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Sentencia AP-596-18 — Registro 12131

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó sobreseimiento definitivo a favor de recurrente dictado por juzgado de primera instancia y en su lugar se dicte auto de formal procesamiento con medida cautelar de prisión preventiva por suponerlo responsable del delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de testigo protegido; en apelación se estimó el peligro de fuga por haberse decretado auto de formal procesamiento por otro delito contra recurrente lo que desvanece la posibilidad de aceptar procedimiento abreviado y aplicar conmuta en el asunto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la imposición de la prisión preventiva, dispuesta por el Tribunal Ad Quem, no vulnera por las razones antes apuntadas, la garantía del debido proceso, ni tampoco, el principio de presunción de inocencia, consagrados por la Constitución, toda vez que se han tenido en cuenta los presupuestos legitimadores previstos en el Código Procesal Penal para decretar esa medida cautelar, quedando a salvo de la Defensa su derecho a presentar con arreglo a Derecho, las pruebas que permitan preservar o mantener dicha presunción,.."..."con relación a la revocatoria del sobreseimiento definitivo por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, el tribunal de alzada estimó que se dan los presupuestos que exige el artículo 193 del Código Penal,...el artículo anterior referido, desarrolla el delito de secuestro, el cual, entre otros supuestos determina que, quien con engaño sustraiga, retenga, desplace, a otro privándolo de su libertad, para cumplir con una serie de propósitos por ejemplo obtener dinero a cambio de la persona secuestrada, obligar a alguien que haga o deje de hacer algo. Esta Sala manifiesta que, con la argumentación jurídica a este respecto, y en base a la cual se revoca el sobreseimiento definitivo, no se vulnera el debido proceso, pues a juicio de la alzada, no era necesario sustraerlo con engaño del lugar en el cual habían quedado para el cambio del dinero de lempiras a dólares, en caso de haberle querido despojar del dinero, lo hubiesen hecho en el lugar por ellos escogido. Sino que, se reitera que, bajo el engaño y amenazas, pues fue encañonado con armas, le impidieron su derecho a la libertad todo el tiempo que lo anduvieron desplazado en el vehículo y lo fueron a dejar a otro lugar en contra de su voluntad. Se concluye así, que no existe una aplicación errónea de la norma artículo 193 del Código Penal, contentiva del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, por tanto, no existe la vulneración al debido proceso..."..."en atención a las razones antes expuestas, debe denegarse el amparo interpuesto por el Quejoso..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA a favor del Señor LUIS EDUARDO PUERTO REYES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve (19) de abril dos mil dieciocho (2018), que declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP), contra el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la causa instruida contra los Señores LUIS EDUARDO PUERTO REYES Y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO y PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO..- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 69 y 93 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (07) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada IRIS SAGRARIO GOMEZ ERAZO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores LUIS EDUARDO PUERTO REYES Y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por los delitos de ROBO AGRAVADO Y PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO DENOMINADO “PREYASI”. (Folios 1–7 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Audiencia Inicial el citado Juzgado, Dictó: (SIC) “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a LUIS EDUARDO PUERTO REYES, y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO “PREYASI”, sin embargo se procede a dictar auto de formal procesamiento contra LUIS EDUARDO PUERTO REYES, Y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO “PREYASI”, ya que existe el mínimo indicio racional probatorio de su participación, aun cuando no hay el cuerpo del delito expuesto por la defensa, sin embargo al encontrarse bienes del ofendido en posesión de los imputados hay acreditación de que fue despojado de sus bienes y por ende hay mínimo indicio racional del despojo del dinero mencionado por el ofendido. En relación a la medida cautelar este juzgador considera que no hay suficiente arraigo ofertado por la defensa para acceder a la petición de imponer medida distinta la prisión preventiva, por lo que se ordena librar atento oficio al centro penitenciario nacional de Tamara a fin de que sean dejados en deposito a los precitados imputados.-” (Folios 15–21 de la pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de Fiscal del MINISTERIO PUBLICO, en fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1.- Declarar HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Publico. 2.- REVOCA EL SOBRESEIMIENTO Definitivo de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, dictado a favor de los imputados por el delito de Privación Injusta de la Libertad y que en su lugar el A-Quo dicte el correspondiente Auto de Formal Procesamiento por dicho delito.- 3) REVOCA las medidas cautelares impuestas a favor de Luis Eduardo Puerto Reyes en Audiencia de Revisión de Medidas de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y que en su lugar se le imponga la medida cautelar de Prisión Preventiva.-” (Folios 112–115 de la pieza del A- Quo). 4) Que el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA, compareció ante este Tribunal en fecha diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del Señor LUIS EDUARDO PUERTO REYES, contra la Resolución de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 69 y 93 de la Constitución de la República. (Folios 1–7 del Presente Recurso). 7) Que en fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 88 del Presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que, de este modo, dentro de tal garantía constitucional deben considerarse incluidos una serie de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten a éstas intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Es así como dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros: el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. CONSIDERANDO (3): Que la garantía del debido proceso encuentra reconocimiento constitucional en el artículo 90 párrafo primero de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie podrá ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente, con arreglo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (4): Que se conoce la acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA a favor del Señor LUIS EDUARDO PUERTO REYES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve (19) de abril dos mil dieciocho (2018), que declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP), contra el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la causa instruida contra el señor LUIS EDUARDO PUERTO REYES, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO y PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. CONSIDERANDO (5): Que el hecho que se juzga es el siguiente: En fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, policías de la dirección Policial de Investigación, (DPI), a eso de las ocho de la mañana, se encontraba parado en la esquina de Burguer King del Centro de Tegucigalpa, la victima, denominada ahora testigo protegido PREYASI, cuando se le acercó una persona solicitándole que le cambiara la cantidad de QUINCE MIL DOLARES ($15,000.00), quedando que se encontrarían en el punto de taxi del Reparto. Menciona la victima que esa operación ya la había realizado con anterioridad con esa misma persona. Al llegar al punto convenido, el ahora imputado le preguntó si andaba el dinero y le contestó que si, pidiéndole que se subiera a un vehículo que adentro lo iban a cambiar. Ambos se subieron a la parte de atrás, cuando otro hombre que estaba al volante arrancó; en este momento, el que estaba a la par de él sacó un arma, manifestándole que era un asalto, y le obligó a entregarle el dinero, después lo bajaron cerca de la posta del durazno, observando bien las características del vehículo. Una vez interpuesta la denuncia, los policías de la DPI, encontraron el vehículo en el restaurante llamado “Típicos de Zambrano”, y al pedir información en ese lugar, la dueña del mismo les informa que ellos se hospedan en ese lugar, y al obtener autorización respectiva, procedieron a entrar a la habitación en donde encontraron un reloj marca Fósil y un celular marca LG, propiedad del ofendido, fueron identificados como Luis Eduardo Puerto Reyes, como el conductor del vehículo y Oscar Fernando Moradel Reyes, como la persona que apuntó con el arma mientras lo despojaba de sus pertenencias y de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS (L148,000.00). CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra Luis Eduardo Puerto Reyes y Oscar Fernando Moradel Reyes, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, dictando el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a LUIS EDUARDO PUERTO REYES, y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO “PREYASI”, y dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra LUIS EDUARDO PUERTO REYES, Y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por suponerlos responsables del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO “PREYASI”; imponiendo a ambos la medida cautelar, de prisión preventiva. CONSIDERANDO (7): Que solamente seis días después de la audiencia inicial, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el A-quo accedió a celebrar una audiencia A-doc de sustitución de medidas al imputado LUIS EDUARDO PUERTO REYES, aceptando una fianza por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L75,000.00), motivando que el delito de robo no es grave, y que se sometiera a un procedimiento abreviado, la pena quedaría conmutable. No conforme con lo anterior, el Ministerio Público interpone recursos de apelación, exponiendo como agravios el haber sobreseído definitivamente a los imputados por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, y por haber otorgado sustituir la prisión preventiva por una fianza. CONSIDERANDO (8): Que la Corte de apelaciones, revocó la resolución recurrida, y determina decretar auto de formal procesamiento en contra de ambos imputados por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, y al mismo tiempo revoca la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por el pago de una fianza al imputado LUIS EDUARDO PUERTO REYES, argumentando que existe peligro de fuga, y manifiesta que con el hecho de haberse revocado el sobreseimiento definitivo, resurge el peligro de fuga por la peligrosidad de la pena, misma que se agrava al sumarse las penas de ambos delitos. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los antecedentes esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia recurrida contiene una argumentación sustentable en derecho congruente, es decir, el estimar el resurgimiento del peligro de fuga por haberse decretado auto de formal procesamiento por un delito más, lo cual desvanece el argumento del A-quo relativo a la falta de peligrosidad por tratarse de una pena cuyo cumplimiento podría hacerse a través de una conmuta en caso de aceptarse un procedimiento abreviado, hecho que no podría darse con la acumulación de un delito más, lo que hace la pena gravosa y provocaría una intención de fuga. CONSIDERANDO (10): Que de conformidad a lo previsto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, para determinar si existe peligro de fuga del imputado, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1) la falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar el territorio nacional o para permanecer oculto, 2) la gravedad de la pena que pudiera imponerse al encausado, como resultado del proceso, 3) la importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del procesado frente al mismo y, en particular, su falta de voluntad reparadora, y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal.(El subrayado es nuestro). CONSIDERANDO (11): Que la imposición de la prisión preventiva, dispuesta por el Tribunal Ad Quem, no vulnera por las razones antes apuntadas, la garantía del debido proceso, ni tampoco, el principio de presunción de inocencia, consagrados por la Constitución, toda vez que se han tenido en cuenta los presupuestos legitimadores previstos en el Código Procesal Penal para decretar esa medida cautelar, quedando a salvo de la Defensa su derecho a presentar con arreglo a Derecho, las pruebas que permitan preservar o mantener dicha presunción, y por lo tanto enervar la hipótesis acusatoria formulada por la Representación del Ministerio Público. CONSIDERANDO (12): Que con relación a la revocatoria del sobreseimiento definitivo por el delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, el tribunal de alzada estimó que se dan los presupuestos que exige el artículo 193 del Código Penal, disposición jurídica que manda: “quien fuera de los casos previstos en el artículo anterior, prive a otro injustamente de su libertad, será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años”. Así, se debe mencionar que el artículo anterior referido, desarrolla el delito de secuestro, el cual, entre otros supuestos determina que, quien con engaño sustraiga, retenga, desplace, a otro privándolo de su libertad, para cumplir con una serie de propósitos por ejemplo obtener dinero a cambio de la persona secuestrada, obligar a alguien que haga o deje de hacer algo. Esta Sala manifiesta que, con la argumentación jurídica a este respecto, y en base a la cual se revoca el sobreseimiento definitivo, no se vulnera el debido proceso, pues a juicio de la alzada, no era necesario sustraerlo con engaño del lugar en el cual habían quedado para el cambio del dinero de lempiras a dólares, en caso de haberle querido despojar del dinero, lo hubiesen hecho en el lugar por ellos escogido. Sino que, se reitera que, bajo el engaño y amenazas, pues fue encañonado con armas, le impidieron su derecho a la libertad todo el tiempo que lo anduvieron desplazado en el vehículo y lo fueron a dejar a otro lugar en contra de su voluntad. Se concluye así, que no existe una aplicación errónea de la norma artículo 193 del Código Penal, contentiva del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD, por tanto, no existe la vulneración al debido proceso. CONSIDERANDO (13): Que, en atención a las razones antes expuestas, debe denegarse el amparo interpuesto por el Quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 52, 54 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA a favor del Señor LUIS EDUARDO PUERTO REYES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve (19) de abril dos mil dieciocho (2018), que declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP), contra el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; con relación a la causa instruida contra los Señores LUIS EDUARDO PUERTO REYES Y OSCAR FERNANDO MORADEL SUAREZ, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO y PRIVACION INJUSTA DE LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PREYASI; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0596-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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