Sentencia AP-542-18 — Registro 12104
Resumen
Se interpuso Recurso de amparo contra la sentencia que declaró sin lugar la sentencia por suponerlos responsables a título de autores materiales del delito de homicidio culposo por mala praxis en perjuicio de la Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 60, 82, 89, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es desestimar incidentes y continuar con el curso normal del juicio oral y público, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados SAÚL MUÑOZ ORELLANA y MARCO TULIO MARTÍNEZ ESCOTO a favor del señor EMIGDIO PABLO RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra los señores VIOLETA ROQUE, MARIO JOSÉ SÁNCHEZ ANDARA y EMIGDIO PABLO RODRÍGUEZ, por suponerlos responsables a título de autores materiales del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS en perjuicio de la señora LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 60, 82, 89, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, la Abogada Carol Zavala, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Violeta Roque, Mario José Sánchez Andara y Emigdio Pablo Rodríguez por suponerlos responsables a título de autores materiales del delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda.(Folios 1-7 del tomo I de los antecedentes) 2) En fecha trece de junio de dos mil dieciséis, en la declaratoria de imputado, el A-quo resolvió: imponer a los señores Mario José Sánchez Andara y Emigdio Pablo Rodríguez Rivera a quienes se les instruye proceso por suponerlos responsables del delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda la medida cautelar contenida en el Artículo 173 numeral 5 del Código Procesal Penal. (Folios 44-50 del tomo I de los antecedentes) 3) En fecha primero de julio de dos mil dieciséis, en audiencia inicial celebrada en fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, el A-quo resolvió: 1) Decretar contra los imputados señores Mario José Sánchez Andara y Emigdio Pablo Rodríguez Rivera, auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda.- 2) Manténgase la medida que fue impuesta en la audiencia de declaración de imputado.- 3) Declarar no ha lugar el sobreseimiento provisional solicitado por la Defensa. (Folios 180-191/192-194 del tomo I del antecedente) 4) En fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, resolviendo las solicitudes realizadas en la audiencia preliminar por parte del Ministerio Público sobre la procedencia de ordenar el auto de apertura a juicio en la presente causa y por la Defensa Privada sobre la procedencia de decretar un sobreseimiento definitivo a favor de su representado, el A-quo mediante auto resolutivo decretó: 1.- En cuanto al sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa privada del imputado Emigdio Pablo Rodríguez, declárese no ha lugar el mismo. 2.- Decretar el auto de apertura a juicio en las presentes diligencias por el delito de Homicidio Culposo por Mala Praxis contra el señor: Emigdio Pablo Rodríguez, hecho realizado en perjuicio de la señora Lavinia Elizabeth Colindres Euceda.- 3)…. (Folios 260-262 del tomo II del antecedente) 5) En fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, en la celebración de la audiencia de nulidad, por unanimidad de votos declaró sin lugar los incidentes de nulidad planteados por el Abogado Marco Tulio Martínez, asimismo declaró sin lugar el recurso de reposición formulado contra dicha resolución. (309-315 del tomo II del antecedente) 6) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Saúl Tadeo Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto, contra la resolución que antecede, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en audiencia Ad-Hoc comenzada en fecha veintiséis de abril y finalizada en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, resolvió: Primero: Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Saúl Tadeo Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto en su condición de Defensores Privados en conjunto del señor Emigdio Pablo Rodríguez Rivera contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro.- Segundo: Confirmar la resolución objeto de éste recurso.- Tercero: Continuar con el procedimiento legal correspondiente. (Folios 12-14 vuelto de la pieza del Ad-quem) 7) Que los recurrentes Abogados Saúl Tadeo Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto, comparecieron ante este Tribunal en fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, interponiendo acción de amparo a favor del señor Emigdio Pablo Rodríguez, afirmando que la decisión del Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de los derechos consagrados en los Artículos 60, 82, 89, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República. 8) En fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de amparo de mérito a los Abogados Saúl Tadeo Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto, declaró sin lugar la solicitud de apertura a pruebas formulada por los recurrentes, en tanto que no indicaron en su escrito que pruebas se van a aportar para demostrar la violación alegada, consecuentemente se le ordenó a la Secretaría de este Tribunal continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar vista de las presentes diligencias al Fiscal para que emitiera el dictamen correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 52 del amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados SAÚL MUÑOZ ORELLANA y MARCO TULIO MARTÍNEZ ESCOTO a favor del señor EMIGDIO PABLO RODRÍGUEZ, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra los señores VIOLETA ROQUE, MARIO JOSÉ SÁNCHEZ ANDARA y EMIGDIO PABLO RODRÍGUEZ, por suponerlos responsables a título de autores materiales del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS en perjuicio de la señora LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes Abogados SAÚL MUÑOZ ORELLANA y MARCO TULIO MARTÍNEZ ESCOTO, comparecieron ante este Tribunal, interponiendo acción de amparo a favor del señor EMIGDIO PABLO RODRÍGUEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 60, 82, 89, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, vulnera el Debido Proceso, al despreciar la prueba a favor del imputado; y, fraccionando el proceso y siguiéndolo solo en contra del Doctor Emigdio Pablo Rodríguez. CONSIDERANDO CINCO (5): En fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de amparo de mérito a los Abogados Saúl Tadeo Muñoz Orellana y Marco Tulio Martínez Escoto, declaró sin lugar la solicitud de apertura a pruebas formulada por los recurrentes, en tanto que no indicaron en su escrito que pruebas se van a aportar para demostrar la violación alegada, consecuentemente se le ordenó a la Secretaría de este Tribunal continuar con el procedimiento de ley correspondiente, omitiendo dar vista de las presentes diligencias al Fiscal para que emitiera el dictamen correspondiente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento Cortés, se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que el recurrente confunde la falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable; por lo que la falta de acción no puede basarse en principio en la discusión acerca de la existencia del hecho o su carácter delictivo; así también la Corte de Apelaciones observó que los agravios expresados por la defensa, no son violatorios de el derecho de defensa, ni tampoco afectan el curso del procedimiento de juicio oral y público. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es desestimar incidentes y continuar con el curso normal del juicio oral y público, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal, bajo el número SCO-0542-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.