Sentencia AP-763-18 — Registro 12112
Resumen
Se interpuso recurso de amparo interpuesto contra la resolución que resuelve el recurso de apelación en relación a la causa instruida por el delito de actos de lujuria agravados, en perjuicio del menor. - Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): Que tampoco existe razón para estimar el presente recurso de amparo por motivo o concepto en la supuesta infracción del artículo 321 de la Constitución de la República, pues es notorio de que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de merito dentro del ámbito de su competencia y en concordancia al debido proceso, procediendo la Judicatura mediante resolución suficientemente motivada y fundada en derecho. Resulta esencial constatar tal considerando, pues tal exigencia deriva de la legitimación del Poder jurisdiccional, a quien le corresponde aplicar la ley a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado; ya que, en caso contrario, tal y como advierte la garantista; nos encontraríamos abocados frente a la arbitrariedad y alejados de la razonabilidad que caracteriza como estándar resolutivo el modelo de Estado de Derecho.-CONSIDERANDO (12): Que a criterio de la Sala de lo Constitucional la sentencia impugnada no infringe los derechos constitucionales y convencionales antes enunciados, por cuanto ha explicado la misma de manera motivada y suficiente las razones por las cuales dicho Tribunal estima conforme a derecho el dictado de sobreseimiento definitivo en la causa; proceder jurisdiccional que se ha efectuado en plena observancia a los derechos, formalidades y principios requiere el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en su más amplia consideración y concepto. - En virtud de todo ello, resulta procedente en derecho dictar denegatoria a la presente acción de amparo, por las consideraciones antes expresadas y en concordancia a lo que preceptúan tanto la Constitución de la República, como la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de junio del dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del menor S. A. M. P., contra la Resolución de fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa instruida contra el señor RAFAEL ANDELSO MARQUEZ LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio del menor S. A. M. P..- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha siete (7) de abril del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELSA YOLANDA CARRANZA MARTINEZ, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor RAFAEL ANDELSO MARQUEZ LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio del niño S. A. M. P., de seis (6) años de edad. (Folios 2 al 4 de los antecedentes).-2) Que en Audiencia Inicial de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: SOBRESEER DEFINITIVAMENTE al señor RAFAEL ANDELSO MARQUEZ LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio del menor S. A. M. P.. (Folio 38 al 41 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “1).- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.-2.- CONFIRMAR la resolución apelada dictada por el A-Quo.- (Folios 115 al 118 de los antecedentes).-4) La recurrente abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del menor S. A. M. P., afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República..-5) Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del menor S. A. M. P., se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018); con relación a la causa seguida contra el señor RAFAEL ANDELSO MARQUEZ LOPEZ, por imputársele el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio del menor S. A. M. P..-CONSIDERANDO (4): Que para fundamentar jurídicamente fue la resolución adoptada, la Corte Ad Quem, ha efectuado el análisis dogmático del caso, estableciendo concluyentemente la falta de acreditación del hecho mismo considerado como constitutivo del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, ni sus requisitos jurídicos esenciales; delito el cual le fue atribuido al señor RAFAEL ANDELSO MARQUEZ LOPEZ, con el supuesto agravante de ser ascendiente directo del perjudicado. Por lo anteriormente expuesto, considero la Corte de Apelaciones lo que resultaba procedente era dictar el correspondiente SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por tal delito, acorde a lo dispuesto en los artículos 294 y 296 numeral 1) del Código Procesal Penal, inter alia. Abundando en motivación del caso conocido en vía de apelaciones, el Tribunal de Alzada precisó que no se puede acusar a una persona con la mera sospecha de la existencia de un delito, pues la ley requiere la acreditación plena de concurrencia de la conducta ilícita, con la cual se ha lesionado un bien jurídico protegido por la norma; recalcando finalmente lo siguiente: “Por su importancia, insistimos en que la mera sospecha de un delito será suficiente para iniciar una investigación, pero no para incoar un proceso penal”.[1]-CONSIDERANDO (5): Que en formalización de la acción de amparo, compareció la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, manifestando, que considera agraviado el derecho del menor S. A. M. P. a un debido proceso, habiéndose lesionado, asimismo, el principio de legalidad penal en su perjuicio, pues el Tribunal de Apelación recurrido no concede la imposición del correspondiente SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en la causa, tal y como ha solicitado la fiscalía del Ministerio Público, alegando las siguientes consideraciones jurídicas: Que el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República contentivo del Derecho a un debido proceso, precepto según el cual que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, se ha vulnerado. En apoyo a lo anterior, señala lo prescrito en el artículo 202 del Código Procesal Penal, relativo a la valoración de la prueba en sana crítica, lo cual obliga al órgano jurisdiccional a formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica de toda la prueba propuesta, lo cual no ocurrió en el presente caso, a juicio de la Fiscalía. Considera asimismo, el pretensor, que el razonamiento o valoración empleada por el Tribunal de Alzada, para desvirtuar la prueba de carga (entre los que se menciona al Dictamen Médico Forense), es de carácter meramente subjetivo; pues hace mención que no se estableció fehacientemente que la aparición de verrugas en el ano del menor (condilomas) pudiera obedecer a una enfermedad de transmisión sexual, o bien, a otras razones; afirmación que no le correspondería al Tribunal, sino que al Perito Forense, puesto que trasciende al plano científico; a menos que una ampliación del Dictamen Médico Legal estableciera lo contrario, lo cual tendría que ser sopesado y contrastado con la formalidad de la prueba anticipada mediante la Cámara de Gessel, tomando en debida consideración su estado de vulnerabilidad, su edad y que la persona encausada resulta ser su abuelo, donde vivían en la misma vivienda.-CONSIDERANDO (6): Que, asimismo, considera la garantista, que en un orden lógico de ideas, lo que resultaba aplicable por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, era el dictado de un auto de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL en la causa, por asistir uno de los supuestos del artículo 295 del Código Procesal Penal; en consideración que lo que se valora aquí es un juicio de probabilidad y no de certeza de que el imputado pudiere haber incurrido en la conducta ilícita que se le imputa, por lo que la emisión de tal SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO exonera de responsabilidad penal, ya que adopta en el fondo efectos de sentencia absolutoria y que una vez firme, surte efectos de cosa juzgada; habiéndose acreditado en el presente caso el indicio racional de participación. Considera la amparista que, si bien la Sala de lo Constitucional ha reiterado en numerosa jurisprudencia, que tiene vedado el análisis de la prueba, sí se encuentra autorizada para revisar el razonamiento seguido por el Tribunal, a fin de verificar si en ese proceso intelectivo no ha vulnerado su obligación de valoración conforme a la garantía constitucional del debido proceso. Finalmente, advierte la garantista, que asimismo se ha violentado también en el presente caso el principio de legalidad penal en vista la aplicación indebida de normas penales sustantivas y en vulneración al derecho de obtener una resolución motivada y fundada en derecho, en base a las consideraciones jurídicas anteriormente explicitadas; principio que, en el contexto de un Estado de Derecho, constituye fundamento y límite al poder del Estado, lo cual impone al Juez la obligación de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad. - Por todo lo cual solicitan se declare con lugar la garantía de amparo interpuesta, en virtud de existir ultraje a los derechos constitucionales invocados.-CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar en lo atinente al Poder Judicial que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, por lo cual corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes al caso concreto, juzgar y ejecutar lo juzgado. La garantía del Debido Proceso constituye, entonces, un deber ineludible que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales. Así, el debido proceso comprende, entre otros, el derecho a obtener respuesta dentro de un juicio justo, a través del debido cumplimiento al principio de legalidad, al juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído y obtener resoluciones debidamente motivadas. En ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, en congruencia al fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso, entendiendo por congruencia la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; observando que tal respuesta deberá consistir en una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad, tal y como ocurre en el presente caso, en el cual se ha dado una respuesta conglobada al porque no resultan eficientes los medios de prueba presentados efectivamente en la audiencia, para el logro de los fines propuestos a instancia de la fiscalía del Ministerio Público, en el marco del principio de objetividad que les caracteriza.-CONSIDERANDO (8): Que en tal virtud y como consecuencia del principio de jurisdiccionalidad así consagrado constitucionalmente, que los Juzgados y Tribunales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y fundamentarlas conforme a derecho. En cuanto a la jurisdicción penal ordinaria, este deber se desarrolla legalmente conforme a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal, el cual establece, bajo pena de nulidad, que los actos y sentencias contendrán una clara y precisa motivación, la cual expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. Asimismo, prescribe específicamente para la redacción de las sentencias, que éstas se harán de conformidad a lo establecido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en su caso.-CONSIDERANDO (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) se constata que ésta ha emitido fundado pronunciamiento, en el cual razona sobre la inexistencia de suficientes elementos probatorios por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, para sostener y fundamentar la imputación por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, prescrito en el artículo 141 del Código Penal vigente, en vista que las argumentaciones conclusivas del Actor fiscal se limitan a repetir la sospecho que dio inicio a la notitia criminis, conjeturando que hechos y actos propios de la investigación criminal, forman per se parte constitutiva del acerbo probatorio que conforma la convicción judicial. De manera tal que no es de recibo la alegación formulada por la garantista que invoca la aplicación del artículo 295 del Código Procesal Penal, a los hechos que estima probados en el presente caso.-CONSIDERANDO (10): Que no se compadece tal posición fiscal que rige en el actual Proceso Penal hondureño, el principio acusatorio, por lo cual la parte interesada en que se produzca una prueba, llámese “Ampliación del Dictamen Médico Legal”, es la llamada a aportarlo al proceso. No la jurisdicción penal en su condición de tercero imparcial al proceso. No reparar en ello, sería soslayar también la exigencia - dimanante del principio garantía de legalidad penal -, consistente en que, para dictar sobreseimiento provisional, - una de las tres (3) resoluciones que autoriza el artículo 294 del Código Procesal Penal - debería haberse allegado previamente, como conditio sine qua non, actividad mínima probatoria conducente a la acreditación plena del delito; entendiéndose por tal, en la jurisprudencia usual, como la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de la tipificación penal estricta. Todo ello, a través de la valoración conjunta de la prueba, en el marco de la sana crítica racional y la cumplimentación del tipo garantía;[2] en todo lo cual ha sido enfático el resolutivo de Alzada, que es objeto del presente recurso de amparo, no correspondiendo a esta jurisdicción constitucional, más que constatar que el proceso motivacional que soporta el iter de la resolución no ha vulnerado su obligación de valoración conforme a la preceptiva constitucional que se deja preindicada, en consolidación del Estado de Derecho.-CONSIDERANDO (11): Que tampoco existe razón para estimar el presente recurso de amparo por motivo o concepto en la supuesta infracción del artículo 321 de la Constitución de la República, pues es notorio de que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de merito dentro del ámbito de su competencia y en concordancia al debido proceso, procediendo la Judicatura mediante resolución suficientemente motivada y fundada en derecho. Resulta esencial constatar tal considerando, pues tal exigencia deriva de la legitimación del Poder jurisdiccional, a quien le corresponde aplicar la ley a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado; ya que, en caso contrario, tal y como advierte la garantista; nos encontraríamos abocados frente a la arbitrariedad y alejados de la razonabilidad que caracteriza como estándar resolutivo el modelo de Estado de Derecho.-CONSIDERANDO (12): Que a criterio de la Sala de lo Constitucional la sentencia impugnada no infringe los derechos constitucionales y convencionales antes enunciados, por cuanto ha explicado la misma de manera motivada y suficiente las razones por las cuales dicho Tribunal estima conforme a derecho el dictado de sobreseimiento definitivo en la causa; proceder jurisdiccional que se ha efectuado en plena observancia a los derechos, formalidades y principios requiere el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, en su más amplia consideración y concepto. - En virtud de todo ello, resulta procedente en derecho dictar denegatoria a la presente acción de amparo, por las consideraciones antes expresadas y en concordancia a lo que preceptúan tanto la Constitución de la República, como la Ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD de votos, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 9 Nº 2), 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, a favor del menor S. A. M. P., por carecer de mérito para su otorgamiento; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número0763-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el Acápite Motivación, a folio ciento diecisiete (117) frente, de la pieza de apelaciones,
[2] En la terminología procesal latinoamericana que acuñaran penalistas tan reconocidos como Eugenio R. Zaffaroni y Juan Bustos Ramírez.