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Sentencia AP-726-18 — Registro 12141

Resumen

Sentencia declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación, revocó sobreseimiento definitivo dictado por juzgado de primera instancia el que ordenó extender carta de libertad definitiva en causa por suponer a recurrrente responsable del delito de asesinato en perjuicio de víctima; en apelación se señala al juez A-quo proceda a dictar sobreseimiento provisional, por considerar que la sospecha de participación del imputado en el ilícito en virtud que la prueba testifical de cargo adelece de cierta credibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"vistos los antecedentes del caso por la Sala, se aprecia la alegación en sede de amparo de argumentos encontrados a la revocatoria dictada en sede de apelaciones, de actuaciones judiciales que derivaron en el libre sobreseimiento del imputado, señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR; las cuales concernirían a las alegadas infracciones a las garantías de libertad y debido proceso, en su perjuicio, así como al principio de legalidad; que se consideran conculcadas por los garantistas, debido a la supuesta falencia argumentativa en los criterios fácticos y jurídicos esgrimidos por la Jurisdicción, los cuales estiman dictados en irrespeto a los actos esenciales del proceso y al derecho de libertad que asiste a su representado..."..."puede observarse como la fundamentación de la resolución impugnada en amparo no discierne la existencia de causa probable en el delito de ASESINATO por el cual se acusa al imputado, señor LEOPOLDO ÁNDRES DURÁN MAHOMAR; lo cual daría lugar, sin ningún atisbo de duda, al establecimiento de formal procesamiento en su contra; explicando, en su lugar, porque pende una sospecha, en forma subsidiaria, sobre la concurrencia personal del señor DURÁN MAHOMAR, en la consumación del ilícito acusado; pues tal se desprende de la regularidad formal y material de los elementos probatorios allegados por la Fiscalía a la audiencia inicial del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Con lo anterior, no se agravia el derecho a la tutela judicial efectiva del cual goza el imputado, ni se quebrantan el principio de legalidad, en relación a las garantías procesales del principio de congruencia y de prohibición de reforma peyorativa (reformatio in pejus); como se ha denunciado en formalización del presente recurso de amparo. Encuentra esta Sala de lo Constitucional, por el contrario, que tales principios fundantes de la juridicidad constitucional, se respetaron con la resolución impugnada, los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, de ser el caso tuviere éste que reanudarse ante la eventualidad de la aportación parcial o total del elenco probatorio concreto que establece en el caso concreto la Alzada; conditio sine qua non de procedibilidad a la continuación de la causa, sin incurrir en vulneración alguna a los derechos y garantías constitucionales..."..."en conclusión, se aprecia a la vista del caso el respeto debido asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en la formalización del recurso de amparo, ajustándose la resolución bajo estudio a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; así como en congruencia al principio de Legalidad, establecidos ambos en la Constitución de la República y en el Bloque de Constitucionalidad. - Por todo lo cual procede, dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, a favor del señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, con relación a la causa instruida contra el señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor MELVIN NOEL MURILLO MARTINEZ.- Estimando los recurrentes que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, la Abogada EGLA MARITZA RAMOS MATAMOROS, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra el señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de MELVIN NOEL MURILLO MARTINEZ. - (Ver: Folios 12 al 15 de la pieza de antecedentes) 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO, en audiencia inicial celebrada en fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), RESUELVE: “PRIMERO: Declarar No Ha Lugar la petición del Ministerio Público de decretar AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del ciudadano LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, a quien se le supone responsable del delito de ASESINATO, en la persona de MELVIN NOEL MURILLO MARTINEZ.- SEGUNDO: Decretar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del ciudadano LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, que se extiendan las cartas de libertad definitivas, que se dejen sin efectos las medidas cautelares de detención judicial.- Si no hay recursos que plantear quedan las partes notificadas en estrados de las presente resolución.” (Ver: folios 82 al 100 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, FALLA: “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada LUISA MARIA RAMIREZ URBINA, y personado en esta instancia el abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, ambos en su condición de Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCA LA RESOLUCION JUDICIAL EMITIDA EN LA AUDIENCIA INICIAL comenzada en fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento e Yoro en fecha supremencionada, TERCERO: Que en la audiencia AD HOC que para tales efectos se señala la juez de instrucción proceda a dictar Sobreseimiento Provisional…”; en virtud no estar arreglada a derecho la argumentación jurídica sostenida por el Juzgado A Quo, dirigida a descartar la existencia de indicios que apunten a la participación del imputado en la comisión del ilícito acusado. Implicando la resolución de alzada, la parcial razonabilidad del agravio planteado por la fiscalía del Ministerio Público, pues si bien la aplicación del artículo 294 del Código Procesal Penal señala que la Audiencia Inicial se deberá efectuar con una mínima actividad probatoria, con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico-penal y la probabilidad de participación del imputado; no se comparte la resolución adoptada por el Juzgado A Quo, al haber determinado la procedencia del sobreseimiento definitivo dictado al imputado; porque si bien se ha acreditado plenamente por el ente acusador la comisión del delito de ASESINATO en perjuicio del señor MELVIN NOEL MURILLO MARTINEZ, no se desprende de la valoración conjunta de las pruebas aportadas a la Audiencia, sino la sospecha de participación del señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR en el ilícito antes mencionado; en virtud que la prueba testifical de cargo adolece de cierta credibilidad. (Ver: Folios 7 al 20 de la pieza Antecedentes). 4) Que los recurrentes abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), manifestando que es violatoria a lo dispuesto en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Ver: Folios 1 al 7 de la pieza de Amparo) 5) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, en formalización del recurso por parte de los Abogados IVAN ADAN MARTINEZ ORDOÑEZ y ROSA HELENA BONILLA GALINDO, se ha afirmado que la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), reseñada en el Antecedente 3) de la presente sentencia, resulta violatoria a lo preceptuado en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República; en virtud de la existencia de múltiples agravios al debido proceso del beneficiario del recurso, suscitados en la etapa preparatoria del proceso. Particularmente, señalan los recurrentes, como principal agravio en la resolución de la Audiencia Inicial, el dispositivo de sobreseimiento provisional dictado al ciudadano imputado, señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR; en lugar del dictado de sobreseimiento definitivo que procedía, de pleno derecho, en la causa. Explicando los amparistas, que se ha generado así manifiesta violación al componente esencial de la garantía del debido proceso; pues si bien, no se estiman de recibo los agravios expuestos por el ente acusador para dictar auto de formal procesamiento, remanecen las sospechas en cuanto a la participación del imputado en el ilícito mencionado; por lo cual estiman que adolece la resolución recurrida de una deficiente motivación en sus argumentos, incursa en contradicción y lindante con la arbitrariedad, en infracción a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, al debido proceso. Que el momento en que se incurre en tal vicio de la valoración jurídica es en el numeral noveno de la resolución, donde en un primer apartado expresa no se estiman de recibo los agravios expuestos por el ente acusador para dictar auto de formal procesamiento, remaneciendo las sospechas en cuanto a la participación del imputado en el ilícito mencionado; lo cual se sigue, acorde la motivación de la resolución de marras, de la valoración de las pruebas, donde se aprecia la inexistencia de un indicio razonable de quien o quienes fueron las personas que causaron la muerte del ofendido, debiendo el ente acusador recabar más pruebas para establecer tal indicio, tales como son: el reconocimiento en rueda, pruebas balísticas para estimar la correspondencia entre el arma decomisada al imputado y los elementos metálicos encontrados en el cuerpo del occiso; asimismo, la prueba de planimetría, declaraciones testificales y del perito forense: “… porque debido a la cantidad de disparos encontrados en el cadáver y la posición y trayectoria de estos, podría arrojar datos de participación de otras personas en la comisión del referido delito; (…)”. Fundamentando, finalmente, la Alzada, la procedencia de revocar el auto de sobreseimiento definitivo, dictado por el A Quo y la imposición, en su lugar, de un auto de sobreseimiento provisional, en lo establecido por el artículo 295 del Código Procesal Penal vigente. CONSIDERANDO (4): Que, finalmente, expresan los Abogados garantistas, que en lo relatado se reconoce una flagrante violación al debido proceso, así como del principio de legalidad reconocidos constitucionalmente; pues, además de la mala valoración de la prueba aportada y la interposición de pruebas falsas por el Ministerio Fiscal, resulta acorde a los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República, la violación de rango constitucional referente a la infracción del principio de congruencia y de la prohibición de reformas peyorativas, contenidas en los artículos 337 y 350 del Código Procesal Penal. Según éstas, los órganos jurisdiccionales, no pueden dar por acreditados otros hechos y circunstancias que las descritas en la formalización de la acusación, realizada por el Ministerio Público, por lo que, con base en los aludidos principios, no es posible existan reformas en perjuicio, o que éstas vayan más allá de lo pedido por las partes. Por otra parte, resultan violentados también, al observarse que el artículo 295 del Código Procesal Penal ordena que se dicte un sobreseimiento provisional, cuando la exigencia que conlleva el dictado de un sobreseimiento definitivo, es la de que exista la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, mismos que deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva, lo cual no ocurriría en el caso de autos. - Por todo lo cual, solicita se tenga por ratificado el presente recurso de amparo y que se otorgue, a favor de su representado, señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR, ratificándole el sobreseimiento definitivo dictado a su favor en la causa seguida en su contra por el delito de ASESINATO en perjuicio de MELVIN NOEL MURILLO MARTÍNEZ. CONSIDERADO (5): Que una preliminar observación del sistema de justicia penal hondureña, alude a la exigencia constitucional sita en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (6): Que un puntual desarrollo de la anterior preceptiva constitucional lo constituye la sujeción sistemático jurídica del Juez y las partes al modelo acusatorio formal, también denominado mixto o proacusatorio, el cual estaría basado en: “… una mezcla de caracteres inquisitivos y acusatorios, en función de las diferentes fases del proceso penal.”[1] Entre las principales características que los estudiosos de la materia le confieren a este modelo procesal penal, se le reconocen las siguientes: “1. Las funciones de acusar y juzgar están separadas: Juzga el órgano jurisdiccional y acusa un órgano público, el Ministerio Público (…) 2. Principio Acusatorio: Rige en toda su extensión el principio clave “no puede existir juicio sin acusación” (…) 3. División en dos fases del proceso: La primera es de investigación del delito y sus circunstancias y quien lo ha podido cometer, sirviendo sus actuaciones para meritar si se le acusa por ello o no; y otra para juzgarlo, practicándose las pruebas que demuestren su culpabilidad o inocencia (…) 4. La vista o acto del juicio oral se rige por los principios de oralidad, publicidad y contradicción (…) 5. Connatural al sistema acusatorio formal es el juicio con Jurado (…)”.[2] CONSIDERANDO (7): Que sigue reiterando la Sala, pronunciamientos anteriores, conforme a los cuales la garantía del Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales. Constituye entonces un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo, guiado a través de un debido proceso, el cual comprende, entre otros; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a los órganos jurisdiccionales, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y a ser oído en juicio, así como el derecho a resoluciones debidamente motivadas; a manera tal que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados y a que no exista incertidumbre respecto a las razones jurídicas que vinculan el caso, proscribiendo cualquier reminiscencia o propensión de la autoridad judicial al libre arbitrismo, en o desmedro al Estado de derecho. Comprende, en el caso de autos, el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara sobre las razones en que se fundó el Tribunal de Alzada, para revocar el auto de sobreseimiento definitivo dictado en la causa, imponiendo en su lugar, el dictado de sobreseimiento provisional al señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR por el delito de ASESINATO, en perjuicio del joven MELVIN NOEL MURILLO MARTÍNEZ. CONSIDERANDO (8): Que, vistos los antecedentes del caso por la Sala, se aprecia la alegación en sede de amparo de argumentos encontrados a la revocatoria dictada en sede de apelaciones, de actuaciones judiciales que derivaron en el libre sobreseimiento del imputado, señor LEOPOLDO ANDRES DURAN MAHOMAR; las cuales concernirían a las alegadas infracciones a las garantías de libertad y debido proceso, en su perjuicio, así como al principio de legalidad; que se consideran conculcadas por los garantistas, debido a la supuesta falencia argumentativa en los criterios fácticos y jurídicos esgrimidos por la Jurisdicción, los cuales estiman dictados en irrespeto a los actos esenciales del proceso y al derecho de libertad que asiste a su representado. CONSIDERANDO (9): Que, sin embargo, puede observarse como la fundamentación de la resolución impugnada en amparo no discierne la existencia de causa probable en el delito de ASESINATO por el cual se acusa al imputado, señor LEOPOLDO ÁNDRES DURÁN MAHOMAR; lo cual daría lugar, sin ningún atisbo de duda, al establecimiento de formal procesamiento en su contra; explicando, en su lugar, porque pende una sospecha, en forma subsidiaria, sobre la concurrencia personal del señor DURÁN MAHOMAR, en la consumación del ilícito acusado; pues tal se desprende de la regularidad formal y material de los elementos probatorios allegados por la Fiscalía a la audiencia inicial del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Con lo anterior, no se agravia el derecho a la tutela judicial efectiva del cual goza el imputado, ni se quebrantan el principio de legalidad, en relación a las garantías procesales del principio de congruencia y de prohibición de reforma peyorativa (reformatio in pejus); como se ha denunciado en formalización del presente recurso de amparo. Encuentra esta Sala de lo Constitucional, por el contrario, que tales principios fundantes de la juridicidad constitucional, se respetaron con la resolución impugnada, los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, de ser el caso tuviere éste que reanudarse ante la eventualidad de la aportación parcial o total del elenco probatorio concreto que establece en el caso concreto la Alzada; conditio sine qua non de procedibilidad a la continuación de la causa, sin incurrir en vulneración alguna a los derechos y garantías constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que, en conclusión, se aprecia a la vista del caso el respeto debido asumido por la Corte de Apelaciones recurrida a los derechos constitucionales invocados en la formalización del recurso de amparo, ajustándose la resolución bajo estudio a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; así como en congruencia al principio de Legalidad, establecidos ambos en la Constitución de la República y en el Bloque de Constitucionalidad. - Por todo lo cual procede, dictar sentencia desestimatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 65, 67, y, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende a solicitud de la Abogada Rosa Helena Bonilla Galindo, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-726-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Cuellar Cruz, Rigoberto, Fernández Entralgo, Jesús y Gómez Colomer, Juan Luis (Autores Coordinadores). Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Litocom, Tegucigalpa M.D.C., 2004. Págs. 10 y ss.

[2] Ídem.