Sentencia AP-854-17 — Registro 12266
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por suponerlo responsable a título de autor del delito de uso de documentos falsos. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (19): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe Motivación de las resoluciones judiciales, demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”, resulta pues, más que evidente, que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo carece de la debida motivación, situación procesal irregular que ultraja, quebranta y vulnera notoriamente el debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental vulnerado al no existir en el asunto venido a examen, una motivación clara, precisa, lógica, coherente o congruente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones. CONSIDERANDO (20): Que como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. CONSIDERANDO (21): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incoherente, errática y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver, tomando en cuenta las alegaciones de las partes, las actuaciones del proceso y las consideraciones de este fallo.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 49 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de noviembre de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PL CERAMICS GROUP INC., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor RUBÉN GERARDO LARACH ZABLAH, por suponerlo responsable a título de autor del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y la Sociedad Mercantil denominada PL CERAMICS GROUP INC. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada KARLA YADIRA SÁNCHEZ Z., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor RUBÉN GERARDO LARACH ZABLAH, suponerlo responsable a título de autor del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS y la Sociedad Mercantil denominada PL CERAMICS GROUP INC. 2) Que en fechas cinco y nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia Ad-hoc, en la cual la Abogada RITZA YOLANDA ANTÚNEZ, actuando en su condición de Defensora Privada del señor RUBÉN GERARDO LARACH ZABLAH, interpuso la excepción de Extinción de la Acción Penal, resolviendo el citado Juzgado: “En cuanto a la Excepción de Falta de Acción Cuando No Haya Debido de Promoverse… se declara sin lugar la excepción planteada por la defensa, ….” En consecuencia, la defensa presentó recurso de apelación, la cual fue resuelta por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, Decretando la nulidad de la resolución dictada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, ordenando a la vez se dictará nueva resolución judicial. (Folios 275 al 277 y 322 al 324 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia AD-HOC, en la cual Resuelve: PRIMERO: se ordena decretar LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, contra el señor RUBÉN GERARDO LARACH ZABLAH a quien se le supone responsable del Delito de USO DE DOCUMENTO FALSO en perjuicio de LA FE PUBLICA, por ende se dicta sobreseimiento definitivo conforme lo establece el artículo 296, SEGUNDO: REVOCAR las medidas cautelares impuestas en audiencia de Declaración de imputado. (Folios del 327 al 328 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió su resolución en la cual RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico. SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución que decreta CON LUGAR LA EXCEPCIÓN de FALTA DE ACCIÓN dictada por la A-quo. (Folios del 10 al 21 de la segunda pieza de antecedentes). 5) El recurrente Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada PL CERAMICS GROUP INC., afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 37 de la pieza de amparo). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la sociedad mercantil PL CERAMICS GROUP, INC., la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, que en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017), resolvió declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, actuando como acusador privado y en su condición de apoderado de la empresa mercantil antes mencionada, contra la resolución dictada por parte del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, el cual declaró CON LUGAR una excepción de falta de acción por extinción de la misma, al advertirse la prescripción de la acción penal conforme lo establecido en el Código Penal. El Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria de la decisión del A Quo, siendo que consideró que, efectivamente, la acción penal de mérito esta prescrita conforme con la ley, al haber transcurrido el plazo penal establecido. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO (6): Que la decisión del Tribunal de Apelaciones se fundó básicamente en las siguientes consideraciones: La excepción por falta de acción por extinción de la acción penal, establecida por el artículo 46.3 del Código Procesal Penal es admisible en cualquier etapa del proceso, conforme lo dispone el artículo 47 del mismo cuerpo de leyes; La imputación hecha por el Ministerio Público al señor RUBÉN GERARDO LARACH ZABLAH fue por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, conforme con el artículo 289 del Código Penal que establece que quien a sabiendas hiciere uso de un documento falso en todo o en parte, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. En el requerimiento fiscal presentado por la Agente de Tribunales del Ministerio Público, se relacionó que el imputado elaboró un documento denominado “Acuerdo de Distribución Exclusiva”, denunciado por el Ministerio Público como falso, mismo que siendo un documento de índole privada, la imputación se enmarcaba conforme al tipo penal establecido en el requerimiento fiscal pero relacionado con el artículo 285 del Código Penal, que sanciona la falsificación de documento privado, cuya pena se fija como reclusión de 6 meses a 3 años. Estableciéndose la pena del delito como de seis (6) meses a tres (3) años de reclusión, la Alzada estimó, al igual que la A Quo, que aplicaba en este caso la prescripción de la acción penal y, por ende, la extinción de la responsabilidad penal, siendo que de acuerdo con el artículo 97 del Código Penal, la acción penal prescribe por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito aumentado en la mitad si fuere la de reclusión. Para la Alzada entonces, el tiempo para la prescripción de este delito es de 4 años con 6 meses de reclusión, el que comienza a correr—conforme con la ley—desde el día en el que se cometió la infracción, tomando la Alzada como tal la fecha en la que se elaboró el documento, cual es el 14 de julio de 2006, de tal manera que el tiempo de prescripción concluía el 14 de enero de 2011, por lo que al presentarse el requerimiento fiscal el 28 de noviembre de 2014 la acción penal estaba prescrita y por ende, concurría una causa de extinción de la responsabilidad penal y como consecuencia de ella, la extinción de la acción penal, de ahí que, conforme al parecer del Ad Quem, coincidente con el del juez de instancia, procedía conforme a ley, la admisión de la excepción planteada y con ello la confirmatoria de la decisión del A Quo. ALEGACIÓN DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (7): Que el quejoso cuestionó la decisión de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, de estimar la decisión del A Quo, de declarar HA LUGAR la excepción de extinción de la responsabilidad penal, puesto que a su parecer no operaba la prescripción de la acción penal en este caso, siendo que a su juicio debió seguirse la causa penal por dos delitos, uno por la falsificación de un documento privado y otro público. Para el recurrente la resolución del Tribunal de Alzada se aparta de los lineamientos constitucionales y la ley procesal penal violentando el debido proceso y el derecho de defensa. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[1] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[2]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha insistido que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[3], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[4] CONSIDERANDO (10): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[5], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12): Que de lectura del fallo objeto de la presente acción constitucional, logra advertirse que la sentencia emanada del Tribunal de Apelación denota falta de claridad y coherencia, así como razonamientos errados con los que se desatienden normas específicas del procedimiento penal. Se observa para el caso, que el Tribunal de Alzada califica como una “falencia” o sea un error, el hecho que se haya presentado requerimiento fiscal por un solo delito, pero que ello no corresponde ser (sic) “resuelto por la justicia”, sino que el acusador privado “debió haber estado pendiente que el fiscal acusara por los delitos que él denunció”. Con esta acepción se infiere que la Alzada admite que ha habido un error en la imputación, pero que el mismo es atribuible al acusador particular por no haber sido lo suficientemente diligente para que la acción fuera promovida correctamente por el Ministerio Público. Para esta Sala, una determinación como esta debe estar fundada en hechos concretos y en ley, no en una suposición o conjetura, del examen de las actuaciones sin embargo, no parece haber ningún fundamento para arribar a esta conclusión más que un parecer muy particular y subjetivo del Tribunal de Alzada, el que además es erróneo, pues en este caso el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, por el cual se inició proceso al imputado, es un delito de acción pública cuya persecución le corresponde de oficio al Ministerio Público (Art.25 CPP), y si bien el acusador particular tiene la opción de adherirse a la misma (como resultó ser en este caso), no puede entenderse que el acusador particular actúa en el proceso como una especie de difusor o supervisor del Ministerio Fiscal, pues la ley le confiere la potestad de intervenir en el proceso, no de suplir o corregir las actuaciones de la Fiscalía, y ello sin dejar de lado el papel del juez como garante de los principios que rigen el proceso, lo cual no va acorde con la aparente perspectiva, que también es errónea por parte de la Alzada que la jurisdicción penal no es más que es un mero espectador del proceso. CONSIDERANDO (13): Que la Alzada parece no tener concordancia en sus razonamientos cuando refiere que la “audiencia de declaración de imputado”, es una audiencia en la que juez debe limitarse a leer los derechos al imputado y que (sic) “…sólo puede pronunciarse sobre si deja o no en detención judicial al procesado o le da medidas y el señalamiento de fecha para la audiencia inicial…”, pues por otro lado admite que en esta audiencia pueden conocerse “algunas acciones”, en forma “excepcional”, infiriendo entonces que no hay tales limitantes y que sí pueden ser debatidas ciertas incidencias.
Esta Sala estima que la declaración del imputado, no es en sí una etapa del proceso penal, como parece entenderlo la Alzada, es parte del acto del requerimiento fiscal, el cual sí conforma la etapa preparatoria del procedimiento ordinario, junto con la denuncia, la investigación preliminar y la audiencia inicial. Cierto es que en nuestra práctica se ha acostumbrado a denominar a esta diligencia como la “audiencia de declaración de imputado”, lo cual es asequible para efectos de catalogarla como tal, y no representa en sí ningún perjuicio hacerlo, pero lo cierto es que el imputado—si es que es presentado ante el juez—tiene la opción de no declarar, por ende, no siempre estaremos ante una declaración como tal, y el acto procesal conlleva al cumplimiento de formalidades de carácter imperativo, como informar al imputado sobre sus derechos, así también de los hechos que conforman la imputación, entre otros, así como la de definir si procede la detención judicial del encartado, y el señalamiento de la audiencia inicial. Se puede observar que, en este respecto, la decisión que se revisa no emanó del acto de declaración de imputado, sino de una audiencia Ad Hoc, la cual fue señalada y celebrada acertadamente por la A Quo para resolver—por enésima vez y ante las reiteradas revocaciones de sus decisiones por vía de recurso—la cuestión de la excepción planteada por la defensa en torno a que la acción penal había prescrito. CONSIDERANDO (14): Que el tema de si pueden o no promoverse excepciones en la etapa preparatoria previo a la audiencia inicial, no es novedoso, y esta Sala ha conocido ampliamente ambos escenarios: uno en el que se debe esperar a la audiencia inicial, en donde las partes adquieren lo que algunos tribunales refieren como aptitud procesal para promover tales excepciones, y el otro, que las mismas pueden y deben conocerse, como la norma lo indica, en “cualquier etapa del proceso”, pues no cabe tener que esperar a la audiencia inicial. La Sala ha concluido que el problema en sí no es tanto el momento el que se opongan las excepciones, pues como se lo ha dicho en previas decisiones, no existe prohibición expresa para que la excepción de extinción de la acción pueda ser promovida en el momento de la declaración del imputado o en cualquier momento, cuando la ley así lo prevé, el problema que se presenta es el desconocimiento general sobre la naturaleza de las excepciones, y sobre todo que, en el dado caso que estas sean promovidas, los tribunales del orden penal tienen el ineludible deber de asegurar que se respeten todos los principios del proceso, en especial el principio de contradicción, y permitir a las partes oponerse y apoyar debidamente sus pretensiones, y este es en sí el problema que ha surgido cuando las excepciones se promueven en el acto de la declaración del imputado, pues se ha percibido que aquí, tanto el juez como las partes, actúan bajo las limitaciones que señala la Alzada en su sentencia, es decir que es una actuación en la que no deben hacerse más que lectura de derechos, y las decisiones que ya la ley determina, lo cual no acontece en la audiencia inicial, de ahí entonces que se haya estimado que es aquí en donde tales excepciones tienen cabida, como lo tiene también la posibilidad de ampliar la acusación, que es el argumento que el impetrante presentó ante la Alzada en su momento, la cual en lugar de dar respuesta motivada al agravio presentado, basándose en hechos concretos y disposiciones de ley, dispuso proclamar que el acusador particular permitió la “falencia” en la imputación por su falta de diligencia, o como lo dejó entrever la Alzada, por no estar “pendiente” de que el Fiscal hiciera bien su trabajo. CONSIDERANDO (15): Que lo dicho anteriormente no implica que la excepción de extinción de la acción penal no pueda ser opuesta en el momento de la declaración del imputado o en cualquier momento del proceso, como la ley lo refiere, pero el juez y los tribunales del orden penal tienen el deber entonces de asegurar con medios y acciones eficaces que las partes actúen bajo un plano de igualdad y garantizar que todos los principios del proceso sean respetados, como ya se dijo. CONSIDERANDO (16): Que por otro lado, esta Sala advierte que el análisis del Ad Quem en torno al cálculo del tiempo de prescripción es incorrecto, pues el punto de partida de la prescripción de la acción penal en el delito de USO DE UN DOCUMENTO FALSO no puede ser el día en el que el documento falso fue elaborado, como mal entiende la Alzada, pue el elemento esencial del tipo no es la confección en sí del documento falso sino su uso, es decir, el momento en el que el mismo es introducido al tráfico jurídico, pues es en este momento en el que se burla la fe pública y además se hace posible ocasionar el perjuicio ajeno, que es el otro de los elementos del tipo establecido en el artículo 285 del Código Penal: “…quien en perjuicio de tercero o con ánimo de causárselo cometiere en un documento privado alguna de las falsedades designadas en el [artículo 284], será sancionado con reclusión de seis (6) meses a (3) tres años…”. En el caso que nos ocupa, como bien lo apunta el recurrente, el momento en el que se perfecciona la infracción es el momento en el que el documento acusado de falsedad es presentado ante la autoridad, es decir cuando es introducido al tráfico jurídico, pues es a partir de este momento en el que la falsedad del documento produce su efecto lesivo, como lo refiere MUÑOZ CONDE, la falsificación del documento desemboca naturalmente en su uso[6], que en el caso de nuestro derecho penal se castiga como autor de la falsedad a quien haga este uso del documento falso. Ciertamente que la mera elaboración de un documento falso, es uno de los elementos de este tipo penal, pero si el documento no es usado, la acción se vuelve impune pues el perjuicio, como elemento propio del tipo no llegaría a concretarse, por ende, el delito de falsificación de documentos por el uso en el caso objeto de examen no puede considerarse cometido en la fecha de elaboración del documento, sino en la fecha en la que el documento falso fue usado, es decir el día en el que fue presentado ante la autoridad para hacerlo valer, o mejor dicho, para hacerlo pasar como verdadero, pues es aquí donde la falsedad se concreta y el delito se consuma. CONSIDERANDO (17): Que, de acuerdo con lo anterior, y de los antecedentes de mérito se puede apreciar que es a partir del día uno (1) de abril de dos mil nueve (2009) y no del catorce (14) de julio de dos mil seis (2006), como lo estimó la Alzada, cuando empezaría a correr el tiempo de prescripción del delito de USO DE DOCUMENTO (PRIVADO) FALSO, que es de 4 años y 6 meses, conforme las reglas establecidas en nuestra legislación penal. En este respecto, la Sala debe enfatizar que la imputación en este caso se ha hecho por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, pues así se deriva del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, tratándose de la falsedad de un documento de índole privada, pues así se deriva de los hechos en los que se basó el requerimiento fiscal que fue presentado ante juez competente. CONSIDERANDO (18): Que a su vez es necesario referirse con respecto a la interrupción de la prescripción, que es de trascendental importancia para estimar la misma, siendo que de acuerdo con el artículo 99 del Código Penal, la prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. La disyuntiva aquí ha sido determinar ¿Cuándo se dirige el procedimiento contra el culpable? Para la Alzada parece ser el momento en el que se presenta el requerimiento fiscal, pues el cálculo que ha realizado culmina con la fecha en la que se presentó dicho requerimiento por el Ministerio Público, así lo ha señalado en su fallo. Podría alegarse con cierta razón que, si consideramos que con la denuncia se inicia el procedimiento penal—y de hecho es el primer acto de la etapa preparatoria—es ahí donde comienza el procedimiento contra el culpable, sin embargo, en este tema la Sala concuerda con lo que han referido algunos tratadistas en cuanto a que quien denuncia se limita a poner la noticia criminis en conocimiento de las autoridades competentes para la averiguación y persecución del hecho, con lo que se insta el procedimiento penal[7], no obstante, esta Sala asiente que, como lo señalase Silva Sánchez: “…la legislación procesal pone inequívocamente de relieve que el “procedimiento” no existe sino en virtud de un acto judicial…”, y aunque el procedimiento (penal en este caso), puede instarse de oficio o a petición de parte, una cosa es instar y otra muy distinta es iniciar un proceso.[8] CONSIDERANDO (19): Que conforme lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe Motivación de las resoluciones judiciales, demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”, resulta pues, más que evidente, que la resolución que ha originado el presente recurso de amparo carece de la debida motivación, situación procesal irregular que ultraja, quebranta y vulnera notoriamente el debido proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental vulnerado al no existir en el asunto venido a examen, una motivación clara, precisa, lógica, coherente o congruente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones. CONSIDERANDO (20): Que como ya lo ha sostenido también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el deber de motivar las resoluciones es una de las “debidas garantías” vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un debido proceso[9]. La Corte ha establecido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, de manera que “protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”. Por tanto, en la misma línea de lo declarado por el Tribunal Europeo en el Caso Hadjianastassiou vs. Greece, la Corte Interamericana ha señalado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas”, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. CONSIDERANDO (21): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incoherente, errática y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supra legal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación, en tutela del debido proceso, deberá dictar una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver, tomando en cuenta las alegaciones de las partes, las actuaciones del proceso y las consideraciones de este fallo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada PL CERAMICS GROUP INC., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete por las razones que se han dejado aquí establecidas; por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación y las incoherencias que han sido advertidas por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0854=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] AP 259-12; AAC-802-14;
[2] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55
[3] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[4] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag.
[5] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[6] En su Derecho Penal Parte Especial, 18ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 755
[7] Gómez Martín, V., La prescripción del delito, B y F, Madrid, 2016, pág.127
[8] Silva Sánchez, J.M., El nuevo escenario del delito fiscal en España, 2005, p. 124.
[9] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, op. cit., párr. 77, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, op. cit., párr. 141.