Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-590-18 — Registro 12109

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación con relación al delito de operaciones financieras ilícitas. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 Y 103 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal CONSIDERANDO (10): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (11): Que dispone el artículo 403 del Código Procesal Penal que el procedimiento abreviado procederá a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado, para sancionar cualquier delito de acción pública, siempre que concurran los requisitos dispuestos en dicha norma. Que de sus antecedentes (f.163) que corre agregada la solicitud presentada por el fiscal ante el juez de letras para la aplicación del procedimiento abreviado, lo cual se encuentra autorizado por el superior jerárquico en auto agregado y la que consta en el folio 173 y presentada antes de la emisión del auto de apertura a juicio, presentado junto al procedimiento los documentos exigidos por el artículo 403 supra indicado, habiéndose cumplido con los requisitos exigidos en la norma por lo que juez en aplicación el procedimiento abreviado, dicto sentencia condenando a la pena de cinco (5) años de reclusión y a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación para el ejercicios de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena principal. CONSIDERANCO (12): Que si bien el acusador hoy amparista se opone a la aplicación del procedimiento abreviado porque aduce que se le violenta los derechos a su representada -víctima- al imponerse una pena no gravosa y no ejemplarizante para la sociedad. Se debe considerar que la aplicación del procedimiento abreviado no es un mecanismo ex culpante de la responsabilidad de la persona acusada, ni le exime de una pena o de responsabilidad penal, por el contrario, en un procedimiento sumario mediante el cual se condena al acusado después de haber aceptado su responsabilidad y participación en los hechos imputados, precisamente por ello la misma ley manda que se imponga las penas correspondientes rebajadas en un tercio, por ende la pretensión de la víctima se resarce mediante el fallo de culpabilidad y la consecuente responsabilidad civil que pueda deducir como consecuencia de la condena de la reclusión. Cabe extender que la decisión de la imposición del quantum de la pena es una facultad atribuida discrecionalmente al juez para que dentro del mínimo y el máximo de la pena establecida en la norma o de la pena abstracta correspondiente, establezca la pena concreta que se deberá imponer. CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional ha cumplido los requisitos legales tanto en su motivación fáctico jurídico constando mediante autos que no vulnera el derecho de petición ni el derecho a la propiedad privada, ya que la sentencia dictada por el Ad Quem es apegada a derecho; consecuentemente no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de junio dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra el señor YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ por suponerlo responsable del delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, en perjuicio de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 Y 103 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Talanga, departamento Francisco Morazán, la Abogada RAMONA DOLORES VALDERRAMOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ por suponerlo responsable del delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, en perjuicio de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. 2) Que en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018), una vez celebrada la Audiencia de Procedimiento Abreviado el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia definitiva en la cual FALLA: PRIMERO: Que debo condenar y condeno al joven señor YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ, de generales conocidas en concepto de autor de un delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS en perjuicio de BANCO DEL PAIS, delito ya definido y circunstanciado, a la pena principal de CINCO AÑOS DE RECLUSION que deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. SEGUNDO: Que debo condenar y condeno al acusado YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ, a las penas accesorias de INTERDICCION CIVIL e INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICOS, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por igual tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ, la que podrá ser ejercitada en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. (Folios 182 y 184 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinte (20) de junio dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el acusador privado. 2) CONFIRMAR la sentencia apelada. (Folios del 207 al 209 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha veinte de junio dos mil dieciocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 103 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecinueve (2019), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS, S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de junio dos mil dieciocho (2018), que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra el señor YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ por suponerlo responsable del delito de OPERACIONES FINANCIERAS ILICITAS, en perjuicio de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 Y 103 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que del estudio del presente recurso de amparo la impetrante establece que la procedencia de la acción interpuesta se suscita por las violaciones al derecho de defensa y al derecho a la propiedad privada, para lo cual sobre dichos aspectos, los cuales han sido ultrajados es porque la Corte de Apelaciones de lo Penal de este departamento emisión resolución confirmando el procedimiento abreviado decretado para tal el efecto por el cual el Juez A Quo de la ciudad de Talanga, en la que condenó al señor YANKEL RENAN GALVEZ BENITEZ la pena mínima de cinco (5) años de reclusión por el delito de Operaciones Ilícitas. CONSIDERANDO (5): Se traslada que el derecho a la defensa es aquel que podrá hacerse aconsejar, defender y representar, y a ser oído en todo el procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer recursos procesales y a no ser juzgado en ausencia. Por consiguiente todo acusado tiene derecho a un abogado defensor; en esa línea constitucional y tomando en cuenta que se enuncia infringido el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 104 de la Carta Magna, cabe deducir que toda persona tiene derecho a la propiedad privada para atender sus propias necesidades, mantener su dignidad y su hogar, tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a heredarlos, este principio es la base de la legislación civil y mercantil, por lo que se define en el Código Civil como el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario, de ahí que la propiedad obliga, el uso de la propiedad debe de contribuir al bienestar general, en un reconocimiento que a la par del interés individual hay un interés social, de ahí que el derecho a la propiedad se protege al sancionar su transgresión, para lo cual se castiga la apropiación indebida. CONSIDERANDO (6): Del amparo interpuesto como de su formalización (folio 26-29 de la pieza de amparo) el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogado RONAL ALEXIS MONTES TORRES plantea que tomando en cuenta la normativa constitucional y procesal vigente, considera que el razonamiento esgrimido por el Tribunal Ad Quem, deja evidenciado la falta de valoración de los medios de prueba documentales y testificales utilizados por esta acusación privada y además nuestra pretensión de llevar la causa hasta un juicio oral y público, en donde se le pondría imponer al imputado una sentencia justa y no sentirse burlado por los órganos juzgadores al imponérsele una sentencia mínima de cinco (5) años de reclusión, la cual no obstante de ser una condena, la misma podría ser fácilmente conmutable por dinero, violentando de eta forma el derecho fundamental de defensa y propiedad privada de la víctima. En el presente caso estima el arguyente de la defensa privada del BANCO DEL PAIS, S.A., que la persona condenada sustrajo el dinero de las cuentas de varios clientes del BANCO DEL PAIS, S.A.; por lo que abuso de la confianza que se le había dado como empleado, y en consecuencia considera que con esa pena mínima que se le ha impuesto, podría ser una invitación para que cualquier otro empleado o persona ajena a la institución pueda hacer lo mismo defraudando así el sistema financiero privado, quien considera que de haber sustraído la cantidad de L.52,170.88 pueda beneficiarse con una pena conmutable de cinco (5) años sin resarcir e indemnizar los daños causados a su representado BANCO DEL PAIS, S.A. CONSIDERANDO (7): Que “las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas. Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas. Entendiéndose el Debido Proceso como:[2] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”. CONSIDERANDO (8): Que el debido proceso legal abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido, contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. La jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos añade por primera vez en el Caso Mohamed Vs. Argentina que lo anterior “contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias”. Es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana que el artículo 8.1 que rectora las reglas del proceso legal, por ende, los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad que están establecidos por el artículo en referencia son elementos esenciales del debido proceso legal. CONSIDERANDO (9): La afirmación que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y que la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido tomado en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que están han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión antes las instancias superiores. Sin embargo, el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, por que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. CONSIDERANDO (10): Que, consagrado dentro del Derecho a la Defensa, es un derecho para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. CONSIDERANDO (11): Que dispone el artículo 403 del Código Procesal Penal que el procedimiento abreviado procederá a solicitud conjunta del Ministerio Público y del imputado, para sancionar cualquier delito de acción pública, siempre que concurran los requisitos dispuestos en dicha norma. Que de sus antecedentes (f.163) que corre agregada la solicitud presentada por el fiscal ante el juez de letras para la aplicación del procedimiento abreviado, lo cual se encuentra autorizado por el superior jerárquico en auto agregado y la que consta en el folio 173 y presentada antes de la emisión del auto de apertura a juicio, presentado junto al procedimiento los documentos exigidos por el artículo 403 supra indicado, habiéndose cumplido con los requisitos exigidos en la norma por lo que juez en aplicación el procedimiento abreviado, dicto sentencia condenando a la pena de cinco (5) años de reclusión y a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación para el ejercicios de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena principal. CONSIDERANCO (12): Que si bien el acusador hoy amparista se opone a la aplicación del procedimiento abreviado porque aduce que se le violenta los derechos a su representada -víctima- al imponerse una pena no gravosa y no ejemplarizante para la sociedad. Se debe considerar que la aplicación del procedimiento abreviado no es un mecanismo ex culpante de la responsabilidad de la persona acusada, ni le exime de una pena o de responsabilidad penal, por el contrario, en un procedimiento sumario mediante el cual se condena al acusado después de haber aceptado su responsabilidad y participación en los hechos imputados, precisamente por ello la misma ley manda que se imponga las penas correspondientes rebajadas en un tercio, por ende la pretensión de la víctima se resarce mediante el fallo de culpabilidad y la consecuente responsabilidad civil que pueda deducir como consecuencia de la condena de la reclusión. Cabe extender que la decisión de la imposición del quantum de la pena es una facultad atribuida discrecionalmente al juez para que dentro del mínimo y el máximo de la pena establecida en la norma o de la pena abstracta correspondiente, establezca la pena concreta que se deberá imponer. CONSIDERANDO (13): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en la Acción de Amparo objeto de estudio se comprueba, que la sentencia impugnada en esta vía constitucional ha cumplido los requisitos legales tanto en su motivación fáctico jurídico constando mediante autos que no vulnera el derecho de petición ni el derecho a la propiedad privada, ya que la sentencia dictada por el Ad Quem es apegada a derecho; consecuentemente no vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 103, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 320, 321, 323, de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 y 394-D Código Penal; 1, 2, 4, 14, 202, 403, 198 y 202 del Código Procesal Penal; 1, 13, 16 y 37 de la Ley del Ministerio Público; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesto por el Abogado RONAL ALEXIS MOLINA TORRES, actuando a favor de la sociedad mercantil BANCO DEL PAIS S.A, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte (20) de junio dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. REDACTÓ MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0590-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[2] Artículo 3 del Código Procesal Civil.