Sentencia AP-459-18 — Registro 12039
Resumen
Auto resolutivo declaró inadmisible recurso de apelación en causa contra imputados por suponerlos responsables de delitos de lavado de activos y confabulación para lavar activos en perjuicio da la economía del Estado de Honduras; en apelación se denegó el recurso de apelación por considerar que se interpuso de manera extemporánea al haber transcurrido 29 días desde la fecha de notificación de la audiencia inicial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala aprecia el erróneo criterio de la Juez A Quo quien considera que dictar un sobreseimiento definitivo en la imputación de delitos no altera el fondo de la cuestión debatida, la señora Juez olvida que la resolución que ha vertido repercute en ambas partes contendientes, lo que afecta derechos fundamentales y humanos ya sea una parte o de la otra, por ello el legislador ha previsto la acción recursiva. Pero en el caso de mérito, se notificó una resolución donde se omitió la parte en que se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR DEL ACUSADO, por la imputación de Nueve Delitos de Malversación de Caudales Públicos. Resolución que posteriormente la señora Juez dice Rectificar sin ninguna alteración al fondo del asunto y ordena la notificación posterior de dicha resolución a las partes..."..."Ante el Sobreseimiento Definitivo dictado, la parte acusadora procede a interponer recurso de apelación, mismo que le es denegado por el Ad quem por considerar que ha sido interpuesto de manera extemporánea considerando que han transcurrido 29 días desde la fecha de notificación de la audiencia inicial. Sin embargo esta Sala aprecia que la primera notificación de la resolución recaída en la audiencia inicial no fue errónea, simplemente se puso en conocimiento de las partes lo resuelto por la A quo, tal y como consta en dicha acta de audiencia. Que ante la petición y observaciones del Ministerio Público la resolución fue modificada tocando el fondo del asunto, puesto que se dictó un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, que ciertamente que cambia la situación jurídica del imputado y afecta los derechos de la sociedad representada por el Ministerio Público y hasta del Estado Mismo, posteriormente esta resolución fue notificada, de allí el origen del reclamo del Ministerio Público, pues no se puede quebrantar los derechos de las partes, en el caso que nos ocupa el Ente Acusador hasta la notificación de la rectificación del acta de audiencia inicial, tiene conocimiento de que el A quo ha dictado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por nueve delitos de MALVERSACIÓN DE FONDOS, no tenía forma de saberlo con la resolución anterior, (después rectificada), si lo fue precisamente porque no se había pronunciado sobre dicho sobreseimiento. Siendo así las cosas, tratándose de una resolución trascendental para el desarrollo del proceso y los derechos del acusado, de la sociedad representada por el Ministerio Público y el Estado, es obvio que las partes deben gozar de una tutela judicial efectiva, y el mismo derecho de acceso a la justicia, en búsqueda de una solución acorde a derecho, lo contrario sería caer en la arbitrariedad, permitiendo que la administración de justicia se desarrolle en un ámbito de inseguridad por negligencia o desconocimiento de la ley, no propio de un Estado de Derecho, en que las partes procesales gocen de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley. Inobservando El Ad quem lo establecido en el artículo 355, relativo a la solicitud de aclaración y a apelación,...”; es claro que esta disposición se refiere a la solicitud de aclaración y siendo que las rectificaciones se aprecian sin lugar a dudas y que inciden en el fondo del asunto, consecuentemente el recurrente tiene derecho hacer uso de la acción recursiva que en derecho le corresponde..."..."Esta sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado por cuanto al recurrente se le ha impedido el acceso a la justicia mediante la acción recursiva por considerar que dicho recurso fue instruido fuera de tiempo, sin tomar en cuenta que la resolución en que la A quo dice rectificar pero que ciertamente modifica la resolución del acta de audiencia inicial, confronta derechos fundamentales y humanos de las partes, que el Estado de Derecho garantiza. De igual manera el Derecho de acceso a la justicia tiene su base legal en la Constitución de la República (art. 1), asegurando a sus habitantes el goce de la justicia, puesto que todas las personas tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar las acciones, en ese orden de ideas se ha quebrantado el derecho de la recurrente a una tutela judicial efectiva. Por todo ello esta Sala estima que la tutela judicial el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa NO se han garantizado en la resolución del Ad quem..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 355 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ABIGAIL RAMOS a favor de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, que declaró Inadmisible de Pleno Derecho un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra los señores ROSA ELENA BONILLA AVILA por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, y MANUEL MAURICIO MORA PADILLA Y SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y CONFABULACION PARA LAVAR ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018), comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, los Abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, GELMER HUMBERTO CRUZ y ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores: 1) ROSA ELENA BONILLA AVILA por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA Y 3) SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, ambos por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.(Folios 1–20 del Tomo I de los antecedentes) 2) Que en Audiencia Inicial celebrada en fechas dos (02), tres (03) y cinco (05) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Resolvió:“1)… 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA: Por considerarse responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, ambos en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y a título de COMPLICE DE AUTOR DEL DELITO CONSUMADO ART. 8 DECRETO 45-2002 Ley del Lavado de Activos, a quien se le dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA, quien deberá guardar prisión en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de la ciudad de Támara Francisco Morazán, debiéndose enviar los correspondientes oficios para su guarda y custodia. Para los nueve delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.” (Folios 278 al 310 del Tomo 1 de los antecedentes). 3) Que, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados ABIGAIL RAMOS, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y LUIS ENRIQUE URBINA PORTILLO en su condición de Procurador Judicial del Estado de Honduras, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó resolución en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), en la cual Resolvió: “PRIMERO: Declara Inadmisible el recurso de apelación de pleno derecho. SEGUNDO: Declara en cuanto a la pretensión principal del Recurso de Apelación, se esté a lo dispuesto por la Corte en la resolución en fecha veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018)…” (Folios 2302 al 2305 del Tomo 5 de los antecedentes). 4) Que la Abogada ABIGAIL RAMOS, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Ad-quem y que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–9 del Presente Recurso). 5) Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones delo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, mediante la cual se declara inadmisible de pleno derecho el Recurso de Apelación, interpuesto por la representante del Ministerio Público Abogada, ABIGAIL RAMOS y el Procurador Judicial LUIS ENRIQUE URBINA PORTILLO, contra la resolución dictada por el A Quo, en fecha dos de marzo del año dos mil dieciocho, mediante la cual dicta sobreseimiento definitivo a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA. Con relación a la causa instruida contra los señores: ROSA ELENA BONILLA AVILA Y MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, por suponerlos responsables (inicialmente) de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, LAVADO DE ACTIVOS Y CONFABULACIÓN PARA LAVAR ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, expone una relación detallada del proceso desde el momento en que se presentó requerimiento fiscal, exponiendo que en fecha dos (2) de marzo al cinco (5) de marzo, del año dos mil dieciocho se celebró la audiencia inicial en la que el A quo dictó auto de Formal Procesamiento por los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Lavado de Activos y Confabulación para Lavar Activos. Dicha resolución fu impugnada por la Defensa de los acusados, conocida por la Corte de Apelaciones Penal competente resolvió declarando parcialmente a lugar el Recurso de Apelación. Dice la recurrente que en fecha dos (02) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se advierte una omisión en el pronunciamiento en relación a los nueve delitos de Malversación de Caudales Públicos, aspectos del cual, antes del 02 de abril del 2018, el Ministerio Público no tuvo conocimiento debido a que en estrados fue una notificación diferente, advirtiendo esta omisión se procede a solicitar una corrección de error material, que fue resuelto por el A quo que deja establecido: “advierte que se ha efectuado una actividad procesal defectuosa es por ello que se suple la omisión en la parte resolutiva y se ordena al funcionario respectivo proceder a realizar de manera correcta el acto de notificación, por tal motivo al momento de interponer el recurso de apelación por el Ministerio Público, se admite y se le da trámite. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente manifiesta que se le han quebrantado derechos constitucionales a saber: Derecho al Debido proceso contenido en el artículo 90, Derecho a la Defensa Art. 82, relacionado con el artículo 4 del Código Procesal Penal: “Principio de Contradicción, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, que comprende la libertad de acceso a la justicia, derecho de obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, según lo establecido en el artículo 303 y 323 constitucionales, referentes al imperio de la Ley. CONSIDERANDO: (6) Que el impetrante desarrolla los motivos de la acción de amparo exponiendo las razones por las que considera vulnerado el Debido proceso y el Derecho de Defensa de la siguiente manera: El Auto de fecha 14 de mayo del año 2018, dictado por la Corte de Apelaciones impugnada, fue resuelto inadmitiendo el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de nueve delitos de Malversación de Caudales Públicos en su grado de participación de cooperante necesario imputados al señor Manuel Mauricio Mora Padilla, aduciendo la Corte impugnada que han transcurrido veintinueve (29) días desde la notificación en estrados que recae sobre la audiencia de fecha dos al cinco de marzo del dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: (7) Que el recurrente manifiesta, que de acuerdo al contexto referido en el considerando que antecede, el acto de notificación de la forma correcta se tiene hasta el día jueves cinco (5) de abril del año dos mil dieciocho (2018), debido a que la A quo advirtió una actividad procesal defectuosa, es decir se advierte la omisión acerca del pronunciamiento en cuanto a los nueve delitos de Malversación de Caudales Públicos y ordena realizar el acto de la notificación de manera correcta,(las negritas son nuestra), misma que tiene lugar el día jueves cinco (5) de abril del año dos mil dieciocho (2018) aunado a ello dice el recurrente, que en estrados se había dado un pronunciamiento donde se dicta auto de formal procesamiento por los nueve delitos descritos precedentemente, extremo por los que el Ministerio Público no interpone en ese momento recurso de apelación. Señala la impetrante que la inadmisibilidad del recurso y la falta de notificación causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el derecho de defensa, que tiene como alcance el derecho a un proceso con todas las garantías tales como: Derecho ala Igualdad de Armas Procesales…, además expone que el espíritu de la notificación ordenada en el código procesal penal más que un simple formalismo procesal es el de tutelar el debido proceso, en especial el derecho garantía de defensa, consagrado en el artículo 82 constitucional…, señala que el Ministerio Público ha recibido un tratamiento desventajoso, ultrajando el debido proceso en los términos que lo garantiza el párrafo primero del artículo 90 constitucional y que a su vez se recepta el artículo 1 del código procesal penal ya que no ha permitido al Ministerio Público el libre acceso a los Tribunales para ejercer la acción en la forma que lo establece la ley , violentando en consecuencia el derecho de defensa. CONSIDERANDO: (8) Que consta en autos la audiencia inicial celebrada ante el A quo entre el 2 y 5 de marzo del año 2018, (Folios 2191 hasta el 2223 inclusive, Expediente No. 007, año 2018, J # 1, TOMO 5, Folios del 2023 al 2506), se constata en el párrafo que corresponde a la Resolución relacionada con el señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA: por considerarse responsable del delito de Lavado de Activos y Asociación o Confabulación Ilícita para el delito de Lavado de Activos, ambos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y a título de Cómplice del Autor del Delito consumado Artículo 8, Decreto 45-2002 Ley de Lavado de Activos, A QUIEN SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Quien deberá guardar prisión en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de la ciudad de Támara, Francisco Morazán, debiéndose enviar los correspondientes oficios para su guarda y custodia. CONSIDERANDO: (9) Que en fecha 4 de abril del año 2018, la A Quo resolviendo la petición de corrección de error material que se advierte en la parte resolutiva del acta de audiencia inicial, en el numeral dos (2) que corresponde al imputado MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, en que la a quo deja establecida que se ha efectuado una actividad procesal defectuosa, en virtud de que en la parte resolutiva se omitió hacer pronunciamiento en cuanto a los nueve delitos de malversación de caudales públicos, ampliados en la recalificación del Ministerio Público, sin embargo señala la A quo en dicha resolución “del análisis a la misma se desprende que se hizo valoración de la prueba presentada en cuanto a este delito”. En el numeral QUINTO dice la A quo (SIC)”Esta aclaración de no sufre una modificación en el fondo, ni cambia su sentido ya que como se expone en los párrafos antes mencionados que se desprende del acta en la motivación se incluyó el pronunciamiento correspondiente una vez analizada la prueba en cuanto a este delito ampliado a nueve delitos de Malversación de Caudales Públicos, procediéndose hacer dicho pronunciamiento una vez analizada y valorada la prueba presentada, así como los argumentos expuestos, por lo que se deberá adicionar en la parte resolutiva la consignación del Sobreseimiento Definitivo(las negritas son nuestras).En el Numeral Sexto dispone la A quo que una vez rectificada la presente acta esa deberá quedar en la parte resolutiva así: “…. 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA: por considerase responsable del delito de Lavado de Activos y Asociación o Confabulación Ilícita para el delito de Lavado de Activos, ambos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y a título de Cómplice del Autor del Delito consumado Artículo 8, Decreto 45-2002 Ley de Lavado de Activos, A QUIEN SE DICTA AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Quien deberá guardar prisión en la Penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto de la ciudad de Támara, Francisco Morazán, debiéndose enviar los correspondientes oficios para su guarda y custodia. Para los nueve delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO”. CONSIDERANDO: (10) Que durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar. CONSIDERANDO: (11) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.
CONSIDERANDO: (12) Que de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala aprecia el erróneo criterio de la Juez A Quo quien considera que dictar un sobreseimiento definitivo en la imputación de delitos no altera el fondo de la cuestión debatida, la señora Juez olvida que la resolución que ha vertido repercute en ambas partes contendientes, lo que afecta derechos fundamentales y humanos ya sea una parte o de la otra, por ello el legislador ha previsto la acción recursiva. Pero en el caso de mérito, se notificó una resolución donde se omitió la parte en que se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A FAVOR DEL ACUSADO, por la imputación de Nueve Delitos de Malversación de Caudales Públicos. Resolución que posteriormente la señora Juez dice Rectificar sin ninguna alteración al fondo del asunto y ordena la notificación posterior de dicha resolución a las partes. Ante el Sobreseimiento Definitivo dictado, la parte acusadora procede a interponer recurso de apelación, mismo que le es denegado por el Ad quem por considerar que ha sido interpuesto de manera extemporánea considerando que han transcurrido 29 días desde la fecha de notificación de la audiencia inicial. Sin embargo esta Sala aprecia que la primera notificación de la resolución recaída en la audiencia inicial no fue errónea, simplemente se puso en conocimiento de las partes lo resuelto por la A quo, tal y como consta en dicha acta de audiencia. Que ante la petición y observaciones del Ministerio Público la resolución fue modificada tocando el fondo del asunto, puesto que se dictó un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, que ciertamente que cambia la situación jurídica del imputado y afecta los derechos de la sociedad representada por el Ministerio Público y hasta del Estado Mismo, posteriormente esta resolución fue notificada, de allí el origen del reclamo del Ministerio Público, pues no se puede quebrantar los derechos de las partes, en el caso que nos ocupa el Ente Acusador hasta la notificación de la rectificación del acta de audiencia inicial, tiene conocimiento de que el A quo ha dictado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por nueve delitos de MALVERSACIÓN DE FONDOS, no tenía forma de saberlo con la resolución anterior, (después rectificada), si lo fue precisamente porque no se había pronunciado sobre dicho sobreseimiento. Siendo así las cosas, tratándose de una resolución trascendental para el desarrollo del proceso y los derechos del acusado, de la sociedad representada por el Ministerio Público y el Estado, es obvio que las partes deben gozar de una tutela judicial efectiva, y el mismo derecho de acceso a la justicia, en búsqueda de una solución acorde a derecho, lo contrario sería caer en la arbitrariedad, permitiendo que la administración de justicia se desarrolle en un ámbito de inseguridad por negligencia o desconocimiento de la ley, no propio de un Estado de Derecho, en que las partes procesales gocen de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley. Inobservando El Ad quem lo establecido en el artículo 355, relativo a la solicitud de aclaración y a apelación, en el establece: “La resolución en la que se acceda a dicha solicitud o en que de oficio se hagan rectificaciones, será apelable en todos los casos en que lo sería la sentencia a que se refiere”; es claro que esta disposición se refiere a la solicitud de aclaración y siendo que las rectificaciones se aprecian sin lugar a dudas y que inciden en el fondo del asunto, consecuentemente el recurrente tiene derecho hacer uso de la acción recursiva que en derecho le corresponde. CONSIDERANDO:(13) Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste y por ende se quebranta el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO:(14) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellosla Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa se ha vulnerado por cuanto al recurrente se le ha impedido el acceso a la justicia mediante la acción recursiva por considerar que dicho recurso fue instruido fuera de tiempo, sin tomar en cuenta que la resolución en que la A quo dice rectificar pero que ciertamente modifica la resolución del acta de audiencia inicial, confronta derechos fundamentales y humanos de las partes, que el Estado de Derecho garantiza. De igual manera el Derecho de acceso a la justicia tiene su base legal en la Constitución de la República (art. 1), asegurando a sus habitantes el goce de la justicia, puesto que todas las personas tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar las acciones, en ese orden de ideas se ha quebrantado el derecho de la recurrente a una tutela judicial efectiva. Por todo ello esta Sala estima que la tutela judicial el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa NO se han garantizado en la resolución del Ad quem. CONSIDERANDO:(15) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de Votos; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 92, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 6, 7, 9 numeral 3 inciso b, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA:OTORGANDO: La Garantía de Amparo solicitada por la Abogada ABIGAIL RAMOS en representación del Ministerio Público, a Favor de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS de que se ha hecho mérito, contra la sentencia dictada por la Corte De Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en fecha 14 de mayo del año dos mil dieciocho. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia y se continúe con el trámite, para los efectos legales consiguientes procedente. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-459-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.