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Sentencia AP-609-18 — Registro 12134

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sobreseimiento definitivo a favor de imputada a quien se le supone responsable del delito de facilitación de local para tráfico ilícito de drogas (marihuana) en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras; en apelación se concluyó que se violentó el debido proceso al aceptar como válida un acta de allanamiento donde el mismo juez ejecutor funge como investigador y por tanto presenció los hechos investigados, actuación que se encuentra entre los casos excluídos según aplicación analógica de la normativa procesal penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Sala de lo Constitucional estima menester, analizar el contenido del numeral 4 del artículo 213 del Código Procesal penal, que establece que: “El Juez Ejecutor, deberá estar acompañado por dos agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o en su defecto por dos agentes de la Policía Nacional Preventiva…”. Este requisito puntual de la orden de allanamiento es concebido por el legislador, separando la figura del Juez Ejecutor con la figura del policía de investigación. No se concibió ese requisito para que el Juez Ejecutor sea un Policía, pues cada uno tiene su función, y mucho menos aun que el mismo policía, que actuó como investigador en el caso, sea nombrado Juez ejecutor, garante de un debido proceso en la diligencia; obviamente no va a querer que fracase la diligencia de investigación que él mismo realizo. No se va a exponer a que por su mala investigación, se haya movido todo el aparato estatal para concluir que no existió la evidencia, que el policía de investigación expuso que había, y de ahí la necesidad del allanamiento; es fácil pensar que puede darse la falta de objetividad, y con ello la siembra de la duda, lo que a toda costa se debe evitar para que haya un juicio justo. En esta norma secundaria taxativa, es imperioso basarse para evitar nombrar a policías como Jueces Ejecutores. Aunado a lo anterior, el último párrafo del artículo 212 de la ley procesal penal, manda que en caso de que la autoridad policía practique el allanamiento, como en el caso de autos, debe acompañarse de dos testigos mayores de edad, “que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación”. Es este caso, el legislador, también deslinda al policía de investigación que practicó el allanamiento con los testigos, asegurando que no tengan relación alguna, para lograr con ellos objetividad en la diligencia y alejar la duda. Se debe recordar que en el caso de autos el mismo policía que realizó la investigación, es el testigo y es el Juez ejecutor..."..."el artículo 8 de la ley adjetiva penal nos impone la realización efectiva de la justicia penal, y la efectividad implica en este caso, ser garantes de un debido proceso, no solo para garantizarle al imputado sus derechos humanos que son los mismos que sus derechos fundamentales, sino que lograr el compromiso de cada una de las personas en el rol que desempeñan, de garantizar el debido proceso en cada una de las etapas del proceso penal..."..."en vista de que la prueba de la cual se deriva el indicio para dictar o no auto de formal procesamiento, es el allanamiento de morada realizado, y siendo que está viciado, convirtiendo la diligencia investigativa en prueba ilícita o prohibida, por vulnerar el artículo 90 de la Constitución de la República, al haberse nombrado al mismo policía que realizo la investigación, como testigo y Juez Ejecutor, vulnerando así la efectividad del proceso, por inaplicación de las normas ya señaladas; razones por las cuales esta Sala de lo Constitucional determina la procedencia del sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo y confirmada por la alzada, y en consecuencia estima la legalidad del mismo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de abril de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yulibeth Garay Hernández a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Municipio de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra la señora Luisa Isabel Paguada por suponerla responsable del delito Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas (Marihuana) en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Municipio de Catacamas, departamento de Olancho, la Abogada Rebeca Elizabeth Machado Castro ,actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora Luisa Isabel Paguada por suponerla responsable del delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas (Marihuana) en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 1-2 del antecedente) 2) En fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado antes mencionado, en la declaratoria de imputado tuvo a bien imponerle a la acusada la medida de detención judicial por el término de ley para inquirir.(Folio 22 vuelto del antecedente) 3) Habiéndose celebrado la audiencia inicial en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, el A-quo resolvió:1) Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de la señora Luisa Isabel Paguada por suponerla responsable del delito de Facilitación del Local para el Tráfico Ilícito de Drogas (Marihuana) en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.2) Se ordena poner en inmediata libertad a la señora Luisa Isabel Paguada, otorgándole su carta de libertad de manera definitiva….(Folios 26-30 vuelto del antecedente) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Rebeca Elizabeth Machado Castro en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución que antecede, la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, falló: I.-Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Rebeca Elizabeth Machado Castro, Fiscal del Ministerio Público; II.-Confirmar la resolución apelada de fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho. (Folios 62-67 vuelto del antecedente) 5) Que la recurrente Abogada Yulibeth Garay Hernández, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 90 y321de la Constitución de la República. 6) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1):Que la acción de Amparo es una garantía constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yulibeth Garay Hernández a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Municipio de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra la señora Luisa Isabel Paguada por suponerla responsable del delito Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas (Marihuana) en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (3): Que de la revisión de los antecedentes, surge debidamente acreditado los hechos siguientes: 1.- En fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dos de Agentes de la Dirección Policial de Investigación (D.P.I), uno de ellos el Policía URIEL ARTURO ESCALANTE, salieron a montar vigilancia en una vivienda ubicada en la Colonia 25 de Junio en Catacamas, Olancho, manifestando en el acta de vigilancia (ver folio 39 p.p.) que observaron que en distintas horas, acudieron varias personas del sexo masculino, quienes entraban por la parte trasera de la casa, en donde se encontraba un sujeto esperándolos, observando que en cada visita, hubo un intercambio de dinero por supuesta droga, en dos casos mencionan cocaína y en un caso señalan supuesta marihuana.2.- A folio once de la primera pieza, consta el original del acta de declaración como testigo de una diligencia de investigación realizado en la Colonia Veinticinco de Junio, el veinte de septiembre e dos mil diecisiete; en la misma casa en donde se realizó la vigilancia supra, vivienda que habita la señora ahora imputada LUISA ISABEL PAGUADA.- La persona que firma dicha declaración como testigo es el Policía URIEL ARTURO ESCALANTE.3.-A folio seis y siete de la primera pieza, corre agregada el Acta del Allanamiento efectuado en la casa de habitación de la señora LUISA ISABEL PAGUADA, vivienda ubicada en la Colonia 25 de Junio en Catacamas, Olancho, en la cual, se señala en el acta, que encontraron tanto en el área de la cocina como en el patio, bolsas plásticas conteniendo supuesta marihuana. Acta que es firmada en su condición de Juez Ejecutor por el Policía URIEL ARTURO ESCALANTE. CONSIDERANDO (4): Que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (5): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO (6): Que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se celebró audiencia inicial, en la cual, el A-quo decretó, sobreseimiento definitivo a favor de la imputada LUISA ISABEL PAGUADA, en vista de vulneración al debido proceso, al basarse el requerimiento fiscal en prueba espuria, nacida de error procedimental que se arrastra desde la solicitud de la práctica del allanamiento por parte del Ministerio Público, en tanto no existe en el presente caso más prueba que lo surgido en el allanamiento, prueba prohibida consistente en que una sola persona realizó varias actuaciones es decir, actuó como policía de investigación, como testigo de la investigación misma, y como juez ejecutor nombrado, sembrando con ello duda razonable de la falta de objetividad en el procedimiento. Decisión jurisdiccional confirmada por el Tribunal de alzada en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, quien en su sentencia concluye que se violenta el debido proceso el aceptar como válida un acta de allanamiento en el cual, el mismo Juez ejecutor, ha fungido como investigador y por tanto presenciado los hechos que se investigan, debiendo aplicar analógicamente, el numeral 3 del artículo 241 del Código procesal penal, que excluye, entre otros la actuación de los peritos, cuando éstos hayan presenciado los hechos sometidos a investigación.

CONSIDERANDO (7): Que el recurrente en amparo expone en sus argumentaciones que el fallo dictado por el Ad-quem violenta la Garantía Constitucional del Debido Proceso, conforme lo establecido en el artículo 90 constitucional el cual establece que nadie puede juzgado sino por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Aduce que no debe existir duda en lo acaecido en el presente caso, puesto que el hecho de que el policía haya efectuado actos de vigilancia en la casa allanada, no necesariamente implica “ser testigo presencial”, que pueda viciar la objetividad al ser nombrado el mismo policía como Juez de Ejecución en el mismo caso que estaba investigando. Expone el Ministerio Público, que no existe una norma secundaria que prohíba tal situación, por tanto, no debe aplicarse la analogía en este caso, en tanto en el derecho penal, no cabe la aplicación analógica del artículo 241 numeral 3, que prohíbe que actúen como peritos en un juicio penal, a aquellos que hayan presenciado el hecho sometido a su investigación; concluyendo que en derecho penal solo cabe la aplicación taxativa de las normas. CONSIDERANDO (8): Que la garantía genérica del Debido proceso se concreta a una serie de derechos establecidos a favor de las partes, en ese sentido que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de instar la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. Siendo así el debido proceso debe incluir una serie de derechos, entre ellos el acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, a que su pretensión sea conocida y resuelta la misma por un juez imparcial, a la defensa, a la igualdad entre las partes procesales, a utilizar los medios de prueba que le sean útiles para el fin que persiguen en la defensa de sus pretensiones, a un proceso sin dilaciones indebidas, a hacer uso de los plazos y términos que la ley establece y que estos sean respetados, a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones, entre otros. CONSIDERANDO (9): Que uno de los métodos más útiles en orden a la interpretación de las normas y que es aplicable a cualquier rama o sector del ordenamiento jurídico, es el método lógico o sistemático al que alude el artículo 19 párrafo primero del Código Civil, que establece: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía…”. CONSIDERANDO (10): Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 19 párrafo primero del Código Civil, la Sala de lo Constitucional estima menester, analizar el contenido del numeral 4 del artículo 213 del Código Procesal penal, que establece que: “El Juez Ejecutor, deberá estar acompañado por dos agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o en su defecto por dos agentes de la Policía Nacional Preventiva…”. Este requisito puntual de la orden de allanamiento es concebido por el legislador, separando la figura del Juez Ejecutor con la figura del policía de investigación. No se concibió ese requisito para que el Juez Ejecutor sea un Policía, pues cada uno tiene su función, y mucho menos aun que el mismo policía, que actuó como investigador en el caso, sea nombrado Juez ejecutor, garante de un debido proceso en la diligencia; obviamente no va a querer que fracase la diligencia de investigación que él mismo realizo. No se va a exponer a que por su mala investigación, se haya movido todo el aparato estatal para concluir que no existió la evidencia, que el policía de investigación expuso que había, y de ahí la necesidad del allanamiento; es fácil pensar que puede darse la falta de objetividad, y con ello la siembra de la duda, lo que a toda costa se debe evitar para que haya un juicio justo. En esta norma secundaria taxativa, es imperioso basarse para evitar nombrar a policías como Jueces Ejecutores. Aunado a lo anterior, el último párrafo del artículo 212 de la ley procesal penal, manda que en caso de que la autoridad policía practique el allanamiento, como en el caso de autos, debe acompañarse de dos testigos mayores de edad, “que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación”. Es este caso, el legislador, también deslinda al policía de investigación que practicó el allanamiento con los testigos, asegurando que no tengan relación alguna, para lograr con ellos objetividad en la diligencia y alejar la duda. Se debe recordar que en el caso de autos el mismo policía que realizó la investigación, es el testigo y es el Juez ejecutor. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 8 de la ley adjetiva penal nos impone la realización efectiva de la justicia penal, y la efectividad implica en este caso, ser garantes de un debido proceso, no solo para garantizarle al imputado sus derechos humanos que son los mismos que sus derechos fundamentales, sino que lograr el compromiso de cada una de las personas en el rol que desempeñan, de garantizar el debido proceso en cada una de las etapas del proceso penal. CONSIDERANDO (12): Que en vista de que la prueba de la cual se deriva el indicio para dictar o no auto de formal procesamiento, es el allanamiento de morada realizado, y siendo que está viciado, convirtiendo la diligencia investigativa en prueba ilícita o prohibida, por vulnerar el artículo 90 de la Constitución de la República, al haberse nombrado al mismo policía que realizo la investigación, como testigo y Juez Ejecutor, vulnerando así la efectividad del proceso, por inaplicación de las normas ya señaladas; razones por las cuales esta Sala de lo Constitucional determina la procedencia del sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo y confirmada por la alzada, y en consecuencia estima la legalidad del mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 60, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 198, 200, 212, 213.4, del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Yulibeth Garay Hernández a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del Municipio de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra la señora Luisa Isabel Paguada por suponerla responsable del delito Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas (Marihuana) en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-609-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL