Sentencia AP-833-18 — Registro 12713
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que denegó el recurso de amparo con relación a la causa al delito de homicidio culposo por mala praxis médica. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 60, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en el considerando tres de su resolución invoca el artículo 190 del Código Procesal Penal referente al recurso de apelación contra las resoluciones relacionadas con la prisión preventiva, dispone que “Las resoluciones que impongan, modifiquen, o declaren sin lugar una medida cautelar (como en el caso que nos ocupa), serán apelables en un solo en efecto devolutivo, es decir que no suspenden el proceso y, así lo dispone el segundo párrafo de la referida disposición “El recurso de Apelación no suspenderá el cumplimiento de la medida apelada”. Señalando que dicho recurso de apelación no impide que la causa siga con el siguiente paso que es la audiencia inicial y luego la preliminar hasta la etapa preparatoria del juicio lo cual no entraña una violación al debido proceso ni al derecho de defensa. CONSIDERANDO (6): Que el Ad quem deja claramente establecido que la no consecución del recurso interpuesto por el ministerio Público por no estar de acuerdo con las medidas sustitutivas dictadas a los imputados no afecta en nada a los intereses del acusado EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ, por lo que no se le ha violentado su derecho a la defensa ni al debido proceso. Por otra parte expone en el considerando Cuatro (4) de la resolución que el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado contra los acusados solamente fue apelado por la defensa del imputado MARIO JOSE SANCHEZ, no por la defensa del señor EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ, a favor de quien se interpone este amparo, argumentando que a su representado no debió señalársele audiencia preliminar para continuar el proceso, porque aunque no se interpuso recurso de apelación a su favor, el recurso interpuesto por la defensa del otro imputado se encuentra en trámite y pendiente de resolución. Al respecto el Ad quem señala que el proceso penal es personalísimo, a cada imputado se le juzga por las acciones concretas que se supone realizó en el hecho sometido a juzgamiento a ese efecto se establece su grado de participación…, señalando que al no haber interpuesto apelación el señor Emigdio Pablo Rodríguez no hay violación al debido proceso por haberse realizado la audiencia preliminar solo para dicho procesado. En consecuencia, denegó la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, por ende una tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, debe Denegarse la acción de amparo instruida, por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de junio del dos mil diecinueve VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que denegó el recurso de amparo promovido por los Abogados Saúl Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto en su condición de Apoderados Legales del señor Emigdio Pablo Rodríguez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra los señores Emigdio Pablo Rodríguez, Violeta Roque y Mario José Sánchez Andara por suponerlos responsables del delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis Médica en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 60, 82, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) En fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, tuvo por admitido el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público a través de su Agente Fiscal la Abogada Carol Zavala, en contra de los señores Violeta Roque, Mario José Sánchez Andara y Emigdio Pablo Rodríguez por suponérseles responsables a titulo de autores materiales del delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda. (Folios 1-7 del expediente principal del A-quo) 2) En fecha trece de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado antes mencionado, en la declaratoria de imputado, el A-quo tuvo a bien imponerle a los imputados relacionados en el numeral que precede, la medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva contempladas en el articulo 173 numeral 5 del Código Procesal Penal. (Folios 44-50 del expediente principal del A-quo) 3) En fecha uno de julio de dos mil dieciséis, el Juzgado pre citado, conociendo de la solicitud realizada por el Ministerio Público en la audiencia inicial, con relación a decretar auto de prisión con la medida de prisión preventiva como también de la solicitud hecha por las defensas de los encausados para que se decretará sobreseimiento provisional, siendo así que el A-quo resolvió: Decretar contra los imputados señores Mario José Sánchez Andara y Emigdio Pablo Rodríguez Rivera, auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis, en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda.-2) Manténgase la medida que fue impuesta en la audiencia de declaración de imputado.-3)Declarar no ha lugar el sobreseimiento provisional solicitado por la Defensa. (Folios 192-194 del expediente principal del A-quo) 4) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, resolviendo la solicitud de apertura a juicio Oral y Público por parte del Ministerio Público, el A-quo resolviendo mediante auto decretó: 1.-En cuanto al sobreseimiento definitivo, solicitado por la defensa privada del imputado señor Emigdio Pablo Rodríguez, declárese no ha lugar el mismo. 2.-Decretar el auto de apertura a juicio en las presentes diligencias por el delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis contra el señor: Emigdio Pablo Rodríguez, hecho realizado en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda. 3.-Señalandoseles a las partes que se les emplaza para que el término de cinco días comunes contados a partir de la ultima notificación se personen al Tribunal de Sentencia, señalando la dirección exacta del lugar en donde se les puede hacer notificaciones…. (Folios 260-262 de la segunda pieza del A-quo) 5) Que conociendo del recurso de amparo impetrado por los Abogados Saúl Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto, a favor del señor Emigdio Pablo Rodríguez interpuesto contra la resolución referida en el numeral anterior y siguiendo el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, falló: Deniega la Acción de amparo interpuesta por los Abogados Saúl Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto, actuando en su condición de Apoderados Legales del señor Emigdio Pablo Rodríguez contra la resolución judicial de fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del El Progreso, Yoro, que ordena la apertura a Juicio Oral y Público, en el proceso penal que por el delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis Médica, se instruye contra Emigdio Pablo Rodríguez y Otros. (Folios 80-86 de la pieza del ad-quem) 6) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA Y MARCO TULIO MARTINEZ ESCOTO, a favor de EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ, mediante la cual se Denegó el recurso de amparo interpuesto, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de el Progreso, departamento de Yoro, en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, en relación a la causa instruida contra el señor EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ Y OTROS por suponerlo responsable del delito de HOMICIDO CULPOSOS POR MALA PRAXIS en perjuicio de LAVINIA AELIZABETH COLINDRES EUCEDA. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes; en el fallo emitido, hizo una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la acción de amparo interpuesta, dejando establecido en el Considerando número dos (2), que de la revisión de los antecedentes encuentra que el Ministerio Público interpuso recurso de apelación en fecha 14 de junio del 2016, contra la resolución dictada en audiencia de declaración de imputado en la que se dicta una medida sustitutiva de prisión preventiva a todos los imputados por el delito de Homicidio Culposos por Mala Praxis Médica, señala que se aprecia que fue notificado el ministerio Público y solamente uno de los defensores de los acusados, señala que el proceso de impugnación no siguió su cause quedando solo con la presentación del recurso, estando pendiente su continuación, señalando que tal situación a quien perjudica es al Ministerio Público quien interpuso el recurso de apelación sin embargo no ha instado su seguimiento. CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en el considerando tres de su resolución invoca el artículo 190 del Código Procesal Penal referente al recurso de apelación contra las resoluciones relacionadas con la prisión preventiva, dispone que “Las resoluciones que impongan, modifiquen, o declaren sin lugar una medida cautelar (como en el caso que nos ocupa), serán apelables en un solo en efecto devolutivo, es decir que no suspenden el proceso y, así lo dispone el segundo párrafo de la referida disposición “El recurso de Apelación no suspenderá el cumplimiento de la medida apelada”. Señalando que dicho recurso de apelación no impide que la causa siga con el siguiente paso que es la audiencia inicial y luego la preliminar hasta la etapa preparatoria del juicio lo cual no entraña una violación al debido proceso ni al derecho de defensa. CONSIDERANDO (6): Que el Ad quem deja claramente establecido que la no consecución del recurso interpuesto por el ministerio Público por no estar de acuerdo con las medidas sustitutivas dictadas a los imputados no afecta en nada a los intereses del acusado EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ, por lo que no se le ha violentado su derecho a la defensa ni al debido proceso. Por otra parte expone en el considerando Cuatro (4) de la resolución que el recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado contra los acusados solamente fue apelado por la defensa del imputado MARIO JOSE SANCHEZ, no por la defensa del señor EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ, a favor de quien se interpone este amparo, argumentando que a su representado no debió señalársele audiencia preliminar para continuar el proceso, porque aunque no se interpuso recurso de apelación a su favor, el recurso interpuesto por la defensa del otro imputado se encuentra en trámite y pendiente de resolución. Al respecto el Ad quem señala que el proceso penal es personalísimo, a cada imputado se le juzga por las acciones concretas que se supone realizó en el hecho sometido a juzgamiento a ese efecto se establece su grado de participación…, señalando que al no haber interpuesto apelación el señor Emigdio Pablo Rodríguez no hay violación al debido proceso por haberse realizado la audiencia preliminar solo para dicho procesado. En consecuencia, denegó la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que el fallo dictado por el Ad Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, por ende una tutela judicial efectiva, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, debe Denegarse la acción de amparo instruida, por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes; en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA Y MARCO TULIO MARTÍNEZ ESCOTO a favor del señor EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ. Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-833-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL