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Sentencia AP-795-17 — Registro 17803

Resumen

Sentencia declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación contra actuaciones dictadas por Juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable del delito de Defraudación Fiscal en Concurso Ideal con el Delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública; Imponiéndole medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y revocó la medida de detención judicial; La Autoridad recurrida Revocó el auto de formal procesamiento y señaló que se dicte sobreseimiento definitivo por el delito antes indicado; Confirmó auto de formal procesamiento por el delito de violación de los deberes de los Funcionarios por considerar que el imputado omitió cumplir y aplicar disposiciones legales y administrativas emanados del Código Aduanero (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA) como deberes de su cargo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del proceso, concluyendo que en armonía con las motivaciones y fundamentos legales, que las pruebas acreditan que el imputado omitió cumplir con los deberes de su cargo, ya que hizo caso omiso en cumplir y aplicar las disposiciones legales y administrativas, emitidas mediante circulares,, instructivos, manuales, procedimientos y otros instrumentos que dicte la autoridad competente emanados tanto del Código Aduanero (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA), estimando este Tribunal que el señor José Blas Cevallos cometió el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso, como ser el decreto de un auto de formal procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO HUGO BARRIENTOS GARCIA, a favor del señor JOSE BLAS CEVALLOS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciséis (2016); en relación a la causa instruida contra los señores WILMER FRANCISCO SEVILLA CARDONA, FREDDY EDUARDO ZELAYA SANCHEZ, por suponerlos responsables del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, en perjuicio LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y JOSE BLAS CEVALLOS por suponerlo responsable del delito DEFRAUDACION FISCAL EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 84, 90 y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, la Abogada DERLY MARILEX VILLEDA ARTICA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores WILMER FRANCISCO SEVILLA CARDONA y FREDDY EDUARDO ZELAYA SANCHEZ, por suponerlos responsables del delito de DEFRAUDACION FISCAL, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y contra JOSE BLAS CEVALLOS por suponerlo responsable del delito DEFRAUDACION FISCAL EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-2) Que en Audiencia Inicial celebrada los días uno (01) y dos (02) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor, resolvió: “... 1.) DECRETAR: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado JOSE BLAS CEVALLOS por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en CONCURSO IDEAL con el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. 2.-) SE IMPONE al imputado las medidas sustitutivas a la prisión preventiva establecidas en el Artículo 173 numerales 5, 6, 7 y 10 del Código Procesal Penal, que son las siguientes: … 3.-) Se REVOCA la medida de detención judicial impuesta en audiencia de declaración de imputado.- Para lo cual envíese nota de excarcelación al PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M COMANDANTE JUAN RAMON ESPINOZA.- Donde se encuentra recluido el imputado.-…” (Folios 342 al 351 de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado SERGIO HUGO BARRIENTOS GARCIA, actuando en su condición antes indicada, contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, emitió su resolución en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), en la cual: “RESUELVE: 1) Declarar ha lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto; 2) REFORMAR la resolución apelada en los siguientes alcances a) REVOCAR el Auto de Formal Procesamiento por el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL y en su lugar se dicte el correspondiente Sobreseimiento Definitivo por este delito; y b) CONFIRMAR el Auto de Formal Procesamiento por el delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. …” Folios 593 al 598 de la Pieza de los antecedentes).-4) El recurrente Abogado SERGIO HUGO BARRIENTOS GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor JOSE BLAS CEVALLOS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 84, 90 y 92 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO HUGO BARRIENTOS GARCIA, a favor del señor JOSE BLAS CEVALLOS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciséis (2016); en relación a la causa instruida contra los señores WILMER FRANCISCO SEVILLA CARDONA, FREDDY EDUARDO ZELAYA SANCHEZ, por suponerlos responsables del delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y JOSE BLAS CEVALLOS por suponerlo responsable del delito DEFRAUDACION FISCAL EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO DE VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, Abogado SERGIO HUGO BARRIENTOS GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor JOSE BLAS CEVALLOS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 84, 90 y 92 de la Constitución de la República, señalando, que no se puede pretender acusar al señor José Blas Cevallos, por el supuesto delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios, cuando se ha probado en juicio que el procedimiento que realizo fue lo correcto, de acuerdo a la legislación aduanera.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del proceso, concluyendo que en armonía con las motivaciones y fundamentos legales, que las pruebas acreditan que el imputado omitió cumplir con los deberes de su cargo, ya que hizo caso omiso en cumplir y aplicar las disposiciones legales y administrativas, emitidas mediante circulares,, instructivos, manuales, procedimientos y otros instrumentos que dicte la autoridad competente emanados tanto del Código Aduanero (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA), estimando este Tribunal que el señor José Blas Cevallos cometió el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso, como ser el decreto de un auto de formal procesamiento, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0795-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL