Sentencia AP-63-18 — Registro 17797
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó sobreseimiento provisional dictado por Juzgado de Primera Instancia a favor del procesado, dejando sin valor ni efecto la Detención Judicial y decretó su inmediata libertad en causa donde se le supone responsable del delito de Homicidio en perjuicio de víctimas; La Autoridad recurrida considera que los testigos fueron claros en los hechos y participación de los imputados en la ejecución del ilícito, por lo que ante la prueba mínima debe dictarse auto de formal procesamiento contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"vistos los antecedentes del caso por la Sala, se aprecia que existen alegatos encontrados en el recurso de amparo contra la revocatoria en sede de apelaciones del auto de sobreseimiento provisional dictado al imputado MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017) y consecuente emisión de orden de captura, e imposición de auto de formal procesamiento; fallo de la Alzada que resultaría atentatorio a las garantías de libertad y debido proceso, que asisten a su representado,..."..."vistas, así las cosas, no se demuestra la lesividad constitucional al debido proceso, contentiva en la parte toral del reclamo amparista, pues la jurisdicción ha vertido su fallo, en congruencia a la cuestión debatida primigeniamente en la Audiencia Inicial y en el marco de la competencia que le es legalmente atribuida como Corte de Apelaciones.[3] Acorde a pronunciamientos anteriores de la Sala, el contenido de la referida garantía procesal (debido proceso) constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituyendo un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo, guiado a través de un debido proceso, el cual comprendería, entre otros; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a los órganos jurisdiccionales, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y a ser oído en juicio; así como el derecho a resoluciones debidamente motivadas, a manera tal que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados y a que no exista incertidumbre respecto a las razones jurídicas que fundan el caso, proscribiendo así cualquier reminiscencia o propensión de la autoridad judicial al libre arbitrismo, en desmedro del Estado de derecho..."..."en el caso de mérito, considera esta Sala, comprendería el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada, para revocar el sobreseimiento provisional y dictar, en consecuencia, auto de formal procesamiento; lo cual se considera cumplido suficientemente, según se colige de la presente vista para sentencia; pues acorde a lo observado en la fundamentación y motivación de la resolución que se impugna en amparo, discierne ésta, tanto la acreditación de la existencia del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de los señores OLVIN ALCIDES BETANCOURTH GOMEZ y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ; como el indicio racional, suscitado de plurales declaraciones testificales, directas e indirecta - entre otros elementos de prueba, evacuados en la Audiencia -, que tiene como autor responsable de tal ilícito, al señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO. No siendo habido el mismo en la causa, se ha dado lugar al supuesto al libramiento de órdenes de captura, en aseguramiento de su comparecencia al proceso; más no de adelanto de culpabilidad – como asevera el garantista -, ni en coerción injusta al derecho de defensa y/o al estado de inocencia que le asisten como imputado y que le acompañan a lo largo de todas las etapas del proceso;..."..."con lo anteriormente explicitado, se valida lo acreditado ante la jurisdicción ordinaria, a instancias de la parte actora, como es la Fiscalía del Ministerio Público, a través de los elementos probatorios allegados a la audiencia inicial celebrada el nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), y del porque cabía, en efecto, efectuar la revocatoria del auto de sobreseimiento provisional dictado al imputado MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO; existiendo tales señalamientos graves e indiciarios de su participación en el ilícito preindicado. Por todo lo cual no se estiman agraviados, ni el derecho de libertad o el derecho al debido proceso de los cuales goza el imputado; los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, en el cual se ha ordenado la emisión de un auto de formal procesamiento, que, como es sabido, es de naturaleza provisional y no causa estado, sin que esto implique, de manera alguna, vulneración a sus derechos y garantías constitucionales. Por todo ello, se considera que la resolución bajo estudio se ha ajustado a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; lo cual vincula, asimismo, al respeto y garantía de los derechos individuales, a la vez que principios objetivos del Ordenamiento, de Libertad y Estado de Inocencia, establecidos en los artículos 70, 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. - Procediendo, en consecuencia, dictar denegatoria a la presente acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 263 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 354 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Recurso de AP 063-2018
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de agosto del dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN BENITO ORTEGA ESPINO, a favor del señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra el Señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de los señores OLVIN ALCIDES BETANCOURTH GOMEZ y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, ahora denominado Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, la Abogada YOJANA YAMILETH ZAMBRANO ORDOÑEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CARRASCO y BRAYAN FABRICIO CONTRERAS MENDOZA, por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de los señores OLVIN ALCIDES BETANCOURTH GOMEZ y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ. (Folios 1– 4 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017), fue detenido el señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, por tener una orden de captura pendiente, en el proceso descrito en el numeral anterior; y en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), en la celebración de Audiencia de Declaración Indagatoria, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “Después de haber escuchado lo expuesto por el MP. y la defensa privada del encausado, tomando en consideración que el delito por el cual se acusa la pena a imponer es gravosa esta contemplada en la reforma del articulo 184 del CPP. Este juzgado considera idónea y proporcional en este momento procesal, imponer la DETENCIÒN JUDICIAL; en el Centro penal de esta ciudad de Choluteca por el término de ley para inquirir, para lo cual líbrese atento oficio al Jefe del Centro Penal de esta ciudad de Choluteca, para la debida guarda y custodia del imputado. Señalándose AUDIENCIA INICIAL, para el día VIERNES NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, donde deberán comparecer las partes con sus respectivos elementos de Prueba…”. (Folios 164–167 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-3) Que en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “1. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del procesado, MELVIN ALEXIS DÌAZ CARRASCO, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ Y OLVIN ALCIDES BETANCOURTH GOMEZ. SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR DE DETENCION JUDICIAL impuesta al imputado: MELVIN ALEXIS DÌAZ CARRASCO, en AUDIENCIA DE DECLARACION INDAGATORIA, de fecha seis (6) de junio del año dos ml diecisiete (2017) y en defecto, DECRETAR SU INMEDIATA LIBERTAD.” (Folios 170–174 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada YOHANA YAMILETH ZAMBRANO ORDOÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico (MP), en fecha veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Publico, Abogada YOHANA YAMILETH ZAMBRANO ORDOÑEZ, contra la resolución proferida en audiencia inicial de fecha nueve (9) de Junio del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal instruida contra el señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, de generales conocidas en el preámbulo de esta resolución, por suponerlo responsable del de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de OLVIN ALCIDES BETHANCOURTH GOMEZ Y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ.- SEGUNDO: SE REVOCA, lo resuelto por el juez A-quo en audiencia inicial de fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), debiéndose proceder al decreto de formal auto de procesamiento contra el imputado Melvin Alexis Díaz Carrasco, y que se giren las respectivas ordenes de captura para su aprehensión, y que sea un Tribunal de Sentencia, con las debidas garantías, decidir si mantiene incólume el estado de inocencia que hasta hoy goza el imputado, o contrario sensu el mismo sea quebrantado y se decrete su culpabilidad.-”; lo cual tuvo fundamento eficiente en que analizando con detenimiento lo declarado por los testigos protegidos “B” y “C”, entre otras pruebas practicadas en la Audiencia, se creó indicio racional para decretarle auto de prisión al coimputado, señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO. Y que si bien, no existe consistencia en algunos aspectos como son las distancias entre el lugar donde se encontraban y el lugar en que ocurrió el hecho, así como la hora precisa del hecho; la Corte Ad Quem ha encontrado el indicio de participación que tuvo el señor DIAZ CARRASCO, en la muerte de OLVIN ALCIDES BETHANCOURTH GOMEZ y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ, en igualdad de criterio al aplicado al coimputado BRYAN FABRICIO CONTRERAS MENDOZA; pues la legislación procesal penal contempla que en la Audiencia Inicial se aplicará el estándar de prueba mínima para el dictado de auto de formal procesamiento, lo cual concurre al presente caso, pues los referidos testigos han sido claros en la forma en que sucedieron los hechos y la participación que tuvieron los imputados en la ejecución del ilícito.(Folios 6–9 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).-5) Que el Abogado JUAN BENITO ORTEGA ESPINO, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del Señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1–23 del presente recurso).-6) Que en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 43 del presente recurso).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que, en formalización de su recurso, comparece el garantista, Abogado JUAN BENITO ORTEGA ESPINO, quien reclama amparo a favor del señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); misma que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra el señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, por imputársele coautoría en el delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de los señores OLVIN ALCIDES BETANCOURTH GOMEZ y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ; quien afirma la decisión del Ad-Quem, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), reseñada en el Antecedente 4) de la presente sentencia, resulta lesiva a los derechos fundamentales de su representado, y, particularmente a los establecidos en los artículos 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en el escrito de formalización del recurso de amparo, ha señalado el recurrente que la resolución de la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, ha generado una manifiesta violación al componente esencial de la garantía del debido proceso, así como a los principios de legalidad penal y de libertad establecidos constitucionalmente; en virtud de que en el requerimiento fiscal presentado ante el Juzgado A Quo por la Fiscalía se narra una relación de hechos acaecidos el 26 de diciembre de 2013, aproximadamente a las cinco de la tarde, distinta a lo que se deriva de la valoración conjunta de los medios de prueba, en función a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal. En cuanto a la garantía del debido proceso, se relaciona con la infracción al estado de inocencia de su defendido, señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO, pues lo ha prejuzgado la Corte de Apelaciones, anticipadamente, cuando resuelve enviar las diligencias a un Tribunal de Sentencia. Asimismo, ordenando la emisión de órdenes de captura en su contra, sin fundamento alguno, en desmedro de un sobreseimiento provisional dictado a su favor por no encontrarse el más mínimo indicio racional en su contra. Lo anterior, no obstante admitir las inconsistencias en el planteamiento fiscal, pues señala se reunieron los elementos necesarios para el decreto de formal auto de procesamiento en su contra, pero sin desarrollar esos supuestos elementos encontrados en su análisis; es decir, sin existir plena prueba, mucho menos indicio racional que ponga en duda o en riesgo la presunción constitucional de inocencia que ampara al agraviado. Tal criterio, estima el recurrente, se encuentra dentro de las atribuciones del Tribunal, siempre que esté fundado en ley, en forma consecuente a los elementos probatorios aportados y evacuados en Audiencia Inicial; lo cual no estima ser el caso, por no existir fundamentos razonables para el desarrollo del juicio, encontrándose autorizado de pleno derecho el Juez para el dictado de sobreseimiento provisional o definitivo a su favor.-CONSIDERANDO (5): Que, continúa y finaliza manifestando el amparista, que en lo que concierne a la garantía del derecho de libertad, según contenida en el artículo 92 de la Constitución de la República, pues induce a una condena anticipada, al invadir responsabilidades que le pertenecen al Juez de Primera Instancia, pasando por alto lo establecido en los artículos 300, 301 y 302 último párrafo del Código Procesal Penal, coartando así el derecho a la defensa, violentando el Estado de inocencia y restringiéndole su derecho a la libertad, no habiendo prueba, ni el mínimo indicio racional para incriminarlo, tal como lo dejó establecido en su resolución el Juez de Primera Instancia, por lo cual comparece a solicitar se otorgue la garantía constitucional de amparo.-CONSIDERANDO (6): Que, vistos los antecedentes del caso por la Sala, se aprecia que existen alegatos encontrados en el recurso de amparo contra la revocatoria en sede de apelaciones del auto de sobreseimiento provisional dictado al imputado MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017) y consecuente emisión de orden de captura, e imposición de auto de formal procesamiento; fallo de la Alzada que resultaría atentatorio a las garantías de libertad y debido proceso, que asisten a su representado, debido a la falencia denunciada en los criterios fácticos y jurídicos esgrimidos por la Jurisdicción; por estimarlos incongruentes y no ajustados a derecho, por lo cual solicita la concesión de amparo constitucional, a efecto no resulte aplicable, volviendo las cosas al estado anterior de la violación percibida en los derechos de su representado.-CONSIDERADO (7): Que una preliminar observación del sistema de justicia penal hondureña, alude a la exigencia constitucional sita en los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (8): Que en desarrollo de la anterior preceptiva constitucional se constituye la doctrina como fuente auxiliar del derecho, la cual reconoce como integrantes del ordenamiento, tanto el principio de unidad jurisdiccional, como el de distribución reglada de las competencias, conforme a los cuales resultaría constitucionalizado el derecho al recurso (con especial intensidad en el ámbito procesal penal): “… en tanto se encuentra unido indisolublemente al derecho de defensa, en especial, al derecho a un proceso justo con todas las garantías, y del derecho de acceso a la justicia, se constituye como un verdadero derecho fundamental, cuya vulneración puede ser reclamada por la vía del amparo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución de la República”.[1] Asimismo, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, enmarca el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, dotado de superioridad jerárquica.-CONSIDERANDO (9): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones y, en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto; tal y como ha acaecido en el caso bajo estudio, el cual se encuentra dentro de los estándares aceptados por la jurisprudencia constitucional que enmarca el deber de motivación, por parte del tribunal regular competente. Asimismo, la jurisprudencia constitucional hondureña ha acogido numerosa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual ha interpretado amplia y extensivamente el contenido del artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conforme al cual toda persona tiene el derecho de ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en el sentido que: “toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”.[2]-CONSIDERANDO (10): Que, vistas, así las cosas, no se demuestra la lesividad constitucional al debido proceso, contentiva en la parte toral del reclamo amparista, pues la jurisdicción ha vertido su fallo, en congruencia a la cuestión debatida primigeniamente en la Audiencia Inicial y en el marco de la competencia que le es legalmente atribuida como Corte de Apelaciones.[3] Acorde a pronunciamientos anteriores de la Sala, el contenido de la referida garantía procesal (debido proceso) constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituyendo un límite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo, guiado a través de un debido proceso, el cual comprendería, entre otros; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a los órganos jurisdiccionales, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y a ser oído en juicio; así como el derecho a resoluciones debidamente motivadas, a manera tal que no se deje de dar respuesta a los extremos planteados y a que no exista incertidumbre respecto a las razones jurídicas que fundan el caso, proscribiendo así cualquier reminiscencia o propensión de la autoridad judicial al libre arbitrismo, en desmedro del Estado de derecho.-CONSIDERANDO (11): Que, en el caso de mérito, considera esta Sala, comprendería el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada, para revocar el sobreseimiento provisional y dictar, en consecuencia, auto de formal procesamiento; lo cual se considera cumplido suficientemente, según se colige de la presente vista para sentencia; pues acorde a lo observado en la fundamentación y motivación de la resolución que se impugna en amparo, discierne ésta, tanto la acreditación de la existencia del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de los señores OLVIN ALCIDES BETANCOURTH GOMEZ y PEDRO JOAQUIN BETANCOURTH GOMEZ; como el indicio racional, suscitado de plurales declaraciones testificales, directas e indirecta - entre otros elementos de prueba, evacuados en la Audiencia -, que tiene como autor responsable de tal ilícito, al señor MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO. No siendo habido el mismo en la causa, se ha dado lugar al supuesto al libramiento de órdenes de captura, en aseguramiento de su comparecencia al proceso; más no de adelanto de culpabilidad – como asevera el garantista -, ni en coerción injusta al derecho de defensa y/o al estado de inocencia que le asisten como imputado y que le acompañan a lo largo de todas las etapas del proceso; tal y como establece el artículo 263, en concatenación a los artículos 300, 301 y 302 último párrafo, en su caso, todos del Código Procesal Penal vigente.-CONSIDERANDO (12): Que, con lo anteriormente explicitado, se valida lo acreditado ante la jurisdicción ordinaria, a instancias de la parte actora, como es la Fiscalía del Ministerio Público, a través de los elementos probatorios allegados a la audiencia inicial celebrada el nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), y del porque cabía, en efecto, efectuar la revocatoria del auto de sobreseimiento provisional dictado al imputado MELVIN ALEXIS DIAZ CARRASCO; existiendo tales señalamientos graves e indiciarios de su participación en el ilícito preindicado. Por todo lo cual no se estiman agraviados, ni el derecho de libertad o el derecho al debido proceso de los cuales goza el imputado; los cuales deberán mantenerse incólumes durante la tramitación del proceso penal incoado, en el cual se ha ordenado la emisión de un auto de formal procesamiento, que, como es sabido, es de naturaleza provisional y no causa estado, sin que esto implique, de manera alguna, vulneración a sus derechos y garantías constitucionales. Por todo ello, se considera que la resolución bajo estudio se ha ajustado a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; lo cual vincula, asimismo, al respeto y garantía de los derechos individuales, a la vez que principios objetivos del Ordenamiento, de Libertad y Estado de Inocencia, establecidos en los artículos 70, 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. - Procediendo, en consecuencia, dictar denegatoria a la presente acción de Amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 71, 80, 82, 90, 95, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 263, 350 y 354 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0063-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: Ávila Ortíz, Félix A. Proceso Penal Hondureño. Código Procesal Penal. Comentarios. Doctrina. Jurisprudencia. (t. II). Tegucigalpa: Fénix Editorial, 2015. Págs. 212-3.
[2] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 6, párr. 169, y Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 77; citados ambos, en: Caso de La Cantuta Vs. Perú, sentencia del 29 de noviembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 140.
[3] Ver el artículo 350 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99 E).