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Sentencia AP-517-19 — Registro 13535

Resumen

Acto recurrido que contienen la sentencia que denegó el recurso de amparo contra la del a-quo, con relación a la causa instruida contra la impetrante por suponerla responsable de siete delitos de Violaciòn de los Deberes de los Funcionarios. En perjuicio de la impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Esta Sala estima que de la audiencia de proposición de medios de prueba tiene como finalidad primordial la presentación y exhibición a la contra parte de los medios de prueba documentales y demás que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio, los cuales serán admitidos en base a lo homologado en el artículo 199 y 317 del Código Procesal Penal, solo aquellos que se consideran pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación, resultando útiles para la averiguación de la verdad, y no son desproporcionales, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir, aunado a ello se argumenta jurídicamente que solamente serán rechazados, de lo anterior es que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, recordando como regla general y con base al principio de aportación, la proposición de prueba incumbe a las partes procesales, ante todo, habrán de proponerse la prueba mediante la cual se dispone probar sus alegaciones y desacreditar las de la parte contraria. Es de ahí, que la proposición ordinaria de prueba en el proceso penal a los efectos del debate en juicio oral, acontece inmediatamente después del periodo de saneamiento todo lo anterior se esgrime en lo establecido en el artículo 316 del Código in fine, o transcurrido el plazo establecido para su celebración, sin que parte procesal alguna haya interesado la celebración de dicha audiencia, siguiendo las reglas de lo dispuesto en el artículo 317 referido en este considerando. Por lo que la resolución que se recurre, existen razones de hecho y derecho para rechazar tales medios de prueba, no siendo a nuestro juicio una decisión injusta o arbitraria, ya que desde la perspectiva de la ley, el alcance de la cobertura del derecho fundamental aludido queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de naturaleza procedimental, lo que exige que, para apreciar su vulneración, haya de quedar acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario a tal efecto demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en el pleito, por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución..." ..." De todo lo anterior, esta Sala estima que partiendo de lo antes transcrito, es del criterio que a los amparistas no se la han violentado el derecho de defensa, en virtud que su participación ha sido activa en todo el desarrollo del proceso, teniendo la oportunidad de hacer uso de los recursos expeditos establecidos por la Ley, y el solo hecho de que se ejecuten resoluciones contrarias a su s pretensiones, no significa que se les vulnera el derecho invocado, observándose en el caso sub judice que el presente juicio se ha desarrollado respetando todos los derechos y garantías que la ley establece, para ambas partes, por tanto no se ha producido una vulneración ni al artículo 82 y 90 de la Carta Magna, por ende la resolución recurrida mediante la vía de amparo se encuentra emitida conforme a derecho, por lo que la sentencia emitida por el Ad Quem debe ser confirmada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha cuatro (4) junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, que denegó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO, por suponerla responsable de siete delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), los Abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, comparecieron ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), manifestando los recurrentes que a su representada se le han violentado garantías constitucionales.-2) Que en fecha cuatro (4) junio del año dos mil diecinueve (2019), luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó sentencia en la cual: FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. (Folios 54 al 59 de la pieza de segunda instancia).-3) Que en fecha cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.-CONSIDERANDO (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha cuatro (4) junio del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, que denegó el recurso de amparo interpuesto por los Abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia Con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO, por suponerla responsable de siete delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que los impetrantes tanto al momento de interponer la acción constitucional de amparo, como al momento de formalizar el recurso (folio 32) a renglón seguido arguyen entre otros motivos que la resolución impugnada transgrede las garantías invocadas, en virtud que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción denegó los siguientes medios probatorios: a) evaluación psiquiátrica; extracción de información y comparación que deberá practicarse al sistema de cómputo asignado y utilizado por el señor JOSE CLAROS en su oficina durante su gestión como Administrador del Hospital Regional de Santa Bárbara, respecto a la elaboración de cada uno de los documentos que contiene o conforma cada uno de los expedientes de los siete procesos de licitación, identificados en el amparo interpuesto, como ser los avisos de licitación, actos de apertura y adjudicación, cotizaciones, actas de recepción de alimentos y medicamentos entre otros; así como la inspección judicial a los archivos de la administración del Hospital Regional citado, la cual deberá practicarse en los archivos de la Administración a efecto de constatar en los archivos el acta, acuerdo o nota de conformación y convocatoria a formar parte del proceso de adjudicación de siete procesos de licitación plenamente identificados en el caso de mérito, a fin de establecer que autoridad fue la que convoco a los intervinientes a integrar el comité de adjudicación, cuando fueron convocados, bajo que parámetros se procedió a la escogencia de los mismos, cual fue la información y la instrucción que recibieron respecto a la disposición presupuestaria para cada una de las licitaciones los cuales fueron debidamente propuestos, Por lo anteriormente expuesto, los impetrantes consideran que se les vedan el derecho que tiene su representada de alegar prueba que permita acreditar la tesis de su defensa, de tal forma que lo decidido por dicho ente jurisdiccional no permita un resultado justo e imparcial que sea equitativo para un efectivo juzgamiento, violentando con ello el principio del debido proceso que en su dimensión sustantiva protege a las partes del proceso frente a las leyes y actos arbitrarios de cualquier autoridad, funcionario o persona particular pues, en definitiva, la justicia procura que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad, para lo cual el debido proceso debe ser concebido desde su doble dimensión formal y sustantiva.-CONSIDERANDO (6): Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso y a evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[1]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas.-CONSIDERANDO (7): La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”.-CONSIDERANDO (8): El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad del juez/a; v.- a la independencia del juez/a; vi.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- a la igualdad de armas procesales; viii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- respeto al principio de presunción de inocencia; x.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- a una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad.-CONSIDERANDO (9): La CIDH, en su informe No.30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.-CONSIDERANDO (10): El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Se agrega que cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal el Recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el Órgano Jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá de ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, como la violación a ese principio informador, contenido del debido proceso, afecto a la decisión tomada por el Tribunal.-CONSIDERANDO (11): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso sub júdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional.-CONSIDERANDO (12): Que la intimidad como derecho fundamental es reconocido en los instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos ratificados por Honduras, entre estos La Convención Americana de Derechos Humanos[2]; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[3]; el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos[4], al disponer que nadie puede ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.-CONSIDERANDO (13): Que del análisis del recurso interpuesto el acto el cual reclama la recurrente es la resolución donde reseña que advierte utiliza argumentos a través de los cuales fundamenta la existencia de un supuesto perjuicio constitucional ocasionada en su esfera jurídica como la presunta violación a las garantías de la suprema lex como es el derecho de defensa y el principio al debido proceso, de ello a renglón seguido esta Sala estima que de la audiencia de proposición de medios de prueba tiene como finalidad primordial la presentación y exhibición a la contra parte de los medios de prueba documentales y demás que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio, los cuales serán admitidos en base a lo homologado en el artículo 199 y 317 del Código Procesal Penal, solo aquellos que se consideran pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación, resultando útiles para la averiguación de la verdad, y no son desproporcionales, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir, aunado a ello se argumenta jurídicamente que solamente serán rechazados, de lo anterior es que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, recordando como regla general y con base al principio de aportación, la proposición de prueba incumbe a las partes procesales, ante todo, habrán de proponerse la prueba mediante la cual se dispone probar sus alegaciones y desacreditar las de la parte contraria. Es de ahí, que la proposición ordinaria de prueba en el proceso penal a los efectos del debate en juicio oral, acontece inmediatamente después del periodo de saneamiento todo lo anterior se esgrime en lo establecido en el artículo 316 del Código in fine, o transcurrido el plazo establecido para su celebración, sin que parte procesal alguna haya interesado la celebración de dicha audiencia, siguiendo las reglas de lo dispuesto en el artículo 317 referido en este considerando. Por lo que la resolución que se recurre, existen razones de hecho y derecho para rechazar tales medios de prueba, no siendo a nuestro juicio una decisión injusta o arbitraria, ya que desde la perspectiva de la ley, el alcance de la cobertura del derecho fundamental aludido queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de naturaleza procedimental, lo que exige que, para apreciar su vulneración, haya de quedar acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario a tal efecto demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en el pleito, por ser potencialmente trascendente para el sentido de la resolución.-CONSIDERANDO (14): De todo lo anterior, esta Sala estima que partiendo de lo antes transcrito, es del criterio que a los amparistas no se la han violentado el derecho de defensa, en virtud que su participación ha sido activa en todo el desarrollo del proceso, teniendo la oportunidad de hacer uso de los recursos expeditos establecidos por la Ley, y el solo hecho de que se ejecuten resoluciones contrarias a su s pretensiones, no significa que se les vulnera el derecho invocado, observándose en el caso sub judice que el presente juicio se ha desarrollado respetando todos los derechos y garantías que la ley establece, para ambas partes, por tanto no se ha producido una vulneración ni al artículo 82 y 90 de la Carta Magna, por ende la resolución recurrida mediante la vía de amparo se encuentra emitida conforme a derecho, por lo que la sentencia emitida por el Ad Quem debe ser confirmada. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del ESTADO DE HONDURAS por UNAMINIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 321, 331 Atribución 5ta, 321 y 324 de la Constitución de la República; 10 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 2, 8.1. 11 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 227, 229 y 254 del Código Penal; 2, 3 numeral segundo 5, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 44, 45, 46.5, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 198, 199 y 317 del Código Procesal Penal; 1 y 111 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: CONFIRMAR la sentencia Venida en Consulta Obligatoria interpuesta por los Abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, a favor de la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO ante la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, que denegó el recurso de amparo presentado contra la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra la señora CARMEN DEL ROSARIO FERNANDEZ FAJARDO, por suponerla responsable de siete delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0517-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 5 del Código Procesal Civil.

[2] Artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos

[3] Artículo 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre

[4] Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos