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Sentencia AP-818-17 — Registro 17804
Resumen
Resolución que revoco Sobreseimiento definitivo y ordeno Auto de Formal Procesamiento en la causa instruida contra recurrentes, por suponerlas responsables de los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios y Fraude, en perjuicio de la Administración Pública y La Empresa Hondureña De Telecomunicaciones (HONDUTEL)impetrante sostiene no habérsele valorado de manera objetiva los descargos presentados a favor de que prueba aportada en la audiencia inicial no es suficiente para sustentar un Auto de Formal procesamiento y la inexistencia de Dolo por parte de éstas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."6): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Auto de Formal Procesamiento en contra de las encausadas Wendy Suyapa Elvir y Normandina del Carmen Ortiz Barahona; el recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que la valoración de la prueba debe ser como ausencia de dolo por parte de sus defendidas, asimismo considera el impetrante que los medios de prueba han sido valorados de manera errónea, en perjuicio de sus defendidas y sin objetividad, pues de haberse valorado con objetividad, los descargos presentados a favor de sus defendidas, se habría confirmado la decisión del a-quo. CONSIDERANDO(7): Que el recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se encuentran contenidos en los artículos siguientes: 82. “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: “… Efecto extensivo del recurso. Veremos que ante lo que nos dice la norma precitada se produce el efecto extensivo del recurso . El fundamento del efecto extensivo del recurso, en todos lo casos, reside en la necesidad de uniformidad de la decisión del recurso, evitando la incongruencia jurídica resultante de determinar por un lado, que el imputado recurrente no ha cometido el delito y no es responsable, y si lo cometió y es responsable aquel que no recurrió el fallo. También tiene su otro fundamento, el efecto extensivo, en el principio de igualdad procesal, prohibiendo que existan situaciones diferentes frente a las mismas condiciones del proceso. Finalmente el efecto extensivo supone una excepción al principio de personalidad del recurso, que en materia penal se explica por existencia de un interés público en la aplicación correcta de la ley y en la no contradicción de las sentencias. Es por ello que la revisarse las diligencias precedentes del Amparo y lo que el Ad-Quem profirió en su momento procesal los hechos narrados no son vinculantes con los alegados por la señora Rosa Bellino, a pesar de ser los mismos hechos, cada uno de los coimputados ejecuto una situación distinta a fin de realizar una acción fraudulenta al favorecer a terceros, cuando fu solicitado el servicio de dos DID (DIRECT INCOMING MAILING)…”. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso[1] supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones; estima el recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en forma objetiva la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo y ordenar el dictado de Autos de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional advierte que el impetrante muestra su discrepancia con la resolución impugnada, al revocar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de las encausadas por los delitos de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos y Fraude y ordena el dictado de Auto de Formal Procesamiento. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que el recurrente muestra su disconformidad con la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; no obstante a ello, el recurrente no expone sus argumentos en relación al acto resolutivo de la referida Corte de Apelaciones, que hace alusión al beneficio extensivo en la interposición de un recurso, en aras de favorecer a los demás coimputados; el recurrente centra sus argumentos en relación a la valoración de los medios de prueba evacuados en audiencia inicial, hecho éste que no valora ni resuelve el acto impugnado. CONSIDERANDO (11): Que no obstante y a efecto de dar respuesta a los argumentos esgrimidos por el recurrente en relación a la valoración de la prueba que es evacuada en audiencia inicial, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[2] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (12): Que la valoración de la prueba, como bien lo indica el impetrante, debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. CONSIDERANDO (13): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (14): Que de la foliada de la acción constitucional de Amparo promovida y la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se observa que se han argumentado por parte del recurrente en amparo, situaciones de hecho y derecho totalmente diferentes a las resueltas por el acto recurrido en Amparo; no manifestándose en consecuencia, esta Sala de lo Constitucional en dar una respuesta específica en relación a la vulneración de derechos fundamentales que invoca el garantista y que guarden relación con el acto recurrido en amparo, pues reiteramos que el impetrante no fundamenta sus argumentos en situaciones jurídicas a las que da respuesta el acto impugnado. CONSIDERANDO (15): Que para finalizar es importante reiterar que, el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, para ello rige el principio de prevalencia del derecho sustancial. CONSIDERANDO (16): Que al haberse determinado que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo, no guardan relación con lo resuelto por el acto impugnado, no es posible para esta Sala de lo Constitucional pronunciarse sobre la vulneración de derechos constitucionales invocados, pues el impetrante no ataca lo resuelto en el acto ya referido y emitido por el Tribunal de Alzada, como consecuencia de ello, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce"
6): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Auto de Formal Procesamiento en contra de las encausadas Wendy Suyapa Elvir y Normandina del Carmen Ortiz Barahona; el recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que la valoración de la prueba debe ser como ausencia de dolo por parte de sus defendidas, asimismo considera el impetrante que los medios de prueba han sido valorados de manera errónea, en perjuicio de sus defendidas y sin objetividad, pues de haberse valorado con objetividad, los descargos presentados a favor de sus defendidas, se habría confirmado la decisión del a-quo. CONSIDERANDO(7): Que el recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se encuentran contenidos en los artículos siguientes: 82. “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: “… Efecto extensivo del recurso. Veremos que ante lo que nos dice la norma precitada se produce el efecto extensivo del recurso . El fundamento del efecto extensivo del recurso, en todos lo casos, reside en la necesidad de uniformidad de la decisión del recurso, evitando la incongruencia jurídica resultante de determinar por un lado, que el imputado recurrente no ha cometido el delito y no es responsable, y si lo cometió y es responsable aquel que no recurrió el fallo. También tiene su otro fundamento, el efecto extensivo, en el principio de igualdad procesal, prohibiendo que existan situaciones diferentes frente a las mismas condiciones del proceso. Finalmente el efecto extensivo supone una excepción al principio de personalidad del recurso, que en materia penal se explica por existencia de un interés público en la aplicación correcta de la ley y en la no contradicción de las sentencias. Es por ello que la revisarse las diligencias precedentes del Amparo y lo que el Ad-Quem profirió en su momento procesal los hechos narrados no son vinculantes con los alegados por la señora Rosa Bellino, a pesar de ser los mismos hechos, cada uno de los coimputados ejecuto una situación distinta a fin de realizar una acción fraudulenta al favorecer a terceros, cuando fu solicitado el servicio de dos DID (DIRECT INCOMING MAILING)…”. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso[1] supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones; estima el recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en forma objetiva la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo y ordenar el dictado de Autos de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional advierte que el impetrante muestra su discrepancia con la resolución impugnada, al revocar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de las encausadas por los delitos de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos y Fraude y ordena el dictado de Auto de Formal Procesamiento. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que el recurrente muestra su disconformidad con la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; no obstante a ello, el recurrente no expone sus argumentos en relación al acto resolutivo de la referida Corte de Apelaciones, que hace alusión al beneficio extensivo en la interposición de un recurso, en aras de favorecer a los demás coimputados; el recurrente centra sus argumentos en relación a la valoración de los medios de prueba evacuados en audiencia inicial, hecho éste que no valora ni resuelve el acto impugnado. CONSIDERANDO (11): Que no obstante y a efecto de dar respuesta a los argumentos esgrimidos por el recurrente en relación a la valoración de la prueba que es evacuada en audiencia inicial, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[2] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (12): Que la valoración de la prueba, como bien lo indica el impetrante, debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. CONSIDERANDO (13): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (14): Que de la foliada de la acción constitucional de Amparo promovida y la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se observa que se han argumentado por parte del recurrente en amparo, situaciones de hecho y derecho totalmente diferentes a las resueltas por el acto recurrido en Amparo; no manifestándose en consecuencia, esta Sala de lo Constitucional en dar una respuesta específica en relación a la vulneración de derechos fundamentales que invoca el garantista y que guarden relación con el acto recurrido en amparo, pues reiteramos que el impetrante no fundamenta sus argumentos en situaciones jurídicas a las que da respuesta el acto impugnado. CONSIDERANDO (15): Que para finalizar es importante reiterar que, el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, para ello rige el principio de prevalencia del derecho sustancial. CONSIDERANDO (16): Que al haberse determinado que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo, no guardan relación con lo resuelto por el acto impugnado, no es posible para esta Sala de lo Constitucional pronunciarse sobre la vulneración de derechos constitucionales invocados, pues el impetrante no ataca lo resuelto en el acto ya referido y emitido por el Tribunal de Alzada, como consecuencia de ello, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce
.."Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso[1] supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones; estima el recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en forma objetiva la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo y ordenar el dictado de Autos de Formal Procesamiento.."
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCOS ROGELIO CLARA GARCIA, a favor de las señoras WENDY SUYAPA ELVIR y NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en la causa instruida contra las señoras WENDY SUYAPA ELVIR y NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, por suponerlas responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria del derecho a la defensa y al debido proceso, contenido en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado GERRY YASSAR VALLADARES CERRATO, actuando en su condición de AGENTE DE TRIBUNALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, WENDY SUYAPA ELVIR, NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, FRAUDE Y ENCUBRIMIENTO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, asimismo en contra de LENNIN ARMANDO BAQUEDANO ERAZO, ex empleado de HONDUTEL y KENIA YAMILETH MARTINEZ HERNÁNDEZ, por suponerlos responsables de los delitos de HURTO CONTINUADO POR EL USO FRAUDULENTO DE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y USO INDEBIDO DE NOMBRES, en perjuicio de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), LA FE PÚBLICA Y LA SOCIEDAD MERCANTIL JETSTEREO.(Folios del 02 al 13 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en Audiencia de (Sic) Notificación de Resolución de la Corte, RESOLVIÓ (Sic): “Habiendo escuchado a las partes intervinientes en el proceso, el Fiscal del ministerio público manifestó que se da por notificada y que no se debe dar el beneficio del artículo 349 del Código Procesal Penal, en cuanto a que se debe sobreseer definitivamente la causa a favor de todos los imputados manifestando esta que hay suficientes medios de prueba que acrediten la participación de los mismos, sin embargo los defensores manifestaron que si uno de los imputados se le decreta sobreseimiento definitivo, y si hay mas coimputados que están con la misma situación jurídica y situación legal de los coimputados es la misma que la señora Rosa Judith Bellino Espino, solicitando que a sus representados se le decrete un sobreseimiento definitivo en base al artículo 349 del Código Procesal Penal, en base a lo manifestado anteriormente la Suscrita y siendo que la sala constitucional otorgo la acción de amparo interpuesta por el abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, a favor de su representada ROSA JUDITH BELLINO ESPINO, en ese sentido y siendo que la normativa procesal penal ya establece en su artículo 349 los efectos “cuando en un proceso participen varios imputados el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás siempre y cuando se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sean aplicables los mismos motivos alegados por este”, siendo que los coimputados NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ, WENDY SUYAPA ELVIR Y MOISES ERNESTO CRUZ ORDOÑEZ a quienes también se les sigue proceso por los delitos de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCINARIOS PUBLICOS Y FRAUDE en perjuicio de la ADMINISTRACIN PUBLICA Y HONDUTEL, delitos por los cuales también estaba siendo acusada la señora ROSA JUDITH BELLINO ESPINO por lo que los coimputados están en la misma situación que el recurrente, tal y como lo establece el precitado articulo de nuestra Normativa Procesal Penal, por lo que es procedente Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores Rosa Judith Bellino Espino, Wendy Suyapa Elvir, Normandina Del Carmen Ortiz Barahona Y Moisés Ernesto Cruz Ordoñez, por el delito de Violación De Los Deberes De Los Funcionarios y Fraude en perjuicio de La Administración Publica y Hondutel….” (Folios del 1007 al 1009 del Tomo II de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, en fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución a través de la cual RESOLVIÓ: (Sic) “1) Declarando HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2) REVOCAR la resolución apelada y que se dicte Autos de Formal Procesamientos…” (Folios del 1054 al 1058 del Tomo III de la Pieza de antecedentes de primera instancia) 4) El recurrente Abogado MARCOS ROGELIO CLARA GARCIA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor de las señoras WENDY SUYAPA ELVIR y NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria del derecho a la defensa y debido proceso, contenido en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que en fecha uno (01) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado MARCOS ROGELIO CLARA GARCÍA, interponiendo Acción de Amparo a favor de las señoras WENDY SUYAPA ELVIR y NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, contra la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada en Audiencia de (Sic) Notificación de Resolución de la Corte, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en el proceso iniciado en contra de las señoras WENDY SUYAPA ELVIR y NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, por suponerlas responsables de la comisión de los delitos de Violación de los Deberes de los Funcionarios Fraude y Encubrimiento; resolución que declara Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y revoca la resolución apelada, ordenando que se dicte Auto de Formal Procesamiento; considera el recurrente en amparo, que la resolución antes referida vulnera los derechos contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que en defensa de su tesis, el recurrente sostiene que la prueba aportada en la audiencia inicial no es suficiente para sustentar un Auto de Formal procesamiento, de tal forma que la Juez a-quo así lo estableció en su decisión dictando el sobreseimiento provisional respectivo, decisión del a-quo con apreciación absoluta de la inmediación derivada de la evacuación de los medios de prueba presentados, no así la decisión arbitraria de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, de hacer una “valoración” de los medios de prueba, en la posición mas lejana que la juez a-quo, esta “debilidad” que ha sido ampliamente discutida por la doctrina, se sustenta la decisión de “revocar” la decisión del a-quo. Seguidamente procede el recurrente a enlistar los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante arguye, con las pruebas aportada por el ente acusador, no se acredita la participación de sus defendidas, ya que si bien es cierto las mismas “tenían sospecha” o como dice la sentencia contra la cual se recurre “conocimiento” de “irregularidades”, ellas no actúan con dolo, según se desprende de los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial de merito. Que ese “conocimiento”, dice el recurrente, que se valora en perjuicio de sus defendidas, debe ser valorada como ausencia de dolo, pues es en este cuaderno –refiriéndose a uno de los medios de prueba evacuados-, donde constan las acciones que tomaron para neutralizar la acción delictiva que estaban fraguando dos de los también acusados, las acciones de respuesta de HONDUTEL no fueron suficientes para contrarrestarlo, pero salían de la esfera de autoridad de sus defendidas. CONSIDERANDO (5): Que reitera el impetrante, que los, valoradas en perjuicio de sus defendidas, ya que el conocimiento que tuvieron las autoridades de HONDUTEL y de JETSTEREO, lo tuvieron de sus defendidas, que fueron ellas quienes tuvieron sospechas fundadas para dudar de la legitimidad de la solicitud de servicio DID, son ellas que informan a JETSTEREO para que se opongan al servicio. Para concluir el recurrente aduce que el procedimiento inter lógico que realiza el Tribunal de Alzada, y conduce a la revocación de la decisión del Juez A-quo, atenta contra el derecho a la defensa, al no haberse valorado de manera objetiva los descargos presentados a favor de sus defendidas y que de haberlo hecho se habría confirmado la decisión del a-quo por parte del ad-quem. En relación al debido proceso, arguye el impetrante que la CONSIDERANDO (6): Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la Revocatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que revoca la resolución impugnada y ordena al A-quo dictar Auto de Formal Procesamiento en contra de las encausadas Wendy Suyapa Elvir y Normandina del Carmen Ortiz Barahona; el recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que la valoración de la prueba debe ser como ausencia de dolo por parte de sus defendidas, asimismo considera el impetrante que los medios de prueba han sido valorados de manera errónea, en perjuicio de sus defendidas y sin objetividad, pues de haberse valorado con objetividad, los descargos presentados a favor de sus defendidas, se habría confirmado la decisión del a-quo. CONSIDERANDO(7): Que el recurrente expone en su acción constitucional, que las disposiciones constitucionales, que estima vulneradas con la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, se encuentran contenidos en los artículos siguientes: 82. “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; 90 párrafo primero “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada en lo siguiente: “… Efecto extensivo del recurso. Veremos que ante lo que nos dice la norma precitada se produce el efecto extensivo del recurso . El fundamento del efecto extensivo del recurso, en todos lo casos, reside en la necesidad de uniformidad de la decisión del recurso, evitando la incongruencia jurídica resultante de determinar por un lado, que el imputado recurrente no ha cometido el delito y no es responsable, y si lo cometió y es responsable aquel que no recurrió el fallo. También tiene su otro fundamento, el efecto extensivo, en el principio de igualdad procesal, prohibiendo que existan situaciones diferentes frente a las mismas condiciones del proceso. Finalmente el efecto extensivo supone una excepción al principio de personalidad del recurso, que en materia penal se explica por existencia de un interés público en la aplicación correcta de la ley y en la no contradicción de las sentencias. Es por ello que la revisarse las diligencias precedentes del Amparo y lo que el Ad-Quem profirió en su momento procesal los hechos narrados no son vinculantes con los alegados por la señora Rosa Bellino, a pesar de ser los mismos hechos, cada uno de los coimputados ejecuto una situación distinta a fin de realizar una acción fraudulenta al favorecer a terceros, cuando fu solicitado el servicio de dos DID (DIRECT INCOMING MAILING)…”. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso[1] supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones; estima el recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en forma objetiva la prueba producida en audiencia inicial, para arribar el Ad-quem a la conclusión de revocar el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo y ordenar el dictado de Autos de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala de lo Constitucional advierte que el impetrante muestra su discrepancia con la resolución impugnada, al revocar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento Definitivo a favor de las encausadas por los delitos de Violación a los Deberes de los Funcionarios Públicos y Fraude y ordena el dictado de Auto de Formal Procesamiento. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que el recurrente muestra su disconformidad con la resolución de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; no obstante a ello, el recurrente no expone sus argumentos en relación al acto resolutivo de la referida Corte de Apelaciones, que hace alusión al beneficio extensivo en la interposición de un recurso, en aras de favorecer a los demás coimputados; el recurrente centra sus argumentos en relación a la valoración de los medios de prueba evacuados en audiencia inicial, hecho éste que no valora ni resuelve el acto impugnado. CONSIDERANDO (11): Que no obstante y a efecto de dar respuesta a los argumentos esgrimidos por el recurrente en relación a la valoración de la prueba que es evacuada en audiencia inicial, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[2] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (12): Que la valoración de la prueba, como bien lo indica el impetrante, debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. CONSIDERANDO (13): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (14): Que de la foliada de la acción constitucional de Amparo promovida y la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017), se observa que se han argumentado por parte del recurrente en amparo, situaciones de hecho y derecho totalmente diferentes a las resueltas por el acto recurrido en Amparo; no manifestándose en consecuencia, esta Sala de lo Constitucional en dar una respuesta específica en relación a la vulneración de derechos fundamentales que invoca el garantista y que guarden relación con el acto recurrido en amparo, pues reiteramos que el impetrante no fundamenta sus argumentos en situaciones jurídicas a las que da respuesta el acto impugnado. CONSIDERANDO (15): Que para finalizar es importante reiterar que, el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, para ello rige el principio de prevalencia del derecho sustancial. CONSIDERANDO (16): Que al haberse determinado que los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo, no guardan relación con lo resuelto por el acto impugnado, no es posible para esta Sala de lo Constitucional pronunciarse sobre la vulneración de derechos constitucionales invocados, pues el impetrante no ataca lo resuelto en el acto ya referido y emitido por el Tribunal de Alzada, como consecuencia de ello, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 294 y 202 del Código Procesal Penal. FALLA: Denegando el amparo interpuesto por el Abogado MARCOS ROGELIO CLARA GARCÍA, a favor de las señoras WENDY SUYAPA ELVIR y NORMANDINA DEL CARMEN ORTIZ BARAHONA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha Doce (12) de enero del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-818-2017.
[2] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.
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