedad estamental y privilegiada

CONSIDERANDO (5): Que el impetrante tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 34) alude que en fecha 9 de febrero del 2018 se interpuso por su defensa recurso de casación por quebrantamiento de forma y violación del precepto constitucional el que se declaró extemporáneo por preclusión causándole graves perjuicios a su representado en virtud de imposibilitar recurrir a la última instancia como ser la Honorable Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sin ser notificado remetiendo el expediente al juzgado de ejecución, en consecuencia señala fecha de requerimiento de pago contra mi representado y otro imputado. CONSIDERANDO (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. CONSIDERANDO (7): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO (8): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. CONSIDERANDO (9): Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (10): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”. CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros. CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (13): Que efectivamente se comprueba del estudio de las presentes diligencias que efectivamente fue declarado extemporáneo el recurso de casación (folio 147 de sus antecedentes) promovido por la defensa por considerar por parte del Tribunal que la Sentencia se encontraba con carácter de firme utilizando de fundamentación jurídica el artículo 363 del Código Procesal Penal, por lo que procedió darle el traslado del expediente de mérito al Juzgado de Ejecución. De ahí que siendo la pretensión del amparista en cuento que esgrime que no le fue notificada la resolución del Tribunal de Sentencia de fechas 12 de febrero y 5 de marzo ambas del año 2018 -ver folio 159-161 de la pieza de sus antecedentes-, la primera consistente en la resolución del Ad Quem que resuelve el recurso de casación interpuesto por quebrantamiento de forma y violación al precepto constitucional interpuesto por la parte demandada en su condición de apoderado defensor, ha causado firmeza la sentencia recaída en el señor ARIEL FERNANDO MENJIVAR VASQUEZ, y la segunda contiene la remisión de las diligencias instruidas en contra de su representado por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO T65-2015 en virtud de encontrarse firme su sentencia condenatoria de fecha 28 de abril del 2018, de lo anterior obra constancia de la Secretaria Adjunta del Juzgado de ejecución en la que señala audiencia programada en fecha 2 de mayo del 2018 la que no se llevo a cabo debido a que el defensor privado no se presentó a la misma siendo programada en fecha 23 de mayo del 2018 obrando la notificación respectiva para tal audiencia, la cual se celebro la audiencia de requerimiento de multa quien expresó que la pagará mediante trabajo comunitario debido a su insolvencia económica. CONSIDERANDO (14): Que el Abogado GERMAN GIRON PINEDA en su condición de recurrente fue notificado apoderado judicial del imputado ARIEL FERNANDO MENJIVAR en fecha 15 de mayo del 2017 tal como se aprecia en el folio 141 de la pieza de sus antecedentes mediante el receptor del despacho del Tribunal de Sentencias, así como al Ministerio Público en fecha 11 de diciembre del 2017 tal como consta en el folio 149, causando por consiguiente firmeza la sentencia recaída en la presente causa y remite las diligencias de mérito al Juzgado de ejecución de esa ciudad, de igual forma obra en folio 161 de sus antecedentes que en fecha 5 de marzo del 2018 el Tribunal de Sentencia remite el expediente al Juzgado de Ejecución -el que también es objeto de amparo- en este orden cronológico, se aprecia que si bien la resolución de fecha 12 de febrero del 2018 emitida por el Tribunal de Alzada no consta en autos la notificación de la sentencia emitida tal como lo ordena el Código Procesal Penal en su artículo 351… la parte agraviada podrá recurrir al tribunal superior respectivo dentro de los plazos señalados en los artículos 356 numerales 1) y 2) y 364, contando desde la notificación de la negativa para que declare admisible dicho recurso, debiendo el tribunal superior tomar la decisión de respecto a su otorgamiento o desestimación. Cabe señalar que si el recurrente del auto en el que el Tribunal de sentencia tiene por presentado de forma extemporánea el escrito contentivo del recurso de casación, también es cierto que el referido abogado consintió la ejecución de la pena al haber sido notificado y compareció a la audiencia de requerimiento de pago de multa de su representado señor ARIEL FERNANDO MENJIVAR VASQUEZ, ofreciendo tanto este como su apoderado judicial pagar la pena de multa con trabajo comunitario y el juzgado de ejecución aceptó el ofrecimiento –folios 179-180 de sus antecedentes- ante tal circunstancia el artículo 170 del Código Procesal Penal señala: “los actos viciados se tendrán por subsanados cuando: 1. Ninguna de las partes haya reclamado oportunamente la declaración de nulidad, …2. Las partes hayan aceptado expresa o tácitamente, los efectos del acto viciado de nulidad…” En el caso que nos ocupa se puede hacer constar en el expediente de mérito la ausencia de la notificación de la resolución de fecha 12 de febrero del 2018 por extemporaneidad del recurso de casación interpuesto, tuvo la posibilidad de oponerse solicitando nulidad de lo actuado por el Juzgado de ejecución tal como lo manda el precepto legal enunciado, omitiendo dicho proceso más bien estuvo de acuerdo en que su representado aceptara pagar la pena de multa con trabajo comunitario, también tuvo la posibilidad de interponer el recurso de casación de hecho al tener del artículo 351 del Código Procesal Penal, sin embargo no lo hizo. CONSIDERANDO (15): En aplicación al principio de legalidad, un Estado de Derecho, toda persona puede hacer todo lo que no esté legalmente prohibido, pero, al contrario, los servidores públicos solo pueden ejercer su cargo de conformidad con las facultades que les confiere previamente la ley, en caso contrario son responsables administrativa, civil y penalmente. Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba la inadmisibilidad del recurso de amparo contra los actos consumados de modo irreparable en base a lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 46.5, por lo que dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causa de inadmisibilidad, por lo que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, constituyendo esto un motivo más que suficiente para concluir que la sentencia recurrida emitida por la CORTE DE APLEACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES debe sobreseerse. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 103, 104, 183, 303, 321, 331 Atribución 5ta, 321 de la Constitución de la República; 10 Y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 151, 152, 170, 351, 356 1) y 2), 363 y 364 del Código Procesal Penal; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 46.5, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMAR la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0861=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.