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Sentencia AP-605-18 — Registro 12132

Resumen

Sentencia recurrida declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación contra sentencia definitiva dictada por juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación a demanda por vía de apremio para la ejecución de sentencia condenatoria firme respecto al pago de daños materiales económicos, pago de compensación y a la indemnización de perjuicios causados en demanda promovida por recurrente contra Inversiones del Valle de Sula S A (INVASULA) operadora del Hospital del Valle, como tercero civilmente responsable por la comisión del ilícito penal en que incurrió un médico internista responsable del delito de homicidio culposo (mala praxis) en perjuicio de víctima, madre de recurrente; en apelación se decretó nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda y posteriores actuaciones por considerar que no consta sentencia de declaratoria de heredera de recurrente para acreditar su comparecencia para el pago de las cantidades a las cuales fue condenada dicha sociedad mercantil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."de los antecedentes y específicamente la decisión adoptada por el Ad-quem de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho, esta Alto Tribunal advierte que el fundamento de la resolutoria se encuentra en el acápite CUARTO, argumentando lo siguiente: (Sic) “Que éste Tribunal de Alzada aprecia que no obstante, constar en autos la sentencia condenatoria firme de la cual se reclama el pago de la Compensación y la indemnización de los perjuicios causados a la señora Marlen Paredes Castro, en su condición de víctima por muerte de la señora Bertha Lidia Bu, no obstante, no consta en el expediente de reclamación, sentencia declaratoria de heredera para acreditar que la condición en que dicha señora comparece es como (heredera), pues ya el Código Penal lo establece respecto a la Responsabilidad Civil, en su artículo 112 párrafo segundo...éste artículo en consonancia con el 49 del Código Procesal Penal que también se refiere al ejercicio de la acción civil..."..."al estudiar la norma procesal penal nos daremos cuenta que existen diferentes tipos de víctimas, atendiendo el delito cometido. En ese orden de ideas el Artículo 17 del Código Procesal Penal establece quienes tienen el carácter de víctimas a saber: “1. El directamente ofendido por el delito, incluyendo el Estado y demás entes públicos o privados; 2. El cónyuge o compañero de vida, los hijos, los padres adoptivos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido; y, 3. Los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso.” –Énfasis y subrayado suplidos..."..."la norma penal adjetiva, se establece que el ofendido por el delito, es el titular del bien jurídico protegido que resulta afectado o puesto en peligro por el delito, tanto si se trata de persona física, o jurídica;..."..."la doctrina señala que “Además de las víctimas directas u ofendido, los efectos del delito se proyectan sobre otras personas que no son el sujeto pasivo del mismo. La acción delictiva, en estos casos, se dirige o recae primeramente sobre los derechos de otro y solo indirectamente trasciende a aquellas personas, en forma de perjuicio patrimonial ligado a una lesión de derechos ajenos o de padecimientos diversos contemplados como daño moral por el Derecho. Así sucede cuando se da muerte a otro. La víctima directa es el fallecido, pero su muerte causa dolor e incluso perjuicios patrimoniales a sus allegados, tales como el viudo o viuda, los hijos o los padres. Por ello el Código incluye también en la definición de víctimas al cónyuge, legalmente casado o de hecho (compañero de vida), los hijos, los padres, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad y los herederos testamentarios, en los delitos con resultado de muerte….”[1] –El subrayado es nuestro,..."..."el concepto de víctima ha ido avanzando en la jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha extendido el carácter de víctima en los familiares de los perjudicados o directamente ofendidos por los hechos delictivos, toda vez que hayan padecido un sufrimiento, a consecuencia de la violación a sus Derechos Humanos..."..."la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder[3] brinda la siguiente definición de víctima: “Las víctimas de delitos 1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”..."..."de la lectura de la resolución que se recurre en Amparo se infiere que el Ad-quem establece que la directamente perjudicada es la fallecida señora Bertha Lidia Castro Bu, por lo que a quien corresponde ejercer la acción civil para deducir la responsabilidad civil es a sus herederos conforme a la ley, por lo que debe tramitarse por la vía legal correspondiente la declaratoria de herederos hasta obtener la declaratoria que así lo consigne. Siguiendo la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal, la Acción Civil podrá ser ejercitada por el perjudicado (víctima directa o víctima indirecta, esta última en el caso de fallecimiento de la víctima directa), o sus herederos, ello como lo indican los preceptos 49 y 432 del Código Procesal Penal..."..."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem no se ajusta a los parámetros establecidos en la ley penal adjetiva, en relación a quienes tienen el carácter de víctimas y por ende perjudicados ante la comisión de un hecho ilícito que deriva en una sentencia condenatoria firme, de la cual se puede solicitar la responsabilidad civil a efecto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencia del ilícito cometido; en ese orden de ideas la motivación externada se revela asimismo insuficiente, al decretar la nulidad absoluta de actuaciones sin exponer el cuadro fáctico de hechos y consideraciones jurídicas a efecto de establecer que por medio del recurso de apelación se pueda declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda; la Alzada únicamente ha procedido a transcribir lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 166 del Código Procesal Penal, inobservando lo que manda el Artículo 141 de la relacionada norma legal, relativo a la motivación de las resoluciones judiciales, pues la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos a las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación..."..."la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[5]..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos relacionados en el presente libelo, realice una motivación lógica y congruente, dando respuesta a los restantes agravios expuestos por el apelante, explicitando de forma racional y suficientemente motivada si son de recibo o no, agravios a los cuales no dio respuesta, en el entendido que procedía a su criterio, la nulidad de la sentencia, por no haberse declarado a la señora Marlen Paredes Castro, heredera de su fallecida madre Bertha Lidia Castro Bu, situación que no aplica en el caso sub júdice, pues ya la ley le otorga el carácter de víctima a los hijos del ofendido directo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de los antecedentes y específicamente la decisión adoptada por el Ad-quem de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho, esta Alto Tribunal advierte que el fundamento de la resolutoria se encuentra en el acápite CUARTO, argumentando lo siguiente: (Sic) “Que éste Tribunal de Alzada aprecia que no obstante, constar en autos la sentencia condenatoria firme de la cual se reclama el pago de la Compensación y la indemnización de los perjuicios causados a la señora Marlen Paredes Castro, en su condición de víctima por muerte de la señora Bertha Lidia Bu, no obstante, no consta en el expediente de reclamación, sentencia declaratoria de heredera para acreditar que la condición en que dicha señora comparece es como (heredera), pues ya el Código Penal lo establece respecto a la Responsabilidad Civil, en su artículo 112 párrafo segundo...éste artículo en consonancia con el 49 del Código Procesal Penal que también se refiere al ejercicio de la acción civil..."..."al estudiar la norma procesal penal nos daremos cuenta que existen diferentes tipos de víctimas, atendiendo el delito cometido. En ese orden de ideas el Artículo 17 del Código Procesal Penal establece quienes tienen el carácter de víctimas a saber: “1. El directamente ofendido por el delito, incluyendo el Estado y demás entes públicos o privados; 2. El cónyuge o compañero de vida, los hijos, los padres adoptivos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido; y, 3. Los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso.” –Énfasis y subrayado suplidos..."..."la norma penal adjetiva, se establece que el ofendido por el delito, es el titular del bien jurídico protegido que resulta afectado o puesto en peligro por el delito, tanto si se trata de persona física, o jurídica;..."..."la doctrina señala que “Además de las víctimas directas u ofendido, los efectos del delito se proyectan sobre otras personas que no son el sujeto pasivo del mismo. La acción delictiva, en estos casos, se dirige o recae primeramente sobre los derechos de otro y solo indirectamente trasciende a aquellas personas, en forma de perjuicio patrimonial ligado a una lesión de derechos ajenos o de padecimientos diversos contemplados como daño moral por el Derecho. Así sucede cuando se da muerte a otro. La víctima directa es el fallecido, pero su muerte causa dolor e incluso perjuicios patrimoniales a sus allegados, tales como el viudo o viuda, los hijos o los padres. Por ello el Código incluye también en la definición de víctimas al cónyuge, legalmente casado o de hecho (compañero de vida), los hijos, los padres, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad y los herederos testamentarios, en los delitos con resultado de muerte….”[1] –El subrayado es nuestro,..."..."el concepto de víctima ha ido avanzando en la jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha extendido el carácter de víctima en los familiares de los perjudicados o directamente ofendidos por los hechos delictivos, toda vez que hayan padecido un sufrimiento, a consecuencia de la violación a sus Derechos Humanos..."..."la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder[3] brinda la siguiente definición de víctima: “Las víctimas de delitos 1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”..."..."de la lectura de la resolución que se recurre en Amparo se infiere que el Ad-quem establece que la directamente perjudicada es la fallecida señora Bertha Lidia Castro Bu, por lo que a quien corresponde ejercer la acción civil para deducir la responsabilidad civil es a sus herederos conforme a la ley, por lo que debe tramitarse por la vía legal correspondiente la declaratoria de herederos hasta obtener la declaratoria que así lo consigne. Siguiendo la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal, la Acción Civil podrá ser ejercitada por el perjudicado (víctima directa o víctima indirecta, esta última en el caso de fallecimiento de la víctima directa), o sus herederos, ello como lo indican los preceptos 49 y 432 del Código Procesal Penal..."..."la motivación externada por el Tribunal Ad-quem no se ajusta a los parámetros establecidos en la ley penal adjetiva, en relación a quienes tienen el carácter de víctimas y por ende perjudicados ante la comisión de un hecho ilícito que deriva en una sentencia condenatoria firme, de la cual se puede solicitar la responsabilidad civil a efecto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencia del ilícito cometido; en ese orden de ideas la motivación externada se revela asimismo insuficiente, al decretar la nulidad absoluta de actuaciones sin exponer el cuadro fáctico de hechos y consideraciones jurídicas a efecto de establecer que por medio del recurso de apelación se pueda declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda; la Alzada únicamente ha procedido a transcribir lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 166 del Código Procesal Penal, inobservando lo que manda el Artículo 141 de la relacionada norma legal, relativo a la motivación de las resoluciones judiciales, pues la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos a las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación..."..."la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[5]..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos relacionados en el presente libelo, realice una motivación lógica y congruente, dando respuesta a los restantes agravios expuestos por el apelante, explicitando de forma racional y suficientemente motivada si son de recibo o no, agravios a los cuales no dio respuesta, en el entendido que procedía a su criterio, la nulidad de la sentencia, por no haberse declarado a la señora Marlen Paredes Castro, heredera de su fallecida madre Bertha Lidia Castro Bu, situación que no aplica en el caso sub júdice, pues ya la ley le otorga el carácter de víctima a los hijos del ofendido directo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, a favor de LA señora MARLEN PAREDES CASTRO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que declaró Ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los Abogados SAUL MUÑOZ ORELLANA y MARCO TULIO MARTINEZ, en su condición de Apoderados de la Parte Demandada, contra la Sentencia Definitiva dictada en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés con funciones en el Progreso y Yoro, con relación a la Demanda por la Vía de Apremio para la Ejecución de una sentencia definitiva condenatoria firme, respecto al pago de daños materiales económicos (Gastos Ocasionados), al pago de compensación y a la indemnización de los perjuicios causados, daños morales (Psicológicos), promovida por la señora MARLEN PAREDES CASTRO, contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA SOCIEDAD ANÓNIMA, también conocida como INVASULA, institución mercantil que opera el Hospital del Valle, a través del Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señor CARLOS LUCIANO MILLA BOGRAN, como Tercero Civilmente responsable por la comisión del ilícito penal en el que incurrió el señor JORGE DANIEL NOVOA ALVAREZ, a quien el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, le impuso una pena de tres años de reclusión y las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de la señora BERTHA LIDIA CASTRO BU.- afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de los derechos de petición, defensa y debido proceso, dispuestos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (08) de junio del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Señora MARLEN PAREDES CASTRO, interponiendo Demanda por la Vía de Apremio para la Ejecución de Sentencia firme condenatoria respecto al pago de los daños materiales económicos (gastos ocasionados), al pago de la compensación y a la indemnización de los perjuicios causados, daños morales (psicológicos), contra el señor JORGE DANIEL NOVOA ALVARES, (Médico Internista) y en forma solidaria contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES DEL VALLE DE SULA SOCIEDAD ANÓNIMA, también conocida como INVASULA, como operadora del centro hospitalario conocido como Hospital del Valle, a través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal señor CARLOS LUCIANO MILLA BOGRAN. (Comparecencia visible en el Tomo I de la pieza de antecedentes sin foliar del A-quo) 2) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, con Función en El Progreso y Yoro, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar sin lugar las objeciones interpuestas por la parte demandada. SEGUNDO: Declarar solidariamente responsables a la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANONIMA, también conocida como “INVASULA”, operadora del Hospital del Valle, de los daños y perjuicios ocasionados a MARLEN PAREDES CASTRO, por el fallecimiento de la señora BERTHA LIDIA CASTRO BU, según lo ya expuesto. TERCERO: Condenar a la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANONIMA, también conocida como “INVASULA”, operadora del hospital del Valle a pagar solidariamente la señora MARLEN PAREDES CASTRO, para reparar los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por la muerte de su madre BERTHA LIDIA CASTRO BU, la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRS CON UN (01) centavo (L.153,692.01), a título de daños materiales y al pago de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 42,288,647.74) por los perjuicios causados. CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada, la Sociedad Mercantil SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, SOCIEDAD ANONIMA, también conocida como “INVASULA”, operadora del Hospital del Valle….” (Folios del 1538 al 1548 del Tomo VI de pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la resolución ut supra, mediante resolución de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Saúl Muñoz Orellana y Marco Tulio Martinez en su condición de Apoderados de la Parte Demandada, Sociedad Mercantil denominada Inversiones del Valle de Sula S.A de C.V “INVASULA” contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017).- SEGUNDO: DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir del auto de admisión de la demanda de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011) y demás actuaciones posteriores, de la DEMANDA POR VÍA DE APREMIO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PARA EL PAGO DE DAÑOS MATERIALES ECONOMICOS, PAGO DE LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS, presentada por la señora MARLEN PAREDES CASTRO, contra los señores JORGE DANIEL NOVOA ALVAREZ en forma solidaria y CARLOS LUCIANO MILLA BOGRAN en su condición de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la Sociedad Mercantil Hospital del Valle operado y propiedad de INVERSIONES DEL VALLE DE SULA, S.A. (INVASULA), todo por muerte que le fue causada a la señora BERTHA LIDIA CASTRO BU….”(Folios del 17 al 24fv de la pieza de antecedentes de segunda instancia) 4) El recurrente abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de junio del dos mil dieciocho (2018), vulnera los derechos fundamentales contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protección Judicial), en tanto se emite una resolución que se funda en el simple argumento del demandado, sin razonar porque no explica la taxatividad legal que reconoce tanto la legitimación como víctima de su representada, como el deber del órgano jurisdiccional de valorar las pruebas que deban aportarse para demostrar los daños morales y psicológicos sufridos y demandados en la demanda presentada. 5) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 33 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, misma que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por la cual se declara CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por los Apoderados de la Parte Demandada contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, y decreta la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, a partir del auto de admisión de la demanda de fecha trece de junio del año dos mil once y demás actuaciones posteriores. CONSIDERANDO (4): Que en la acción constitucional impetrada, el recurrente expone sus argumentos aduciendo que la resolución dictada por el Ad-quem, que decreta la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda es violatoria de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en intima relación con los artículos 16, 17, 432, 433, 435 y 437 del Código Procesal Penal, lo que deriva consecuentemente en violación de las garantías individuales de defensa, tutela judicial efectiva y el debido proceso. En la formalización de la acción constitucional de Amparo, el impetrante arguye que se vulnera el Debido Proceso en perjuicio de su representada y con ello la fundamental garantía de Tutela Judicial Efectiva, habida cuenta que según el texto mismo de la demanda, ella actúa demandando la Ejecución por la Vía de Apremio para la restitución, reparación de los daños materiales o morales y la indemnización de perjuicios contra el responsable de Homicidio Culposo y el tercero civilmente responsable, como consecuencia del fallecimiento por mala praxis, de la madre de la demandante señora Bertha Lidia Castro Bu; en su condición de víctima conforme se lo autoriza y legitima el artículo 432 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 16 y 17 del mismo código. CONSIDERANDO (5): Que considera el impetrante que a su representada se le esta vedando el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, al exigírsele fuera del contexto normativo, una condición de procedibilidad inexistente en la norma procesal regulado en el Artículo 432 del Código Procesal Penal, lo que conlleva al Tribunal Ad-quem a incurrir en violación flagrante de la Garantía Constitucional del debido proceso, pues es a la víctima a quien se considera con derecho a la Tutela Judicial Efectiva Indemnizatoria, es decir la víctima tiene derecho a un proceso con todas las garantías y a la defensa de sus derechos. Arguye el recurrente en Amparo que se debe declarar violatoria de los derechos y garantías fundamentales aludidas, ello porque la resolución emitida por el Ad-quem exige la declaratoria de herencia de parte de la víctima demandante, inexistente requisito de procedibilidad de la demanda para el resarcimiento de los daños y perjuicios acusados por el delito, conforme al procedimiento especial regulado en el Código procesal Penal; en consecuencia, dejar subsistentes las actuaciones procedimentales que han derivado en la sentencia definitiva dictada por el Juez de Ejecución en la que define la cuantía conforme a la prueba incorporada al procedimiento de mérito. CONSIDERANDO (6): Que continuando con la exposición de sus argumentos, el impetrante sostiene que el Ad-quem ha inobservado el contenido de los artículos 435 y 437 del Código Procesal Penal; el impetrante asimismo hace mención a la fecha de sentencia emitida en amparo por este Alto Tribunal, de 18 de febrero del 2015, sin hacer referencia al numero de expediente en que fue emitido el relacionado fallo, mediante la cual según el pedidor esta sala de lo constitucional determinó que a esa fecha, es decir avanzado que era el proceso, no existían causales de Nulidad Absoluta que pudiesen obstaculizar el proceso, de manera tal que el Ad-quem estaba imposibilitada de resolver Nulidades posteriores y la decretada el 15 de Junio del 2018 decretada oficiosamente y al margen de la ley, ha constituido un exceso de poder. Luego de realizar las consideraciones que a criterio del impetrante conllevan la vulneración del derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y derecho de defensa, concluye que se esta limitando a su representada la posibilidad de ser oída en juicio de reclamación civil, aún y cuando se encuentra legitimada para hacerlo conforme al artículo 432 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (7): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (8): Que de la foliada de los antecedentes y específicamente la decisión adoptada por el Ad-quem de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho, esta Alto Tribunal advierte que el fundamento de la resolutoria se encuentra en el acápite CUARTO, argumentando lo siguiente: (Sic) “Que éste Tribunal de Alzada aprecia que no obstante, constar en autos la sentencia condenatoria firme de la cual se reclama el pago de la Compensación y la indemnización de los perjuicios causados a la señora Marlen Paredes Castro, en su condición de víctima por muerte de la señora Bertha Lidia Bu, no obstante, no consta en el expediente de reclamación, sentencia declaratoria de heredera para acreditar que la condición en que dicha señora comparece es como (heredera), pues ya el Código Penal lo establece respecto a la Responsabilidad Civil, en su artículo 112 párrafo segundo señala: “La acción para pedir la restitución, reparación e indemnización se transmite igualmente a los herederos del perjudicado”; éste artículo en consonancia con el 49 del Código Procesal Penal que también se refiere al ejercicio de la acción civil que establece: “La acción para deducir la responsabilidad civil proveniente de de un hecho punible, solo podrá ejercitada por el perjudicado o sus herederos”, no constando en autos que se haya acreditado que la señora Marlen Paredes Castro se haya declarado heredera de la señora Bertha Lidia Castro Bu….”. CONSIDERANDO (9): Que al estudiar la norma procesal penal nos daremos cuenta que existen diferentes tipos de víctimas, atendiendo el delito cometido. En ese orden de ideas el Artículo 17 del Código Procesal Penal establece quienes tienen el carácter de víctimas a saber: “1. El directamente ofendido por el delito, incluyendo el Estado y demás entes públicos o privados; 2. El cónyuge o compañero de vida, los hijos, los padres adoptivos, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido; y, 3. Los socios respecto de los delitos que afecten a una sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al patrimonio proindiviso.” –Énfasis y subrayado suplidos- CONSIDERANDO (10): Que, de la lectura del relacionado precepto de la norma penal adjetiva, se establece que el ofendido por el delito, es el titular del bien jurídico protegido que resulta afectado o puesto en peligro por el delito, tanto si se trata de persona física, o jurídica; como ejemplo de ello se puede citar el propietario de los efectos sustraídos, en delitos contra el patrimonio; el fallecido en el delito de homicidio; el lesionado en el de lesiones, etc. En el supuesto de delitos contra la vida, esta condición de víctima se amplia al cónyuge o compañero de vida, los hijos, los herederos etc, como lo indica el numeral 2 del precepto ut supra, del Código Procesal Penal, por ello que la víctima no sólo lo constituye el directamente ofendido o titular del bien jurídico protegido. Para mejor ilustración la doctrina señala que “Además de las víctimas directas u ofendido, los efectos del delito se proyectan sobre otras personas que no son el sujeto pasivo del mismo. La acción delictiva, en estos casos, se dirige o recae primeramente sobre los derechos de otro y solo indirectamente trasciende a aquellas personas, en forma de perjuicio patrimonial ligado a una lesión de derechos ajenos o de padecimientos diversos contemplados como daño moral por el Derecho. Así sucede cuando se da muerte a otro. La víctima directa es el fallecido, pero su muerte causa dolor e incluso perjuicios patrimoniales a sus allegados, tales como el viudo o viuda, los hijos o los padres. Por ello el Código incluye también en la definición de víctimas al cónyuge, legalmente casado o de hecho (compañero de vida), los hijos, los padres, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad y los herederos testamentarios, en los delitos con resultado de muerte….”[1] –El subrayado es nuestro, para mayor ilustración del caso sub júdice-. CONSIDERANDO (11): Que el concepto de víctima ha ido avanzando en la jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha extendido el carácter de víctima en los familiares de los perjudicados o directamente ofendidos por los hechos delictivos, toda vez que hayan padecido un sufrimiento, a consecuencia de la violación a sus Derechos Humanos. Así lo dejó plasmado en el caso López Álvarez Vs. Honduras, al considerar que toda vez que se demuestre que los parientes y personas con un vínculo de cercanía con el directamente perjudicado, han padecido por los sufrimientos de aquélla, debe considerárseles víctimas para los efectos de protección que dispensa la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2]. En ese orden de ideas, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder[3] brinda la siguiente definición de víctima: “Las víctimas de delitos 1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”. CONSIDERANDO (12): Que de la lectura de la resolución que se recurre en Amparo se infiere que el Ad-quem establece que la directamente perjudicada es la fallecida señora Bertha Lidia Castro Bu, por lo que a quien corresponde ejercer la acción civil para deducir la responsabilidad civil es a sus herederos conforme a la ley, por lo que debe tramitarse por la vía legal correspondiente la declaratoria de herederos hasta obtener la declaratoria que así lo consigne. Siguiendo la línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal, la Acción Civil podrá ser ejercitada por el perjudicado (víctima directa o víctima indirecta, esta última en el caso de fallecimiento de la víctima directa), o sus herederos, ello como lo indican los preceptos 49 y 432 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (13): Que es importante mencionar que a la condición de víctima directa (ofendido) o víctima indirecta (fundamentalmente, ciertos parientes para el caso de muerte, según prevé el CPP) hay que superponer otra cualidad jurídica que puede concurrir o no en ambas clases de víctimas, que es la de perjudicado. El Ofendido (víctima directa) será también el perjudicado cuando consecuencia del delito experimente un perjuicio patrimonial o un daño moral valorable en dinero. Si el delito no produce tal perjuicio patrimonial ni el daño moral es considerado como relevante por el Derecho, el ofendido no tendrá la calidad de perjudicado. Cuando exista el perjuicio (material o moral valorable en dinero), éste recaerá normalmente sobre el ofendido[4], quien tendrá al mismo tiempo la consideración de perjudicado. CONSIDERANDO (14): Que la motivación externada por el Tribunal Ad-quem no se ajusta a los parámetros establecidos en la ley penal adjetiva, en relación a quienes tienen el carácter de víctimas y por ende perjudicados ante la comisión de un hecho ilícito que deriva en una sentencia condenatoria firme, de la cual se puede solicitar la responsabilidad civil a efecto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencia del ilícito cometido; en ese orden de ideas la motivación externada se revela asimismo insuficiente, al decretar la nulidad absoluta de actuaciones sin exponer el cuadro fáctico de hechos y consideraciones jurídicas a efecto de establecer que por medio del recurso de apelación se pueda declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la demanda; la Alzada únicamente ha procedido a transcribir lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 166 del Código Procesal Penal, inobservando lo que manda el Artículo 141 de la relacionada norma legal, relativo a la motivación de las resoluciones judiciales, pues la simple relación de las actuaciones del proceso, la mención de los requerimientos hechos a las partes o la cita o trascripción de preceptos legales, no reemplazará la motivación. CONSIDERANDO (15): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional ha dejado establecido en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[5]. CONSIDERANDO (17): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que éste extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo. CONSIDERANDO (18): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (19): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Segunda Instancia debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos relacionados en el presente libelo, realice una motivación lógica y congruente, dando respuesta a los restantes agravios expuestos por el apelante, explicitando de forma racional y suficientemente motivada si son de recibo o no, agravios a los cuales no dio respuesta, en el entendido que procedía a su criterio, la nulidad de la sentencia, por no haberse declarado a la señora Marlen Paredes Castro, heredera de su fallecida madre Bertha Lidia Castro Bu, situación que no aplica en el caso sub júdice, pues ya la ley le otorga el carácter de víctima a los hijos del ofendido directo. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, 49, 60, 141 y 432 del Código Procesal Penal; 112 del Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado NELSON BAUDILIO LOPEZ LAZO, a favor de la señora MARLEN PAREDES CASTRO, contra la Resolución de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; 2) Déjese sin valor y efecto la suspensión provisional del Acto reclamado, decretado por este Alto Tribunal mediante providencia de fecha veintidós de agosto del año dos mil dieciocho; 3) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, asimismo proceda en la nueva resolución que emita, dar respuesta a los demás agravios expuestos por el Apelante. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-605-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO HONDURAS. Proyecto de Fortalecimiento del poder Judicial de Honduras Cooperación Española. Autores españoles Manuel Almenar Belenguer et al; Autores hondureños Feliz Antonio Ávila Ortiz et al; Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000. Pág. 115. En la misma línea doctrinaria el Jurista Félix Antonio Ávila Ortiz en su obra intitulada Proceso Penal Hondureño refiere: “Víctimas de un delito no pueden ser otras más que las personas o entidades señaladas por este precepto. La norma en cuestión dispone, en primer lugar, que se considerará victima al directamente ofendido por el delito, incluyendo el Estado y demás entes públicos. Se trata del perjudicado en forma directa por la infracción, es decir el que ha sufrido el daño en sus bienes personales o materiales o lo que es lo mismo, el titular del bien jurídicamente protegido, ya se trate de la vida, la integridad corporal, el honor, o la propiedad. Se incluye en este caso al Estado. ver como referencia la pág. 116 de la obra citada.

[2] Vid. Los párrafos 117 y 118 de la sentencia señalada.

[3] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.

[4] Como se dejo relacionado en acápites anteriores, la condición de ofendido es el concepto que el código Procesal penal brinda para la víctima del delito, la que puede ser la titular del bien jurídico protegido, o victima indirecta y victima indirecta la que sufre un perjuicio patrimonial ligado a una lesión de derechos ajenos, como ser el cónyuge, hijos ect, quienes mantiene una relación estrecha con el directamente ofendido, en el caso de fallecimiento de éste último.

[5] L. Alfredo De Diego Diez. El derecho a la tutela judicial efectiva., OIM Editorial, Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras), 2014. Pág. 56.