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Sentencia AP-737-18 — Registro 12806

Resumen

otorgamiento de amparo interpuesto contra resolución que declaro sin lugar procedimiento expedito de Flagrancia solicitado por recurrente en relación a la causa instruida contra imputados por suponerlos responsables de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Transporte para el Trafico Ilícito de drogas en perjuicio de la Seguridad Interior y la Economía del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, manifestando básicamente que la dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), es violatoria de lo dispuesto en Artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; en virtud de que se trastoca el debido proceso en perjuicio del imputado, quien podría ver resuelta su situación legal en el término de treinta días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso; y, de esta manera tener una pronta y expedita aplicación de la justicia, no solo en beneficio del proceso sino también en el interés general de la sociedad que espera una respuesta ágil en el actuar de los encargados de impartir justicia. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que no comparte la decisión del Juzgado de Letras, ya que es evidente que las pruebas a practicarse no son de difícil realización, de tal manera que es insostenible el criterio esgrimido por el A-Quo sobre esta excepción al procedimiento expedito. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jeremías Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018); en relación a la causa instruida contra los señores GERSON DARIO PEREZ SANTOS y SANTOS PABLO MARTINEZ PACHECO por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los Artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, la Abogada MIRIAM YESSENIA BARAHONA ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores GERSON DARIO PEREZ SANTOS y SANTOS PABLO MARTINEZ PACHECO por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en la celebración de audiencia de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia solicitada por el Ministerio Público; ESTE JUZGADO RESUELVE … ACCEDER a la solicitud planteada por el Abogado HUMBERTO MORALES, es así que este órgano Jurisdiccional en base al Artículo 440-A del Código Procesal Penal, en lo referente a las excepciones el que dice que aún cuando se trate de un delito flagrante, se aplicara el procedimiento ordinario cuándo: 1…; 2…; 3. Que se requiera la práctica de pruebas de difícil realización.- En base a esto es que esta Juez es del criterio que: PRIMERO: Por requerir la práctica de pruebas de difícil realización en los que tanto la Fiscal del Ministerio Público como el Defensor Público deberán de presentar las mismas, como dictámenes o más, para acusar o para eximir de responsabilidad a los encausados y ya regula nuestra normativa procesal penal que los juicios expeditos no podrán durar más de treinta días, es así que se declara SIN LUGAR la solicitud de adecuación del procedimiento expedito de flagrancia, esto en virtud de que esta Juez deberá garantizar el debido proceso y al tener conocimiento de los plazos que existen en la normativa procesal penal, se violentarían los mismos, al acceder a lo solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, pudiendo ocasionar la no presentación de pruebas en el tiempo establecido por la ley y de esta forma afectar a esta Juez con la ilustración para que posteriormente se tome la decisión acertada. SEGUNDO: Que se siga el proceso contra GERSON DARIO PEREZ SANTOS, SANTOS PABLO MARTINEZ PACHECO, a quienes se les supone responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA en perjuicio de LA SEGURDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS por el trámite ordinario en la presente causa. TERCERO: En consecuencia, de lo anterior que se proceda a celebrar la audiencia de declaración de imputado, con todas las formalidades de esta, así mismo que se siga con el trámite de ley que corresponde, quedando notificados en estrados el Fiscal de Ministerio Público y el Defensor Público del imputado…. (Folios del 27 al 30 de la segunda pieza de antecedentes). 3) Que en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, interpuso ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; Por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los Artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite correspondiente, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLA: PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO. SEGUNDO: Ordena a la referida judicatura que se continúe el proceso contra los referidos imputados por la vía de del Procedimiento Expedito de Flagrancia. (Folios del 16 al 21 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha ocho (8) de octubre de dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el Articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018); en relación a la causa instruida contra los señores GERSON DARIO PEREZ SANTOS y SANTOS PABLO MARTINEZ PACHECO por suponerlos responsables de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL y TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, manifestando básicamente que la dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), es violatoria de lo dispuesto en Artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; en virtud de que se trastoca el debido proceso en perjuicio del imputado, quien podría ver resuelta su situación legal en el término de treinta días, tiempo que está previsto para concluir con el proceso; y, de esta manera tener una pronta y expedita aplicación de la justicia, no solo en beneficio del proceso sino también en el interés general de la sociedad que espera una respuesta ágil en el actuar de los encargados de impartir justicia. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que no comparte la decisión del Juzgado de Letras, ya que es evidente que las pruebas a practicarse no son de difícil realización, de tal manera que es insostenible el criterio esgrimido por el A-Quo sobre esta excepción al procedimiento expedito. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jeremías Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada MILADY JANNETTE PAVON RAMIREZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha seis de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0737-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.