Sentencia AP-847-18 — Registro 12263
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones que declaró sin lugar el recurso de apelación en relación a los delitos de extorsión continuada y asociación ilícita.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (3): Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violadas las garantías del debido proceso y derecho a la defensa contempladas en nuestra Constitución. Sin embargo, este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores FLORIDALMA REYES Y OLIVER ADELMO CASTRON REYES y en consecuencia confirmar el sobreseimiento provisional. A este respecto, se ha constatado de la motivación contenida en el acto reclamado que el Ad-Quem, dictó la referida providencia con una adecuada motivación, por lo que el acto impugnado está revestido de todas las formalidades determinadas en nuestra norma procesal vigente para su validez, toda vez que se garantiza con su emisión, la apreciación objetiva por parte del Ad-Quem de la norma adjetiva aplicable al caso de autos. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que en respeto a la independencia de los Jueces y Tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido el criterio sostenido, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados al juicio, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una trasgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución, la cual debe ser señalada de manera puntual por la parte recurrente. CONSIDERANDO (6): Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil diecinueve. VISTOS: los antecedentes del acto reclamado en el recurso de amparo interpuesto por la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la causa instruida contra los señores FLORIDALMA REYES Y OLIVER ADELMO CASTRON REYES, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO ER-264 CLAVE JUDICIAL JPTP Y LA SEGURIDAD INTRIOR DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. CONSIDERANDO (1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que dicha resolución violenta los principios y garantías que rigen el proceso penal, tal como es el principio acusatorio, en vista de que se logró acreditar los elementos necesarios de participación en el delito penal atribuido a los encausados y que consecuentemente el juez dicta sobreseimiento provisional a favor de los mismos. CONSIDERNADO (2): Que la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedo Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, resolvió declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal de Tribunales del Ministerio Púbico, contra la resolución de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Penal Unificado de esta ciudad y confirma el sobreseimiento provisional dictado a favor de los encausados FLORIDALMA REYES Y OLIVER ADELMO CASTRON REYES; argumentando que los procesados son madre e hijo, respecto de los cuales ciertamente el Ministerio Público no ha logrado acreditar que son integrantes o están vinculados a un grupo u organización criminal estructurada, y como lo apunta la A-Quo, no se han producido indicios racionales de la participación de los procesados en la comisión del delito de extorsión, por lo que en el término de cinco años que señala el artículo 295 del Código Procesal Penal, el Agente Fiscal, a través de la investigación puede acreditar que estas personas actúan como tal y por lo tanto hayan realizado o cometido otros delitos, inclusive algún tipo de reiteración delictiva. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que la recurrente invoca como violadas las garantías del debido proceso y derecho a la defensa contempladas en nuestra Constitución. Sin embargo, este Tribunal del estudio del acto impugnado, estima que la peticionaria se limita a formular alegatos propios de instancia, pues de los autos se aprecia que la resolución impugnada resuelve declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los señores FLORIDALMA REYES Y OLIVER ADELMO CASTRON REYES y en consecuencia confirmar el sobreseimiento provisional. A este respecto, se ha constatado de la motivación contenida en el acto reclamado que el Ad-Quem, dictó la referida providencia con una adecuada motivación, por lo que el acto impugnado está revestido de todas las formalidades determinadas en nuestra norma procesal vigente para su validez, toda vez que se garantiza con su emisión, la apreciación objetiva por parte del Ad-Quem de la norma adjetiva aplicable al caso de autos. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala aprecia asimismo de las actuaciones relacionadas al acto reclamado en amparo, que se ha respetado en todo momento el debido proceso, por lo cual y en vista al carácter contencioso de sus alegatos, los cuales son dirigidos contra el fondo del asunto en litigio y no concretamente contra la resuelto por el Ad-Quem en el acto impugnado, estima, que al no alegarse una violación constitucional concreta contra la resolución emitida por el Ad-Quem, es preciso ratificar que el acto reclamado se ha dictado con todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que en respeto a la independencia de los Jueces y Tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido el criterio sostenido, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados al juicio, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una trasgresión a preceptos constitucionales que revistan una vulneración concreta a los derechos fundamentales tutelados por la Constitución, la cual debe ser señalada de manera puntual por la parte recurrente. CONSIDERANDO (6): Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas; razón por la cual esta Sala estima, que dar curso al conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciocho, de que se ha hecho mérito por las razones expuestas. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Sello y Firmas. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la resolución de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal con el número SCO-0847=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.