Sentencia AP-551-19 — Registro 12793
Resumen
sobreseimiento de acción de amparo contra sobreseimiento provisional dictado a favor de imputado por el delito de violación agravada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió sobreseer por unanimidad de votos el amparo de mérito. Dicho tribunal establece que consta en autos que el Ministerio Público fundamenta la garantía constitucional de amparo denunciando que el sobreseimiento provisional dictado en primera instancia, violenta los derechos de defensa y debido proceso. De conformidad a lo expresado por la corte de apelaciones en su sentencia, la garantía constitucional de amparo se motivó en que el juez de primera instancia rechazó a los testigos S. C. D. E. y José Antonio Martínez Díaz. En el caso de la primera testigo, no se tomó su declaración porque no pudo trasladarse al juzgado debido a que no habla, no mira, y no escucha; además, ha sido diagnosticada desde hace cinco años con la enfermedad de Alzheimer. El alegato del amparista fue que el juez denegó la solicitud de trasladarse a la casa de habitación de dicha señora para tomar su declaración. En el caso del otro testigo, su declaración fue rechazada debido a que sólo portaba su RTN como identificación, no obstante, el Ministerio Público había propuesto que éste fuera identificado por dos personas que le reconocieran, solicitud que también fue denegada. En respuesta a lo expuesto por el garantista, el tribunal que conoce en jurisdicción constitucional, estableció la importancia del artículo 232 del Código Procesal Penal, que dispone que, en caso de incapacidad física, la declaración de testigo será recibida por el órgano jurisdiccional, en su casa de habitación o en el lugar donde se encuentre, en presencia de las partes que intervengan en su deposición, por lo que aplicándolo al presente caso “…el juez que conoce la causa es garante de la admisibilidad o no de los medios [de] prueba, en base a pertinencia, utilidad y proporcionalidad.” La corte de apelaciones, con referencia al rechazo de un testigo por no portar más identificación que el RTN, trae a revista lo que dispone el artículo 236 del Código Procesal Penal, el cual literalmente expresa: “Antes de que inicie la deposición, el testigo prestará juramento… y se dejará constancia en autos de su nombre y apellidos, estado civil, edad, profesión, nacionalidad y domicilio, …” De manera que, expresa la corte, el código indica la fuente fehaciente y confiable de cómo obtener esa información. Establecido lo anterior, la corte de apelaciones pasando a otro punto, señala que la estimación que hace el juez sobre la admisión de los medios de prueba, es una tarea que en esencia corresponde ser ejercida por los juzgados y tribunales en materia penal, de manera que el tribunal constitucional interviene únicamente cuando en esa valoración se han quebrantado las normas esenciales del proceso penal, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales. No obstante, en el caso concreto de mérito, la corte de apelaciones lo subsume, en la causal de inadmisión del numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual señala lo siguiente: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.” Además, el párrafo último establece: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. En complemento a lo expuesto por la corte de apelaciones, con relación a la causa de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la Sala, hace el señalamiento de que procede el sobreseimiento de la garantía de amparo, debido a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 354 del Código Procesal Penal, por cuanto el sobreseimiento, sea provisional o definitivo, admite el recurso de apelación, por lo que debió agotarse dicho recurso de forma previa a la garantía constitucional de amparo"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, mediante la cual sobreseyó la garantía constitucional de amparo promovida por el abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera a favor de la señora S. C. D. E., contra la resolución emitida en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de la sección judicial del departamento de Choluteca, con relación a la causa instruida contra el señor Santos Eduardo Martínez Martínez por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de la señora S, C, D. E.. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial del departamento de Choluteca, la abogada Ileana Alejandra Aguilar Arce, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor Santos Eduardo Martínez Martínez por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de la señora S. C. D. E.. (Folios 1-3 del expediente del a quo). 2. En fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Seccional antes mencionado, resolvió decretar detención judicial en contra del señor Santos Eduardo Martínez Martínez. (Folios 37-38 del expediente del a quo). 3. En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la celebración de la audiencia inicial, el juzgado precitado, decretó: “A FAVOR DEL AHORA IMPUTADO SANTOS EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a quien se le supone responsable del delito de VIOLACIÓN AGRAVADA en perjuicio de S. C. D. E.. Asimismo, se dejan sin valor ni efecto las medidas impuestas en audiencia indagatoria de fecha 20 de septiembre del año 2018…” (Folios 40-48 del expediente del a quo). 4. En fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la señora S. C. D. E., contra la resolución referida en el numeral que precede, considerando el recurrente que dicha resolución le vulnera a su representada, las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del expediente del ad quem). 5. Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la referida corte de apelaciones dictó sentencia en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual falló: “PRIMERO: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el abogado MARVIN EDGARDO ZELAYA HERRERA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, contra la resolución proferida en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en la causa penal instruida contra el señor SANTOS EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en perjuicio de S. C. D. E., registrada con expediente número, 0601-2016-03232, del Juzgado a quo, SOBRESEYENDO LA CAUSA. (Folios 18-22 de la pieza del ad quem). 6. En fecha trece de junio de dos mil diecinueve, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió sobreseer por unanimidad de votos el amparo de mérito. Dicho tribunal establece que consta en autos que el Ministerio Público fundamenta la garantía constitucional de amparo denunciando que el sobreseimiento provisional dictado en primera instancia, violenta los derechos de defensa y debido proceso. De conformidad a lo expresado por la corte de apelaciones en su sentencia, la garantía constitucional de amparo se motivó en que el juez de primera instancia rechazó a los testigos S. C. D. E. y José Antonio Martínez Díaz. En el caso de la primera testigo, no se tomó su declaración porque no pudo trasladarse al juzgado debido a que no habla, no mira, y no escucha; además, ha sido diagnosticada desde hace cinco años con la enfermedad de Alzheimer. El alegato del amparista fue que el juez denegó la solicitud de trasladarse a la casa de habitación de dicha señora para tomar su declaración. En el caso del otro testigo, su declaración fue rechazada debido a que sólo portaba su RTN como identificación, no obstante, el Ministerio Público había propuesto que éste fuera identificado por dos personas que le reconocieran, solicitud que también fue denegada. En respuesta a lo expuesto por el garantista, el tribunal que conoce en jurisdicción constitucional, estableció la importancia del artículo 232 del Código Procesal Penal, que dispone que, en caso de incapacidad física, la declaración de testigo será recibida por el órgano jurisdiccional, en su casa de habitación o en el lugar donde se encuentre, en presencia de las partes que intervengan en su deposición, por lo que aplicándolo al presente caso “…el juez que conoce la causa es garante de la admisibilidad o no de los medios [de] prueba, en base a pertinencia, utilidad y proporcionalidad.” La corte de apelaciones, con referencia al rechazo de un testigo por no portar más identificación que el RTN, trae a revista lo que dispone el artículo 236 del Código Procesal Penal, el cual literalmente expresa: “Antes de que inicie la deposición, el testigo prestará juramento… y se dejará constancia en autos de su nombre y apellidos, estado civil, edad, profesión, nacionalidad y domicilio, …” De manera que, expresa la corte, el código indica la fuente fehaciente y confiable de cómo obtener esa información. Establecido lo anterior, la corte de apelaciones pasando a otro punto, señala que la estimación que hace el juez sobre la admisión de los medios de prueba, es una tarea que en esencia corresponde ser ejercida por los juzgados y tribunales en materia penal, de manera que el tribunal constitucional interviene únicamente cuando en esa valoración se han quebrantado las normas esenciales del proceso penal, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República e instrumentos internacionales. No obstante, en el caso concreto de mérito, la corte de apelaciones lo subsume, en la causal de inadmisión del numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual señala lo siguiente: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.” Además, el párrafo último establece: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. En complemento a lo expuesto por la corte de apelaciones, con relación a la causa de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, la Sala, hace el señalamiento de que procede el sobreseimiento de la garantía de amparo, debido a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 354 del Código Procesal Penal, por cuanto el sobreseimiento, sea provisional o definitivo, admite el recurso de apelación, por lo que debió agotarse dicho recurso de forma previa a la garantía constitucional de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 46 No.3, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 354 No.1, del Código Procesal Penal: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve proferida por la honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, mediante la cual sobreseída la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Marvin Edgardo Zelaya Herrera a favor de la señora S. C. D. E., contra la resolución emitida en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras de la sección judicial del departamento de Choluteca, con relación a la causa instruida contra el señor Santos Eduardo Martínez Martínez por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de la señora S. C. D. E.. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-551-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”