Sentencia AP-693-18 — Registro 12137
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución dictada por el Tribunal de Sentencia que declaró sobreseimiento definitivo a favor de imputado, por razón de prescripción de la acción penal por suponerlo responsable del delito de posesión de drogas para consumo en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras; en apelación se consideró que el proceso se ha mantenido en inactividad jurisdiccional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos..."..."únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar prescrito un delito, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional .-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con relación a la causa instruida contra el señor GUSTAVO ADOLFO AMADOR CHACON por suponerlo responsable del delito de CONSUMO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil doce (2012), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, la Abogada ANA LIZETH VASQUEZ ALVAREZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el Señor GUSTAVO ADOLFO AMADOR CHACON, por el delito de CONSUMO DE DROGA, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–6 de la pieza del A-Quo).-2) Que en fecha trece (13) de enero de dos mil quince (2015), se dio inicio a la Audiencia Preliminar, misma que se tuvo por concluida en la misma fecha, en donde el citado Juzgado solicita Auto de Apertura a Juicio; asimismo en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil quince (2015), se decreta el auto de apertura a juicio y remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencias Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua; mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil quince (2015). (Folios 72-73 y 74 de la pieza del A-Quo) y (Folio 4 de la pieza del Tribunal).-3) En fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de dicha Sección Judicial por mayoría de votos de sus miembros decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por razón de prescripción a favor del Señor GUSTAVO ADOLFO AMADOR CHACON por el delito de CONSUMO DE DROGA. (Folios 26-27 de la pieza del Tribunal).-4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada EVA LINETH BUSTILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, Falló: (SIC) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado el Ministerio Público contra la resolución que OTORGA la Prescripción de la acción penal, en las diligencias del proceso seguido contra el acusado GUSTAVO ADOLFO AMADOR CHACON, a quien se le sindica responsable del delito de POSESION DE DROGAS PARA CONSUMO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua en fecha veinticinco de enero del dos mil dieciocho:- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION MAYORITARIA RECURRIDA, BAJO LOS FUNDAMENTOS EPXRESADOS POR ESTA ALZADA.-” (Folios 8–11 de la pieza del Ad- Quem).-5) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–10 del Presente Recurso).-6) Que en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 34 del Presente Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ a favor del ESTADO DE HONDURAS se dirige contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con relación a la causa instruida contra el señor GUSTAVO ADOLFO AMADOR CHACON por suponerlo responsable del delito de CONSUMO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, vulnera el Debido Proceso, al omitir o ignorar los actos tanto jurisdiccionales como de parte que constituyen actividad procesal con la que se interrumpió la prescripción del delito.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil dieciocho (2018), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua, se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que al analizar la pieza de autos, que hay momentos en el que el proceso se ha mantenido en inactivad; y, que esa inactividad se da cuando no hay actitud activa de parte, que motive la actividad jurisdiccional, es decir que no se realicen actos de ningún tipo o en su defecto que ante las peticiones planteadas en el proceso estas no sean capaces de producir actividad jurisdiccional, más que meros intereses de la parte solicitante.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es declarar prescrito un delito, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6)) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0693-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL