Sentencia AP-75-18 — Registro 11769
Resumen
criterio de recurrente se procedió al aseguramiento del bien inmueble de su propiedad y del menaje familiar, a pesar de que dicho bien inmueble no se encuentra descrito en la petición presentada ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, ni en el Auto de Admisión de la misma emitido por el Órgano Jurisdiccional competente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(6): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que no consta que la amparista haya acudido a las instancias ordinarias para solicitar se enmendara lo que describe, ni mucho menos consta una respuesta negativa donde se le hayan denegado sus peticiones; es decir no se han ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones ordinarios, que la ley le otorga. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los numerales 1), 5) y 6) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7)…; 8)…; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado; siendo que no se han ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones ordinarios; por lo que es procedente sobreseer el recurso"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YOLANY ISABEL CAMBAR PALADA, a favor de SI MISMA, Contra actuaciones realizadas por el Ministerio Público, a través del Fiscal EDWIN CRUZ, relacionadas, según la recurrente, a la ejecución de un allanamiento por medida cautelar de aseguramiento, sin la autorización del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, de un inmueble ubicado en la residencial Loma Linda Norte, Bloque C, Casa 78 de esta ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, alegando la recurrente que dicha actuaciones se realizó en su perjuicio porque ella es parte del núcleo familiar del señor OLVIN ANTONIO MEJIA SANTOS.- Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los Artículos 59, 60, 61, 68, 76, 81, 82, 90, 105 y 111 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada YOLANY ISABEL CAMBAR PALADA, interpuso ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia Recurso de Amparo a favor de SI MISMA, en su condición de ciudadana afectada por el hecho en el cual el Fiscal de Ejecución del allanamiento atreves del Agente Fiscal Abogado EDWIN CRUZ y la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se procedió al aseguramiento del bien inmueble de su propiedad, ubicado en residencial Loma Linda Norte, Bloque C, cada número 78, y del menaje familiar, a pesar de que dicho bien inmueble no se encuentra descrito en la petición presentada ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, ni en el Auto de Admisión de la misma emitido por el Órgano Jurisdiccional competente. 2) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, la Secretaría de la Sala de lo Constitucional tiene por admitido el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YOLANY ISABEL CAMBAR PALADA, a favor de SI MISMA, ordenándose librar comunicación a la autoridad recurrida, para que en el término de un día hábil remita los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo (Folio 51 de la pieza de amparo) 3) Que en fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, la Secretaría de la Sala de lo Constitucional tiene por recibido los antecedentes con procedencia oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) e informe correspondiente suscrito por el Abogado JORGE DAVID MONCADA LOPEZ, en el cual informa entre otros punto lo siguiente: “Que la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), no es el ente o la autoridad competente para realizar la incautación de un bien inmueble, mucho menos para responder por actuaciones realizadas por el Ministerio Público que es la autoridad encargada de investigar el destino, procedencia o licitud de dicho bien inmueble que nos ocupa, por lo que el Recurso de Amparo interpuesto carece de todo asidero jurídico en lo que involucra a esta oficina para que surta sus efectos.- En tanto señores Magistrados, la oficina Administradora de Bienes Incautados no posee más antecedentes de tal situación de los que se remite a esa Honorable Sala…” (Folio 69 al 70 de la pieza de amparo)4) Que en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 99 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YOLANY ISABEL CAMBAR PALADA, a favor de SI MISMA, Contra actuaciones realizadas por el Ministerio Público, a través del Fiscal EDWIN CRUZ, relacionadas, según la recurrente, a la ejecución de un allanamiento por medida cautelar de aseguramiento, sin la autorización del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, de un inmueble ubicado en la residencial Loma Linda Norte, Bloque C, Casa 78 de esta ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, alegando la recurrente que dicha actuaciones se realizó en su perjuicio porque ella es parte del núcleo familiar del señor OLVIN ANTONIO MEJIA SANTOS.. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho, la Secretaría de la Sala de lo Constitucional tiene por recibido los antecedentes con procedencia Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) e informe correspondiente suscrito por el Abogado JORGE DAVID MONCADA LOPEZ, en el cual informa entre otros punto lo siguiente: “Que la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), no es el ente o la autoridad competente para realizar la incautación de un bien inmueble, mucho menos para responder por actuaciones realizadas por el Ministerio Público que es la autoridad encargada de investigar el destino, procedencia o licitud de dicho bien inmueble que nos ocupa, por lo que el Recurso de Amparo interpuesto carece de todo asidero jurídico en lo que involucra a esta oficina para que surta sus efectos.- En tanto señores Magistrados, la oficina Administradora de Bienes Incautados no posee más antecedentes de tal situación de los que se remite a esa Honorable Sala…” CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que no consta que la amparista haya acudido a las instancias ordinarias para solicitar se enmendara lo que describe, ni mucho menos consta una respuesta negativa donde se le hayan denegado sus peticiones; es decir no se han ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones ordinarios, que la ley le otorga. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los numerales 1), 5) y 6) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7)…; 8)…; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO OCHO (8): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado; siendo que no se han ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones ordinarios; por lo que es procedente sobreseer el recurso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Y para ser enviada al MINISTERIO PÚBLICO, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha tres de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0075=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL