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Sentencia AP-708-17 — Registro 12139

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable del delito de defraudación fiscal en perjuicio de administración pública; El Tribunal de Alzada comparte el criterio del juzgado de primera instancia en que no corresponde a éste declarar la nulidad de algún acto administrativo; al confirmarse la resolución recurrida se considera conforme a derecho que en caso de existir nulidades en sede administrativa por no respetar el debido proceso, deberán deducirse ante Autoridad Judicial de lo Contencioso Administrativo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"De la lectura del expediente se aprecia, que en vía administrativa, al acusado no se le notificaron los ajustes, ni la valoración realizada, y no se le realizo requerimiento alguno en el tramite aduanero, conforme a lo que establece el Código Aduanero Centroamericano (CAUCA) en sus artículos 46 y 47, en relación con los artículos 205 y 206 de su Reglamento (RECAUCA), los que detallan el procedimiento aduanero a seguir en casos como el presente, y que de haberse seguido hubiese permitido al encartado, una vez notificado aportar información, documentación y demás elementos probatorios que se le hubiesen requerido para comprobar la veracidad y exactitud del valor declarado originalmente, luego de vencido el plazo o de la presentación de las pruebas, debía notificársele que el valor declarado no seria aceptado para efectos aduaneros, determinando el valor asignado en la aduana a sus mercancías, fijándole diez días, para que se pronunciase y aportase las pruebas de descargo que considerase pertinentes, y la autoridad aduanera en un plazo de quince (15) días debía notificar la aceptación o rechazo del valor declarado, con las sanciones que correspondiesen, que al no aplicarse este procedimiento administrativo-aduanero, e interponer un Requerimiento Penal, a consideración de la Accionante en Amparo, se violentan los artículo 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en relación con los artículos 205, 206 y 350 de su Reglamento (RECAUCA), en relación con el artículo 90 Constitucional, contentivo del Principio Derecho al Debido Proceso y 82 Derecho de Defensa. La falta de notificación produce que se le hayan quebrantado los derechos del importador, a quien se le ha negado el derecho de probar que el precio declarado ante la Autoridad Aduanera corresponde al precio que su capacidad comercial le permitió conseguir en el exterior y que sea ese valor y no otro el que se consigne como base imponible para sus impuestos y derechos de aduanas que pagará..."..."los elementos del delito de Defraudación Fiscal se encuentran contenidos en el artículo 392-D, del Código Penal, estableciendo que: “Constituye delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del Fisco, considerándose como tales los siguientes: ....Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta del acusado no se enmarca en ninguno de ellos, por el simple hecho del no agotamiento del Procedimiento Administrativo-Aduanero establecido en el CAUCA Y RECAUCA. En ese sentido es preciso establecer que La falta de culminación del procedimiento administrativo aduanero señalado tanto por el CAUCA y su reglamento EL RECAUCA, limita los derechos del importador, y causa perjuicio cuando pesa sobre él una acusación criminal sin haber tenido la oportunidad de presentar todo el acervo probatorio a la autoridad aduanera que respalda la mercadería importada, que de resultar acorde a ley, nunca habría existido acusación penal en su contra, en consecuencia esta Sala aprecia que no puede imputarse al importador la falta de aplicación de las normas de procedimiento Aduanero ya por desconocimiento o por negligencia de la autoridad Aduanera; hacerlo es un actuar arbitrario que quebranta tanto el Derecho al Debido Proceso como el Derecho a la Defensa del acusado..."..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el Recurso interpuesto contra el auto de Formal Procesamiento de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), volviendo así propio dicho auto, con el que se quebranta el Debido Proceso establecido en el articulo 90 Constitucional en relación a los articulos 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y los artículos 205, 206 y 350 de su Reglamento (RECAUCA), y por ende el articulo 82 Derecho de Defensa y el articulo 92 Constitucional en relación al articulo 392-D del Código Penal, por lo que constando en el expediente examinado la vulneración a los Derechos Constitucionales reclamados por la impetrante; de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el Amparo Demandado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"De la lectura del expediente se aprecia, que en vía administrativa, al acusado no se le notificaron los ajustes, ni la valoración realizada, y no se le realizo requerimiento alguno en el tramite aduanero, conforme a lo que establece el Código Aduanero Centroamericano (CAUCA) en sus artículos 46 y 47, en relación con los artículos 205 y 206 de su Reglamento (RECAUCA), los que detallan el procedimiento aduanero a seguir en casos como el presente, y que de haberse seguido hubiese permitido al encartado, una vez notificado aportar información, documentación y demás elementos probatorios que se le hubiesen requerido para comprobar la veracidad y exactitud del valor declarado originalmente, luego de vencido el plazo o de la presentación de las pruebas, debía notificársele que el valor declarado no seria aceptado para efectos aduaneros, determinando el valor asignado en la aduana a sus mercancías, fijándole diez días, para que se pronunciase y aportase las pruebas de descargo que considerase pertinentes, y la autoridad aduanera en un plazo de quince (15) días debía notificar la aceptación o rechazo del valor declarado, con las sanciones que correspondiesen, que al no aplicarse este procedimiento administrativo-aduanero, e interponer un Requerimiento Penal, a consideración de la Accionante en Amparo, se violentan los artículo 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en relación con los artículos 205, 206 y 350 de su Reglamento (RECAUCA), en relación con el artículo 90 Constitucional, contentivo del Principio Derecho al Debido Proceso y 82 Derecho de Defensa. La falta de notificación produce que se le hayan quebrantado los derechos del importador, a quien se le ha negado el derecho de probar que el precio declarado ante la Autoridad Aduanera corresponde al precio que su capacidad comercial le permitió conseguir en el exterior y que sea ese valor y no otro el que se consigne como base imponible para sus impuestos y derechos de aduanas que pagará..."..."los elementos del delito de Defraudación Fiscal se encuentran contenidos en el artículo 392-D, del Código Penal, estableciendo que: “Constituye delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del Fisco, considerándose como tales los siguientes: ....Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta del acusado no se enmarca en ninguno de ellos, por el simple hecho del no agotamiento del Procedimiento Administrativo-Aduanero establecido en el CAUCA Y RECAUCA. En ese sentido es preciso establecer que La falta de culminación del procedimiento administrativo aduanero señalado tanto por el CAUCA y su reglamento EL RECAUCA, limita los derechos del importador, y causa perjuicio cuando pesa sobre él una acusación criminal sin haber tenido la oportunidad de presentar todo el acervo probatorio a la autoridad aduanera que respalda la mercadería importada, que de resultar acorde a ley, nunca habría existido acusación penal en su contra, en consecuencia esta Sala aprecia que no puede imputarse al importador la falta de aplicación de las normas de procedimiento Aduanero ya por desconocimiento o por negligencia de la autoridad Aduanera; hacerlo es un actuar arbitrario que quebranta tanto el Derecho al Debido Proceso como el Derecho a la Defensa del acusado..."..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el Recurso interpuesto contra el auto de Formal Procesamiento de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), volviendo así propio dicho auto, con el que se quebranta el Debido Proceso establecido en el articulo 90 Constitucional en relación a los articulos 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y los artículos 205, 206 y 350 de su Reglamento (RECAUCA), y por ende el articulo 82 Derecho de Defensa y el articulo 92 Constitucional en relación al articulo 392-D del Código Penal, por lo que constando en el expediente examinado la vulneración a los Derechos Constitucionales reclamados por la impetrante; de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el Amparo Demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, que declaro no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DE DELITOS TRIBUTARIOS, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON en su condición de gerente general de la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA.- Estimando el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendidos en los artículos 82, 90, 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha treinta (30) de junio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL CON COMPETENCIA EN DELITOS TRIBUTARIOS, el abogado CARLOS FABRICIO ERAZO ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON , a quien se le supone responsable del delitos de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- (Folios 1–100 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 2) Que continuando el trámite, el referido Juzgado, celebro audiencia inicial en fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el cual Resuelve: “PRIMERO: DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado CESAR KEINE IRIAS SERVELLON por suponerlo responsable de la comisión del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. - SEGUNDO:.-“(Folios 364–390 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 3) Que conociendo de los recurso de apelación interpuestos por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, defensora privada del imputado antes mencionado, y el abogado CARLOS FABRICIO ERAZO ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución dictada en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciseises (2016), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia en fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (2017) resolviendo lo siguiente: RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ defensora privada y CONFIRMAR la resolución impugnada.- SEGUNDO: DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, Revocar el sobreseimiento definitivo dictado a favor de RENAN PINEDA BARAHONA; que se dicte auto de formal procesamiento.” (Folios 443–456 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia). 4) Que la recurrente abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce de septiembre del dos mil diecisiete (2017) interponiendo acción de amparo a favor del señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, por considerar que la decisión de la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que Resuelve: “Esta Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso interpuesto por la Defensa Privada .- 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” Interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL DE DELITOS TRIBUTARIOS, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa instruida contra el señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON en su condición de gerente general de la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTIDORA AMERICANA S. DE R.L. DE C.V., por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, siendo lo resuelto en dicha sentencia lo siguiente: “Por todos los planteamientos expuestos, este Tribunal RESUELVE: 1.-) DECRETAR: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del imputado CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil “EMPRESA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA AMERICANA S.DE R.L. DE C.V.” por suponerlo responsable del delito de DEFRAUDACION FISCAL de generales ya conocidas, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.- 2.-) En relación a la medida cautelar a imponer, considera la suscrita pertinente MANTENER LA MEDIDA que le fueron otorgadas en la Audiencia de declaración de imputado.- 3.-) Sirven de fundamento legal a la presente resolución, los artículos 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 3, 12, 13, 14, 58 numerales 1 y 2, 141, 198, 294 reformado, 297 y 298 del Código Procesal Penal; 18, 19, 20, 24, 89, 90 y 91 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en relación al 12, 25, 42, 43, 45 numeral 4 del Código Tributario vigente y reformado; 8, 31, 32, 33, 35, 36, 59, 62, 66, 176, 177, 195, 316, 317, 323, 349, 265 y demás aplicables del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); 13, 34-A, 392-D numeral 1 y 10 del Código Penal.- POR NOTIFICADAS LAS PARTES DE LA PRESENTE RESOLUCION, para que dentro del término de tres días hábiles, hagan uso de los recursos que la ley les confiere.“.- Estimando la Accionante que con el Acto Reclamado se han Violentado a su representado los Derechos establecido en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que la Accionante argumenta, que existe vulneración a los Derechos Constitucionales de su mandante argumentando: “Articulo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.” A mi defendido nunca se le notificaron los ajustes, ni la valoración o requerimiento alguno dentro del trámite aduanero y además la mercadería todavía está en poder de la autoridad de aduanas, es así que antes de acusar judicialmente a mi representado tuvieron que seguir y agotar el tramite indicado en el Reglamento Centroamericano CAUCA y RECAUCA mismo que regula los procedimientos aduaneros, es así que a mi representado se le está violando el derecho de defensa.- Articulo 90 “Nadie puede ser juzgado si no por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. …” a mi representado se le están conculcando sus derechos en virtud de la no aplicación adecuada de la normativa Penal y Procesal Penal Vigente demostrándose fuera de toda duda Razonable la violación de las Normas de regulación de conductas Humanas, produciéndose indefensión de la Sociedad en General a las personas particulares que privan con sus acciones de los Derechos y Garantías que establece nuestra Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales sobre los Derechos en materia de Aduanas Importación de Mercancías de los cuales Honduras forma parte.- Articulo 92 “No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor …” Es decir que los requisitos para dictar auto de prisión son la plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca la pena de privación de libertad y el indicio racional de quien sea su autor, reafirmados estos presupuestos con lo preceptuado en el artículo 297 numeral 1, párrafo segundo del Código Procesal Penal; que para que una acción pueda calificarse como delito, deben concurrir todos los elementos del tipo penal, en caso de autos, el articulo 349 numeral 2 del Código Penal; requisitos estos que no concurren en el presente caso.” CONSIDERANDO (5): Que esta Sala luego de la lectura y análisis, detallado del expediente, resalta los siguientes hechos: 1) El Requerimiento Fiscal contra RENAN PINEDA BARAHONA y CESAR KEINE IRIAS SERVELLON fue presentado el 30 de junio del 2016 (folios del 1 al 12 de la primera pieza). 2) La Audiencia Inicial para el imputado CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, se llevó a cabo el 19 de octubre de 2016, en la misma el A-Quo se pronuncia sobre las nulidades planteadas diciendo; “Que la Nulidad consiste en la sanción de invalidez prescrita por la ley por adolecer el acto jurídico de un defecto constitutivo y referido a los actos del proceso, el vicio de nulidad es la ausencia de uno de los requisitos que en ellos debieron concurrir, que patentiza un estado anormal en el proceso, que coloca tales actos como potencialmente nulos y así los imposibilita para consumar su propia finalidad procesal.- Que, haciendo una valoración de la prueba documental aportada por la Incidentista, relaciona en primer lugar que la mercadería aún no se le ha otorgado el Levante por parte de la autoridad aduanera e igual ha quedado probado que la misma se encuentra en el Almacén de Deposito Fiscal COALSA.- Con el oficio firmado por la Licenciada Jacqueline Cruz Lanza de fecha 3 de mayo del año 2016, en la que se le solicito informara que método se había utilizado para realizar- el informe técnico de valoración, con dicho documento ha quedado probado que el utilizado era el método previsto en el artículo 3 del acuerdo GATT que fue el de transacción de mercaderías similares en virtud de no haber según dicho informe podido utilizar los artículos 1 y 2, por lo que las autoridades aduanera dispusieron utilizar dicho método en base al análisis que hizo en relación a la factura y la DUA y la autoliquidación que ya se encuentran agregados a los autos.- Que haciendo un análisis del primer incidente con relación a los establecido en el artículo 166 numerales 5, que se refiere a la infracción de las normas esenciales de procedimientos establecidos '- por este código, que impida que el acto logré la finalidad que persigue la norma Correspondiente y numeral 6 con infracción de los principios de igualdad entre las partes, de audiencia, contradicción, asistencia y defensa, siempre que haya producido una efectiva indefensión ambos en el código procesal penal, y que se refiere a la aplicación de multas administrativas en el informe de valoración y que el Ministerio Publico inserto en su requerimiento fiscal, basado en el dictamen de valoración elaborado por personal adscrito al departamento de Valoración Aduanera, esta multa del 25% se encuentra establecida en el Articulo 177 del Decreto 393-2013 reformado, y que nada tiene que ver con la multa como pena principal que establece el artículo 392 E del Código Penal, ya que esta es aplicable en caso de que el Imputado obtenga una sentencia condenatoria, lo que se le impondrá además de la pena de reclusión una multa equivalente al 50% de los Impuestos dejados de percibir, en relación a estos dos numerales considera que en ningún momento se han violentado, ya que las multas administrativas son impuesta por autoridad administrativa y las multas penales por el Juez penal que conoce de la causa en el caso de una sentencia condenatoria e igual en esta audiencia no se han violentado en ningún momentos principios en base al numeral 6 del artículo 166, por tal motivo ES PROCEDENTE DECLARAR SIN LUGAR EL PRIMER INCIDENTE DE NULIDAD impetrado por la defensa técnica del encausado. Y si dichos principios no fueron observados en sede Administrativa, no corresponde a este Juzgado de Letras Penal declarar la Nulidad de algún acto administrativo, ya que la petición de nulidad peticionada no constituye un acto de nulidad procesal en vía jurisdiccional, la normativa establecida en la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo (Decreto 189-1987) ha dejado bien establecido en cuanto a quien tiene la competencia objetiva para conocer sobre las nulidades en cuanto a los actos administrativos, según lo establecen los artículos 1 y 3 en cuando a la finalidad y competencia "Por la presente Ley se regula le Ley de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que se -encarga de conocer las pretensiones que deduzcan en relación con los actos de carácter. particular o general de la administración pública sujetos al Derecho Administrativo" y " lo que debe conocer dicha jurisdicción e igual los artículos 13, 14, 33 Y 34 de dicha ley se refieren a las pretensiones, Articulo 13 "Podrán demandar la declaración de ilegalidad y anulación de los actos de carácter particular y general de. la administración pública los siguiente: 1) quienes tuvieren interés directo y legitimo en ello."- De igual manera, en relación al segundo incidente de nulidad planteada por la defensa técnica del encausado y con fundamento en el artículo 166 numeral 7 y que se refiere a la violación de los derechos y libertades fundamentales de las personas, consagradas por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás Leyes, y en cuanto a lo alegado por la Incidentista en cuanto a que a su representado no se le ha notificado ninguna actuación por parte del ente administrativo como lo fue la Dirección Ejecutiva de Ingresos violentando así artículos como ser 205 y 204 del Recauca, relacionado con el 46 y 47 del CAUCA y que se refieren al procedimiento que tuvo que llevar a cabo la autoridad aduanera en relación al caso que nos ocupa y se refiere a la falta de notificación a su representado de las actuaciones que se realizaron, en caso de que exista duda razonable por dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, pudiendo haber pedido una explicación al importador.- De Igual manera esta Juzgadora insiste en que las nulidades en caso de existir en sede administrativa por no respetar el debido proceso, deberán ser deducidas ante la Autoridad Judicial de lo Contencioso Administrativo, tal y como se ha indicado anteriormente, ya que no es una nulidad procesal, no violatoria de derechos fundamentales que ha nacido de las actuaciones procesales de este Juzgado, por lo que también es procedente DECLARAR SIN LUGAR EL SEGUNDO INCIDENTE DE NULIDAD interpuesto por la defensa técnica del encausado.” (folios 369 al 391 de la primera pieza).- 3) Contra lo resuelto en Audiencia Inicial la defensa del señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, interpuso Recurso de Apelación, argumentando en el mismo; “PUNTOS DE HECHO.- Esta Defensa Privada considera que la señora Juez recurrida al valorar los medios de prueba propuestos por la Defensa del imputado y evacuados valoro en un criterio confuso y no claro en el sentido siguiente; 1).- En lo resuelto en cuanto al primer Incidente de Nulidad planteado en base al artículo 166 numeral 5) y 6) del Código Procesal Penal, la Juez del A-quo resuelve Declarar Sin Lugar dicha nulidad planteada por la defensa Técnica, esta Defensa es del criterio que se ha violado el principio de igualdad y contradicción ya que a mi representado nunca se le notifico ajustes, valoración o requerimiento alguno en la vía del trámite Aduanero que inclusive dicha mercancía esta aun en poder de la Autoridad de Aduanas; es así que antes incluso de poder irse a una vía Judicial Penal debió agotarse lo indicado en el Reglamento Centroamericano CAUCA y RECAUCA que regula los procedimientos Aduaneros; Por no tener mi representado una resolución o notificación que pudiera agotar en vía Administrativa y aun sin haber Levante de mercancías no podríamos acudir a una Vía Contencioso Administrativa ya que para acudir en esta Vía necesitamos una resolución y haber agotado un trámite completo, situación que no se dio en este caso y se Violo el Debido Proceso no de la ley Administrativa ni de Código Tributario que son dos vías alternas administrativas que existen en nuestra legislación, si no que la vía Administrativa Aduanera que rige el acuerdo CAUCA y RECAUCA, ya que no podemos enmarcar la vía administrativa de dos leyes especiales que serían Código Tributario o Acuerdo CAUCA y RECAUCA YA QUE LA NORMATIVA DE LA Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo detalla en su artículo 4 numeral a) donde no es competente esta ley y enumera en este numeral " ... las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuyan por una ley y otra Jurisdicción .... " Es así que existe antes una ley de Aduana interna y un acuerdo CAUCA y RECAUCA que rigen los procedimientos en aduanas y antes de aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo se aplica la especial que es la Ley de Aduanas y Acuerdo Centroamericano tampoco cabria aplicar la ley del Código Tributario en cuanto a procedimiento administrativo ya que lo que acá se trata es una importación de mercadería en Aduana; por ende para agotar esta vía de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo no cabe en este caso que nos ocupa y más allá de esto no existe ninguna notificación O resolución que pueda mi representado tener para ver impugnada la misma en esta vía ver articulo 28 y 42 de la LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que refiere cuando se aplica esta ley.- En el segundo incidente de Nulidad planteado por la defensa en base al artículo 166 numeral 7) del Código Procesal Penal que refiere este numeral a la Violación de los derechos y libertades fundamentales de las personas consagradas a la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes, la Juez declara SIN LUGAR este segundo Incidente y refiere nuevamente que esto debió deducirse ante la Autoridad Judicial de Lo Contencioso Administrativo tal como indica anteriormente; la Autoridad Aduanera violento el debido proceso de mi representado ya que no solicito a el cualquier duda o comprobación de valor, ver articulo 204 y 205 del RECAUCA relacionados con los artículos 46 y 47 del CAUCA ya que la mercancía aún permanece bajo vigilancia y control de la Autoridad Aduanera es así que no puede existir el DELITO de DEFRAUDACION FISCAL porque la mercancía esta aun en Zona Primaria no en disposición o poder de mi cliente por ende se ha acreditado como prueba que mi representado sin tener disposición de la mercancía está acusado por delito de Defraudación Fiscal por una valoración que realizo en valoración de DARA sin ser notificada nunca a mi representado y de donde se derivan esos valores y comparaciones de valor. Que se incumplió el articulo 350 numerales 1), 2) y 3) de RECAUCA, violando el debido proceso a mi representado y llevándolo de un solo a la vía Penal.- PRIMERO: La señora Juez omitiendo el principio de dependencia recursiva, motiva su resolución en la que decreta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra CESAR KEINE IRIAS SERVELLON en su condición de Gerente General de la empresa DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA AMERICANA S. DE R.L. DE C.V. , a quien se le supone responsable del delito de Defraudación Fiscal en perjuicio de ADMINISTRACION PUBLICA y en su Inciso Quinto de la resolución emitida el A-quo admite que "..si bien es cierto en relación al artículo 204 y 205 del RECAUCA en cuanto al existir una duda razonable o un mal procedimiento esto tuvo que habérsele notificado al importador o al agente Aduanero que en estos casos constituye un representante legal de su cliente como lo es el importador lo que se encuentra preceptuado en el artículo 90 del RECAUCA no es menos cierto que al no existir esa duda razonable proseguirá el procedimiento ordinario establecido ya en nuestra legislación Nacional e Internacional a la que Honduras está Adscrita .." en este inciso el A quo es confuso al aceptar la aplicación de estos artículos 204 y 205 del RECAUCA que la defensa ha mencionado y acepta también el A-Quo que debe aplicarse los tratados y acuerdos que Honduras está Adscrito y refiere después el sobrante del 2018 unidades que sobrepasan lo establecido en el artículo 265 del RECAUCA y aún más refiere que dicho sobrante no sea mayor al cinco por ciento del peso o volumen ... " Señores Magistrados el caso que nos ocupa en esta importación no tiene relación alguna con el artículo 265 del RECAUCA que refiere" caso especial de diferencia. En el caso de carga a granel, no se requerirá la.,,- justificación de las diferencias siempre que estas no sean mayores al cinco por ciento del peso o volumen, en su caso respecto de lo manifestado" , Carga a granel es la carga como el combustible, granos, aceites y cemento en volumen que estas cargas no son por unidades si no que a granel eso es lo que refiere este artículo, en nuestro caso la misma Juez del A quo señala en este inciso sobrante de 2018 unidades que constan tanto en requerimiento fiscal presentado como inspecciones realizadas por la Fuerza Nacional de Anti evasión por lo que este artículo señalado por el A-quo no es congruente ni justifica este caso, pero si el RECAUCA refiere los procedimientos cuando existan sobrantes o faltantes en el caso de los sobrantes el artículo 264 del Recauca explica cual es procedimiento aplicar y no aplica una sanción alguna o refiere defraudación fiscal. El RECAUCA DEFINE EL CONCEPTO DE: SOBRANTE: las mercancías descargadas del medio de transporte en que ingresaron al territorio Aduanero, que representan un exceso de las incluidas en el manifiesto de carga (264 RECAUCA)." (Folios 394 al 407 de la primera pieza).- 4) La Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán mediante sentencia de fecha 31 de enero de 2017, confirmo el fallo del Ad-Quem volviendo propios los argumentos de este. (Folios 443 al 449 de la primera pieza). CONSIDERANDO (6): Que esta Sala en la continuación del estudio del caso procede a la lectura de los artículos siguientes; de la Constitución: “Artículo 90.- Nadie puede ser juzgado si no por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”.- Del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); “Artículo 46. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Para efectos de su determinación, la obligación tributaria aduanera nace: 1°. Al momento de la aceptación de la declaración de mercancías, en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades; 2°. Al momento en que las mercancías causen abandono tácito; 3°. En la fecha: a) De la comisión de la infracción aduanera penal; b) Del comiso preventivo, cuando se desconozca la fecha de comisión; o, e) En que se descubra la infracción aduanera penal, si no se pueda determinar ninguna de las anteriores; y, 4° Cuando ocurra la destrucción, pérdida o daño de las mercancías, o en la fecha en que se descubra cualquiera de tales circunstancias, salvo que éstas se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor.” Del mismo cuerpo legal: “Artículo 47. Tributos aplicables para determinar el monto de la garantía en los regímenes temporales o suspensivos. En los regímenes temporales o suspensivos, el momento de la aceptación de la declaración al régimen, determinará los tributos aplicables a efecto de establecer el monto de la garantía, cuando ésta corresponda. - En caso de cambio de un régimen temporal o suspensivo a uno definitivo, se estará a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo anterior.” Del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); “Artículo 205. Actuaciones de la autoridad aduanera. De conformidad con el Artículo anterior, la Autoridad Aduanera procederá a realizar las actuaciones siguientes: a) Solicitar al importador para que, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación, aporte información, documentación y demás elementos probatorios que se le requieran, para comprobar la veracidad y exactitud del valor declarado originalmente.- En el caso que las pruebas requeridas deban obtenerse en el extranjero, el plazo será de treinta días, siempre que el importador lo solicite dentro de los diez días a que se refiere el párrafo anterior.- b) En el caso que, con la información y documentación presentada por el importador, se desvanezca la duda razonable, la Autoridad Aduanera, dentro de los diez días siguientes, contados a partir de la presentación de las pruebas requeridas, notificará al importador la aceptación del valor declarado; sin perjuicio de las facultades que el Servicio Aduanero tiene para realizar las comprobaciones a posteriori.- e) Transcurrido el plazo indicado en el literal a) del presente Artículo, el importador no suministra la información requerida, o bien la información presentada no desvanezca la duda razonable, la Autoridad Aduanera, dentro de los diez días siguientes contados a partir del vencimiento de dicho plazo o de la presentación de las pruebas, notificará al importador que el valor declarado no será aceptado a efectos aduaneros y le indicará el valor en aduana que le asignará a sus mercancías importadas, fijándole diez días contados a partir del día siguiente de la notificación para que se pronuncie y aporte las pruebas de descargo correspondientes.- d) Vencido el plazo concedido al importador en el literal anterior, o a partir de la fecha de la presentación de las pruebas de descargo, la Autoridad Aduanera, deberá notificar dentro de los quince días siguientes la aceptación o el rechazo del valor declarado; sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.- e) Vencido el plazo que tiene la Autoridad Aduanera indicado en el literal anterior, para determinar y notificar el valor en aduana, no lo efectúe, previa solicitud del importador se procederá a autorizar el levante de las mercancías o liberar la garantía constituida en su oportunidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo de este Reglamento; sin perjuicio de las facultades que tiene el Servicio Aduanero para realizar la comprobación y determinación del valor en aduana posterior al despacho, dentro del plazo establecido en el Código.- La Autoridad Aduanera, requerirá al importador por escrito o por los medios que el Servicio Aduanero establezca, lo indicado en el presente Artículo, de igual forma el importador responderá por los medios establecidos. El importador no incurrirá en infracciones ni estará afecto al pago de multas, cuando la Autoridad Aduanera no acepte el valor declarado como valor de transacción por concurrir las circunstancias que establece el Artículo 1 numeral 1 del Acuerdo y siempre que el importador así lo indique en la Declaración del Valor.”.- Del mismo cuerpo legal: “Artículo 206. Motivos para rechazar el valor de transacción. El Servicio Aduanero, también procederá a rechazar el valor declarado por el importador y determinará el valor en aduana de las mercancías importadas, con base en los métodos sucesivos del Acuerdo, en los siguientes casos: a) No llevar contabilidad, no conservarla o no ponerla a disposición del Servicio Aduanero y los demás documentos relativos al comercio exterior, exigibles; b) Negarse al ejercicio de las facultades de comprobación del Servicio Aduanero; c) Omitir los registros o alterar información de las operaciones de comercio exterior en la contabilidad; d) No cumplir con los requerimientos del Servicio Aduanero para presentar la documentación o información, en el plazo otorgado; que acredite que el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones del Acuerdo y este Reglamento; e) Cuando se compruebe que la información o documentación presentada sea falsa o contenga datos falsos o inexactos o cuando se determine que el valor declarado no fue establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo y el presente Capítulo; o, f) Cuando se requiera al importador que demuestre que la vinculación no haya influido en el precio y éste no demuestre dicha circunstancia.” Del mismo cuerpo legal: “Artículo 350. Autorización del levante. El Servicio Aduanero autorizará el levante de las mercancías en los casos siguientes: a) Cuando presentada la declaración de mercancías no corresponda efectuar la verificación inmediata; b) Si efectuada la verificación inmediata, no se determinan diferencias con la declaración serán de mercancías o incumplimiento de formalidades necesarias para la autorización del régimen solicitado; o e) Cuando efectuada la verificación inmediata y habiéndose determinado diferencias con la declaración de mercancías, éstas se subsanen, se paguen los ajustes y multas, o en los casos en que proceda, cuando así se exija por la Autoridad Aduanera, se rinda la garantía correspondiente.- El levante no se autorizará en el caso previsto en el literal e) del párrafo anterior, cuando la mercancía deba ser objeto de comiso administrativo o judicial de conformidad con la Ley.” CONSIDERANDO (7): De la lectura del expediente se aprecia, que en vía administrativa, al acusado no se le notificaron los ajustes, ni la valoración realizada, y no se le realizo requerimiento alguno en el tramite aduanero, conforme a lo que establece el Código Aduanero Centroamericano (CAUCA) en sus artículos 46 y 47, en relación con los artículos 205 y 206 de su Reglamento (RECAUCA), los que detallan el procedimiento aduanero a seguir en casos como el presente, y que de haberse seguido hubiese permitido al encartado, una vez notificado aportar información, documentación y demás elementos probatorios que se le hubiesen requerido para comprobar la veracidad y exactitud del valor declarado originalmente, luego de vencido el plazo o de la presentación de las pruebas, debía notificársele que el valor declarado no seria aceptado para efectos aduaneros, determinando el valor asignado en la aduana a sus mercancías, fijándole diez días, para que se pronunciase y aportase las pruebas de descargo que considerase pertinentes, y la autoridad aduanera en un plazo de quince (15) días debía notificar la aceptación o rechazo del valor declarado, con las sanciones que correspondiesen, que al no aplicarse este procedimiento administrativo-aduanero, e interponer un Requerimiento Penal, a consideración de la Accionante en Amparo, se violentan los artículo 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en relación con los artículos 205, 206 y 350 de su Reglamento (RECAUCA), en relación con el artículo 90 Constitucional, contentivo del Principio Derecho al Debido Proceso y 82 Derecho de Defensa. La falta de notificación produce que se le hayan quebrantado los derechos del importador, a quien se le ha negado el derecho de probar que el precio declarado ante la Autoridad Aduanera corresponde al precio que su capacidad comercial le permitió conseguir en el exterior y que sea ese valor y no otro el que se consigne como base imponible para sus impuestos y derechos de aduanas que pagará. CONSIDERANDO (8): Que los elementos del delito de Defraudación Fiscal se encuentran contenidos en el artículo 392-D, del Código Penal, estableciendo que: “Constituye delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del Fisco, considerándose como tales los siguientes: 1) Cuando medie violación o falsificación de sellos, timbres, marcas, precintos, candados, conocimientos de embarque, facturas comerciales, certificados de origen, documentos o cualquier otro medio de seguridad o que se realice cualquier operación que altere la calidad, clase, cantidad, peso, valor y procedencia de los bienes o mercancías.- 2) La sustitución de mercancías importadas temporalmente por otros bienes o mercancías en el momento de su reimportación; 3) La disminución total o parcial de cualquier impuesto, contribución o tasa análoga a los que se originan con motivo de cualquier operación o transacción fraudulenta; 4) El uso indebido de franquicias, exenciones o privilegios fiscales, concedido al amparo de leyes tributarias o especiales o convenios vigentes, por razón el carácter institucional del beneficio, del cargo o del ejercicio de la función que se desempeñe: 5) La utilización de bienes o mercancías introducidas al país, al amparo de franquicias o de regímenes especiales o que implique la reducción del pago de tributos, con fines o propósitos distintos de aquellos para los cuales fue concedido el beneficio fiscal; 6) La realización de cualquier acto de comercio con base en documentos que amparen bienes o mercancías, total o parcialmente exentos del pago de los gravámenes aduaneros, sin haber cumplido las formalidades aduaneras o legales, según corresponda; 7) La enajenación, a cualquier título de bienes o mercancías importadas temporalmente, cuando no se hayan llenado las formalidades aduaneras para la nacionalización definitiva de los mismos; 8) La enajenación, a cualquier título, por parte de funcionarios o empleados públicos, de bienes o mercancías que hayan sido introducidas al país al amparo de franquicias aduaneras, salvo que aquellas se efectúen en cumplimiento de la ley; 9) La enajenación, a cualquier título de bienes o mercancías depositadas en almacenes generales de depósito o depósitos aduaneros, en regímenes especiales aduaneros y asociaciones, cooperativas u otros establecimientos similares que efectúen o reciban importaciones libres de gravámenes.- 10) La clasificación o valoración indebida de los bienes o mercancías importadas, con fines de disminuir el pago de los tributos respectivos; 11) La disminución indebida del valor o del a cantidad de los bienes o mercancías, objeto de aforo por virtud de dalos, menoscabos, deterioros o desperfectos.- 12) El otorgamiento u obtención fraudulenta de alguna concesión, permiso o licencia, para importar bienes o mercancías, total o parcialmente libres de impuestos; 13) La tasación de bienes o mercancías objeto de remate con un valor inferior al monto de los impuestos, contribuciones y tasas a pagar; 14) Llevar dos (2) o más sistemas contables, registros o respaldos documentales en perjuicio del Fisco; 15) Ocultar, alterar o destruir total o parcialmente los registros contables, así como la documentación relativa de los asientos contables, antes de la prescripción del plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria.- 16) Intentar o evadir el pago de tributos propios o ajenos, provocando o intentando provocar su insolvencia patrimonial o la de un tercero; 17) El cumplimiento de los responsables o agentes de retención de retener, los valores correspondientes, cuando no se subsane tal hecho en la forma prevista en el artículo 184 del Código Tributario; 18) Exhibir libros de contabilidad, registros o respaldos documentales contradictorios con los datos que surjan de las declaraciones o de las informaciones que obran en poder de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) o que resulten de las investigaciones o verificaciones hechas por esta; cuando la veracidad de tales hechos haya sido demostrada; 19) Omitir en las declaraciones o informaciones que le suministre a las autoridades tributarias, datos o informaciones que de cualquier modo tergiversen sus obligaciones tributarias; y, 20) Realizar sus operaciones en establecimientos o locales clandestinos. Se entenderá por tales los que, siendo obligatorio declararlos u obtener autorización o licencia ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), no lo hubiesen hecho.” Que analizados cada uno de los verbos rectores que anteceden, esta Sala encuentra que ciertamente la conducta del acusado no se enmarca en ninguno de ellos, por el simple hecho del no agotamiento del Procedimiento Administrativo-Aduanero establecido en el CAUCA Y RECAUCA. En ese sentido es preciso establecer que La falta de culminación del procedimiento administrativo aduanero señalado tanto por el CAUCA y su reglamento EL RECAUCA, limita los derechos del importador, y causa perjuicio cuando pesa sobre él una acusación criminal sin haber tenido la oportunidad de presentar todo el acervo probatorio a la autoridad aduanera que respalda la mercadería importada, que de resultar acorde a ley, nunca habría existido acusación penal en su contra, en consecuencia esta Sala aprecia que no puede imputarse al importador la falta de aplicación de las normas de procedimiento Aduanero ya por desconocimiento o por negligencia de la autoridad Aduanera; hacerlo es un actuar arbitrario que quebranta tanto el Derecho al Debido Proceso como el Derecho a la Defensa del acusado. CONSIDERANDO (9): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos,(el subrayado es nuestro). De acuerdo a la Doctrina El principio de subsidiariedad, en materia penal en su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema. El principio de subsidiariedad penal, o ultima ratio, establece que si la protección del conjunto de la sociedad puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho Penal, habrá que prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y contundente. De esta manera, el Derecho penal es utilizado como último recurso, exclusivamente para cuando se trate de bienes jurídicos que no puedan ser protegidos mediante el Derecho Civil, Derecho Aduanero, Derecho administrativo entre otros. CONSIDERANDO: (10)Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el Recurso interpuesto contra el auto de Formal Procesamiento de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), volviendo así propio dicho auto, con el que se quebranta el Debido Proceso establecido en el articulo 90 Constitucional en relación a los articulos 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y los artículos 205, 206 y 350 de su Reglamento (RECAUCA), y por ende el articulo 82 Derecho de Defensa y el articulo 92 Constitucional en relación al articulo 392-D del Código Penal, por lo que constando en el expediente examinado la vulneración a los Derechos Constitucionales reclamados por la impetrante; de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 numeral 1, de la Constitución de la República; 46 y 47 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano; 205, 206 y 350 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano; 297.1 código Procesal Penal; 392-D del Código Penal; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor CESAR KEINE IRIAS SERVELLON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán de fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, que confirma la sentencia de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios. SEGUNDO: Que se emita una resolución conforme al Debido Proceso y en respeto al Derecho de Defensa tal y como se ha explicado en los acápites anteriores. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0708=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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