Sentencia AP-580-18 — Registro 12107
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo Estado de Honduras contra la sentencia que declaró con lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido ER-322. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un sobreseimiento definitivo, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve.-VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor Luis Manuel Martínez Suarez por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido ER-322. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, la Abogada Melba Zelaya, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Luis Manuel Martínez Suarez a quien se le supone responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido con clave “ER-322”. (Folios 1-5 del expediente del antecedente).-2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la ley, el referido Juzgado, en audiencia inicial celebrada en fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, resolvió: 1) Decretar Auto de Formal Procesamiento contra el señor Luis Manuel Martínez Suarez por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido con clave ER-322; 2) Decretar Prisión Preventiva al señor Luis Manuel Martínez Suarez; 3) Líbrese el oficio correspondiente al señor Director del Centro Penal de esta ciudad haciéndole saber el alcance de la presente resolución y que deberá mantener al imputado separado de los reos condenados. (Folios del 36-38 vuelto del antecedente). -3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Delmi Graciela Rivera Guevara, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, resolvió: Primero: Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del señor Luis Manuel Martínez Suarez. Segundo: Revocar la resolución apelada. Tercero: Que la Juez A-quo proceda a dictar Sobreseimiento Definitivo, a favor del señor Luis Manuel Martínez Suarez, por el delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido ER-322; debiéndose ordenar la inmediata libertad del señor Luis Manuel Martínez Suarez. (Folios 60-66 del antecedente).-4) Que el recurrente Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, compareció ante este Tribunal en fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor Luis Manuel Martínez Suarez por suponerlo responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido ER-322.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal en fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, vulnera el Debido Proceso, al despreciar las fuentes de prueba usadas por el Ministerio Público, sin contar con asidero legal que lo justifique, por lo que al realizarlo sin justificación válida alguna, se le da forma a un irremediable irrespeto al Derecho de Defensa, transgresión que se magnifica cuando se decide dictar un sobreseimiento definitivo.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada la acción de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que si no se ha acreditado la realización del hecho típico, tampoco se puede estimar que el acusado ha cometido algún delito, consecuentemente procede aplicar el Artículo 296 del Código Procesal Penal, que señala que debe emitirse un Sobreseimiento Definitivo cuando resulta probado que el hecho no ha existido, como en el caso de mérito, en el que el testigo protegido fue contundente al señalar que no fue amenazado; y, por tanto, no se puede apreciar que existen razones para considerar la comisión del hecho penalmente reprochable.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. -CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un sobreseimiento definitivo, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0580-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL