Sentencia AP-849-17 — Registro 12264
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que declaró ha lugar parcialmente un recurso de apelación y revocó los sobreseimientos definitivos dictados por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con relación a la causa instruida por de los delitos de asesinato y asociación ilícita. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas lo dispuesto en los artículos 60, 64, 68, 69, 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO (11): Que dicho lo anterior, esta Sala comparte lo que ha dicho el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide que la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia, por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. Esta Sala advierte que en el caso del señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, el Tribunal de Alzada basó su decisión de dictar en su contra un auto de formal procesamiento, existiendo esta mínima actividad probatoria, la cual conduce razonablemente a considerar que pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resultan méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el proceso penal. “CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO (13): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la impetrante, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. CONSIDERANDO (14): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, que declaró ha lugar parcialmente un recurso de apelación y revocó los sobreseimientos definitivos dictados por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ BORJAS y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio del señor MARCO ANTONIO CHÁVEZ y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas lo dispuesto en los artículos 60, 64, 68, 69, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, la Abogada CAROL ZAVALA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ BORJAS, RODIMIRO SANTOS TORRES, LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF Y OTROS, por suponerlos responsable de los delitos de ASESINATO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio del señor MARCO ANTONIO CHÁVEZ y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, en la celebración de la audiencia inicial, el Juzgado de Letras citado resolvió: Decretar:
- Sobreseimiento Definitivo, a favor de los ciudadanos Delvin Leonardo Salgado Fuentes, Héctor Rodolfo López Borjas, Luis Alberto López Ratliff, por los delitos de Asesinato, y Asociación Ilícita, en perjuicio de Marco Antonio Chávez, y La Seguridad Interior del Estado de Honduras. 2. Decretar Sobreseimiento a favor de los ciudadanos Marlon Javier Oliva García, Héctor Rodolfo López Borjas, Neptaly Miranda Ayala, por los delitos de Asesinato, y Asociación Ilícita, en perjuicio de Carlos Alfredo Soriano Benítez, y La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Se estableció que la anterior decisión se fundó en el artículo 296 numeral 2 del Código Procesal Penal, al considerar el juez de instancia que no existían fundamentos suficientes para decretar auto de formal procesamiento contra los referidos imputados, al no haber, según el juez motivos para sospechar la participación de los imputados en el delito. (Folio 235 al 274 de la primera pieza de los antecedentes. 3) Que en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, habiendo sido interpuesto un recurso de apelación contra la anterior resolución por parte del Ministerio Público, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso ordinario de Apelación interpuesto por los Abogados ANA AMADOR ANDINO y FREDY ALVARADO Fiscales del Ministerio Publico.- 2) REVOCA los sobreseimientos definitivos dictados a favor de DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ BORJAS, LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, por los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de MARCO ANTONIO CHÁVEZ y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3).- Que se dicte auto de formal procesamiento a HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ BORJAS, LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, por los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de MARCO ANTONIO CHÁVEZ y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-4) Que se reforme el sobreseimiento definitivo a sobreseimiento provisional a favor de DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, por ambos delitos.- 5) REVOCAR SOBRESEIMIENTOS a favor de los ciudadanos MARLON JAVIER OLIVA GARCÍA, HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ, NEPTALI MIRANDA AYALA, por los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de CARLOS ALFREDO SORIANO BENÍTEZ y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, 6) Que se dicte auto de formal procesamiento por ambos delitos, a dichos imputados. (Folio 434 al 444 de la primera pieza de los antecedentes 4) El recurrente Abogado FREDY OMAR MADRID, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, afirmando que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 64, 68, 69, 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha once de junio del año dos mil dieciocho, esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, la precitada sentencia que dictase la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete. En la misma, el Tribunal de Alzada decidió: 1) Revocar los sobreseimientos definitivos que dictó el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, a favor de los señores DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ BORJAS Y LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, por los delitos de ASESINATO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio del señor MARCO ANTONIO CHÁVEZ y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, ordenando que se dictase auto de formal procesamiento en contra de los señores HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ BORJAS y LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF por los dos delitos previamente señalados; 2) La reforma del sobreseimiento definitivo dictado a favor del señor DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, ordenando que se dicte a su favor un sobreseimiento provisional; y, 3) Que se revocasen los sobreseimientos decretados a favor de los encartados MARLON JAVIER OLIVA GARCÍA, HÉCTOR RODOLFO LÓPEZ, NEPTALÍ MIRANDA AYALA por los delitos de ASESINATO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de CARLOS ALFREDO SORIANO BENÍTEZ y la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y que se dicte auto de formal procesamiento en contra de éstos por los mismos delitos. ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que entre las extensas alegaciones del impetrante, y más allá de sus exaltadas afirmaciones en torno a que estamos ante un asunto motivado por una especie de “venganza judicial” en contra de una “persona humilde” mediante la que se procura proteger a los “poderosos” culpando a inocentes, se destaca un argumento de relevancia constitucional al denunciarse una valoración arbitraria y desigual de la prueba de cargo por parte del Tribunal Ad-Quem, dejando entrever que la Corte de Apelaciones ha dado crédito a la prueba de cargo para estimar la participación de su defendido, el señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, en los delitos imputados, pero ha restado credibilidad a esa misma prueba de cargo para desestimar, al menos provisionalmente, la participación de otro de los imputados, el señor DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, a quien, según se puede advertir de los hechos consignados en el requerimiento fiscal que dio inicio al proceso, éste dio la orden de dar muerte al señor MARCO ANTONIO CHÁVEZ OCHOA. En síntesis, el reclamo del impetrante se encuadra en que ha habido arbitrariedad por parte de la autoridad judicial recurrida al momento de justipreciar la prueba aportada en la etapa preliminar del proceso, la que ha servido para justificar un auto de formal procesamiento en contra de su defendido, pero no ha sido suficiente para encontrar cabida a la participación del referido coimputado DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES, con lo que se afirma que el Ad-Quem no ha resuelto de manera igualitaria y la sentencia recurrida ha vulnerado los derechos constitucionales que amparan a su defendido, entre ellos, el principio de igualdad, el derecho de defensa, la garantía del debido proceso, entre otros. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que como ya lo ha señalado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[1], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (9): Que el caso que nos ocupa, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan meritorias para la instancia penal ordinaria en donde se plantearon, pero no para efecto de sustentar un recurso de amparo, pues como se dijo ya, esta valoración es una función propia de los jueces de instancia. Si bien el reclamo del recurrente mereció ser considerado porque denunció arbitrariedad en la valoración probatoria por parte del Tribunal de Alzada, esta arbitrariedad la funda en un hecho que la Sala no podría revisar sin invadir la función juzgadora de los tribunales ordinarios, en tanto que lo que denuncia es en sí la decisión, calificada de injusta por el quejoso de que uno de los coimputados en el proceso hubiese resultado favorecido con un sobreseimiento provisional y su defendido, quien según sostiene el impetrante es inocente de los hechos imputados, enfrenta un auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que la cuestión de si el señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF es responsable o no de los hechos que se le imputan competerá decidirlo a la jurisdicción penal ordinaria y no a esta Sala de lo Constitucional e igualmente a ésa jurisdicción ordinaria corresponderá determinar la responsabilidad en los hechos que pudiera tener el señor DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES. Se hace énfasis en este punto porque la causa penal se encuentra aún en su etapa preparatoria, por ende, no existe aún declaratoria de culpabilidad en contra de ningún imputado. El punto de la valoración desigual o defectuosa de la prueba en audiencia inicial es relevante para el recurso de amparo y el recurrente ha sabido explicarlo, pero no se ha demostrado tal inequidad, dado que la decisión de la Alzada fue debidamente razonada y fundada en la prueba aportada en el proceso. Del estudio del fallo emitido por la Alzada no se advierte que a la prueba de cargo se le hubiese dado un valor desigual para perjudicar a unos y favorecer a otros como lo infiere el impetrante. Tampoco consta que en el fallo el Tribunal de Apelación haya establecido que los testigos de cargo se hayan pronunciado con falsedad o que, como lo dice el amparista: “mintieron para uno y no mintieron para los otros”, puesto que si bien uno de los testigos presenciales del hecho, identificado con el seudónimo “ROY” ubica al señor DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES en la escena del crimen, se aportó a su vez prueba documental que refiere que el mismo señor DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES estuvo hospedado en la fecha que ocurrió el hecho junto con su familia y el señor JUAN ALBERTO MELÉNDEZ BURGOS (quien también testificó sobre este extremo) en el Hotel Palma Real de la ciudad de La Ceiba, y fue este medio de prueba del que se valió la Corte de Apelaciones para decretar a su favor un sobreseimiento provisional, con lo que su decisión ha surgido de evidencia probatoria aportada en el proceso y por ende no podría considerarse su decisión como arbitraria. Por el contrario, ha sido la prueba de cargo la que fue considerada por la Alzada para revocar el sobreseimiento definitivo que fue dictado a favor del señor DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES y dictar en su lugar uno provisional pues persiste la sospecha que haya podido haber participado en los hechos que culminaron con la muerte del señor MARCO ANTONIO CHÁVEZ. Ahora bien, que si tal evidencia es suficiente para considerar que dicho señor no participó en los hechos, es otro punto que de igual forma no corresponde ser decidido por medio de esta acción constitucional, y, como dijimos ya, este es un extremo al que el Tribunal de Alzada hace alusión en su fallo porque bien podría alegarse que los documentos extendidos por empleados del Hotel Palma Real únicamente demuestran que el señor DELVIN SALGADO FUENTES estaba hospedado en ese lugar, por lo que no se descarta la posibilidad que el mismo hubiera podido desplazarse desde ese complejo hotelero en la ciudad de La Ceiba hacia el municipio de El Negrito en donde se cometió el hecho y luego regresar, como pareciera intuirlo el Tribunal de Alzada al señalar en su fallo: “…por cuanto se debe acreditar con otros elementos probatorios como ser videos de seguridad del hotel que en efecto ese día se encontraba en dicho lugar…”. CONSIDERANDO (11): Que dicho lo anterior, esta Sala comparte lo que ha dicho el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide que la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia, por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a:
- Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y,
- Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional[2]. Esta Sala advierte que en el caso del señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, el Tribunal de Alzada basó su decisión de dictar en su contra un auto de formal procesamiento, existiendo esta mínima actividad probatoria, la cual conduce razonablemente a considerar que pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resultan méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el proceso penal. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida a los imputados en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. CONSIDERANDO (13): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por la impetrante, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. CONSIDERANDO (14): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del señor LUIS ALBERTO LÓPEZ RATLIFF, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, de la cual se ha hecho mérito y por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-849-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14
[2]PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012