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Sentencia AP-73-18 — Registro 11280

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó auto de formal procesamiento contra recurrente y desestimación de excepciones de incompentencia y falta de acción, en relación a causa por el delito de estafa continuada en perjuicio de ofendidos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al confirmar la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestima las excepciones de Incompetencia y Falta de acción, promovidas por la defensa del imputado..."..."esta Sala encuentra que en la motivación jurídica de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de preceptos constitucionales, del Código Procesal Penal y del Código Penal, para concluir en el numeral 3 lo siguiente: (Sic) “… y en el caso de autos, el encausado PABLO ALVAREZ LAGOS ha engañado y obtenido provecho propio de los cinco ofendidos con el pago del dinero de estos y no entregando terrenos. Asimismo, el Artículo 46.2 del Código Procesal Penal establece: “Enumeración de las Excepciones. En el procedimiento penal solo son admisibles como excepciones: 1)…2) La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3)…”, por lo que no es aplicable al presente caso ya que existen indicios de la comisión del delito de estafa..."..."la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente por completo de motivación, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a confirmar la resolución apelada que decreto Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestima las Excepciones de Competencia y Falta de Acción promovida por la defensa del imputado..."..."siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestima las Excepciones de Incompetencia y Falta de Acción promovidas por la defensa del imputado, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestimar las Excepciones de Incompetencia y Falta de Acción, invocada por la Defensa del imputado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, a favor del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución que decreta Auto de Formal Procesamiento dictada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la causa instruida contra el señor PABLO ALVAREZ LAGOS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de los señores FRANKLIN DAVID GUTIERREZ, SANTOS JESUS GUTIERREZ, DEIVIS LEONEL MAIRENA ESPINOZA, LUIS ALBERTO SALANDIA ESPINOZA Y JORGE LUIS ESPINOZA.- Estimando el recurrente que la resolución recurrida violenta el derecho al debido proceso, contenido en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, asimismo la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, en su articulo 8.1, relativo a la motivación de las resoluciones. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, la Abogada ANAYANSI MELISSA AVILA, en su condición de Agente de Tribunales del MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señor (Sic) PABLO ALVAREZ LOPEZ y YOVANI AGUSTIN HERNANDEZ ELVIR, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de los jóvenes FRANKLIN DAVID GUTIERREZ LOPEZ, SANTOS JESUS GUTIERREZ LOPEZ, DEIVIS LEONEL MAIRENA ESPINOZA, LUIS ALBERTO SALANDIA ESPINOZA y JORGE LUIS ESPINOZA. (Folios del 1 al 4 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 2) Que siguiendo el trámite procesal, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017), el referido Juzgado en audiencia Inicial dictó Resolución mediante la cual resolvió: (Sic) “1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor PABLO ALVAREZ LAGOS, por el Delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de FRANKLIN DAVID GUTIERREZ, SANTOS JESUS GUTIERREZ, DEIVIS LEONEL MAIRENA ESPINOZA, LUIS ALBERTO SALANDIA ESPINOZA y JORGE LUIIS ESPINOZA.- 2) Decretando la Medida Cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA, mientras se ventila la causa y hasta por el término de dos años, misma que se hará efectiva en la Penitenciaría Nacional de esta ciudad de Danlí, El Paraíso librando el respectivo Oficio de encarcelación respectivo…” (Folios del 54 al 65 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 3) Que en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecisiete (2017), en respuesta al recurso de apelación, interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada en Audiencia Inicial, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dicta resolución por medio de la cual falla: (Sic) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, Defensor Privado del imputado PABLO ALVAREZ LAGOS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de FRANKLIN DAVID GUTIERREZ, SANTOS JESUS GUTIERREZ, DEIVIS LEONEL MAIRENA ESPINOZA, LUIS ALBERTO SALANDIA ESPINOZA Y JORGE LUIS ESPINOZA. 2.- CONFIRMAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, El Paraíso, el veintisiete de abril del dos mil diecisiete.” (Folios del 92 al 98 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) El recurrente abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecisiete (2017), violenta el derecho al debido proceso, contenido en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, asimismo la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, en su articulo 8.1, relativo a la motivación de las resoluciones. 5) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, declarando sin lugar la suspensión del acto reclamado en el amparo de merito, por no ajustarse tal petición a los requisitos establecidos por el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, confirmando la resolución que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada, en contra del imputado Pablo Álvarez Lagos, dictada en fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, por el a-quo; por considerar el Ad-quem que: (Sic) “Asimismo el Artículo 46.2 del Código Procesal Penal establece: “Enumeración de las Excepciones. En el procedimiento penal solo son admisibles como excepciones: 1)…2) La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3)…”, por lo que no es aplicable al presente caso ya que existen indicios de la comisión del delito de estafa….” (Ver folio 97v de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO (4): Que, en la formalización del presente recurso de amparo constitucional, el recurrente Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, ha manifestado que la resolución de alzada de la que se demanda amparo violenta el derecho al debido proceso, contenido en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, asimismo la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 8.1, relativo a la motivación de las resoluciones. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente hace una relación de los elementos de prueba que fueron evacuados en la audiencia inicial, así como las excepciones planteadas, contenidas en los numerales 1 y 2 del Artículo 47 del Código Procesal Penal, las cuales se refieren a la falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no debió de presentarse por el Ministerio Público, en virtud de ser el caso eminentemente materia civil, arguye el impetrante; sostiene el recurrente que el Ministerio Público solo propuso las declaraciones administrativas rendidas en sede administrativa del Ministerio Público, lo cual contraviene lo dispuesto en el Articulo 88 de la Constitución de la República, ya que solo constituye prueba la declaración rendida ante Juez competente. CONSIDERANDO (6): Que siguiendo con sus argumentos, el impetrante aduce que la resolución del Ad-quem se limita a confirmar la resolución del A-quo, no dando respuesta al escrito de apelación de fecha 4 de mayo de 2017, en su hecho tercero que se refiere a las Excepciones de Incompetencia de Tribunal, en relación a la materia y por falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, en el asentido que el presente caso es eminentemente civil, y al no pronunciarse la alzada se considera una violación inter alia a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, ya que se ha dejado sin respuesta uno de los agravios presentados en el trámite del recurso de apelación y una transgresión al principio de exhaustividad en la fundamentación. CONSIDERANDO (7): Que concluyendo en la exposición de sus argumentos, el impetrante reitera que al no dar respuesta a los alegatos expuestos en el Recurso de Apelación, la decisión del Ad-quem no reúne los requisitos de fondo de congruencia y exhaustividad a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consideran la garantía del debido proceso, violentándose los dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, asimismo la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos en su articulado 8.1 que dice de la motivación, es una de las debidas garantías para salvaguardar el derecho a un debido proceso, y en el presente caso el Ad-quem no consideró sus alegatos, a fin de tomar una decisión acertada, apegada a Derecho, no cumpliendo en consecuencia con las formalidades del debido proceso, garantías plasmadas en nuestra Constitución. CONSIDERANDO (8): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (9): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (10): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5] CONSIDERANDO (11): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, al confirmar la resolución dictada en Audiencia Inicial que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestima las excepciones de Incompetencia y Falta de acción, promovidas por la defensa del imputado. CONSIDERANDO (12): Que el Artículo 46 del Código Procesal Penal, establece que en el procedimiento penal sólo son admisibles como excepciones: 1. La incompetencia; 2. La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3. La extinción de la acción penal. El siguiente artículo 47 estipula que la excepción de falta de acción y la de extinción de la acción podrán interponerse en cualquier etapa del proceso y la carga de la prueba recaerá sobre quien plantee la excepción. CONSIDERANDO (13): Que puede definirse el recurso de apelación como una vía o instrumento de impugnación ordinario en el cual se pueden atacar los vicios de derecho sustantivos como de derecho procesal de los que adolece la resolución emitida por un órgano inferior, que tiene como propósito someter esa decisión a la revisión de un tribunal de instancia superior para que la revoque, modifique o anule[6]. CONSIDERANDO (14): Que conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Procesal Penal, los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de Derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. CONSIDERANDO (15): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación jurídica de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem realiza una transcripción de preceptos constitucionales, del Código Procesal Penal y del Código Penal, para concluir en el numeral 3 lo siguiente: (Sic) “… y en el caso de autos, el encausado PABLO ALVAREZ LAGOS ha engañado y obtenido provecho propio de los cinco ofendidos con el pago del dinero de estos y no entregando terrenos. Asimismo, el Artículo 46.2 del Código Procesal Penal establece: “Enumeración de las Excepciones. En el procedimiento penal solo son admisibles como excepciones: 1)…2) La falta de acción, cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse; y 3)…”, por lo que no es aplicable al presente caso ya que existen indicios de la comisión del delito de estafa….” –Lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO(16): Que la motivación externada por el Tribunal ad-quem se revela insuficiente, pues no se cumple con las exigencias procesales establecidas en la ley penal adjetiva, ello porque la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos por las partes o la cita o transcripción de preceptos legales, no reemplazará a la motivación; la alzada emite una resolución carente por completo de motivación, pues no realiza una justificación razonada del cuadro fáctico y jurídico que permita llegar a una conclusión, a efecto que las partes procesales tengan la convicción de lo que concluye sea lo correcto. Esta Sala entiende que al tenor del supra indicado artículo 141 del Código Procesal Penal, la referida Corte devenía en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que lo llevaron a confirmar la resolución apelada que decreto Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestima las Excepciones de Competencia y Falta de Acción promovida por la defensa del imputado. CONSIDERANDO (17): Que siendo insuficiente la motivación externada por el Tribunal ad-quem al confirmar la resolución que declara Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestima las Excepciones de Incompetencia y Falta de Acción promovidas por la defensa del imputado, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en Amparo, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos probatorios evacuados en el proceso haga una valoración suficientemente motivada de los mismos, explicitando de una manera lógica, racional, congruente, clara –no confusa- y precisa si concurren o no los elementos a efecto de confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Estafa Continuada y desestimar las Excepciones de Incompetencia y Falta de Acción, invocada por la Defensa del imputado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, en su condición de Apoderado Defensor Privado del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, contra el fallo proferido en fecha VEINTICINCO (25) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; 2.- Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la resolución impugnada, en estricto cumplimiento a las observaciones relacionadas en este libelo. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0073-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.

[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.

[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.

[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.

[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.

[6] Derecho procesal penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Rigoberto Cuellar Cruz y otros. 1ra. Ed. Tegucigalpa (proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras). Litocom, 2004. Pág. 565.