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Sentencia AP-771-18 — Registro 14065

Resumen

Otorgamiento de la acción de amparo interpuesta contra orden de desalojo contra recurrentes en relación a la causa instruida por suponerlos responsables del delito de Usurpación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."10: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido a otorgar el Recurso de Amparo promovido al concluir que se ha vulnerado el debido proceso y con ello el derecho a la defensa invocado por el recurrente en Amparo; lo anterior se deduce porque la orden de desalojo se pretende realizar en contra de personas que no han sido oídas y vencidas en juicio, como sucede en el caso sub júdice, pues el Requerimiento Fiscal fue promovido en contra de los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZORTO MEJIA, DIGNA BAUTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCION CHAVARRIA GALEAS y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, no figurando como imputados el nombre de los señores ALFREDO GARCÍA y ARTURO PERDOMO RAMIREZ, aunado a ello los agraviados se enteraron del desalojo a través de la notificación que fue instalada en postes del alumbrado público y al no ser parte en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público, los agraviados no pudieron hacer uso del derecho a la defensa que la Constitución de la República establece. CONSIDERANDO 11: Que es importante hacer mención a la opinión del Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, quien argumenta que la acción de amparo debe ser inadmisible, pues en el año dos mil diecisiete el Abogado Nain José Paz Serrano, promovió acción de amparo en representación de los señores Adrián Enrique Murillo y otros sobre la resolución que nuevamente recurre, en consecuencia ya tenía conocimiento de la resolución que impugna, hace más de dos años; al respecto el artículo 183 de la Constitución de la República establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer la garantía de Amparo, ello en consonancia con el Artículo 46.4 de la Ley sobre Justicia Constitucional, relacionado con el plazo para interponer la acción y que fuera invocado por la Fiscal del Despacho. Sobre los argumentos de la Fiscal del Despacho, es evidente que los agraviados que recurren en Amparo en el caso sub júdice, son personas diferentes a las que promovieron la garantía en el año dos mil diecisiete, quienes se enteraron de tal resolución en fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, tal y como argumenta el impetrante, aunado a ello, fueron otros los argumentos exteriorizados por la Alzada para sobreseer el Amparo promovido en el año dos mil diecisiete, por lo que no procede la inadmisibilidad de la acción invocada. CONSIDERANDO 12: Que el numeral 1. Del Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1], establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento….” CONSIDERANDO 13: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO a favor de los señores ALFREDO GARCIA y ARTURO PERDOMO RAMIREZ, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de noviembre del año dos mil dieciséis; en relación a la causa instruida contra los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZORTO MEJIA, DIGNA BAUTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCION CHAVARRIA GALEAS y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados, el derecho a la defensa y el debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Mirna Angélica Alachan Martínez, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZORTO MEJIA, DIGNA BAUTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCION CHAVARRIA GALEAS y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA. 2) Que seguido el trámite, se celebró Audiencia Inicial en fecha uno de noviembre del año dos mil dieciséis, mediante la cual el referido Juzgado resolvió: (Sic) “PRIMERO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los imputados OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA Y NORMA XIOMARA REYES AYALA, por el delito de USURPACION, en perjuicio de la señora ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA.- SEGUNDO: Se ordena el desalojo de la propiedad usurpada e inscrita en el Tomo No. 2385 del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el Asiento No. 94, la cual se encuentra ubicada en la colonia Jardines del Campo, Zona Urbana, jurisdicción del departamento de Cortés, municipio de Choloma, consistente en 12 hectáreas y 2983.31 metros cuadrados, equivalente a diecisiete manzanas y 6390.04 varas cuadradas, conforme escritura pública, propiedad de la señora Elda Margarita Prieto Moreira. Para su ejecución se nombra al Juez Seccional de Choloma, departamento de Cortés, quien deberá de personarse en el lugar de los hechos y dará un término de treinta días a partir de la notificación a efecto que los usurpadores procedan a desalojar de manera pacífica, llevando así todas sus pertenencias personales consigo, debiendo de hacerle la advertencia el Ejecutor de concluido dicho termino se procederá al desalojo forzoso, en aras del derecho a la propiedad que ha sido plenamente acreditado en este proceso. Para tal efecto líbrese comunicación al órgano jurisdiccional ya indicado, quien se deberá auxiliarse de la Fuerza Pública, Comisionado de Derechos Humanos, a tal efecto deberá de librar los oficios meritorios. TERCERO: Ratificar la medida cautelar sustitutiva impuesta a los referidos imputados en Audiencia de Declaración de Imputado, consistente está en su presentación una vez al mes a la secretaria de este juzgado y al Juzgado de Paz de Choloma respectivamente….” (Folios del 131 al 134fv de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores ALFREDO GARCIA y ARTURO PERDOMO RAMIREZ, contra la resolución dictado por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de noviembre del año dos mil dieciséis, manifestando el recurrente que a sus representados se les han violentado los derechos constitucionales a la defensa y el debido proceso, contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho merito.- Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia….”(Folios del 37 al 41fv de la pieza de antecedentes de Alzada). 5) Que en fecha dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Penal venido en consulta, decidido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que decreta Auto de Formal Procesamiento y desalojo, en el proceso penal instruido en contra de los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZORTO MEJIA, DIGNA BAUTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCIÓN CHAVARRIA GALEAS y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora ELDA MARGARITA PRIETO MOREIRA. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución de fecha uno de noviembre del año dos mil dieciséis, emitida por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que deja indefensos a sus patrocinados, violentando normas constitucionales y supranacionales. Que la resolución que se impugna, decretó el desalojo afectando a más de 170 personas, incluyendo niños y ancianos. CONSIDERANDO 3: Que el impetrante sostiene que la orden de Desalojo, esta decretada para la colonia Jardines del Campo, pero que a sus representados se les pretende desalojar sin haber sido oídos y vencidos en juicio, pretendiendo desalojarlos sin haber hecho uso del derecho a la defensa; arguye el impetrante que el acto reclamado, es ilegal, arbitrario y deshumanizado, una condena anticipada y la misma violenta garantías fundamentales, como ser el derecho a la defensa, consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, aduce que sus representados nunca han sido acusados por éste ni otros delitos, por el tanto, no se debe generalizar dicha orden de desalojo, para todos, por cuanto hay que escucharlos o imputarles un delito, para ser desalojados, dado que el desalojo es por orden de Tribunal penal, pero no existe un Requerimiento Fiscal contra sus representados, sino contra otros. Sostiene el impetrante que la garantía fundamental antes citada, exige un presupuesto básico, como ser la audiencia del imputado, la contradicción procesal, con el objeto de articular la adecuada intervención en el proceso, por lo que es un requisito imprescindible conocer la acusación formulada contra los procesados o imputados, lo que no ha ocurrido en el presente caso, puesto que a sus representados no se les ha escuchado y nadie puede ser juzgado sin ser oído y vencido en juicio. En relación al debido proceso, el recurrente manifiesta que el juez de Letras de San Pedro Sula, violentó el debido proceso de sus representados, al emitir una resolución que les afecta, sin haber existido un proceso legal justo y equitativo e imparcial, al ordenar un desalojo en contra de ellos, que les perjudica y les afecta, porque tienen familia y no tienen en donde vivir, por lo que considera no se han respetado las etapas del proceso penal. CONSIDERANDO 4: Que en fecha tres de agosto del año dos mil dieciocho, el Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho emitió el Dictamen correspondiente, siendo de la opinión que la acción de Amparo debe ser inadmitida al tenor de lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; arguye la Fiscal del Despacho que los amparistas ya habían tenido conocimiento de la resolución emitida por el órgano jurisdiccional en donde se ordena el desalojo de la propiedad usurpada e inscrita en el Tomo No. 2385 del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo el asiento No. 94 ubicada en la colonia Jardines del Campo, zona urbana, consistente en 12 hectáreas y 2983.31 metros cuadrados propiedad de la señora Elda Margarita Prieto Moreira, resolución de fecha 01 de noviembre de 2016. CONSIDERANDO 5: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, proferida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual resuelve Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NAIN JOSE PAZ SERRANO a favor de los señores ALFREDO GARCIA y ARTURO PERDOMO RAMIREZ, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al estimar el recurrente que la resolución impugnada ha violentado en perjuicio de sus representados los derechos a la defensa y al debido proceso, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 6: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 7: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”; el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al ordenar el desalojo de la propiedad que se supone usurpada, la cual se encuentra ubicada en la colonia Jardines del Campo, jurisdicción del Departamento de Cortés, Municipio de Choloma, al estimar el garantista que sus representados fueron desalojados, sin haber sido acusados por delito alguno y por lo tanto no se debe generalizar dicho desalojo, aunado a ello se les pretende desalojar sin haber sido oídos y vencidos en juicio, vulnerando con ello su derecho a la defensa. CONSIDERANDO 8: Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO 9: Que el Derecho de Defensa se considera infringido, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes exponer sus posturas mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO 10: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, ello porque la Alzada ha procedido ha otorgar el Recurso de Amparo promovido al concluir que se ha vulnerado el debido proceso y con ello el derecho a la defensa invocado por el recurrente en Amparo; lo anterior se deduce porque la orden de desalojo se pretende realizar en contra de personas que no han sido oídas y vencidas en juicio, como sucede en el caso sub júdice, pues el Requerimiento Fiscal fue promovido en contra de los señores LISANDRO PORTILLO, MARIA TERESA ZORTO MEJIA, DIGNA BAUTISTA RAMIREZ, OSCAR ARMANDO PORTILLO MEJIA, HECTOR DAVID CASTILLO HERNANDEZ, ISMAEL CONCEPCION CHAVARRIA GALEAS y MAYRA XIOMARA RODRIGUEZ AYALA, no figurando como imputados el nombre de los señores ALFREDO GARCÍA y ARTURO PERDOMO RAMIREZ, aunado a ello los agraviados se enteraron del desalojo a través de la notificación que fue instalada en postes del alumbrado público y al no ser parte en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público, los agraviados no pudieron hacer uso del derecho a la defensa que la Constitución de la República establece. CONSIDERANDO 11: Que es importante hacer mención a la opinión del Ministerio Público a través de la Fiscal del Despacho, quien argumenta que la acción de amparo debe ser inadmisible, pues en el año dos mil diecisiete el Abogado Nain José Paz Serrano, promovió acción de amparo en representación de los señores Adrián Enrique Murillo y otros sobre la resolución que nuevamente recurre, en consecuencia ya tenía conocimiento de la resolución que impugna, hace más de dos años; al respecto el artículo 183 de la Constitución de la República establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer la garantía de Amparo, ello en consonancia con el Artículo 46.4 de la Ley sobre Justicia Constitucional, relacionado con el plazo para interponer la acción y que fuera invocado por la Fiscal del Despacho. Sobre los argumentos de la Fiscal del Despacho, es evidente que los agraviados que recurren en Amparo en el caso sub júdice, son personas diferentes a las que promovieron la garantía en el año dos mil diecisiete, quienes se enteraron de tal resolución en fecha dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, tal y como argumenta el impetrante, aunado a ello, fueron otros los argumentos exteriorizados por la Alzada para sobreseer el Amparo promovido en el año dos mil diecisiete, por lo que no procede la inadmisibilidad de la acción invocada. CONSIDERANDO 12: Que el numeral 1. Del Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1], establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento….” CONSIDERANDO 13: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-771-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el Articulo 27; Decreto No. 961 publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 23167 del 30 de julio de 1980.