Sentencia AP-646-18 — Registro 12925
Resumen
Sentencia denegó acción de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal processamiento contra varios imputados por suponerlos responsables del delito de usurpación en perjuicio de Empresas Asociativas Campesinas de Producción denominadas "Independiente", "La Mesa" y "Puerto Esconcidida"; asimismo, determinó que previo al desalojo forzoso el Ministerio Público tomara ciertas medidas necesarias; El Tribunal de Alzada considera que no hay vulneranción de derechos fundamentales pues la tramitación del requerimiento fiscal y orden de desalojo son ordenadas con todas las previsiones del caso previa su ejecución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que esta circunstancia no evidencia transgresión a la garantía invocada, pues la tramitación del requerimiento fiscal; y, en lo referente a la orden de desalojo, no se ha violentado el Debido Proceso; al ser ordenadas todas las previsiones del caso, previa su ejecución, la que se mantiene suspendida como efecto de la interposición del presente recurso..."..."la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando los derechos y garantías constitucionales del impetrante, no existiendo violación a la intimidad; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de febrero de dos mil diecinueve.-VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que Deniega el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO HERNANDEZ PERDOMO, a favor de los señores JOSE GERMAN TRIMINIO BOTTO, ISMAEL AGUILAR REYES, JOSE ESTEBAN CARTAJENA GUEVARA SATURNINO PEÑA CARDENAS, MANUEL BRIZUELA, FRANCISCO PONCE MIRANDA, JOSE PABLO ORELLANA, FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SALDIVAR y LINO FUNEZ, contra la resolución de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en relación a la causa instruida contra los señores JOSE GERMAN TRIMINIO BOTTO, ISMAEL AGUILAR REYES, JOSE ESTEBAN CARTAJENA GUEVARA SATURNINO PEÑA CARDENAS, MANUEL BRIZUELA, FRANCISCO PONCE MIRANDA, JOSE PABLO ORELLANA, FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SALDIVAR y LINO FUNEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio de LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCION DENOMINDAS “INDEPENDIENTE”, “LA MESA” y “PUERTO ESCONDIDO”.- Estima el recurrente que se le han violentado los Artículos 16, 82 y 106 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez (10) de junio del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la Abogada JORDANA SARAHI LOZANO CORTEZ, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE GERMAN TRIMINIO BOTTO, ISMAEL AGUILAR REYES, JOSE ESTEBAN CARTAJENA GUEVARA SATURNINO PEÑA CARDENAS, MANUEL BRIZUELA, FRANCISCO PONCE MIRANDA, JOSE PABLO ORELLANA, FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SALDIVAR y LINO FUNEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio de LA EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCION DENOMINDAS “INDEPENDIENTE”, “LA MESA” y “PUERTO ESCONDIDO”.- (Folio1 AL 4 de la pieza del juzgado).-2) Que en fechas diecinueve y veintiuno de agosto de dos mil catorce, el citado Juzgado celebró audiencia inicial, en donde se le decreta Auto de Formal Procesamiento a los señores JOSE GERMAN TRIMINIO BOTTO, ISMAEL AGUILAR REYES, SATURNINO PEÑA CARDENAS, FRANCISCO PONCE MIRANDA, JOSE PABLO ORELLANA, FELIPE DE JESUS HERNÁNDEZ ZALDIVAR y LINO FUNEZ, por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, LA MESA y PUERTO ESCONDIDO.- Asimismo, que previo que se ordenara el desalojo, el Ministerio Público inspeccionara los predios usurpados, ya que la que obraba en autos fue realizada en el año 2009, a efecto de que se estableciera si las tierras estaban cultivadas y el número de personas que vivían en el lugar, así como determinar con exactitud si los encausados se encontraban ubicados dentro de la propiedad de los perjudicados en su totalidad o parcialmente.- En consecuencia, una vez realizada la Inspección ocular, la Abogada YESSY HAYDEE SOLORZANO CASTRO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, solicitando se señalara la fecha y hora del desalojo del bien Inmueble usurpado y se nombrara un Juez Ejecutor, para el efecto. (Folios 265 al 269 y 298 de la primera pieza)
- Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, RESOLVIÓ: (sic) PRIMERO: … SEGUNDO: … TERCERO: … PRIMERO: Que es procedente acceder a lo solicitado y Ordenar el desalojo del predio usurpado, ubicado en sitio La Mesa, en las colindancias siguientes AL NORTE, con Canal de Chotepe, AL SUR, con la Empresa Asociativa Campesina de Producción Independiente, Bulevar Aeropuerto de por medio, AL ESTE, con Empresa Asociativa Campesina de Producción Puerto Escondido, propiedad que tiene un perímetro de 3,427.89 metros lineales, para lo cual se nombra como Ejecutor a la Juez Primero de Paz de ésta Sección Jurisdiccional Abogada SUSANA CARCAMO, debiéndose librar comunicación de estilo adjuntando en ella, copia simple del mapa visible a folio 27 frente de los autos junto con la escritura de propiedad del mismo, para su debida identificación al igual que la copia simple de inspección ocular número2015, realizada el cinco de agosto del año dos mil quince, debiendo otorgar la ejecutora un término no mayor de treinta días para que se efectúe un desalojo pacífico, concluido el mismo deberá de proceder al desalojo forzoso, debiendo tomar las medidas necesarias y hacerse acompañar de representantes de las autoridades como ser la Comisionada de Derechos Humanos, Dirección Policial.-…” (Folios 321 al 323 de la pieza del Juzgado).-4) Que en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado WUILFREDO HERNANDEZ PERDOMO, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, recurso de amparo a favor de LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCION FRANCISCO MORAZÁN” Y “PRODUCTORES ASOCIADOS”, contra la resolución de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los Artículos 16, 82 y 106 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en la cual (sic) “FALLA: DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO HERNANDEZ PERDOMO, apoderado legal de los señores JOSE GERMAN TRIMINIO BOTTO, ISMAEL AGUILAR REYES, JOSE ESTEBAN CARTAJENA GUEVARA SATURNINO PEÑA CARDENAS, MANUEL BRIZUELA, FRANCISCO PONCE MIRANDA, JOSE PABLO ORELLANA, FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SALDIVAR y LINO FUNEZ, contra la resolución de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta Sección Judicial…” (Folios 60 al 65 de la pieza de Corte de Apelaciones).-6) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que Deniega el recurso de amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO HERNANDEZ PERDOMO, a favor de los señores JOSE GERMAN TRIMINIO BOTTO, ISMAEL AGUILAR REYES, JOSE ESTEBAN CARTAJENA GUEVARA SATURNINO PEÑA CARDENAS, MANUEL BRIZUELA, FRANCISCO PONCE MIRANDA, JOSE PABLO ORELLANA, FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SALDIVAR y LINO FUNEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio de LA EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS DE PRODUCCION DENOMINDAS “INDEPENDIENTE”, “LA MESA” y “PUERTO ESCONDIDO”.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que el desalojo ordenado: vulnera los Artículos 16, 82 y 106 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que esta circunstancia no evidencia transgresión a la garantía invocada, pues la tramitación del requerimiento fiscal; y, en lo referente a la orden de desalojo, no se ha violentado el Debido Proceso; al ser ordenadas todas las previsiones del caso, previa su ejecución, la que se mantiene suspendida como efecto de la interposición del presente recurso.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, por ejemplo en el derecho a la libertad, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando los derechos y garantías constitucionales del impetrante, no existiendo violación a la intimidad; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de agosto de dos mil dieciocho (2018), por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0646-2018.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL