Sentencia AP-782-18 — Registro 8998
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugal el recurso de apelación con relación a causa instruida contra impetrante y otros, por delitos de delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos respectivamente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, no se ha vulnerado en perjuicio de la imputada los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, como líneas arriba se dejó establecido, en atención a lo dispuesto en el artículo 337 de la ley penal adjetiva, concluyendo esta sala de lo constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia de Exanimación de Diligencias, que comenzó en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y concluyó en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); todo en relación con la causa instruida contra los señores ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, a quien se le presentó Requerimiento Fiscal por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra los señores MANUEL MAURICIO MORA PADILLA y SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, viola en perjuicio de su representada, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello como consecuencia de vulnerarse la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, GELMER HUMBERTO CRUZ y ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO accionando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, presentando requerimiento fiscal, contra los señores: ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; contra los señores MANUEL MAURICIO MORA PADILLA Y SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 20 del Tomo I de la pieza de antecedentes del Testimonio de Primera Instancia)- 2) Que en fecha dos de marzo del año dos mil dieciocho inicio la Audiencia Inicial con la comparecencia únicamente de los imputados Rosa Elena Bonilla Ávila y Manuel Mauricio Mora Padilla, misma que concluyó en fecha cinco de marzo con el dictado de la resolución correspondiente, resolviendo el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción lo siguiente: (Sic) “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO En relación a 1) ROSA ELENA BONILLA AVILA: se le considera responsable NUEVE DELITOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS delitos TIPIFICADOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; y el DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, estos delitos a Titulo de AUTOR DIRECTO TIPIFICADO en el art. 32 C.P.P: Se dicta el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO con la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA La que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario de adaptación femenina PNFAS en la ciudad de Tamara Francisco Morazán: Para el delito de ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS se dicta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA: Por considerarse responsable de delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, ambos en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y a titulo de COMPLICE DEL AUTOR DEL DELITO CONSUMADO ART.8 DECRETO 45-2002 Ley de Lavado de Activos , A quien se le dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, quien deberá guardar prisión en la penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto de la ciudad de Tamara Francisco Morazán….” (Folios del 278 al 310 del Tomo I del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho se celebró Audiencia Inicial iniciando en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho y concluyendo en fecha quince de marzo con el dictado de la correspondiente resolución, con la comparecencia del imputado Saúl Fernando Escobar Puerto, resolviendo el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción lo siguiente: (Sic) “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO En relación a: 1) SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO : se le considera responsable de nueve (9) NUEVE DELITOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS delitos TIPIFICADOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON LA PARTICIPACION DE COOPERANTE ESTABLECIDO EN EL ART. 32 DEL CODIGO PENAL. 2) EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECIDO EN ART.3, y con la agravante establecida en EL ART.7 DE LA LEY ESPECIAL DE LAVADO DE ACTIVOS DECRETO 45-2002, EN PERJUICIO DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS estos delitos A TITULO DE AUTOR TIPIFICADO EN EL ART.32 C.P.P.- 3) Para el delito de ASOCIACION O CONFABULACION PARA COMETER EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECIDO EN EL ART. 10 DE LA LEY ESPECIAL DE LAVADO DE ACTIVOS, A TITULO DE AUTOR ESTABLECIDO C.P ART.32. CON BASE A ESTO: Se dicta el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO con la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA la que deberá deberá guardar prisión en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto de la Ciudad de Tamara Francisco Morazán….” (Folios del 1639 al 1658 del Tomo IV del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 4) Que dando respuesta a los recursos de apelación promovidos por las defensas de los encausados, en contra de la resolución emitida en Audiencia Inicial y que se dejan relacionadas en los acápites que anteceden, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, emitió Auto Motivado en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), mediante el cual resolvió: (Sic) “1) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA. REVOCA la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activo. CONFIRMA el Sobreseimiento Provisional por el delito de Asociación o Confabulación para el Delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por los por tres (3) delitos de Apropiación Indebida apreciados como un solo delito continuado a titulo de AUTORA y seis (06) delitos de Fraude cometidos en el grado de participación de INDUCTORA. 2) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA. REVOCA la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Lavado de Activos y de Asociación o Confabulación para el delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por seis (06) delitos de Fraude a titulo de COOPERADOR NECESARIO. 3) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor del señor SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO. REVOCA la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Lavado de Activos y Asociación o Confabulación para el Delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por seis (06) delitos de Fraude a título de AUTOR….” (Folios del 1946 al 1964fv del Tomo IV del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 5) Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “1.-DECRETAR AUTO DE APERTURA A JUICIO en el proceso instruido contra: 1) La señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por tres (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA apreciados como un solo delito continuado a TITULO DE AUTORA y seis (6) delitos de FRAUDE cometidos en el grado de participación de INDUCTORA.- 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA por seis (6) delitos de FRAUDE a titulo de COOPERADOR NECESARIO.- 3) SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO por seis (6) DELITOS de FRAUDE A TITULO DE AUTOR. 2.-Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal de Sentencia competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la actuaciones y la documentación….”. En los Antecedentes Procesales se relaciona que el Ministerio Público formalizó acusación en contra de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, por seis (6) delitos de Fraude, tres (3) delitos de Malversación de Caudales Públicos en concurso real, Lavado de Activos y Asociación y Confabulación para Lavado de Activos; en contra del señor Manuel Mauricio Mora Padilla, por seis (6) delitos de Fraude, Lavado de Activos y Asociación Confabulación para Lavado de Activos; y contra el señor Saúl Fernando Escobar Puerto, por seis (6) delitos de Fraude, Lavado de Activos y Asociación y Confabulación para el Lavado de Activos. (Folios del 2905 al 2908 del Tomo VI del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 6) Que durante la celebración de la Audiencia de Examinacion de Diligencias, que comenzó en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y concluyó en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción por Unanimidad de Votos Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar sin lugar la excepción de incompetencia planteadas por las diversas defensas técnicas de los señores ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, MANUEL MAURICIO MORA PADILLA y SAÚL FERNANDO ESCOBAR PUERTO.- SEGUNDO: Declarar sin lugar las dos excepciones de falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, planteadas por la defensa técnica de las señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA.- TERCERO: Declarar sin lugar las dos nulidades absolutas y una nulidad relativa planteada por la defensa técnica de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA….” (Folios del 3487 al 3501 del Tomo VIII del testimonio de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 7) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los encausados contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede de Exanimación de Diligencias; en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, emitió Auto Motivado por medio del cual Falló: (Sic) “Sin Lugar los recursos de apelación interpuestos….” (Folios del 3640 al 3650 del Tomo VIII del testimonio de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 8) Que el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra el Auto de fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello como consecuencia de vulnerarse la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio. (Folios del 1 al 6 de los autos)- 9) Que mediante providencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 26 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció en fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por considerar que el Auto emitido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), vulnera en perjuicio de su representada, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello como consecuencia de vulnerarse la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”- CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por el recurrente en Amparo, es el derecho de defensa y el debido proceso contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, el primero de ellos establece: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, y el segundo indica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”- CONSIDERANDO (4): Que en la exposición de sus argumentos el impetrante aduce que en la audiencia de exanimación de diligencias, la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, interpuso una excepción por falta de acción, la cual fue declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia y confirmada dicha resolución por el Ad-quem; resolución que violenta el principio acusatorio, aduce el recurrente, pues se transgrede preceptos jurídicos del Código Procesal Penal, al no ser el Ministerio Público, sino un Juez de Letras, quien formalizó la acusación contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila. Dice el recurrente que, de la Audiencia Preliminar celebrada, el Juez de Letras o de garantías decretó Auto de Apertura a Juicio e introdujo al planteamiento de la acusación tres (3) delitos de Apropiación Indebida continuada, en contra de la señora Rosa Elena Bonilla, delito que no fue formalizado por el Ministerio Público, constituyéndose esto en un abuso, pues el Juez en este momento procesal, únicamente le impetra el control del debido proceso, garantías procesales y derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (5): Que, en sustento de su tesis, el recurrente expone que el principio acusatorio establecido en la doctrina y en las propias decisiones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justica, se establece que la función jurisdiccional actúa previa acusación, es decir, excluyendo la propia iniciativa del Juez. Igualmente que sólo corresponde al Juez sentenciador, después del contradictorio, dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas (artículo 337 del Código Procesal Penal).- CONSIDERANDO (6): Que aunado a ello el recurrente arguye que es necesario observar que el artículo 301 de la norma procesal citada, señala que la formalización de acusación es exclusiva del Ministerio Público y el Acusador Privado, en su caso, que ésta no puede ser ejercida por el juez debido a que no lo expresa la ley, en este caso el juez de instrucción es un garante de la realidad, por ello la legislación procesal establece la nítida separación de las fases de investigación y juzgamiento. Entendido, así las cosas, el juez de garantías no puede tomar la batuta y cambiar en perjuicio del acusado la calificación jurídica de los hechos si estos no han pasado por la valoración y bajo el contradictorio de las partes, pues esto solo corresponde al Tribunal Sentenciador en el debate o juicio oral y público. Finaliza diciendo el impetrante que el principio acusatorio impone una correlación entre acusación y sentencia, por lo tanto el apartamiento del órgano judicial de las calificaciones propuestas por la acusación planteada por el Ministerio Público requiere el cumplimiento de condiciones; una es la identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación y que sólo se puede debatir en el juicio mediante el contradictorio, constituye el supuesto fáctico de la nueva calificación existiendo homogeneidad en los delitos.- CONSIDERANDO (7): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla, en relación a la excepción de falta de acción en las consideraciones plasmadas en el párrafo 27 de la referida resolución al argumentar: (Sic) “27. Ahora bien, en este caso que se instruye contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, no concurre una falta de acción cuando no pueda proseguirse, porque los hechos de la acusación no han sido desvanecidos, ni desaparecidos, por el contrario, los hechos con apariencia de delito persisten, independientemente que este en discusión la calificación jurídica de los mismos, esos hechos así calificados por la jurisdicción son delitos de orden público, es decir perseguibles ex officio. La calificación es hasta ahora meramente provisional, tanto así que el Ministerio Público conforme al art. 321 del CPP, puede durante el juicio, si tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación, y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el fiscal o el acusador privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Solamente seria posible apreciar una excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse, cuando como ya se dijo, los hechos de la imputación se desvanezcan, se califiquen como delitos de orden privado; o constituyan una falta penal que no es el caso. Finalmente, ponderamos que la resolución del Tribunal de Sentencia no violenta el principio acusatorio como alega la defensa; como bien lo ha manifestado el principio acusatorio se caracteriza entre muchas cosas mas por la imposibilidad de decretar la Apertura del Juicio Oral sin una acusación previa, esto requiere la vinculación de la sentencia a los hechos, a la calificación jurídica y a la petición punitiva reclamada por la acusación y la prohibición de la reformatio in peius……. En este caso, como en cualquier otro, la calificación vinculante será la formulada inclusive en las conclusiones definitivas del juicio, atendido que es permitida su modificación respecto de las formuladas provisionalmente a resultas de las pruebas desplegadas en el juicio, siempre que ello no suponga modificación de los hechos y posibilite una argumentación defensiva respecto de la nueva calificación del juicio si fuese mas gravosa para el acusado….”- CONSIDERANDO (8): Que de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a decretar Auto de Apertura a Juicio por (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA apreciados como un solo delito continuado a TÍTULO DE AUTORA, en contra de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, cuando el Ministerio Público no formuló acusación por los relacionados delitos, pues en la Audiencia Preliminar el Ministerio Público formalizó acusación por los mismos delitos por los cuales había presentado Requerimiento Fiscal, Auto de Formal Procesamiento que fueron REFORMADOS por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por tres (3) delitos de Apropiación Indebida apreciados como un solo delito continuado a título de AUTORA y seis (06) delitos de Fraude cometidos en el grado de participación de INDUCTORA, en contra de la encausada Rosa Elena Bonilla Ávila y es precisamente por estos delitos que el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción decreta el Auto de Apertura a juicio.- CONSIDERANDO (9): Que el principio acusatorio invocado por el recurrente es lo opuesto al modelo procesal inquisitivo imperante antes de la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal[3]. El modelo inquisitivo dejaba en manos del órgano jurisdiccional tanto la función de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, así como la investigación, esto es, de instruir el proceso y de configurar su objeto, fijando tanto el hecho enjuiciable o justiciable como la pretensión punitiva. Esta concentración de funciones y poderes se considera hoy, como incompatible con la exigencia de imparcialidad como rasgo sustancial de la actividad jurisdiccional. El modelo acusatorio (adversary system) parte, en cambio, de una concepción dialéctica del proceso, que busca la decisión del conflicto subyacente por una instancia superadora, ajena a él y a las partes enfrentadas. Así, en respeto estricto al principio acusatorio que informa el sistema en comento, las partes fijan el objeto del litigio[4] y condicionan, en esa medida, el ámbito de los poderes del órgano jurisdiccional[5].- CONSIDERANDO (10): Que en sus argumentos, el recurrente sostiene que el decretar el Auto de Apertura a Juicio por delitos que no han sido formalizados por el Ministerio Público, se inobservó lo dispuesto en los preceptos 301 y 337 de la norma penal adjetiva, lo que conlleva a la vulneración a los derechos de defensa y debido proceso; al respecto es menester hacer hincapié en el hecho que el juez de instrucción decretó la apertura a juicio por (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA apreciados como un solo delito continuado a TÍTULO DE AUTORA, en contra de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, lo que difiere del delito de Malversación de Caudales Públicos formalizado por el Ministerio Público, dando la juez de instrucción cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, resolviendo sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los acusados en contra de los Autos de Formal Procesamiento dictados en audiencia Inicial.- CONSIDERANDO (11): Que siguiendo los argumentos expuestos por el impetrante, bien es correcto que el Artículo 301 de la norma penal adjetiva indica que en la audiencia preliminar el Fiscal y el acusador Privado, en su caso, formalizarán la acusación; no obstante a ello el artículo 337 también invocado por el recurrente dispone que debe existir una congruencia de la Sentencia con la Acusación, en ese orden la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura ajuicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.- CONSIDERANDO (12): Que conforme lo dispuesto en el precepto ut supra, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico relacionado por el Ad-quem en el párrafo 27 de la Motivación y Fundamentación Jurídica del fallo recurrido, cuando aduce que la calificación jurídica de los hechos es hasta ahora meramente provisional, pues estos pueden ser modificados conforme a lo dispuesto en el Artículo 321 del Código Procesal Penal, inclusive en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate –Art. 337 C.P.P-; en relación a establecer que el Auto de Formal Procesamiento es provisional, este Alto Tribunal a dejado plasmado su criterio en diferentes sentencias, al indicar: “…que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta,….”[6]- CONSIDERANDO (13): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con la vulneración a la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio.- CONSIDERANDO (14): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO (15): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, no se ha vulnerado en perjuicio de la imputada los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, como líneas arriba se dejo establecido, en atención a lo dispuesto en el artículo 337 de la ley penal adjetiva, concluyendo esta sala de lo constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada.- CONSIDERANDO (16):Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de la encausada para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento y que fuere reformado en la instancia superior, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel o aquellos han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 139, 141, 321 y 337 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución de fecha OCHO (8) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0782-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, contra la Resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en la Audiencia de Exanimación de Diligencias, que comenzó en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y concluyó en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); todo en relación con la causa instruida contra los señores ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, a quien se le presentó Requerimiento Fiscal por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra los señores MANUEL MAURICIO MORA PADILLA y SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, viola en perjuicio de su representada, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello como consecuencia de vulnerarse la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, GELMER HUMBERTO CRUZ y ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO accionando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, presentando requerimiento fiscal, contra los señores: ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS; contra los señores MANUEL MAURICIO MORA PADILLA Y SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 20 del Tomo I de la pieza de antecedentes del Testimonio de Primera Instancia)- 2) Que en fecha dos de marzo del año dos mil dieciocho inicio la Audiencia Inicial con la comparecencia únicamente de los imputados Rosa Elena Bonilla Ávila y Manuel Mauricio Mora Padilla, misma que concluyó en fecha cinco de marzo con el dictado de la resolución correspondiente, resolviendo el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción lo siguiente: (Sic) “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO En relación a 1) ROSA ELENA BONILLA AVILA: se le considera responsable NUEVE DELITOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS delitos TIPIFICADOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA; y el DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, estos delitos a Titulo de AUTOR DIRECTO TIPIFICADO en el art. 32 C.P.P: Se dicta el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO con la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA La que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario de adaptación femenina PNFAS en la ciudad de Tamara Francisco Morazán: Para el delito de ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS se dicta SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA: Por considerarse responsable de delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, ambos en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y a titulo de COMPLICE DEL AUTOR DEL DELITO CONSUMADO ART.8 DECRETO 45-2002 Ley de Lavado de Activos , A quien se le dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, quien deberá guardar prisión en la penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto de la ciudad de Tamara Francisco Morazán….” (Folios del 278 al 310 del Tomo I del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho se celebró Audiencia Inicial iniciando en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho y concluyendo en fecha quince de marzo con el dictado de la correspondiente resolución, con la comparecencia del imputado Saúl Fernando Escobar Puerto, resolviendo el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción lo siguiente: (Sic) “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO En relación a: 1) SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO : se le considera responsable de nueve (9) NUEVE DELITOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS delitos TIPIFICADOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CON LA PARTICIPACION DE COOPERANTE ESTABLECIDO EN EL ART. 32 DEL CODIGO PENAL. 2) EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECIDO EN ART.3, y con la agravante establecida en EL ART.7 DE LA LEY ESPECIAL DE LAVADO DE ACTIVOS DECRETO 45-2002, EN PERJUICIO DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS estos delitos A TITULO DE AUTOR TIPIFICADO EN EL ART.32 C.P.P.- 3) Para el delito de ASOCIACION O CONFABULACION PARA COMETER EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ESTABLECIDO EN EL ART. 10 DE LA LEY ESPECIAL DE LAVADO DE ACTIVOS, A TITULO DE AUTOR ESTABLECIDO C.P ART.32. CON BASE A ESTO: Se dicta el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO con la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA la que deberá deberá guardar prisión en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto de la Ciudad de Tamara Francisco Morazán….” (Folios del 1639 al 1658 del Tomo IV del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 4) Que dando respuesta a los recursos de apelación promovidos por las defensas de los encausados, en contra de la resolución emitida en Audiencia Inicial y que se dejan relacionadas en los acápites que anteceden, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, emitió Auto Motivado en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), mediante el cual resolvió: (Sic) “1) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA. REVOCA la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activo. CONFIRMA el Sobreseimiento Provisional por el delito de Asociación o Confabulación para el Delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por los por tres (3) delitos de Apropiación Indebida apreciados como un solo delito continuado a titulo de AUTORA y seis (06) delitos de Fraude cometidos en el grado de participación de INDUCTORA. 2) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA. REVOCA la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Lavado de Activos y de Asociación o Confabulación para el delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por seis (06) delitos de Fraude a titulo de COOPERADOR NECESARIO. 3) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor del señor SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO. REVOCA la calificación jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Lavado de Activos y Asociación o Confabulación para el Delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por seis (06) delitos de Fraude a título de AUTOR….” (Folios del 1946 al 1964fv del Tomo IV del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 5) Que en fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “1.-DECRETAR AUTO DE APERTURA A JUICIO en el proceso instruido contra: 1) La señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, por tres (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA apreciados como un solo delito continuado a TITULO DE AUTORA y seis (6) delitos de FRAUDE cometidos en el grado de participación de INDUCTORA.- 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA por seis (6) delitos de FRAUDE a titulo de COOPERADOR NECESARIO.- 3) SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO por seis (6) DELITOS de FRAUDE A TITULO DE AUTOR. 2.-Se ordena remitir las actuaciones al Tribunal de Sentencia competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la actuaciones y la documentación….”. En los Antecedentes Procesales se relaciona que el Ministerio Público formalizó acusación en contra de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, por seis (6) delitos de Fraude, tres (3) delitos de Malversación de Caudales Públicos en concurso real, Lavado de Activos y Asociación y Confabulación para Lavado de Activos; en contra del señor Manuel Mauricio Mora Padilla, por seis (6) delitos de Fraude, Lavado de Activos y Asociación Confabulación para Lavado de Activos; y contra el señor Saúl Fernando Escobar Puerto, por seis (6) delitos de Fraude, Lavado de Activos y Asociación y Confabulación para el Lavado de Activos. (Folios del 2905 al 2908 del Tomo VI del testimonio de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 6) Que durante la celebración de la Audiencia de Examinación de Diligencias, que comenzó en fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y concluyó en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), mediante la cual el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción por Unanimidad de Votos Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar sin lugar la excepción de incompetencia planteadas por las diversas defensas técnicas de los señores ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, MANUEL MAURICIO MORA PADILLA y SAÚL FERNANDO ESCOBAR PUERTO.- SEGUNDO: Declarar sin lugar las dos excepciones de falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, planteadas por la defensa técnica de las señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA.- TERCERO: Declarar sin lugar las dos nulidades absolutas y una nulidad relativa planteada por la defensa técnica de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA….” (Folios del 3487 al 3501 del Tomo VIII del testimonio de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 7) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los encausados contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede de Exanimación de Diligencias; en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, emitió Auto Motivado por medio del cual Falló: (Sic) “Sin Lugar los recursos de apelación interpuestos….” (Folios del 3640 al 3650 del Tomo VIII del testimonio de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 8) Que el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra el Auto de fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello como consecuencia de vulnerarse la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio. (Folios del 1 al 6 de los autos)- 9) Que mediante providencia de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 26 de los autos)- CONSIDERANDO (1): Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, compareció en fecha veintidós de octubre del año dos mil dieciocho, ante este Alto Tribunal, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por considerar que el Auto emitido por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha ocho (8) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), vulnera en perjuicio de su representada, los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ello como consecuencia de vulnerarse la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución[7]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[8].”- CONSIDERANDO (3): Que los derechos invocados como vulnerados por el recurrente en Amparo, es el derecho de defensa y el debido proceso contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, el primero de ellos establece: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, y el segundo indica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”- CONSIDERANDO (4): Que en la exposición de sus argumentos el impetrante aduce que en la audiencia de exanimación de diligencias, la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, interpuso una excepción por falta de acción, la cual fue declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia y confirmada dicha resolución por el Ad-quem; resolución que violenta el principio acusatorio, aduce el recurrente, pues se transgrede preceptos jurídicos del Código Procesal Penal, al no ser el Ministerio Público, sino un Juez de Letras, quien formalizó la acusación contra la señora Rosa Elena Bonilla Ávila. Dice el recurrente que, de la Audiencia Preliminar celebrada, el Juez de Letras o de garantías decretó Auto de Apertura a Juicio e introdujo al planteamiento de la acusación tres (3) delitos de Apropiación Indebida continuada, en contra de la señora Rosa Elena Bonilla, delito que no fue formalizado por el Ministerio Público, constituyéndose esto en un abuso, pues el Juez en este momento procesal, únicamente le impetra el control del debido proceso, garantías procesales y derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (5): Que, en sustento de su tesis, el recurrente expone que el principio acusatorio establecido en la doctrina y en las propias decisiones de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justica, se establece que la función jurisdiccional actúa previa acusación, es decir, excluyendo la propia iniciativa del Juez. Igualmente que sólo corresponde al Juez sentenciador, después del contradictorio, dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas (artículo 337 del Código Procesal Penal).- CONSIDERANDO (6): Que aunado a ello el recurrente arguye que es necesario observar que el artículo 301 de la norma procesal citada, señala que la formalización de acusación es exclusiva del Ministerio Público y el Acusador Privado, en su caso, que ésta no puede ser ejercida por el juez debido a que no lo expresa la ley, en este caso el juez de instrucción es un garante de la realidad, por ello la legislación procesal establece la nítida separación de las fases de investigación y juzgamiento. Entendido, así las cosas, el juez de garantías no puede tomar la batuta y cambiar en perjuicio del acusado la calificación jurídica de los hechos si estos no han pasado por la valoración y bajo el contradictorio de las partes, pues esto solo corresponde al Tribunal Sentenciador en el debate o juicio oral y público. Finaliza diciendo el impetrante que el principio acusatorio impone una correlación entre acusación y sentencia, por lo tanto el apartamiento del órgano judicial de las calificaciones propuestas por la acusación planteada por el Ministerio Público requiere el cumplimiento de condiciones; una es la identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación y que sólo se puede debatir en el juicio mediante el contradictorio, constituye el supuesto fáctico de la nueva calificación existiendo homogeneidad en los delitos.- CONSIDERANDO (7): Que en la Motivación y Fundamentos Jurídicos de la resolución que se recurre en Amparo, la Corte recurrida fundamenta su decisión en cuanto a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla, en relación a la excepción de falta de acción en las consideraciones plasmadas en el párrafo 27 de la referida resolución al argumentar: (Sic) “27. Ahora bien, en este caso que se instruye contra la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, no concurre una falta de acción cuando no pueda proseguirse, porque los hechos de la acusación no han sido desvanecidos, ni desaparecidos, por el contrario, los hechos con apariencia de delito persisten, independientemente que este en discusión la calificación jurídica de los mismos, esos hechos así calificados por la jurisdicción son delitos de orden público, es decir perseguibles ex officio. La calificación es hasta ahora meramente provisional, tanto así que el Ministerio Público conforme al art. 321 del CPP, puede durante el juicio, si tienen noticias de circunstancias o hechos, relacionados con el hecho objeto del juicio, que no hayan sido mencionados en la acusación, y que puedan modificar la calificación legal o la pena del delito, el fiscal o el acusador privado podrá modificar su calificación o ampliar oralmente la acusación para que aquellos sean considerados durante el debate. Solamente seria posible apreciar una excepción de falta de acción cuando no pueda proseguirse, cuando como ya se dijo, los hechos de la imputación se desvanezcan, se califiquen como delitos de orden privado; o constituyan una falta penal que no es el caso. Finalmente, ponderamos que la resolución del Tribunal de Sentencia no violenta el principio acusatorio como alega la defensa; como bien lo ha manifestado el principio acusatorio se caracteriza entre muchas cosas mas por la imposibilidad de decretar la Apertura del Juicio Oral sin una acusación previa, esto requiere la vinculación de la sentencia a los hechos, a la calificación jurídica y a la petición punitiva reclamada por la acusación y la prohibición de la reformatio in peius……. En este caso, como en cualquier otro, la calificación vinculante será la formulada inclusive en las conclusiones definitivas del juicio, atendido que es permitida su modificación respecto de las formuladas provisionalmente a resultas de las pruebas desplegadas en el juicio, siempre que ello no suponga modificación de los hechos y posibilite una argumentación defensiva respecto de la nueva calificación del juicio si fuese mas gravosa para el acusado….”- CONSIDERANDO (8): Que de la foliada de la acción de amparo promovida, se establece que el asunto toral sometido a estudio por este Alto Tribunal, es el que se haya procedido a decretar Auto de Apertura a Juicio por (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA apreciados como un solo delito continuado a TÍTULO DE AUTORA, en contra de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, cuando el Ministerio Público no formuló acusación por los relacionados delitos, pues en la Audiencia Preliminar el Ministerio Público formalizó acusación por los mismos delitos por los cuales había presentado Requerimiento Fiscal, Auto de Formal Procesamiento que fueron REFORMADOS por la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por tres (3) delitos de Apropiación Indebida apreciados como un solo delito continuado a título de AUTORA y seis (06) delitos de Fraude cometidos en el grado de participación de INDUCTORA, en contra de la encausada Rosa Elena Bonilla Ávila y es precisamente por estos delitos que el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción decreta el Auto de Apertura a juicio.- CONSIDERANDO (9): Que el principio acusatorio invocado por el recurrente es lo opuesto al modelo procesal inquisitivo imperante antes de la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal[9]. El modelo inquisitivo dejaba en manos del órgano jurisdiccional tanto la función de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, así como la investigación, esto es, de instruir el proceso y de configurar su objeto, fijando tanto el hecho enjuiciable o justiciable como la pretensión punitiva. Esta concentración de funciones y poderes se considera hoy, como incompatible con la exigencia de imparcialidad como rasgo sustancial de la actividad jurisdiccional. El modelo acusatorio (adversary system) parte, en cambio, de una concepción dialéctica del proceso, que busca la decisión del conflicto subyacente por una instancia superadora, ajena a él y a las partes enfrentadas. Así, en respeto estricto al principio acusatorio que informa el sistema en comento, las partes fijan el objeto del litigio[10] y condicionan, en esa medida, el ámbito de los poderes del órgano jurisdiccional[11].- CONSIDERANDO (10): Que en sus argumentos, el recurrente sostiene que el decretar el Auto de Apertura a Juicio por delitos que no han sido formalizados por el Ministerio Público, se inobservó lo dispuesto en los preceptos 301 y 337 de la norma penal adjetiva, lo que conlleva a la vulneración a los derechos de defensa y debido proceso; al respecto es menester hacer hincapié en el hecho que el juez de instrucción decretó la apertura a juicio por (3) delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA apreciados como un solo delito continuado a TÍTULO DE AUTORA, en contra de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, lo que difiere del delito de Malversación de Caudales Públicos formalizado por el Ministerio Público, dando la juez de instrucción cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, resolviendo sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los acusados en contra de los Autos de Formal Procesamiento dictados en audiencia Inicial.- CONSIDERANDO (11): Que siguiendo los argumentos expuestos por el impetrante, bien es correcto que el Artículo 301 de la norma penal adjetiva indica que en la audiencia preliminar el Fiscal y el acusador Privado, en su caso, formalizarán la acusación; no obstante a ello el artículo 337 también invocado por el recurrente dispone que debe existir una congruencia de la Sentencia con la Acusación, en ese orden la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura ajuicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.- CONSIDERANDO (12): Que conforme lo dispuesto en el precepto ut supra, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico relacionado por el Ad-quem en el párrafo 27 de la Motivación y Fundamentación Jurídica del fallo recurrido, cuando aduce que la calificación jurídica de los hechos es hasta ahora meramente provisional, pues estos pueden ser modificados conforme a lo dispuesto en el Artículo 321 del Código Procesal Penal, inclusive en las conclusiones expuestas por las partes en la Audiencia de Debate –Art. 337 C.P.P-; en relación a establecer que el Auto de Formal Procesamiento es provisional, este Alto Tribunal a dejado plasmado su criterio en diferentes sentencias, al indicar: “…que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta,….”[12]- CONSIDERANDO (13): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con la vulneración a la formalidad contenida en los artículos 301 y 337 del Código procesal Penal, que contienen y regulan las bases del principio acusatorio.- CONSIDERANDO (14): Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley.- CONSIDERANDO (15): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al denegar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, no se ha vulnerado en perjuicio de la imputada los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, como líneas arriba se dejo establecido, en atención a lo dispuesto en el artículo 337 de la ley penal adjetiva, concluyendo esta sala de lo constitucional que la resolución recurrida en Amparo se encuentra dictada conforme a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada.- CONSIDERANDO (16):Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de la encausada para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento y que fuere reformado en la instancia superior, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel o aquellos han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 139, 141, 321 y 337 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución de fecha OCHO (8) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules ROSA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (6) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0782-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] Decreto No. 9-99-E, se crea el Código Procesal Penal, vigente a partir del veinte de febrero del año dos mil dos.
[4] Las partes definen el objeto del proceso, tanto en su aspecto objetivo (hecho enjuiciable o justiciable), como en su aspecto subjetivo (persona o personas a someter a proceso).
[5] Rigoberto Cuéllar Cruz, et al. Derecho procesal Penal de Honduras (manual Teórico-Práctico). Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. LITOCOM. S. de R.L. de C.V. págs. 47 y 48
[6] Amparo Penal con registro de expediente AP 0349-2017. Ver asimismo el considerando 12 del Amparo Penal con registro de expediente AP 874-2016; considerando 17 del Amparo Penal con registro de expediente AP 741-2016, siguiendo la misma línea de criterio en relación a que el Auto de Formal Procesamiento es provisional y que puede verse modificado en ulteriores etapas del proceso, ello en relación a la calificación jurídica de los hechos.
[7] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[8] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[9] Decreto No. 9-99-E, se crea el Código Procesal Penal, vigente a partir del veinte de febrero del año dos mil dos.
[10] Las partes definen el objeto del proceso, tanto en su aspecto objetivo (hecho enjuiciable o justiciable), como en su aspecto subjetivo (persona o personas a someter a proceso).
[11] Rigoberto Cuéllar Cruz, et al. Derecho procesal Penal de Honduras (manual Teórico-Práctico). Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. LITOCOM. S. de R.L. de C.V. págs. 47 y 48
[12] Amparo Penal con registro de expediente AP 0349-2017. Ver asimismo el considerando 12 del Amparo Penal con registro de expediente AP 874-2016; considerando 17 del Amparo Penal con registro de expediente AP 741-2016, siguiendo la misma línea de criterio en relación a que el Auto de Formal Procesamiento es provisional y que puede verse modificado en ulteriores etapas del proceso, ello en relación a la calificación jurídica de los hechos.