Sentencia AP-763-17 — Registro 8990
Resumen
Resolución que confirmo Sobreseimiento definitivo a favor de imputado en su condición de párroco de iglesia y haber ordenado la restaurante del techo y paredes de la misma suponerlo por estos hechos responsable del delito de Daños agravados en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación no obstante el haberse comprobado que no se siguieron por parte del imputado los parámetros ordenados por la Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), en cuanto a los criterios de conservación y restauración establecidos para el templo católico en referencia tampoco fraguó la destrucción, la inutilización, el desaparecimiento o el deterioro de la referida Iglesia dichos hechos no se subsumen en una falta al deber de cuidado que le asiste en su condición de cura párroco
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional resuelve desestimando el reclamo de amparo constitucional planteado por la fiscalía del Ministerio Público en cuanto a la alegada infracción del derecho al debido proceso y al principio de legalidad administrativa a esa representación en defensa de los intereses generales de la Sociedad. Lo anterior, en vista no apreciarse los vicios de argumentación denunciados en la sentencia impugnada en amparo, la cual ha sido clara en la valoración de los hechos imputados al señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, los cuales no se subsumen en una falta al deber de cuidado que le asiste en su condición de cura párroco de la Iglesia “Cristo Negro” de Intibucá, al ordenar se realizaran reparaciones de urgencia en dicha edificación, con relevancia tal que pudiera derivar en responsabilidad jurídico-penal; pues resulta patente que su contribución a la configuración de los hechos probados, si bien no fue la optima a la luz de los dictámenes y parámetros de conservación de bienes culturales emanados de autoridad competente; no fraguó tampoco la destrucción, la inutilización, el desaparecimiento o el deterioro de la referida Iglesia, según establecen expresa y taxativamente los verbos rectores del tipo básico contenido en el artículo 254 del Código Penal vigente, ni en ninguna de las modalidades especiales de comisión que se establecen en el subsiguiente artículo; lo cual descartaría la existencia de un grave error judicial en cuanto a operación de subsunción de los hechos en el delito imputado por la Acusación Pública; o al menos no en forma y modo tal, que arrostrare lesión o peligro concreto al interés general de los habitantes y/o a la incolumidad de sus derechos y garantías constitucionales, tal y como ha argumentado la fiscalía del Ministerio Público en su demanda de amparo. CONSIDERANDO (9): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme al principio garante del debido proceso ni al principio de legalidad, tal resolución del Tribunal Ad Quem, en vista a no conceder relevancia penal alguna al caso bajo estudio, no obstante el haberse comprobado que no se siguieron por parte del imputado los parámetros ordenados por la Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), en cuanto a los criterios de conservación y restauración establecidos para el templo católico en referencia, como bien inventariado en el patrimonio cultural de la Nación. Considera la Sala de lo Constitucional, a este respecto, que a la vista del principio penal material de ultima ratio, inherente al debido proceso en tal materia; que tal alegato técnico-jurídico no trasciende del plano de la estricta legalidad, peculiar a la instancia judicial ordinaria; lo cual, según congrua jurisprudencia, excede del ámbito de protección que garantiza el recurso de amparo.[1] CONSIDERADO (10): Que concurriendo a la presente vista la falta de mérito para el otorgamiento del amparo solicitado y la causal de inadmisibilidad determinada por el numeral 1) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referida a que versar el contenido de la acción sobre alegaciones de mera legalidad; resulta procedente dictar sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Primero departamental de Intibucá, en fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); en relación la causa instruida contra el señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (8) de noviembre del año del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Primero de Letras Primero Departamental de Intibucá, la Abogada YISBY NALLELY VILLALOBOS ROMERO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio de PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. (Folios 19 al 23 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha veintiocho (28) de diciembre de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor, “Resuelve: 1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, por considerarlo responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE NACION.- 2) SE REVOQUE: La medida cautelar que le fue impuesta en la declaración de imputado de fecha lunes veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis.- (Folios 66 al 71 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha tres (3) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada CARLA PATRICIA INTERIANO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Intibucá, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciséis.- SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCIÓN de que se ha hecho mención en el acápite primero.(Folios 8 al 12 de la Pieza de Corte de Apelaciones). 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, de fecha tres (3) de Agosto el año dos mil diecisiete (2017), anteriormente relacionado es violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista de Amparo la acción constitucional interpuesta por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha tres (3) de agosto del dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Primero departamental de Intibucá, en fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), procediendo así a la confirmatoria del correspondiente Sobreseimiento Definitivo emitido por el Juzgado A-Quo; con relación la causa instruida contra el señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION; resolución que la Fiscalía del Ministerio Público estima como violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en formalización del respectivo recurso de amparo, compareció la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien actúa en su condición de Agente de Tribunales adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en representación, defensa y protección de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, exponiendo así el derecho constitucional que se considera violentado y el concepto de su violación: Se trata fundamentalmente del Derecho al Debido Proceso, relacionado en el artículo 90 constitucional, el cual encuentra integrado por el respeto a las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece en todo juzgamiento que se realice en la República, y artículo 321 de la Constitución de la República, preceptivo del Principio de legalidad; lo cual resultaría infringido en la resolución de la Alzada en virtud que, durante el desarrollo de la Audiencia Inicial, el Ministerio Público acreditó de forma fehaciente todos los elementos exigidos por la norma penal para calificar la acción del imputado como responsable del delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, según establecido en los artículos 254 y 255 del Código Penal; desprendiéndose dicho ilícito de la acción del encausado, en su condición de cura párroco de la Iglesia “Cristo Negro” de Intibucá, de ordenar que se realizaran reparaciones en dicha edificación, las cuales provocaron los daños al patrimonio cultural, debido a que la instalación de lamina en color rojo en simulación de teja, no sólo generó una afectación visual a la composición exterior de la Iglesia, sino también que la ausencia del peso de la teja de barro cocido sobre los muros, disminuye a que los aparejos de adobe se cohesionen más, generando que las cargas y empujes tiendan a abrirse y desplomarse; entre otros daños advertidos en el dictamen técnico elaborado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, lo cual no es conforme con los criterios de conservación y restauración del templo, en tanto edificación inventariada bajo la categoría de monumento nacional. CONSIDERANDO (5): Que, siempre en formalización del respectivo recurso de amparo, continuó manifestando la amparista, que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público contra el referido sobreseimiento definitivo, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, lo declaró SIN LUGAR, siendo lo procedente el otorgamiento de dicho recurso y el consecuente dictado de un auto de formal procesamiento en contra de la persona imputada; lo cual motiva el Ad Quem en que no quedó acreditado en el proceso que ésta hubiere causado lesión al patrimonio cultural nacional, entre otras razones, porque el recurrente ofertó prueba documental que no fue ratificada por los emisores de la misma; asimismo, porque se desprende de la propia declaración del imputado, que éste se sometió a los dictados del Instituto de Antropología e Historia (Sic.) le requiriera en su momento, pero debido a la tardanza de éste en emitir dictamen sobre los trabajos de reparación que se hacían en la Iglesia, con lo cual no provocó alteraciones estructurales en la misma, limitándose al cambio de techo de asbesto, a euroteja y al repello de paredes previamente dañadas por la filtración de agua. CONSIDERANDO (6): Que ha sostenido la recurrente en amparo, que no comparte el referido proceder de la Alzada, con el cual se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues se aportaron, con las formalidades que manda la Ley, los elementos mínimos probatorios que requiere el artículo 92 de la Constitución de la República, desvalorando el medio de prueba documental propuesto, independientemente haberse ratificado o no en la Audiencia Inicial; por lo cual estima la resolución venida en amparo no reúne los requisitos establecidos en el artículo 383.3 (Sic.), por falta de apreciación de prueba trascendente en el proceso, sin la motivación adecuada, pese a no haber sido cuestionada durante el desarrollo de la audiencia inicial. Finalizó su alegato constitucional la Abogada garantista, expresando que, se ha acreditado la probable realización del hecho que se imputa y la probable participación del imputado en el mismo; considerando esa fiscalía del Ministerio Público que dejó el juzgador de darle el valor apropiado a la documental en referencia, para decidir así sobre la procedencia de continuar el proceso y de acreditar la participación del imputado en los hechos delictivos a él imputados, en el marco de un juicio oral y público; por lo cual, se considera que la actuación llevada a cabo por el Ad Quem no es conforme a derecho y violenta las garantías constitucionales enunciadas, solicitando se otorgue la garantía de amparo ante la Sala de lo Constitucional por haber mérito para ello. CONSIDERANDO (7): Que analizado el caso y ponderados los argumentos de parte, la Sala de lo Constitucional observa que la Infracción al Debido Proceso aducida por parte de la Fiscalía del Ministerio Público consistiría en la inobservancia de la ley del caso y en la falta de motivación en que incurrió el Ad Quem para dictar su resolutivo de libre sobreseimiento; lo cual conllevaría a solicitar en vía amparo se declare la invalidez de tal resolución, por cuanto carecería de fundamento lógico eficiente, con relación a la probanza real y efectiva del daño sufrido al patrimonio cultural de la Nación; debiendo la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua dictar auto de formal procesamiento al señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, en lugar de confirmar el sobreseimiento definitivo en la presente causa. CONSIDERANDO (8): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional resuelve desestimando el reclamo de amparo constitucional planteado por la fiscalía del Ministerio Público en cuanto a la alegada infracción del derecho al debido proceso y al principio de legalidad administrativa a esa representación en defensa de los intereses generales de la Sociedad. Lo anterior, en vista no apreciarse los vicios de argumentación denunciados en la sentencia impugnada en amparo, la cual ha sido clara en la valoración de los hechos imputados al señor ALEJO RODRIGUEZ MENDEZ, los cuales no se subsumen en una falta al deber de cuidado que le asiste en su condición de cura párroco de la Iglesia “Cristo Negro” de Intibucá, al ordenar se realizaran reparaciones de urgencia en dicha edificación, con relevancia tal que pudiera derivar en responsabilidad jurídico-penal; pues resulta patente que su contribución a la configuración de los hechos probados, si bien no fue la optima a la luz de los dictámenes y parámetros de conservación de bienes culturales emanados de autoridad competente; no fraguó tampoco la destrucción, la inutilización, el desaparecimiento o el deterioro de la referida Iglesia, según establecen expresa y taxativamente los verbos rectores del tipo básico contenido en el artículo 254 del Código Penal vigente, ni en ninguna de las modalidades especiales de comisión que se establecen en el subsiguiente artículo; lo cual descartaría la existencia de un grave error judicial en cuanto a operación de subsunción de los hechos en el delito imputado por la Acusación Pública; o al menos no en forma y modo tal, que arrostrare lesión o peligro concreto al interés general de los habitantes y/o a la incolumidad de sus derechos y garantías constitucionales, tal y como ha argumentado la fiscalía del Ministerio Público en su demanda de amparo. CONSIDERANDO (9): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme al principio garante del debido proceso ni al principio de legalidad, tal resolución del Tribunal Ad Quem, en vista a no conceder relevancia penal alguna al caso bajo estudio, no obstante el haberse comprobado que no se siguieron por parte del imputado los parámetros ordenados por la Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), en cuanto a los criterios de conservación y restauración establecidos para el templo católico en referencia, como bien inventariado en el patrimonio cultural de la Nación. Considera la Sala de lo Constitucional, a este respecto, que a la vista del principio penal material de ultima ratio, inherente al debido proceso en tal materia; que tal alegato técnico-jurídico no trasciende del plano de la estricta legalidad, peculiar a la instancia judicial ordinaria; lo cual, según congrua jurisprudencia, excede del ámbito de protección que garantiza el recurso de amparo.[1] CONSIDERADO (10): Que concurriendo a la presente vista la falta de mérito para el otorgamiento del amparo solicitado y la causal de inadmisibilidad determinada por el numeral 1) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referida a que versar el contenido de la acción sobre alegaciones de mera legalidad; resulta procedente dictar sentencia denegatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 183, 232, 233, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0763=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] En igual o parecido sentido y a modo de ilustración, véase la sentencia STC 201/1994, del 4 de julio, del Tribunal Constitucional español; según la cual: “… No corresponde al Tribunal Constitucional, que no es una tercera instancia y órgano revisor que tenga que efectuar el control de mera legalidad, rectificar errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas en la interpretación y aplicación de las normas legales, realizadas por los Jueces y Tribunales (…), salvo que al hacerlo violaran alguna garantía constitucional ”. Vid. MONTERO AROCA, J., et al. Amparo constitucional y proceso civil. Tirant lo Blanch (2° Ed). Valencia, 2008. p. 44.