Sentencia AP-758-18 — Registro 17812
Resumen
Acción de amparo interpuesta contra resolución dictada en Audiencia de Proposición de Medios de Prueba en la cual Tribunal de Sentencia no admitió la protección solicitada para la declaración en juicio oral y público de Testigo Protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."DILIGENCIA EN LA QUE HA SIDO DICTADA LA RESOLUCIÓN.- La resolución recurrida en Amparo, es la proferida por la Sala del Tribunal de Sentencias de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha catorce (14) de Mayo de 2018, en relación al proceso penal instruido contra el ciudadano ELDER OSIRIS MADRID CASTELLANOS, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y LESIONES GRAVES, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y NELSON GEOV ANY FLORES HERRERA.- VIII. SE ADMITA LA ACCION CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO.- Siendo que en la resolución de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia resolvió ordenar la incorporación de Testigo Protegido TPLPl sin protección a fin que rindiera su declaración y el Ministerio Publico interpuso Recurso de Reposición. El Tribunal de Sentencia ordeno continuar y señala Audiencia de Debate y/o Juicio Oral y Público y ordena que en setenta y dos horas (72hrs) se exhiban las generales del Testigo, y por ello, se solicita la admisión de dicha acción y con ello, la suspensión provisional del acto reclamado, pues de no suspenderse el acto reclamado permanece latente la grave violación del derecho de defensa, en caso de realizarse el Juicio Oral y Público y ello, haría inútil la ejecución de la sentencia en caso que se otorgara el Amparo, dado a que el juicio oral y público continuaría con su realización sin la inclusión de los medios de prueba que fueron admitidos y eventualmente indebidamente fueron rechazados, tal petición se realiza en base al artículo 59 numerales 1, 2 Y4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Sustentando el presente escrito en los artículos: 82, 90, 183 numeral 1, 321 de la Constitución de la República; 41, 42, 44, 49, 57, 58 Y59 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 8,9, 12, 14, 136, 237 del Código Procesal Penal y artículos 2,3,1,3,6,12 de la Ley de Protección de Testigos.” CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil dieciocho, determino en su Resolución: “Primero: Declarar Con Lugar la acción constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público en contra de la resolución dictada con fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual inadmitió la protección solicitada para la declaración para juicio oral y público del Testigo Protegido “tplpl”.-Segundo: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa y derecho a la seguridad personal de un testigo y para tal fin se Anula la resolución judicial de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, proferida por esa Sala, en lo que corresponde específicamente a la inadmisión de la solicitud de protección del testigo protegido “TPLP1” con las formalidades establecidas en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 del Código Procesal Penal. Debiéndose adoptar por dicha Sala una resolución ajustada a justicia y derecho.- . . .” CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, que resuelve declarar HA LUGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada MARCELA KARINA NUÑEZ, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Publico, a favor del ESTADO DE HONDURAS Y el señor NELSON GEOVANY HERRERA, es totalmente apegado a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado que existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente declarara HA LUGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 237 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 248 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero de dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que declaró con lugar el recurso de amparo promovido por la Abogada Marcela Karina Núñez en su condición de Fiscal del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, en relación a la causa instruida contra el señor Elder Osiris Madrid Castellanos, por suponerlo responsable del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Lesiones Graves en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 65, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, la Abogada Marcela Karina Núñez actuando en su condición Agente de Tribunales del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, en Audiencia de Proposición de Medios de Prueba celebrada en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, en la cual el referido Tribunal de Sentencia no admitió la protección solicitada para la declaración en juicio oral y público del Testigo Protegido TPLP1, por considerar que no se encuentra ajustado a lo dispuesto en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal, argumentos éstos que considera la recurrente vulneran garantías constitucionales contenidas en los artículos 65, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 de los antecedentes). 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante la cual falló: Primero: Declarar Con Lugar la acción constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público en contra de la resolución dictada con fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual inadmitió la protección solicitada para la declaración para juicio oral y público del Testigo Protegido “tplpl”.-Segundo: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa y derecho a la seguridad personal de un testigo y para tal fin se Anula la resolución judicial de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, proferida por esa Sala, en lo que corresponde específicamente a la inadmisión de la solicitud de protección del testigo protegido “TPLP1” con las formalidades establecidas en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 del Código Procesal Penal. Debiéndose adoptar por dicha Sala una resolución ajustada a justicia y derecho.-Tercero: Remitir en Consulta Obligatoria, para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente sentencia. (Folios 17-19/36-39 de los antecedentes) 3) Que en fecha once de octubre de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, que dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió por unanimidad de votos: “Primero: Declarar Con Lugar la acción constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público en contra de la resolución dictada con fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual inadmitió la protección solicitada para la declaración para juicio oral y público del Testigo Protegido “tplpl”.-Segundo: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa y derecho a la seguridad personal de un testigo y para tal fin se Anula la resolución judicial de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, proferida por esa Sala, en lo que corresponde específicamente a la inadmisión de la solicitud de protección del testigo protegido “TPLP1” con las formalidades establecidas en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 del Código Procesal Penal. Debiéndose adoptar por dicha Sala una resolución ajustada a justicia y derecho.-Tercero: Remitir en Consulta Obligatoria, para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente sentencia. (Folios 17-19/36-39 de los antecedentes) “, en el recurso de amparo a que se ha hecho relación. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “IV. RECURSO INTERPUESTO.- Contra la resolución impugnada se interpuso Recurso de Reposición, el cual fue declarado sin lugar, habiéndose notificado el Fiscal actuante de la denegatoria, en la misma fecha catorce (14) de mayo del año en curso (2018) en estrados.- V. AUTORIDAD CONTRA QUIEN SE PIDE EL AMPARO La autoridad contra la cual se interpone la Acción Amparo es la Sala del Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida.- VI. DERECHO CONSTITUCIONAL VIOLADO Y EL CONCEPTO DE SU VIOLACION. Para los efectos de la presente acción de amparo se citan como infringidos los artículos de la Constitución de la República siguientes: 1. Artículo 90 párrafo primero: "Nadie puede ser juzgado sino por juez y tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Precepto que regula el debido proceso legal que es la piedra angular del programa de enjuiciamiento constitucional en Honduras. 2. Artículo 65 "El derecho a la vida es inviolable." Disposición que regula los fundamentales derechos individuales que son presupuestos del proceso penal. 3. Artículo 82 "El derecho de defensa es inviolable" Derecho que todo ciudadano dentro de un proceso en su distinta actuación tiene el derecho que se proteja y respete por parte de los impartidores de Justicia. 4. Artículo 12 del Código Procesal Penal, "El principio de lealtad para con la Justicia", el cual manda a velar no solo por el debido proceso, sino a que los impartidores de justicia penal actuaran con absoluta lealtad a la justicia." 5. Artículo 321 de la Constitución de la Republica, Principio de Legalidad, "Los servidores del Estado no tienen, las facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Leyes nulo e implica responsabilidad".- Estas normas deben de relacionarse con lo establecido en los artículos 4, 8, 9, 12, 14, 198, 199, 202, 217, 220, 237 del Código Procesal Penal y artículos 2,3.1, 3.6 de la Ley de Protección de Testigos. La infracción constitucional denunciada en el caso que nos ocupa, se produjo cuando el Tribunal antes señalado resolvió dejar sin la protección que establece el artículo 237 No. 1,2 Y3 de nuestro Código Procesal Penal, al testigo propuesto por el Ministerio Publico con clave TPLP1, quien ha venido gozando de la debida protección desde el inicio del proceso, considerando que la Fiscalía expuso los motivos racionales para que dicho testigo gozara de la debida protección, ello conforme a que el testigo reside en el mismo lugar en relación a Imputado y Victima y estaba a escasos centímetros de la Victima al momento del hecho, circunstancias que no fueron valoradas por el Tribunal de Sentencias, en su resolución establece que la declaración de dichos testigos es útil y pertinente en relación con el objeto del proceso, admitiendo la declaración del mismo como tal, sin embargo no acepta la solicitud del Ministerio Publico de tenerlo como TESTIGOS ANÓNIMO, por los siguientes aspectos: • Que el Ministerio Publico al ofertar los medios de prueba estableció claramente al Tribunal que esta persona no ha sido ingresada al programa de protección de testigos. • No se ha ofertado el Informe Técnico que establece el artículo 12 de La Ley de Protección a Testigos y en atención a lo señalado por el Código Procesal Penal. • Que existe violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa, ya que no se desarrolló la solicitud de protección conforme al procedimiento consignado en la Ley de Protección de Testigos, que es únicamente ese procedimiento de ley que el Tribunal puede estimar la procedencia o no de la solicitud.- Ante tan errada resolución por parte del Tribunal de Sentencias, el Ministerio Publico interpuso recurso de reposición contra la misma, 11exponiendo que, al no darle protección al testigo, estos corren grave peligro puesto que el imputado conocerá su vivienda, domicilio y saber quién es en la comunidad, y eso genera un riesgo razonable para la vida de esta persona." Resolviendo el Honorable Tribunal mantener la resolución dictada e indica que el agente actuante debe proceder a dar las generales del testigo a fin de que el mismo sea citado en legal y debida forma por la receptora del órgano judicial y ello en un término de setenta y dos horas, en su defecto no se le tendrá como admitido, a lo cual el fiscal actuante se abstuvo de proporcionar los datos de identificación de los testigos protegidos antes mencionados. Procediendo el Tribunal, a señalar fecha para la celebración de la audiencia de debate o juicio oral y público para el día martes veinticuatro (24) de julio del año en curso (2018) a las nueve de la mañana.- Con dicha resolución se ha violentado el principio de Debido Proceso, garantizado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que establece en su párrafo primero: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” En base al principio acusatorio que asiste al Ministerio Público, al poder acreditar con los medios de prueba, sus imputaciones, en este caso concreto, bajo la modalidad o condición de testigo protegido. Se violenta así con la resolución tomada por los integrantes de dicha sala lo establecido en los artículos 5, 237 Y 248 del Código Procesal Penal, que disponen algunas medidas de protección de los testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal.- Con esta resolución emitida por el Honorable Tribunal de Sentencia, se violenta el Derecho A La Vida establecido en el artículo 65 de la Constitución de la República, que establece de forma clara "El derecho a la vida es inviolable", siendo que la persona humana es el fin supremo de la sociedad, del estado y todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla; y siendo que nuestra Constitución de la República garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida y la seguridad individual, considerando que la colaboración de los ciudadanos con la administración de la justicia es relevante 11 necesaria para evitar la impunidad y garantizar una recta aplicación de las leyes, lo que hace ineludible la protección de testigos en el proceso penal. Siendo que al no brindarle la protección a estos testigos se estaría poniendo en riesgo la vida, la integridad, como el bien jurídico de mayor importancia, además se estaría generando impunidad, pues dicho testigo no comparecería a rendir su declaración sin tener dicha protección, y es testigo presencial de los hechos imputados; resulta ilusorio pensar que luego de haber comparecido durante todo el proceso con protección de su identidad y aspecto físico, en la mayor de las audiencias tendrían que hacerlo sin gozar la protección debida. Violentando con ello el Derecho de Defensa, dejando con tal decisión en total indefensión al Ministerio Publico, por que dicha prueba no se está admitiendo conforme a las peticiones del Ministerio Publico.- Que la resolución del Tribunal de Sentencia únicamente tiene fundamento jurídico en que el Ministerio Publico no cumplió con el procedimiento establecido en La Ley de Protección a Testigos, basándose en que no se presentó el Informe Técnico de acuerdo al artículo 12 de dicha Ley, que esta resolución es totalmente errada, y alejada de la realidad jurídica, pues dicho informe no es el único medio de prueba para apreciar el peligro que corren los testigos, pues debió el Tribunal de Sentencias analizar las circunstancias del caso y del delito, que además dicha Ley de Protección a Testigo se está aplicando indebidamente, pues la misma no debe de aplicarse en anteposición a las disposiciones que contempla el Código Procesal Penal en relación a la Protección de Testigos, por lo que el informe del cual no puede prescindir el Tribunal de Sentencias, resulta innecesario para los fines que se pretenden lograr con la petición del ente Fiscal en la cual, pide mínimo la entrevista reservada en Audiencia con el Testigo previo a Audiencia de Debate para determinar con certeza la necesidad de Mantener Protección a Testigo.- Resulta importante mencionar que existen sentencias emitidas por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad, señalándose para ello los números de las causas, entre ellas el Exp. 0101-2014-00119, Exp. 0101-2014-000145, Exp. 0101-2014- 000067 Y Exp. 0101-2013-000101, donde se ha invocado la Acción Constitucional de Amparo por inadmisión de Testigos Protegidos, habiéndose declarado Ha Lugar la acción perpetrada, por el ente fiscal.- Por lo antes expuesto esta fiscalía solicita que se decrete la admisibilidad de la presente acción de amparo por encontrarse claramente establecida las violaciones constitucionales manifestadas, y encontrarse la resolución que motiva el presente recurso violatorio a garantías constitucionales, como ser el Derecho A La Vida, Al Debido Proceso, Derecho De Defensa.- VII. DILIGENCIA EN LA QUE HA SIDO DICTADA LA RESOLUCIÓN.- La resolución recurrida en Amparo, es la proferida por la Sala del Tribunal de Sentencias de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha catorce (14) de Mayo de 2018, en relación al proceso penal instruido contra el ciudadano ELDER OSIRIS MADRID CASTELLANOS, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y LESIONES GRAVES, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y NELSON GEOV ANY FLORES HERRERA.- VIII. SE ADMITA LA ACCION CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO.- Siendo que en la resolución de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia resolvió ordenar la incorporación de Testigo Protegido TPLPl sin protección a fin que rindiera su declaración y el Ministerio Publico interpuso Recurso de Reposición. El Tribunal de Sentencia ordeno continuar y señala Audiencia de Debate y/o Juicio Oral y Público y ordena que en setenta y dos horas (72hrs) se exhiban las generales del Testigo, y por ello, se solicita la admisión de dicha acción y con ello, la suspensión provisional del acto reclamado, pues de no suspenderse el acto reclamado permanece latente la grave violación del derecho de defensa, en caso de realizarse el Juicio Oral y Público y ello, haría inútil la ejecución de la sentencia en caso que se otorgara el Amparo, dado a que el juicio oral y público continuaría con su realización sin la inclusión de los medios de prueba que fueron admitidos y eventualmente indebidamente fueron rechazados, tal petición se realiza en base al artículo 59 numerales 1, 2 Y4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Sustentando el presente escrito en los artículos: 82, 90, 183 numeral 1, 321 de la Constitución de la República; 41, 42, 44, 49, 57, 58 Y59 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 8,9, 12, 14, 136, 237 del Código Procesal Penal y artículos 2,3,1,3,6,12 de la Ley de Protección de Testigos.” CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil dieciocho, determino en su Resolución: “Primero: Declarar Con Lugar la acción constitucional de amparo promovida por el Ministerio Público en contra de la resolución dictada con fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, emitida por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual inadmitió la protección solicitada para la declaración para juicio oral y público del Testigo Protegido “tplpl”.-Segundo: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa y derecho a la seguridad personal de un testigo y para tal fin se Anula la resolución judicial de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, proferida por esa Sala, en lo que corresponde específicamente a la inadmisión de la solicitud de protección del testigo protegido “TPLP1” con las formalidades establecidas en el artículo 237 numerales 1, 2, 3 del Código Procesal Penal. Debiéndose adoptar por dicha Sala una resolución ajustada a justicia y derecho.- . . .” CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, que resuelve declarar HA LUGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada MARCELA KARINA NUÑEZ, en su condición de agente de tribunales del Ministerio Publico, a favor del ESTADO DE HONDURAS Y el señor NELSON GEOVANY HERRERA, es totalmente apegado a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado que existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente declarara HA LUGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 65, 80, 90, 183, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5, 10 numeral 2, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 63, 65, 66, 67 y 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-758-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL