Sentencia AP-610-19 — Registro 12135
Resumen
Sentencia declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación; confirmó el desaseguramiento de la medida cautelar dictada por juzgado de primera instancia que ordenó privar y posteriormente desaseguró, ordenando la entrega de un bien inmueble a un tercero al que no le fue privado en relación a diligencias de privación de dominio y de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles en perjuicio de Tecnicampo S A; en apelación se consideró que en todo caso el tercero debe hacer valer su derecho acreditándolo con la documentación que corresponda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil diecinueve. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el abogado RENE ADAN TOME ROSALES, a favor de la señora MARIA VICTORINA PORTILLO CABALLERO, contra una resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de junio de dos mil dieciocho, que declaró ha lugar parcialmente un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, con relación a las diligencias de privación de dominio y de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles en perjuicio de la sociedad mercantil TECNICAMPO S.A. CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación, interpuesto por el abogado Hermes Benigno Pineda Castro y se confirma el desaseguramiento de la medida cautelar dictada a dicha empresa a efecto de que la misma sea devuelta al señor Rigoberto Caballero Herrera, estimando el recurrente que los argumentos de la resolución del Ad-Quem no son de recibo, ya que considera que el órgano jurisdiccional ha violentado las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, al pretender decidir en el numeral 2 del fallo impugnado, confirmar el desaseguramiento de la medida cautelar a efecto de que el mismo sea devuelto al señor Rigoberto Caballero Herrera, sin embargo, el Ad- Quem no puede legalmente confirmar esa devolución a la parte apelante, porque para el A-Quo es imposible ejecutar esa decisión, en vista que el mismo inmueble ya fue devuelto a la señora Maria Victorina Portillo Caballero y cuya devolución no fue impugnada ni anulada oportunamente. CONSIDERANDO (2): Que la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de junio de dos mil dieciocho, declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, en fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, y confirma el desaseguramiento de la medida cautelar dictada a dicha empresa a efecto de que la misma sea devuelta al señor Rigoberto Caballero Herrera, considerando que ante la serie de errores materiales realizados por el ente fiscal entre su dualidad de posturas en diferentes momentos y como resultado de ello, revisadas las diligencias se aprecia la titularidad de la empresa denominada TECNICAMPO, que fue precisamente a la que se le impuso la medida de aseguramiento, misma que a la fecha se encuentra revocada, pues como se aprecia de las diligencias a la que el A-Quo ordenó privar y posteriormente desaseguró, ordenando la entrega de un bien inmueble a un tercero al que no le fue privado, en todo caso el tercero debe hacer valer su derecho, acreditándolo con la documentación que corresponda, en este caso la empresa TECNICAMPO. Cabe señalar, que fue precisamente a la empresa TECNICAMPO que se le efectuó la medida de aseguramiento según lo expuesto por el ente fiscal, de manera que no puede ser entregada dicha empresa a persona distinta, y si la empresa se encontraba en las coordenadas de otro bien inmueble que también fue reclamada por una tercera persona, estos en relación a dicha propiedad, deben acudir a las instancias que correspondan, en tanto la relación a la empresa TECNICAMPO, se documenta con los antecedentes citados que si le fue revocada la medida de aseguramiento solicitado por el ente fiscal que es precisamente quien solicito dicha medida, sin perjuicio de las medidas posteriores que le fueren decretadas a dicha empresa. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (4): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.
POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado RENE ADAN TOME ROSALES, a favor de la señora MARIA VICTORINA PORTILLO CABALLERO, contra una resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de junio de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. ABOGADA REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la resolución de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo el número 0610-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL