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Sentencia AP-534-18 — Registro 12102

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que declaro sin lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida contra el recurrente por suponerlo responsable del delito de uso de documento público falso y estafa. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82 Y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (8) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que existe un requerimiento Fiscal por la comisión de delitos imputados al ahora representado del recurrente, situación que deberá ser dilucidada en audiencia de juicio oral y público, ciertamente la Sala de Constitucional, velará por mantener el orden constitucional y el respeto y garantía de los derechos fundamentales, pero en ningún caso intervendrá o se pronunciará sobre el fondo de la cuestión debatida, tal como sucede en el caso de autos, en que mediante el proceso penal se cuestiona el actuar del acusado, (en este momento no se está cuestionando el actuar del Notario), en ese orden de ideas quien debe resolver el conflicto acerca la de culpabilidad o no del acusado será un Tribunal de Sentencia como órgano jurisdiccional competente, de acuerdo al orden previamente establecido para el procedimiento procesal penal, observando que el proceso penal se encuentra en la última etapa, donde ha de celebrarse audiencia de juicio oral y público, y las partes someterán al contradictorio los medios de prueba mediante los cuales deberán lograr una convicción jurídica ya sea de inocencia y/o culpabilidad ante el Tribunal de Sentencia, en que las partes procesales gozarán de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley. CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem esta debidamente razonada, debiendo resolverse el conflicto en audiencia de juicio oral y público. CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el derecho de defensa se ha garantizado al recurrente a lo largo del proceso, habiendo tenido las mismas oportunidades procesales, así como los mismos derechos, entre ellos el derecho a la acción recursiva tal y como acontece en el caso de autos. Por todo procede DENEGAR la acción de amparo impetrada, no siendo de recibo los motivos de amparo invocados por los recurrentes. CONSIDERANDO: (11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo interpuesto.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem esta debidamente razonada, debiendo resolverse el conflicto en audiencia de juicio oral y público. CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de  Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el derecho de defensa se ha garantizado al recurrente a lo largo del proceso, habiendo tenido las mismas oportunidades procesales, así como los mismos derechos, entre ellos el derecho a la acción recursiva tal y como acontece en el caso de autos. Por todo procede DENEGAR la acción de amparo impetrada, no siendo de recibo los motivos de amparo invocados por los recurrentes.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO a favor del Señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiuno (21) de marzo dos mil dieciocho (2018), que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIONAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra el Señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA por suponerlo responsable de los delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO Y ESTAFA en perjuicio de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82 Y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAFAEL TURCIOS BARAHONA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los ciudadanos OSMAN TOSTA GUEVARA, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS y JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, por el delito de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA. (Folios 1–111 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Decretó Auto de Apertura a Juicio y remite las presentes diligencias al Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; mismas que fueron recibidas por dicho Tribunal en fecha veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 676-683 y 690 del Tomo II de la pieza del A-Quo). 3) Que el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA presento en la fase incidental excepción por incompetencia de Tribunal, por sustentarse el presente caso en una presunta falsificación de un instrumento público extendido por Notario, de lo cual el Tribunal de Sentencia antes citado en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018) Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Declarar sin lugar por extemporánea la Excepción de Incompetencia de Tribunal interpuesto por la Defensa Privada del imputado José Manuel Cantor Bonilla. SEGUNDO: Una vez firme la presente resolución se procederá a señalar la audiencia de proposición de pruebas. TERCERO: Notifíquese la presente resolución a las partes procesales.” (Folios 701-704 del Tomo II y 1005-1007 del Tomo III de la pieza del A-Quo). 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en su condición de Representante del Señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación. 2.- CONFIRMAR la resolución apelada”.- (Folios 1012-1019 y 1046-1047 del Tomo III de la pieza del A-Quo). 5) Que los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, comparecieron ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, contra la Resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso). 6) Que en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 61 del Presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA por suponerlo responsable de los delitos de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO Y ESTAFA en perjuicio de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR. CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del recurso el recurrente señala en el párrafo de la relación de hechos, que al señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, se le presentó requerimiento fiscal infundamente por la presunta comisión de utilización de un DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, señalando la acusación que a la señora CELSI JULISSA ROMERO LAGOS, la empresa CREDI EXPRESS (la cual representa el señor CANTOR BONILLA), le otorgó un préstamo mancomunado con su esposo, consignando como fiadora a la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR quien es su madre. Señala el recurrente que la falaz acusación arguye que contra la voluntad de la señora Lagos Aguilar se suscribió una escritura de préstamo hipotecario contenida en el instrumento público 71, de 25 de febrero del 2010, autorizado por el notario OSMAN TOSTA GUEVARA, que documenta dicho préstamo –pagadero en 36 cuotas- las que no fue firmada por la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, por lo cual se simuló participación en un negocio jurídico en el cual no tuvo participación. Dice el recurrente que como consecuencia del hecho narrado se acusó al Notario OSMAN TOSTA GUEVARA por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS y a JOSE MANUEL CANTOR BONILLA por el delito de UTILIZACIÓN DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, a quien se le amplio el requerimiento fiscal por el delito de ESTAFA, durante la audiencia inicial, en la que se señala que se fingió como crédito una deuda que no es de la señora SIMONA FREDESVIDNA LAGOS AGUILAR. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente expone que la presunta víctima alega no haber suscrito el instrumento público No. 71 ya referido, pero mediante dictamen emitido de manera separada por los peritos LUIS EFREN TELLES, Y MARIO ENRIQUE VALLADAREZ, peritos propuestos por la Defensa y el Ministerio Público, respectivamente, ambos de manera unánime señalan que la misma persona que firmó como otorgante el Instrumento Público es la misma persona que firmó las 34 letras de cambio que se presentaron como pruebas; Reconocido por la propia SIMONA FREDESVINDA LAGOS en audiencia inicial, señalando que pese a ello la Juez de instancia no tuvo un correcto control jurisdiccional. Exponiendo el recurrente que por todo lo antes señalado en la fase de preparación del Debate, concretamente en la revisión de actuaciones para la interposición de cuestiones incidentales regulada por el artículo 316 del Código Procesal Penal, interpuso una excepción por incompetencia de dicho órgano de justicia, invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia plasmada en las sentencias de 2 de junio del 2016, 21 de febrero del 2017, y que de forma sucinta establecen que cuando se trata de casos penales en que se impute la FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, por el ejercicio de la función notarial debe dirimirse el conocimiento del asunto a la justicia civil. Señala que dicha excepción de incompetencia objetiva del orden penal era extemporánea, con fundamento en el artículo 47 del Código Procesal Penal, en el que se prevé que dicha excepción solo puede ser tratada y resuelta en la audiencia inicial y no en la fase de preparación del debate artículo 316 del mismo código, (A PESAR QUE EXPRESAMENTE SEÑALA QUE PUEDEN PROMOVERSE LAS EXCEPCIONES QUE RESULTEN DEL EXAMEN DE LAS DILIGENCIAS), dicha resolución fue impugnada mediante el recurso de apelación, mismo que fue desestimado en el sentido que la excepción de incompetencia en el ámbito penal solo puede ser promovida en la audiencia inicial y no en el momento de la fase de preparación del debate, a la vez deja establecido dicha resolución que la jurisprudencia actual de la Honorable Sala de lo Constitucional, en relación a las acusaciones por falsificación de documentos públicos cometidos por notarios, sólo es aplicable cuando el imputados sea el notario, no pudiéndose beneficiar a otros imputados. Interpuesto el recurso de reposición también fue denegado. CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente considera que se han violentado los derechos constitucionales: Derecho de Defensa por la negación de plantear y resolver la excepción de incompetencia en la fase de preparación del debate, cuando existan nuevos hechos, de conformidad con el artículo 316 del CPP. Limitando de esta manera el derecho de defensa de su representado, al hacer una errada estimación de los momentos procesales en los cuales puede ser promovida dicha excepción. Señalando que de acuerdo a la legislación procesal penal la excepción de incompetencia (puede ser promovida por razones del objeto del proceso “Competencia Objetiva” como por cuestiones de territorio “Competencia Territorial”) puede plantearse tanto al inicio del proceso penal como también en la preparación del Debate a efecto de evitar que los Tribunales del orden penal conozcan de hechos que por razón del objeto (los hechos en que se fundamenta la acción penal, en el caso de la competencia objetiva, sean competencia de otros fueros judiciales, como en este caso del ámbito en materia civil. Además, considera que se ha violentado el Derecho de Igualdad y Debido Proceso por excluir la aplicación de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO: (7) Que el Ad quem, en la resolución impugnada expone una relación de los hechos que motivan la acción recursiva en el párrafo de la Motivación deja establecido que de acuerdo al artículo 46 del Código Procesal Penal solo son admisibles como excepciones: 1 La incompetencia…. Y de conformidad con el Artículo 47 del mismo código la Excepción de Incompetencia podrá interponerse oralmente en la audiencia inicial y la falta de acción y de extinción de la acción en cualquier etapa del proceso. Expone que el artículo mencionado indica que iniciado el juicio la excepción de falta de acción y de extinción de la misma, se interpondrá por escrito durante la etapa de preparación del debate en el caso de que se funden en hechos o circunstancias que no han sido conocidas antes de la elevación de la causa a juicio. Expone además que la Defensa interpone excepción de falta de acción fundamentando la misma en que en los casos en que se presenta acusación al Notario por Falsificación de Documentos Públicos de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema, estos casos deben ser diferidos a la vía civil.- Pero esta particular situación solo es aplicable cuando el imputado sea un notario y se trate del ejercicio de su función notarial, pero no puede beneficiar a otros imputados. En el caso del señor Cantor Bonilla, tiene acusación por uso de Documentos Públicos Falsos y Estafa, por lo que la jurisprudencia que señala la defensa no es aplicable. CONSIDERANDO: (8) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que existe un requerimiento Fiscal por la comisión de delitos imputados al ahora representado del recurrente, situación que deberá ser dilucidada en audiencia de juicio oral y público, ciertamente la Sala de Constitucional, velará por mantener el orden constitucional y el respeto y garantía de los derechos fundamentales, pero en ningún caso intervendrá o se pronunciará sobre el fondo de la cuestión debatida, tal como sucede en el caso de autos, en que mediante el proceso penal se cuestiona el actuar del acusado, (en este momento no se está cuestionando el actuar del Notario), en ese orden de ideas quien debe resolver el conflicto acerca la de culpabilidad o no del acusado será un Tribunal de Sentencia como órgano jurisdiccional competente, de acuerdo al orden previamente establecido para el procedimiento procesal penal, observando que el proceso penal se encuentra en la ultima etapa, donde ha de celebrarse audiencia de juicio oral y público, y las partes someterán al contradictorio los medios de prueba mediante los cuales deberán lograr una convicción jurídica ya sea de inocencia y/o culpabilidad ante el Tribunal de Sentencia, en que las partes procesales gozarán de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley. CONSIDERANDO: (9) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución dictada por el Ad quem esta debidamente razonada, debiendo resolverse el conflicto en audiencia de juicio oral y público. CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el derecho de defensa se ha garantizado al recurrente a lo largo del proceso, habiendo tenido las mismas oportunidades procesales, así como los mismos derechos, entre ellos el derecho a la acción recursiva tal y como acontece en el caso de autos. Por todo procede DENEGAR la acción de amparo impetrada, no siendo de recibo los motivos de amparo invocados por los recurrentes. CONSIDERANDO: (11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 61, 62, 69, 82, 89, 90, 92,99, 183, 303, 313 No.5, y 316, de La Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO: La Garantía de Amparo solicitada por el Abogado EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA Y CELESTE AIDA CERRATO, a favor del señor JOSE MANUEL CANTOR BONILLA, de que se ha hecho mérito, contra la sentencia dictada por la Corte De Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia y se continúe con el trámite, para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve, certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0534=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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