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Sentencia AP-53-18 — Registro 17666

Resumen

Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Comayagua, departamento de Comayagua en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017); con relación a la causa instruida contra el imputado, por suponerlo responsable del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; de manera tal que la confirmatoria procesal al auto de sobreseimiento definitivo, acordada por la Jurisdicción, en vías de apelación, se considera bien motivada, encontrándose respetuosa a los cánones del derecho constitucional e inclusive convencional que rige en la materia; los cuales propenden a asegurar que el juzgamiento penal, en el vigente modelo proacusatorio, se realice en congruencia a lo alegado y probado, con base a legalidad estricta, previa y escrita;[1] lo cual fue el caso, pues no pudiendo comprobarse los extremos de la tesis fiscal que configurarían la preexistencia del delito investigado, procedía, por lo tanto, hacer prevalecer el Estado de inocencia; debiendo también considerarse, que, con base al principio de legalidad, el sobreseimiento podrá acordarse por los motivos previstos en ley,[2] lo cual es justamente el caso; satisfaciéndose así los principios de congruencia y de razón suficiente, así como el de aportación de parte bajo el sistema de la sana crítica; por lo cual se tienen por bien servidos tanto el principio constitucional de seguridad jurídica, como los demás principios instrumentales que reconducen al debido proceso y a la plena vigencia del principio de legalidad, invocados como vulnerados por el garantista, en formalización del presente recurso de amparo..." ..." Que, por todo lo anteriormente expuesto y motivado, vistos los antecedentes del caso, resulta que la jurisdicción ordinaria ha fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso invocado por el garantista; el cual no se infringe necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Treinta de enero del dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Comayagua, departamento de Comayagua en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017); con relación a la causa instruida contra el señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS, por suponerlo responsable del delito de USO DE DOCUMENTOS FALSOS en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada MARBIS ARACELI MIRANDA RAMOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS, por suponerlo responsable a título de autor del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO en perjuicio de la FE PUBLICA.- (Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado). 2) Que habiéndose realizado la audiencia inicial, el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, dictó resolución en fecha en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017) en la cual “Resuelve: 1)… 2) Se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CSTELLANOS por no ser responsable del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO en perjuicio de LA FE PUBLICA…” (Folios 55 al 58 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), en la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARBIS ARACELI MIRANDA RAMOS, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico, contra LA RESOLUCION DE AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado por el Juzgado de Letras Penal, de la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en el proceso Penal incoado en contra de PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS, por el delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PUBLICA, de generales conocidas en la instrucción.- SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA …”. (Folio 7 al 13 de la segunda Pieza de los antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito omitiendo la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual resolvió por unanimidad de votos: “PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARBIS ARACELI MIRANDA RAMOS, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Publico, contra LA RESOLUCION DE AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado por el Juzgado de Letras Penal, de la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en el proceso Penal incoado en contra de PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS, por el delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, en perjuicio de LA FE PUBLICA, de generales conocidas en la instrucción.- SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA …”; fundamentando la procedencia de tal dispositivo procesal, en virtud no concurrir plenamente los elementos de tipo previstos en el Código Penal para configurar el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO en perjuicio de la FE PÚBLICA, contemplado en el artículo 289 del Código Penal, siendo que el objeto del delito es el uso de un documento falso, en todo, o en parte, lo cual no es compatible con el uso de documentación original; tal y como aconteció en el caso de mérito, en el cual el documento relacionado es auténtico y la información en el contenida es inexacta, de lo cual no se le puede deducir responsabilidad al imputado, quien no fue responsable de la emisión del documento en uso, ni intervino en forma dolosa para accionar, omitir, prefabricar o manipular de alguna manera la situación para que la constancia de antecedentes penales en cuestión reflejara datos incorrectos. Considera la Alzada que lo anterior, en todo caso, debería responsabilizarse en la entidad que emite el documento, con soporte en sus bases de datos, a solicitud inclusive de un ente del Estado, mas no en la persona del imputado; por todo lo cual, estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho y observa los requisitos que exige la norma adjetiva para su redacción. CONSIDERANDO (4): Que en formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS y en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, quien ha manifestado que dicha resolución judicial contraviene y disminuye a la Sociedad y el Estado de Honduras, el derecho fundamental salvaguardado en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República concernientes al derecho a un debido proceso, precepto según el cual que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; así como en lo normativizado en el artículo 321 de la Norma Fundacional del Ordenamiento, referente a la obligación constitucional de los agentes del Estado a ceñirse a legalidad en sus actos y omisiones, asegurando así la vinculación al principio de legalidad como piedra angular del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (5): Que ha referido el solicitante de amparo, en fundamentación de su recurso de amparo, que percibe tal infracción a los aludidos principios jurídicos, en vista a que el Tribunal Ad Quem ha obviado imponer el auto correspondiente al estado de probanza del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO en perjuicio de la FE PÚBLICA, contemplado en el artículo 289 del Código Penal, por el cual fue procesado el señor PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS; siendo que el debido proceso se infringe cuando no se respetan las formalidades dictadas a los funcionarios judiciales para la formación de sus decisiones (ver artículo 90 de la Constitución de la República con relación al artículo 295 del Código Procesal Penal), dispositivo legal que ordena que la actuación que deberá llevarse a cabo por el Juez, en caso de no contarse con prueba suficiente de la participación del imputado en los hechos, quedando un margen de sospecha de la participación del procesado en el hecho que se le imputa, y existiendo la posibilidad de que en el futuro se incorporen al proceso nuevos elementos de prueba que sí acrediten su participación; lo cual tiene plena acreditación en el presente proceso, dado el pleno conocimiento que tenía el procesado, Abogado PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS, de que su defendido había sido condenado con anterioridad, lo cual le impedía legalmente hacer uso del documento aludido para la tramitación de beneficios procesales, tal como es procedimiento abreviado, a su favor. Lo anterior justificaría la necesidad de investigar las condiciones en que se emitió dicha constancia, hasta la completa acreditación de la autenticidad o no del documento, deduciéndose de allí, tanto la eventual responsabilidad penal del procesado, como la imposibilidad de que el hecho que se imputa no hubiere existido; ofreciéndose así las condiciones para el dictado de un Sobreseimiento Provisional al imputado. CONSIDERANDO (6): Que finaliza refiriendo el amparista, que, en cuanto a la violación al principio de legalidad, contenido del artículo 321 de la Constitución de la República, este se deriva de la inaplicación de las normas que constituyen el debido proceso, inobservancia de la ley aplicable que vulnera el Estado de Derecho, en el entendido, que éste tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, proscribiendo interpretaciones personales, proclives a la mera arbitrariedad, al emitir juicios sin vinculación a los hechos probados y el derecho a aplicar; por lo cual solicita el otorgamiento de la presente acción de amparo, declarando la violación de los antes referidos derechos constitucionales. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; de manera tal que la confirmatoria procesal al auto de sobreseimiento definitivo, acordada por la Jurisdicción, en vías de apelación, se considera bien motivada, encontrándose respetuosa a los cánones del derecho constitucional e inclusive convencional que rige en la materia; los cuales propenden a asegurar que el juzgamiento penal, en el vigente modelo proacusatorio, se realice en congruencia a lo alegado y probado, con base a legalidad estricta, previa y escrita;[1] lo cual fue el caso, pues no pudiendo comprobarse los extremos de la tesis fiscal que configurarían la preexistencia del delito investigado, procedía, por lo tanto, hacer prevalecer el Estado de inocencia; debiendo también considerarse, que, con base al principio de legalidad, el sobreseimiento podrá acordarse por los motivos previstos en ley,[2] lo cual es justamente el caso; satisfaciéndose así los principios de congruencia y de razón suficiente, así como el de aportación de parte bajo el sistema de la sana crítica; por lo cual se tienen por bien servidos tanto el principio constitucional de seguridad jurídica, como los demás principios instrumentales que reconducen al debido proceso y a la plena vigencia del principio de legalidad, invocados como vulnerados por el garantista, en formalización del presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (9): Que, por todo lo anteriormente expuesto y motivado, vistos los antecedentes del caso, resulta que la jurisdicción ordinaria ha fallado el presente caso en el ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro alguno al derecho al debido proceso invocado por el garantista; el cual no se infringe necesariamente, de no vincularse el sentido de la resolución judicial a las pretensiones promovidas por las partes procesales, en el ejercicio de sus derecho de acción y de defensa garantizados por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que, en definitiva, vista para fallo la presente acción de amparo, se ha denotado que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos y declaraciones constitucionales aludidos, resulta claramente de una discrepancia entre el parecer del Agente Fiscal y el vertido autoritativamente por el órgano jurisdiccional al cual compete determinar si nos encontramos, o no, ante un acción de ilícito penal con finalidad trascendente a lo típicamente antijurídico; o, si ha existido, o no, por parte del encartado, intervención material en el objeto o el bien penalmente protegido, verbigracia el documento público de cuya autenticidad ahora esgrime dudas el propio Ministerio Público; lo cual fundamentaría a priori, en su concepto, el dictado de un Sobreseimiento Provisional en la causa. CONSIDERANDO (11): Que estas y otras consideraciones de la misma laya ilustran porque no formaría parte del ámbito de la justicia constitucional dilucidar aspectos concretos de la dogmática jurídico penal y de la teoría del caso que promueve mediante requerimiento fiscal la parte actora; pues como bien se ha sostenido por esta Sala de lo Constitucional en numerosas resoluciones, constituye carga procesal del o la garantista explicitar de qué forma el acto recurrido confronta las normas constitucionales invocadas. Resultando de ello, que la argumentación vertida por el amparista se reconduce a la obtención de amparo constitucional mediante consideraciones jurídicas, si bien dotadas de plausibilidad, no soportadas con elementos probatorios vinculados al ilícito imputado; por lo cual bastan para soportar discrepancia abierta para con los criterios valorativos en que la instancia motivó su resolución jurisdiccional, mas no para demostrar trascendencia en cuanto refiere al ámbito de protección del derecho constitucional concernido. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto, si bien pareciera concurrir causal de inadmisibilidad en el presente caso, dado el énfasis argumentativo de la acción constitucional en lo relativo a que se apliquen en la presente causa, los protocolos de actuación que conciernen al artículo 295 del Código Procesal Penal, en lugar a lo preceptuado en el artículo 296 del mismo Código; no resulta menos cierto que también se ha motivado suficientemente la no acreditación del mérito necesario para su otorgamiento, por inexistencia de base fáctica o material para la imputación del ya referido delito contra la fe pública; resulta procedente, por lo tanto, para esta Sala dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo, lo cual no prejuzga en sobre el fondo de dicha controversia, acorde a lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley de Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 1), 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de abril de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, recaída en Recurso de Amparo Penal registro en este Tribunal con el número SCO-0053-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver: “El derecho a la tutela judicial en relación con la congruencia y la motivación de las sentencias”, BORRELL MESTRE, Joaquín, en: CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL: JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN CENTROAMÉRICA (Vol. II), Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, Agència Catalana de Cooperaciò al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya y Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe. Barcelona, 2012, pp. 261-284.

[2] Ver: ROMERO PRADAS, Mª Isabel. El sobreseimiento. Tirant monografías, 234. Valencia, 2002, p. 24.