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Sentencia AP-466-17 — Registro 12041

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación, reformó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de formal procesamiento con medida cautelar de prisión preventiva a recurrente por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de armas de uso prohibido en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras; el Tribunal de Alzada consideró que al imputado se le extendió por parte de la Secretaría de Seguridad un Carné para poder portar licitamente arma de fuego tipo pistola y si el arma con el mecanismo de accion semiautomático alterada para convertirla en arma automática, tal conversión puede ser atribuida al propio imputado, desde que es la persona que acreditó ser su propietario al momento de gestionar la emisión de dicho carné

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de acuerdo al estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala aprecia que los alegatos promovidos por el recurrente, alusivos al supuesto quebrantamiento del principio de legalidad y a la falta de motivación suficiente contra la sentencia venida en amparo, como constitutiva de violación al debido proceso, de lo cual se seguiría la infracción al derecho de defensa del imputado; carecen de sustento eficiente, pues se reconducen a la mera legalidad; versando esencialmente sobre la supuesta valoración de prueba ilícita en el proceso, en contravención a los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal; así como a la vulneración de lo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Penal, respecto a las formalidades a seguir con respecto a los peritos oficiales. Sin embargo, no era la calificación judicial de los hechos, según proveída por la instancia judicial, el objeto propio de la resolución venida en amparo; sino que la medida cautelar a aplicar en aseguramiento de los fines del proceso y en compatibilidad al ámbito de restricción objetiva que enmarca el artículo 184 del Código Procesal Penal; lo cual no fue contrariado por la argumentación jurídica del garantista, careciendo ciertamente su alegato de trascendencia alguna para los fines que ya establece la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."en el presente caso, el ámbito garantista de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales invocadas por el amparista, comprendería también el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada para revocar las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, por otras menos gravosas a la libertad y derechos fundamentales impuestas en el caso del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; lo cual se considera eficientemente cumplido, con base a razón suficiente por la Alzada y en congruencia con lo alegado y probado en Audiencia..."..."el planteamiento del amparista no ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados, allende el juicio de probabilidad que caracteriza el dictado de formal procesamiento y de las medidas cautelares a que éste legalmente da lugar, sin perjuicio se mantenga incólume el principio o estado de inocencia que ampara al beneficiario del recurso. - Por todo lo cual se considera tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, para la Sala de lo Constitucional, procede dictar el inmediato sobreseimiento de la presente acción constitucional de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA., SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo del dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; (con Registros 466=2017 y 492-2017) ambos contra la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que DECLARO HA LUGAR un recurso de apelación y reformó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra el señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ANGEL AVILA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor ELMER ARIEL GARCIA, por suponerlo responsable a título de autor director del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en audiencia inicial celebrada en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: Decretar auto de formal Procesamiento en contra de ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.-3) Que en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017) compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, presentando solicitud para la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva (folio 95 de los antecedentes).-4) Que en audiencia celebrada en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017) el citado Juzgado resolvió: Decretar HA LUGAR la petición de la defensa por lo que se le impone las siguientes medidas cautelares las establecidas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal….-5) Que conociendo del Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Publico, la Corte de Apelaciones de lo Penal de el departamento de Francisco Morazán dictó resolución en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en la cual resolvió: “1) DECRETAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico; 2) REVOCAR la resolución de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017) dictada por Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra el señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS…”; lo cual tuvo fundamento en la siguiente argumentación jurídica: a) Que del estudio de las pruebas evacuadas en Audiencia Inicial, se desprende que se le extendió al hoy imputado, por parte de la Secretaría de Seguridad, un Carné con número OP-284B51-154431, para que pudiera portar lícitamente arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, la cual le fue decomisada el 10 de enero de 2017 en la Posta Policial del Durazno, encontrándose del acta de registro personal realizada al hoy imputado y del testimonio del agente cobra JIMMY ORLANDO ROSALES que aquel portaba el arma en referencia con el mecanismo de acción semiautomático alterado, habiendo sido sus seguros alterados para convertirla en un arma automática, y; b) Que del estudio jurídico de la causa, tal conducta de peligro abstracto se encontraba incursa en el artículo 332-A del Código Penal, referido a la portación ilegal de armas de guerra, así como en el artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y Otros Similares, referida a la catalogación como armas prohibidas las de cualquier calibre, que sean de funcionamiento automático. Infiere la Corte de Apelaciones, en su resolutivo, que tal conversión de mecanismo no puede ser atribuida sino al propio imputado: “… desde que es la persona que acreditó ser su propietario al momento de gestionar y obtener la emisión del carné OP-284B51-154431”.-6) Que el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fechas dieciséis (16) y veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo recurso de Amparo a favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por estimar que la resolución judicial relacionada en el numeral anterior, resulta violatoria a lo prescrito en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-7) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), esta Sala dispuso acumular los recursos de amparos antes descritos, al apreciarse de los autos que las referidas acciones constitucionales se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia.-

  1. Que en fecha diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018) se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito omitiendo la vista del auto del Fiscal del Despacho de conformidad a lo estableció en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que en la formalización del recurso de amparo acumulado por parte del garantista, Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, quien presentó sendas acciones constitucionales de amparo a favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, (con Registros 466=2017 y 492-2017), ambos contra la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que DECLARÓ HA LUGAR un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa seguida contra el señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por suponerle responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; afirmando el amparista que tal decisión del Ad-Quem, según reseñada en el Antecedente 5) de la presente sentencia, resulta violatoria a los derechos constitucionales de sus representados, según precaven los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del recurso de amparo acumulado, ha señalado el recurrente la existencia de múltiples agravios al debido proceso y al derecho de defensa del beneficiario del recurso. Particularmente, a raíz de la revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva en perjuicio de su representado; resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal dictada sin el sustento jurídico necesario para su validez; procediendo a revocar una resolución del A Quo que sí se encontraba fundada en Derecho. Refiere que tal proceder jurisdiccional ha generado una manifiesta violación a componentes esenciales de la garantía del debido proceso, en virtud de falta de motivación suficiente, al omitir hechos y antecedentes en la resolución impetrada en amparo; dándole valor a una prueba ilícita en contravención a los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal; así como en vulneración a lo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Penal, en lo concerniente a quienes pueden actuar como peritos; lo cual no sería atribución del Inspector de Policía que manipuló el arma de fuego, pues es facultad propia e indelegable de los peritos nombrados por la Dirección de Medicina Forense. Lo anterior en franco quebrantamiento al principio de legalidad, del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa, ya que su defendido portaba su arma de manera legal, con el permiso vigente respectivo; descargos que no fueron tomados en cuenta por la Alzada, en integración de las pruebas allegadas al proceso.- CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, continúa manifestando la amparista, que encuentra en la resolución impetrada una limitación indebida a los derechos fundamentales del imputado, por lo cual, aplicaría al presente caso lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República, referente al deber estatal de no aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen las declaraciones, derechos y garantías si los disminuyen, restringen o tergiversan, como es el presente caso, por disminuir los derechos al debido proceso y a la defensa la Corte de Alzada, mediante la validación de una prueba ilícita que debió ser anulada por el ente conocedor de la causa. Asimismo, y en forma correlativa, por infracción a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, referente al principio de legalidad precitado, al obviar darle cumplimiento la Alzada a lo previsto en los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal, referentes a la prueba ilícita; a efecto se genere seguridad jurídica en el actuar de los Poderes Públicos. Por todo lo cual, solicita se otorgue amparo a favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; procediendo a arreglar conforme a derecho la situación denunciada en sede de justicia constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras.-CONSIDERANDO (7): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, acorde los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En desarrollo a la preceptiva constitucional citada, la Sala de lo Constitucional ha aseverado la sujeción del Juez y las partes a la garantía del Debido Proceso, en tanto órganos y agentes del Estado, a efecto sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales; constituyendo, asimismo, un límite eficiente a la intervención del poder estatal en la esfera indecidible de los derechos de la persona humana. Y a que, en el marco de un juicio justo, éste comprenda, entre otros y de manera meramente enunciativa, los siguientes caracteres; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a la justicia, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y, a ser oído en juicio; así como el derecho a resoluciones motivadas y fundadas jurídicamente, en proscripción al libre arbitrismo judicial.-CONSIDERANDO (8): Que de acuerdo al estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala aprecia que los alegatos promovidos por el recurrente, alusivos al supuesto quebrantamiento del principio de legalidad y a la falta de motivación suficiente contra la sentencia venida en amparo, como constitutiva de violación al debido proceso, de lo cual se seguiría la infracción al derecho de defensa del imputado; carecen de sustento eficiente, pues se reconducen a la mera legalidad; versando esencialmente sobre la supuesta valoración de prueba ilícita en el proceso, en contravención a los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal; así como a la vulneración de lo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Penal, respecto a las formalidades a seguir con respecto a los peritos oficiales. Sin embargo, no era la calificación judicial de los hechos, según proveída por la instancia judicial, el objeto propio de la resolución venida en amparo; sino que la medida cautelar a aplicar en aseguramiento de los fines del proceso y en compatibilidad al ámbito de restricción objetiva que enmarca el artículo 184 del Código Procesal Penal; lo cual no fue contrariado por la argumentación jurídica del garantista, careciendo ciertamente su alegato de trascendencia alguna para los fines que ya establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (9): Que en el presente caso, el ámbito garantista de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales invocadas por el amparista, comprendería también el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada para revocar las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, por otras menos gravosas a la libertad y derechos fundamentales impuestas en el caso del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; lo cual se considera eficientemente cumplido, con base a razón suficiente por la Alzada y en congruencia con lo alegado y probado en Audiencia.-CONSIDERANDO (10): Que, en definitiva, según se colige de la presente vista, el planteamiento del amparista no ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados, allende el juicio de probabilidad que caracteriza el dictado de formal procesamiento y de las medidas cautelares a que éste legalmente da lugar, sin perjuicio se mantenga incólume el principio o estado de inocencia que ampara al beneficiario del recurso. - Por todo lo cual se considera tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, para la Sala de lo Constitucional, procede dictar el inmediato sobreseimiento de la presente acción constitucional de Amparo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por el Abogado el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de el departamento de Francisco Morazán dictó resolución, en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 466 y 492- 2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA., SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo del dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; (con Registros 466=2017 y 492-2017) ambos contra la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que DECLARO HA LUGAR un recurso de apelación y reformó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra el señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ANGEL AVILA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor ELMER ARIEL GARCIA, por suponerlo responsable a título de autor director del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que en audiencia inicial celebrada en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: Decretar auto de formal Procesamiento en contra de ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.-3) Que en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017) compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, presentando solicitud para la revisión de la medida cautelar de Prisión Preventiva (folio 95 de los antecedentes).-4) Que en audiencia celebrada en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017) el citado Juzgado resolvió: Decretar HA LUGAR la petición de la defensa por lo que se le impone las siguientes medidas cautelares las establecidas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal….-5) Que conociendo del Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Publico, la Corte de Apelaciones de lo Penal de el departamento de Francisco Morazán dictó resolución en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en la cual resolvió: “1) DECRETAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico; 2) REVOCAR la resolución de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017) dictada por Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra el señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS…”; lo cual tuvo fundamento en la siguiente argumentación jurídica: a) Que del estudio de las pruebas evacuadas en Audiencia Inicial, se desprende que se le extendió al hoy imputado, por parte de la Secretaría de Seguridad, un Carné con número OP-284B51-154431, para que pudiera portar lícitamente arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, la cual le fue decomisada el 10 de enero de 2017 en la Posta Policial del Durazno, encontrándose del acta de registro personal realizada al hoy imputado y del testimonio del agente cobra JIMMY ORLANDO ROSALES que aquel portaba el arma en referencia con el mecanismo de acción semiautomático alterado, habiendo sido sus seguros alterados para convertirla en un arma automática, y; b) Que del estudio jurídico de la causa, tal conducta de peligro abstracto se encontraba incursa en el artículo 332-A del Código Penal, referido a la portación ilegal de armas de guerra, así como en el artículo 8 de la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y Otros Similares, referida a la catalogación como armas prohibidas las de cualquier calibre, que sean de funcionamiento automático. Infiere la Corte de Apelaciones, en su resolutivo, que tal conversión de mecanismo no puede ser atribuida sino al propio imputado: “… desde que es la persona que acreditó ser su propietario al momento de gestionar y obtener la emisión del carné OP-284B51-154431”.-6) Que el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fechas dieciséis (16) y veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo recurso de Amparo a favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por estimar que la resolución judicial relacionada en el numeral anterior, resulta violatoria a lo prescrito en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-7) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), esta Sala dispuso acumular los recursos de amparos antes descritos, al apreciarse de los autos que las referidas acciones constitucionales se dirigen contra el mismo acto, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia.-

  1. Que en fecha diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018) se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito omitiendo la vista del auto del Fiscal del Despacho de conformidad a lo estableció en el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que en la formalización del recurso de amparo acumulado por parte del garantista, Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, quien presentó sendas acciones constitucionales de amparo a favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, (con Registros 466=2017 y 492-2017), ambos contra la resolución de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que DECLARÓ HA LUGAR un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa seguida contra el señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS, por suponerle responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; afirmando el amparista que tal decisión del Ad-Quem, según reseñada en el Antecedente 5) de la presente sentencia, resulta violatoria a los derechos constitucionales de sus representados, según precaven los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (4): Que, en formalización del recurso de amparo acumulado, ha señalado el recurrente la existencia de múltiples agravios al debido proceso y al derecho de defensa del beneficiario del recurso. Particularmente, a raíz de la revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva en perjuicio de su representado; resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal dictada sin el sustento jurídico necesario para su validez; procediendo a revocar una resolución del A Quo que sí se encontraba fundada en Derecho. Refiere que tal proceder jurisdiccional ha generado una manifiesta violación a componentes esenciales de la garantía del debido proceso, en virtud de falta de motivación suficiente, al omitir hechos y antecedentes en la resolución impetrada en amparo; dándole valor a una prueba ilícita en contravención a los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal; así como en vulneración a lo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Penal, en lo concerniente a quienes pueden actuar como peritos; lo cual no sería atribución del Inspector de Policía que manipuló el arma de fuego, pues es facultad propia e indelegable de los peritos nombrados por la Dirección de Medicina Forense. Lo anterior en franco quebrantamiento al principio de legalidad, del debido proceso y de la inviolabilidad de la defensa, ya que su defendido portaba su arma de manera legal, con el permiso vigente respectivo; descargos que no fueron tomados en cuenta por la Alzada, en integración de las pruebas allegadas al proceso.- CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, continúa manifestando la amparista, que encuentra en la resolución impetrada una limitación indebida a los derechos fundamentales del imputado, por lo cual, aplicaría al presente caso lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República, referente al deber estatal de no aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen las declaraciones, derechos y garantías si los disminuyen, restringen o tergiversan, como es el presente caso, por disminuir los derechos al debido proceso y a la defensa la Corte de Alzada, mediante la validación de una prueba ilícita que debió ser anulada por el ente conocedor de la causa. Asimismo, y en forma correlativa, por infracción a lo establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República, referente al principio de legalidad precitado, al obviar darle cumplimiento la Alzada a lo previsto en los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal, referentes a la prueba ilícita; a efecto se genere seguridad jurídica en el actuar de los Poderes Públicos. Por todo lo cual, solicita se otorgue amparo a favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; procediendo a arreglar conforme a derecho la situación denunciada en sede de justicia constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras.-CONSIDERANDO (7): Que el sistema de justicia penal hondureña obedece a la exigencia constitucional, acorde los artículos 303 y 304 de la Norma Fundamental, referida a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes; correspondiéndole a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En desarrollo a la preceptiva constitucional citada, la Sala de lo Constitucional ha aseverado la sujeción del Juez y las partes a la garantía del Debido Proceso, en tanto órganos y agentes del Estado, a efecto sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan los derechos fundamentales; constituyendo, asimismo, un límite eficiente a la intervención del poder estatal en la esfera indecidible de los derechos de la persona humana. Y a que, en el marco de un juicio justo, éste comprenda, entre otros y de manera meramente enunciativa, los siguientes caracteres; el principio de legalidad, a un juez natural, al acceso a la justicia, al derecho de defensa, al derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas y, a ser oído en juicio; así como el derecho a resoluciones motivadas y fundadas jurídicamente, en proscripción al libre arbitrismo judicial.-CONSIDERANDO (8): Que de acuerdo al estudio realizado en los antecedentes y a la propia resolución recurrida, esta Sala aprecia que los alegatos promovidos por el recurrente, alusivos al supuesto quebrantamiento del principio de legalidad y a la falta de motivación suficiente contra la sentencia venida en amparo, como constitutiva de violación al debido proceso, de lo cual se seguiría la infracción al derecho de defensa del imputado; carecen de sustento eficiente, pues se reconducen a la mera legalidad; versando esencialmente sobre la supuesta valoración de prueba ilícita en el proceso, en contravención a los artículos 198 y 200 del Código Procesal Penal; así como a la vulneración de lo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Penal, respecto a las formalidades a seguir con respecto a los peritos oficiales. Sin embargo, no era la calificación judicial de los hechos, según proveída por la instancia judicial, el objeto propio de la resolución venida en amparo; sino que la medida cautelar a aplicar en aseguramiento de los fines del proceso y en compatibilidad al ámbito de restricción objetiva que enmarca el artículo 184 del Código Procesal Penal; lo cual no fue contrariado por la argumentación jurídica del garantista, careciendo ciertamente su alegato de trascendencia alguna para los fines que ya establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (9): Que en el presente caso, el ámbito garantista de los derechos, declaraciones y garantías constitucionales invocadas por el amparista, comprendería también el derecho de obtener una sentencia que se pronuncie de manera clara y específica sobre las razones en que se funda el Tribunal de Alzada para revocar las medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva, por otras menos gravosas a la libertad y derechos fundamentales impuestas en el caso del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS; lo cual se considera eficientemente cumplido, con base a razón suficiente por la Alzada y en congruencia con lo alegado y probado en Audiencia.-CONSIDERANDO (10): Que, en definitiva, según se colige de la presente vista, el planteamiento del amparista no ha demostrado la enervación de los derechos constitucionales invocados, allende el juicio de probabilidad que caracteriza el dictado de formal procesamiento y de las medidas cautelares a que éste legalmente da lugar, sin perjuicio se mantenga incólume el principio o estado de inocencia que ampara al beneficiario del recurso. - Por todo lo cual se considera tal demanda de amparo deviene improcedente, en aplicación de la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuando el recurso de amparo se soporte sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, para la Sala de lo Constitucional, procede dictar el inmediato sobreseimiento de la presente acción constitucional de Amparo.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por el Abogado el Abogado MARLON JAVIER AREVALO CERNA, favor del señor ELMER ARIEL GARCIA MATAMOROS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de el departamento de Francisco Morazán dictó resolución, en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 466 y 492- 2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL