Sentencia AP-821-17 — Registro 8999
Resumen
Resolución que confirma y declara sin solicitud de antejuicio en relación a la causa instruida contra imputada, en su condición de Juez de Paz por suponerla responsable de delitos de Usurpación de funciones en concurso Real en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras por haber extendido constancias de vecindad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos, (el subrayado es nuestro). Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que la resolución del Ad-Quem es justa y acorde con el debido procedimiento, habiendo realizado un estudio minucioso tanto de los hechos sus circunstancias y la norma aplicable, ha dictado un fallo debidamente razonado, explicando de manera clara y precisa las razones que lo llevan a concluir porque debe mantenerse la resolución del A quo, que resulta en la desestimación del recurso de apelación interpuesto"
Legislación citada
- Código Penal, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos, (el subrayado es nuestro). Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que la resolución del Ad-Quem es justa y acorde con el debido procedimiento, habiendo realizado un estudio minucioso tanto de los hechos sus circunstancias y la norma aplicable, ha dictado un fallo debidamente razonado, explicando de manera clara y precisa las razones que lo llevan a concluir porque debe mantenerse la resolución del A quo, que resulta en la desestimación del recurso de apelación interpuesto"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 285, NUMERAL 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 292 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LESLY PATRICIA RODRIGUEZ MOLINA, contra la resolución de fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en la causa instruida contra la señora UNIE CARLEEN MUÑOZ WARREN., en su condición de Juez de Paz del Municipio de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por suponerlos responsables de 86 delitos de USURPACIÓN DE FUNCIONES EN CONCURSO REAL, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, la Abogada LESLY PATRICIA RODRIGUEZ MOLINA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Antejuicio, contra la Juez de Paz del Municipio de Utila, departamento de Islas de la Bahía UNIE CARLEEN MUÑOZ WARREN, por suponerla responsable a titulo de autor directo de la comisión de ochenta y seis (86) delitos de USURPACION DE FUNCIONES EN CONCURSO REAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 01 al 04 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, DECRETO: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE ANTEJUICIO promovido por el Ministerio Público a través de su agente fiscal LESLY RODRIGUEZ, en contra de la señora UNIE CARLEEEN MUÑOZ WARREN, a quien se le acusa ochenta y seis delitos de USURPACIÓN DE FUNCIONES en CONCURSO REAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA.- SEGUNDO: SE ORDENA A LA RECEPTORA DEL DESPACHO PROCEDA NOTIFICAR LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES. (Folio 144 al 148 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, FALLA: “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LESLY PATRICIA RODRIGUEZ MOLINA, en su condición de Fiscal del Ministerio como apelante.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía en el antejuicio promovido contra la señora UNIE CARLEEN MUÑOZ WARREN por supuestos delito de USURPACION DE FUNCIONES EN CONCURSO REAL, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, con la motivación y argumentos expuestos por este Ad-quem.-…” (Folio 8 al 11 de la Pieza de Corte de Apelaciones). 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 9 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía en fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, con relación a un Antejuicio instruido contra la señora UNIE CARLEEN MUÑOZ WARREN en su condición de Juez de Paz del Municipio de Utila, departamento de Islas de la Bahía, por suponerla responsable de 86 delitos de USURPACIÓN DE FUNCIONES EN CONCURSO REAL, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, en el parágrafo de la relación de los hechos que motivan la acción de amparo expone: Que presentó solicitud de Antejuicio en el Juzgado de Letras de aquella jurisdicción, para que se declare con lugar el ejercicio de la acción penal pública, en contra de la señora UNIE CARLEEN MUÑOZ WARREN por suponerla responsable de 86 delitos de USURPACIÓN DE FUNCIONES EN CONCURSO REAL, la que fue declarada Sin Lugar el 09 de junio del año 2017, por lo que compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de aquella ciudad interponiendo apelación contra dicha resolución, misma que fue declarada Sin Lugar, confirmando la sentencia emitida por el A quo. La recurrente estima que se han quebrantado derechos constitucionales, desarrollando el concepto de su vulneración de la siguiente forma: Se quebranta el artículo 304 y 321 constitucionales en cuanto al principio de legalidad por las siguientes razones: Manifiesta que la acusada en su condición de Juez de Paz del departamento de Utila, Islas de la Bahía, emitió 86 Constancias de vecindad que le fueron solicitadas por 86 ciudadanos de la zonas, las que fueron utilizadas para solicitara ante el Registro Nacional de las Personas cambios de registro de domicilio electoral a efecto de ejercer el sufragio en las elecciones primarias a celebrarse el 12 de marzo del año 2017, conducta que considera el Ministerio Público se enmarca en el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES. Señala además los medios de prueba aportados, señalando que con ellos aporta los elementos objetivos del tipo, ya que extender constancias de vecindad no son funciones de la acusada. CONSIDERANDO: (5) Que la corte de Apelaciones impugnada, relaciona de manera detallada los hechos que motivaron el recurso de Apelación interpuesto por la recurrente. En el párrafo de la Motivación Probatoria y Jurídica expone: que en los artículos de la ley, invocados por el Ministerio Público no está claramente definido que sea una función exclusiva de la municipalidad, en ese sentido no puede haber una interpretación extensiva de los mismos, porque estaríamos violentando el principio pro persona, la interpretación de la norma son extensivas cuando favorecen a la persona humana, que no es el caso. Además manifiesta que la referidas constancias la Jueza las firma como Jueza, que para tal cargo tiene un nombramiento, no como alcalde, en ese sentido no hay usurpación, pues tal figura es sobre el cargo en si no sobre la constancia; además señala que para los efectos que alega el Ministerio Público fueron utilizadas las constancias, estima que no existió Dolo en el actuar de la juez, e igualmente por aspectos de transparencia no debió extender las mismas aunque como autoridad jurisdiccional del Municipio puede dar fe de muchas cosas, aun cuando se trataba de acreditar el domicilio para efectos electorales. CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en cuanto al bien jurídico ajustado a la Administración Pública de manera que la función pública está sometida al servicio de la ciudadanía y sometida al principio de legalidad, al respecto señala que el Ministerio Público no estableció cual fue el perjuicio que le ocasiona a la Administración pública la conducta de la Juez de Paz, ya que tal como lo dejo establecido el A quo, conforme al principio de lesividad, el derecho penal es un derecho protector de bienes jurídicos y conforme a dicho principio solo en el caso de que se lesione o ponga en peligro el correspondiente bien jurídico se podrá reconocer la existencia de un delito y aplicar en consecuencia una pena o medida de seguridad; desprendiéndose de lo anterior que la acción puede subsumirse en un tipo penal determinado pero si no lesiona ni pone en peligro el bien jurídico protegido por dicho tipo penal, será típica pero no antijurídica, en la presente causa el Ente fiscal no establece la lesión ni puesta en peligro del bien jurídico protegido, pues no refiere cual fue el perjuicio que le ocasionó a la administración pública la acción de la Juez de Paz de Utila. Invocando el artículo 2-C que dice: “No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal. Además señala el artículo 80 constitucional que dispone que toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal; dejando establecido el Ad quem, que en la presente causa la Juez de Paz en respuesta al Derecho de Petición de los ciudadanos extendió las constancias de vecindad, que si bien no debió extenderlas no causó ningún perjuicio. Finalmente expone el Ad quem que en la presente causa no se estableció el perjuicio ocasionado por el accionar de la Juez y del análisis de los autos no se desprende que la intención haya sido causar un perjuicio a la Administración pública como tampoco un efecto dañoso, tanto así que el Ministerio Público ni siquiera mencionó cual fue ese efecto dañoso. En consecuencia Declaró No ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y Confirmó la resolución del A-Quo. CONSIDERANDO (7): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia, el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos, (el subrayado es nuestro). Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que la resolución del Ad-Quem es justa y acorde con el debido procedimiento, habiendo realizado un estudio minucioso tanto de los hechos sus circunstancias y la norma aplicable, ha dictado un fallo debidamente razonado, explicando de manera clara y precisa las razones que lo llevan a concluir porque debe mantenerse la resolución del A quo, que resulta en la desestimación del recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 101, 285 No. 2, 292, del Código Procesal Penal; 32, 116 Código Penal, 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZA MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0821-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL