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Sentencia AP-516-18 — Registro 8867

Resumen

Denegatoria de recurso de merito contra resolución que reformó pena impuesta a recurrente de 5 años a 5 años 3 meses,no obstante de haberse sometido ésta a beneficio de procedimiento abreviado en relación a causa instruida que se le sigue por suponerla responsable del delito de Estafa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la Juez A-Quo en la sentencia no tomó en consideración la totalidad de las circunstancias en que se cometió el delito, su naturaleza económica, el incumplimiento del acuerdo conciliatorio y la prueba que determina la responsabilidad penal en que incurrió, además de la confesión de la encausada; por lo que consideró procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación y reformar la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICAIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, ahora conocido como Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, el abogado OSMIN ALVARO DURAN PAZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN). (Folios 1–67 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado dictó Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: CONDENANDO A LA IMPUTADA LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia A LA PENA DE CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION COMO PENA PRINCIPAL A CUMPLIRLA EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, ASIMISMO SE LE ORDENA A PAGAR EL 10% DE LO DEFRAUDADO.- por el delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- SEGUNDO: ASI MISMO SE LE CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA Y ASIMISMO SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA IMPUTADA.- ”. (Folios 107–109 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado MAXIMO GILBERTO GONZALES, en su condición de apoderado legal de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN), en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAXIMO GILBERTO GONZALES GOMEZ, en su condición de Apoderado Acusador Privado, contra la sentencia definitiva de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la causa penal incoada contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por el delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- SEGUNDO: REFORMA la sentencia definitiva impugnada en cuanto a la pena principal de reclusión, CONDENANDO a la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por el delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN) a la pena principal de CINCO (5) AÑOS, CON TRES (3) MESES de reclusión. En lo demás confirma la sentencia definitiva recurrida.-” (Folios 6–11 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 4) Que el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, y a la vez, se omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República, señalando, que si se hubiera actuado en base a derecho hubiera declarado sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la parte apelante, ya que la procesada se sometió a un procedimiento abreviado para que se le beneficie y no para que se le perjudique; y, de esta manera poder y de esta manera poner fin al proceso al reunirse todos los requisitos exigidos para tal fin; existiendo aceptación de los hechos por parte de su defendida pero no la aceptación de la pena solicitada por el Ministerio Publico y el Acusador Privado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, y a la vez, se omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la Juez A-Quo en la sentencia no tomó en consideración la totalidad de las circunstancias en que se cometió el delito, su naturaleza económica, el incumplimiento del acuerdo conciliatorio y la prueba que determina la responsabilidad penal en que incurrió, además de la confesión de la encausada; por lo que consideró procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación y reformar la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0516-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de marzo de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- Estimando el recurrente, que el acto reclamado violenta, en perjuicio de su representada, los derechos contenidos en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (6) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, ahora conocido como Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, el abogado OSMIN ALVARO DURAN PAZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN). (Folios 1–67 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado dictó Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: CONDENANDO A LA IMPUTADA LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia A LA PENA DE CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION COMO PENA PRINCIPAL A CUMPLIRLA EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, ASIMISMO SE LE ORDENA A PAGAR EL 10% DE LO DEFRAUDADO.- por el delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- SEGUNDO: ASI MISMO SE LE CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA Y ASIMISMO SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA IMPUTADA.- ”. (Folios 107–109 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado MAXIMO GILBERTO GONZALES, en su condición de apoderado legal de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN), en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAXIMO GILBERTO GONZALES GOMEZ, en su condición de Apoderado Acusador Privado, contra la sentencia definitiva de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en la causa penal incoada contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por el delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- SEGUNDO: REFORMA la sentencia definitiva impugnada en cuanto a la pena principal de reclusión, CONDENANDO a la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por el delito de ESTAFA BASICA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN) a la pena principal de CINCO (5) AÑOS, CON TRES (3) MESES de reclusión. En lo demás confirma la sentencia definitiva recurrida.-” (Folios 6–11 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia)- 4) Que el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–13 del Presente Recurso)- 5) Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, y a la vez, se omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 25 del Presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, se dirige contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS Y FINANCIEROS (AHSETFIN).- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la señora LESBIA MERCEDES LOPEZ GOMEZ, contra la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República, señalando, que si se hubiera actuado en base a derecho hubiera declarado sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la parte apelante, ya que la procesada se sometió a un procedimiento abreviado para que se le beneficie y no para que se le perjudique; y, de esta manera poder y de esta manera poner fin al proceso al reunirse todos los requisitos exigidos para tal fin; existiendo aceptación de los hechos por parte de su defendida pero no la aceptación de la pena solicitada por el Ministerio Publico y el Acusador Privado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar, pero al apreciarse que del escrito de interposición se ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, se decide continuar con el procedimiento del presente recurso, y a la vez, se omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), se aprecia en la misma, que el Ad-quem concluye que la Juez A-Quo en la sentencia no tomó en consideración la totalidad de las circunstancias en que se cometió el delito, su naturaleza económica, el incumplimiento del acuerdo conciliatorio y la prueba que determina la responsabilidad penal en que incurrió, además de la confesión de la encausada; por lo que consideró procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación y reformar la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como lo es la condena de la imputada, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0516-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional