Sentencia AP-582-18 — Registro 12108
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de extorsión continuada y posesión ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de testigo protegido AF-259 y la seguridad interior del Estado de Honduras, respectivamente. - Estimando el recurrente que la decisión del A-Quo, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser revocar el auto de formal procesamiento y sobreseimiento del imputado en los tipos penales imputados, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente Dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha cuatro de junio dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor ALEJANDRO JOSUE HERNANDEZ BARAHONA por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-259 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE.- Estimando el recurrente que la decisión del A-Quo, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, el Abogado SANTIAGO RENE MONCADA, actuando en su condición de Fiscal Adscrito a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal, contra el Ciudadano ALEJANDRO JOSUE HERNANDEZ BARAHONA, por los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AF259” Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1–9 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018), en la celebración de la Audiencia Inicial, el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “1.-AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor ALEJANDRO JOSUE HERNANDEZ BARAHONA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF259 y LA SEGUIRDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.- Imponerle al referido imputado la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá de cumplir en la Penitenciaría Nacional Tamara Francisco Morazán. 3.- La medida cautelar decretada, tendrá una duración provisional y se mantendrá hasta la celebración del Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase a esa etapa procesal, sin prejuicio de que la misma pueda ser sustituida por una menos gravosa, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que se tomaron en cuenta para decretarla.-” (Folios 25–38 de la pieza del A-Quo). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada ISABELLA JAQUELINE ROSALES, en su condición de Defensora Privada del ciudadano ALEJANDRO JOSUE HERNANDEZ BARAHONA, en fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación Interpuesto por la Defensa del señor Alejandro Josué Hernandez Barahona. SEGUNDO: REVOCAR la resolución apelada. TERCERO: ORDENAR que se proceda a dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITVO a favor del señor ALEJANDRO JOSUE HERNANDEZ BARAHONA por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AF259 y por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; debiéndose ordenar su inmediata libertad.-” (Folios 61–67 de la pieza del A-Quo). 4) Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1–8 del Presente Recurso) 5) Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 39 del Presente Recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha cuatro de junio dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor ALEJANDRO JOSUE HERNANDEZ BARAHONA por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA Y POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AF-259 y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, RESPECTIVAMENTE. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (08) de agosto de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, pues si bien es cierto, no puede desconocerse que la valoración de prueba para determinar la procedencia o improcedencia de la emisión de auto de formal procesamiento, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es propio de las autoridades de instancia, pero también lo es, que en salvaguarda de los derechos fundamentales que nuestra Carta Magna consagra, es misión de la Sala Constitucional revisar el razonamiento lógico que realizó el Ad-Quem del cual se desprende que no realizó un estudio exhaustivo de los medios de prueba de cargo y por consiguiente una correcta valoración de estos en apego a la sana critica, que demanda el debido proceso. La resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, vulnera el Debido Proceso, por no haberse valorado la prueba de manera conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana critica, obligación que tiene el juzgador conforme lo establece el Artículo 202 del Código Procesal Penal; así como el principio de legalidad, pues en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad o interpretación personal, sin tomar en cuenta la norma que se debe aplicar; y, que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de un inspiración, sino una expresión razonada de la situación de la norma jurídica. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción Penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha cuatro de junio dos mil dieciocho, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión en fecha treinta de abril de dos mil dieciocho; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo la mayoría de sus integrantes que no es acertada de la valoración de la prueba que realizó el señor Juez A-Quo; y, que resulta con mayor valor la prueba presentada por la Defensa, aunado a que el testigo protegido no realiza un reconocimiento del acusado como la persona que cometió el hecho. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser revocar el auto de formal procesamiento y sobreseimiento del imputado en los tipos penales imputados, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de mayo de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0582-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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