Sentencia AP-656-18 — Registro 12339
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución de juzgado de primera instancia que declaró sin lugar solicitud de recurrente de diligencias previas de extracción de la información contenida en el aparato telefónico encontrado en la escena del crimen al momento del levantamiento del cadáver del ofendido, además se nominó perito y se solicitó su juramentación; El Tribunal de Alzada considera que la pericia de recurrente es acorde para asuntos meramente técnicos e investigativos en el caso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"es en la persona del Juez en base al artículo 7 de la Ley especial el garante en las actuaciones procesales haciendo valer el Estado de Derecho, para que toda persona ejerza libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción, es por eso que en el caso particular la procedencia de la pericia del Ministerio Público es acorde para asuntos meramente técnicos e investigativos en el caso del hallazgo de un teléfono móvil en la escena del crimen, siendo pertinente que la autorizada jurisdiccional regule la designación de un perito con su nombramiento para que rinda el informe vertido por la sentencia del Tribunal de Alzada de fecha 21 agosto del 2018 a fin de garantizar la tutela judicial efectiva. Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán es consecuente con los argumentos esgrimidos por la impetrante, por lo que se considera que en esta vía constitucional no vulnera el Debido Proceso, y el Derecho a la Defensa, así como el Derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, consecuentemente así no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser confirmado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 100 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 12 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 93 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 273 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORZAN, en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que otorga el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la solicitud de diligencias previas para investigar la muerte del señor CARLOS ALBERTO PAZ NOLASCO. Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90 y 100 comprendidos en la Constitución de la República. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, presentando solicitud que se ordene mediante decreto judicial con carácter de urgente vaciado y extracción telefónica del número de la víctima, (32866295) desde la fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciocho(2018). (Folio 1 al 3 de la pieza del juzgado).-2) Que en la misma fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, RESOLVIÓ: DECLARAR SIN LUGAR; 1) la Solicitud planteada por la Fiscal del Ministerio Público. (Folio 4 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, interpuso Recurso de Reposición contra la resolución de fecha veintisiete (27) de abril de año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. (Folio 5 al 7 de la pieza del Juzgado) .-4) Que en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Resolvió: Declarar Sin Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO. (Folio 8 al 9 de la pieza del Juzgado) .-5) Que en fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán , recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 82, 90 y 100 de la Constitución de la República. (Folio 01 al 7 de la pieza de Corte de Apelaciones) .-6) Que en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, “FALLA: “OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO del cual se ha hecho merito…” (Folios 30 al 32 de la pieza de Corte de Apelaciones).-7) Que en fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.-CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (4): Que se conoce Recurso de Amparo venido en Consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORZAN, en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que otorga el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la solicitud de diligencias previas para investigar la muerte del señor CARLOS ALBERTO PAZ NOLASCO.-CONSIDERANDO (5): Que la impetrante tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 22) alude que el órgano jurisdiccional en el presente caso es evidente que el tribunal de primera instancia no resolvió concretamente en su resolución una respuesta efectiva a la totalidad de sus peticiones planteadas, vulnerando el artículo 90 y 100 de la Constitución de la República, al solicitar las investigaciones de la muerte del señor CARLOS ALBERTO PAZ NOLASCO, diligencias previas consistentes en obtener de las compañías telefónicas el listado de llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica, solicitando para tal extremo la autorización para proceder a la extracción de la información contenida en el aparato telefónico encontrado en la escena del crimen al momento del levantamiento del cadáver del ofendido para lo cual se nominó un perito y se solicitó de que se procediera a su juramentación, con el objetivo de no violentar la garantía constitucional del secreto de las comunicaciones, por lo que amparado en el artículo 273 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público, puede realizar cualquier diligencia siempre y cuando no atente con algún derecho garantizado en la Constitución de la República, considerando que el aparato telefónico podría contener información como ser mensajes de texto, mensajes de voz, cuentas de redes sociales, audios, videos e imágenes, las cuales se puede violentar la garantía del secreto de las comunicaciones de las personas vivas que se comunicaron con el ofendido, igualmente es probable encontrar imágenes de menores, de esta igual forma se estaría violentando los derechos de éstos, entre ellos el derecho a la imagen, al quedar expuesto a la vista de terceros, por ende no se debe limitar esa garantía Constitucional sin seguir los procedimientos legales que establece la Ley, aunque el Ministerio Público cuente con el aparato telefónico como un indicio que fue decomisado en la escena del crimen al momento de encontrar el cuerpo del ofendido. Que siendo él A Quo el encargado de dar la respectiva autorización, ha realizado una interpretación errónea del artículo 7 de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas obviando el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley Especial que establece: “Garantizar el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, así como otros derechos fundamentales sea que estén establecidos o no en la Constitución de la República”; por lo que extraer información de un aparato telefónico se tiene acceso a comunicaciones de carácter privado ya que el artículo 20 del mismo cuerpo legal establece el resguardo del expediente en la etapa administrativa, instruyéndose que el órgano jurisdiccional deberá llevar un control de las intervenciones con la finalidad de preservar la reserva y confidencialidad de las investigaciones, las que no se pueden llevarse a cabo sin que medie la autorización del órgano jurisdiccional facultado para limitar la misma.-CONSIDERANDO (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas.-CONSIDERANDO (7): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la Tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva.-CONSIDERANDO (8): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. -CONSIDERANDO (9): Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. -CONSIDERANDO (10): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”.-CONSIDERANDO (11): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.-CONSIDERANDO (12): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional.-CONSIDERANDO (13): Que la intimidad como derecho fundamental es reconocido en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos ratificados por Honduras, entre estos La Convención Americana de Derechos Humanos[3]; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[4]; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos[5], al disponer que nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.-CONSIDERANDO (14): Que el derecho a la intimidad es definido en la doctrina, como lo secreto, lo desconocido por terceros, lo reservado al conocimiento del propio sujeto o al estrecho círculo de sus miembros, excluyendo de dicha concepción aquellos hechos o situaciones producidos en lugares públicos y respecto de los cuales no hubo intención de mantenerlos ocultos para terceros, aspecto que por ende representa que la intimidad debe ser entendida como el derecho que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y otros, originando que a nivel del ordenamiento jurídico nacional, esté protegido en diversas normas constitucionales.-CONSIDERANDO (15): Que dentro de la esfera de la intimidad, es indudable que queda comprendida, el contenido de la comunicación privada que las personas efectúan entre sí, y por tal razón la norma constitucional de igual forma le brinda protección especial, circunstancia que refleja que el secreto a las comunicaciones es un derecho fundamental vinculado directamente al derecho a la intimidad de la persona como derecho fundamental, por lo que su violación al tenor del ordenamiento jurídico nacional, implica la aplicación de sanción penal a las personas que llevan a cabo cualquier acto que atente contra la libertad de privacidad de las comunicaciones, de lo anterior en consonancia con el artículo 100 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunidades, en especial las postales, telegráficas y telefónicas, es por ello que solo puede ser restringido por mandato expedido por el órgano jurisdiccional competente con las formalidades que la ley ordena, situación que implica que la práctica de su restricción debe ajustarse a los requisitos y límites previstos en la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas aprobada mediante Decreto Legislativo No.243-2011, permitiendo el amparo del control jurídico su acometimiento.-CONSIDERANDO (16): Que la finalidad de la Ley es establecer el marco legal de regulación procedimental de la intervención de las telecomunicaciones, como mecanismo excepcional de investigación a fin que constituya una herramienta esencial en la lucha contra la criminalidad tradicional y sobre todo contra la criminalidad organizada o no convencional, garantizando el derecho humano de las personas a la comunicación, sin más limitaciones que las dispuestas por la Constitución y las Leyes; si bien el articulo 5 numeral 2): define como Necesidad e Idoneidad: “A la intervención con las comunicaciones se ordenará solo cuando sean necesarias para la obtención de la información respecto a la investigación y no exista otras formas menos gravosas para la investigación efectiva de los delitos”; y en relación al subsiguiente numeral 3), define la confidencialidad de la siguiente manera: “El procedimiento de intervención de comunicaciones será reservado y la información obtenida será estrictamente confidencial durante el desarrollo de la intervención”.-CONSIDERANDO (17): Que de lo expuesto en los considerandos precitados es en la persona del Juez en base al artículo 7 de la Ley especial el garante en las actuaciones procesales haciendo valer el Estado de Derecho, para que toda persona ejerza libremente la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la jurisdicción, es por eso que en el caso particular la procedencia de la pericia del Ministerio Público es acorde para asuntos meramente técnicos e investigativos en el caso del hallazgo de un teléfono móvil en la escena del crimen, siendo pertinente que la autorizada jurisdiccional regule la designación de un perito con su nombramiento para que rinda el informe vertido por la sentencia del Tribunal de Alzada de fecha 21 agosto del 2018 a fin de garantizar la tutela judicial efectiva. Señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán es consecuente con los argumentos esgrimidos por la impetrante, por lo que se considera que en esta vía constitucional no vulnera el Debido Proceso, y el Derecho a la Defensa, así como el Derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, consecuentemente así no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser confirmado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 100, 183, 303, 331 Atribución 5ta, 321 de la Constitución de la República; 10 Y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 93, 200 y 273 del Código Procesal Penal; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14 y 20 de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas. FALLA: CONFIRMANDO la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORZAN, en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que otorga el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FATIMA ELEANA GARCIA ROMERO, FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO. Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019),Certificación de la Sentencia de de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0656-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.
[3] Artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
[4] Artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
[5] Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos