Sentencia AP-451-18 — Registro 13903
Resumen
Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación y revocó sobreseimiento definitivo a favor de recurrente por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de víctima; El Tribunal de Apelaciones ordenó que se dicte auto de formal procesamiento por asesinato en perjuicio de víctima y estableció que la causal de legítima defensa alegada fue estimada erróneamente por el juez de instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso..."..."esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2]..."..."el tribunal de Alzada estimó la revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los requisitos que de conformidad con la ley deben establecerse para valuar la causa de justificación de la legítima defensa. Se aprecia que el Ad-Quem incorporó en su motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa apreciación, relacionándola con los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, los cuales ha evaluado en apego tanto a las normas como los principios rectores del proceso. En este respecto, esta Sala aprecia que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional..."..."esta Sala ha sostenido que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República..."..."como ya lo ha dicho esta Sala[3], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente a la alegada comisión de un delito, en el cual, tales estimaciones han sido determinadas en esta etapa preparatoria del proceso por parte de los órganos jurisdiccionales a quienes por mandato expreso de la ley compete el conocimiento y decisión de las mismas. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas, lo cual no acontece en el presente caso, al menos en lo que respecta a la apreciación de la concurrencia de la causa de justificación antes aludida, pues su desestimación por parte de la Alzada no podría considerarse per se cómo una violación a garantías constitucionales, en tanto que el fallo dictado por el Tribunal de Apelación ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver..."..."la Alzada estimó la revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por la juez de instancia al considerar la no concurrencia de los requisitos que de conformidad con la ley deben establecerse para estimar la causa de justificación de la legítima defensa, incorporando el Ad-Quem en su motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa apreciación, relacionándola con los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, los cuales ha evaluado en apego tanto a las normas como los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala aprecia que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional..."..."a diferencia de los exiguos argumentos esgrimidos por el amparista, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la existencia o no de una causal de justificación en el proceso penal incoado contra el imputado es una decisión que concierne a la justicia ordinaria y ha sido acordada por la Alzada, sin que se logre observar en ella arbitrariedad o la falta de motivación que alega el impetrante, por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido exhaustiva en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. Tampoco advierte esta Sala que la Alzada manifieste un entendimiento erróneo de las exigencias legales de las causas de justificación o que no perciba su alcance jurídico y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al imputado, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basen sus pretensiones conforme con la normativa que rige nuestro proceso penal..."..."esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 79 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 24 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.-VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, a favor del señor SANTOS EUGENIO ORTEGA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra el señor SANTOS EUGENIO ORTEGA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor LUIS CARLOS ORTEGA LÓPEZ. Estimando el recurrente que el acto reclamado, violenta en perjuicio de su representado, los derechos consignados en los artículos 61, 64, 69, 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil cinco (2005), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la abogada CLAUDIA MEJÍA MEJÍA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores SANTOS EUGENIO ORTEGA y GREGORIO ANDINO, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor LUIS CARLOS ORTEGA LÓPEZ. (Folios 1–31 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), fue detenido el señor SANTOS EUGENIO ORTEGA, por tener una orden de captura pendiente, en el proceso descrito en el numeral primero (1); y en la misma fecha se celebró la audiencia de declaración de imputado, en la que el mencionado Juzgado resolvió decretar la detención judicial del imputado y señaló la audiencia inicial, para el día veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). (Folios 98–102 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)- 3) Que en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la audiencia inicial, el referido Juzgado Resolvió: (SIC) “1) no ha lugar a lo peticionado por el acusador público en cuanto a que se modifique la calificación del delito de homicidio simple a asesinato , en virtud que no subsume el delito de asesinato, además ya fue judicializada la causa por otro con imputado por el delito de homicidio en su grado de ejecución de complicidad el cual fue sobreseído provisionalmente y confirmada la resolución recurrida por la honorable corte de apelaciones de esta jurisdicción, … 2) DECRETA A FAVOR DEL ENCAUSADO SANTOS EUGENIO ORTEGA MARTÍNEZ POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE LUIS CARLOS ORTEGA MARTÍNEZ CON SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO …”. (Folios 103–108 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la abogada GLORIA YAMILETH BARAHONA E., en su condición de Fiscal del Ministerio Público (MP), en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público. 2) REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo a favor de SANTOS EUGENIO ORTEGA y que en su lugar se dicte el auto de formal procesamiento por ASESINATO en perjuicio de LUIS CARLOS ORTEGA LÓPEZ.” (Folios 134–140 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).-5) Que el abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, compareció ante este Tribunal en fecha trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor del señor SANTOS EUGENIO ORTEGA, contra la resolución de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 64, 69, 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1–19 del Presente Recurso).-6) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 47 del Presente Recurso).- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.-OBJETO DEL RECURSO.-CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor SANTOS EUGENIO ORTEGA, la resolución dictada por la por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, que en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), resolvió declarar HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en audiencia inicial por parte del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, el cual había determinado dictar a favor del imputado un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio del señor LUIS CARLOS ORTEGA LÓPEZ.-PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA- CONSIDERANDO (6): Que el recurrente reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de su representado, la referida sentencia pronunciada por el Tribunal de Alzada, mediante la cual decidió declarar HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del Juez A-Quo de decretar un sobreseimiento definitivo a favor del encartado, determinando la Alzada revocar esta decisión del A-Quo y que en su lugar se dictase un auto de formal procesamiento por el delito de ASESINATO en contra del imputado. Entre los razonamientos esgrimidos en su sentencia, la Alzada estableció que la causal de legítima defensa alegada a favor del imputado fue estimada erróneamente por el juez de instancia, explicando uno a uno los motivos por los cuales consideró no aplicable la referida causa de justificación alegada, ello de acuerdo con la apreciación que hizo de la prueba evacuada en el proceso de mérito, concluyendo que debía revocarse el sobreseimiento definitivo emitido por la A-Quo. -ALEGACIÓN DEL RECURRENTE
CONSIDERANDO (7): Que el quejoso por su parte fundó su recurso básicamente en dos alegaciones: la primera afirmando la existencia de la causa de justificación de legítima defensa que al ser desechada por la Alzada es considerada como violatoria de derechos y garantías constitucionales; y, la falta de acreditación en el proceso de la circunstancia de “premeditación conocida”, como fundamento para que la Alzada estimara la concurrencia de los elementos del tipo penal de ASESINATO, por el cual consideró debía dictarse auto de formal procesamiento contra el encartado SANTOS EUGENIO ORTEGA. El quejoso concluyó que, según su criterio, esta decisión ha lesionado en perjuicio de su representado el derecho que le asiste a un debido proceso y a la presunción de inocencia, destacando que el Ad-Quem infringe los requisitos exigidos por el texto constitucional para decretar auto de formal procesamiento. -RAZONAMIENTO DE LA SALA.-CONSIDERANDO (8): Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (10): Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] CONSIDERANDO (11): Que en el caso que nos ocupa, el tribunal de Alzada estimó la revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por el juez de instancia al considerar la no concurrencia de los requisitos que de conformidad con la ley deben establecerse para valuar la causa de justificación de la legítima defensa. Se aprecia que el Ad-Quem incorporó en su motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa apreciación, relacionándola con los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, los cuales ha evaluado en apego tanto a las normas como los principios rectores del proceso. En este respecto, esta Sala aprecia que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional.-CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (13): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho esta Sala[3], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente a la alegada comisión de un delito, en el cual, tales estimaciones han sido determinadas en esta etapa preparatoria del proceso por parte de los órganos jurisdiccionales a quienes por mandato expreso de la ley compete el conocimiento y decisión de las mismas. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas, lo cual no acontece en el presente caso, al menos en lo que respecta a la apreciación de la concurrencia de la causa de justificación antes aludida, pues su desestimación por parte de la Alzada no podría considerarse per se cómo una violación a garantías constitucionales, en tanto que el fallo dictado por el Tribunal de Apelación ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver.-CONSIDERANDO (14): Que la Alzada estimó la revocatoria del sobreseimiento definitivo dictado por la juez de instancia al considerar la no concurrencia de los requisitos que de conformidad con la ley deben establecerse para estimar la causa de justificación de la legítima defensa, incorporando el Ad-Quem en su motivación, el razonamiento jurídico que le llevó a arribar a esa apreciación, relacionándola con los elementos de prueba que fueron propuestos y evacuados en audiencia inicial, los cuales ha evaluado en apego tanto a las normas como los principios rectores del proceso. En tal virtud, esta Sala aprecia que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional.-CONSIDERANDO (15): Que, a diferencia de los exiguos argumentos esgrimidos por el amparista, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la existencia o no de una causal de justificación en el proceso penal incoado contra el imputado es una decisión que concierne a la justicia ordinaria y ha sido acordada por la Alzada, sin que se logre observar en ella arbitrariedad o la falta de motivación que alega el impetrante, por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido exhaustiva en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. Tampoco advierte esta Sala que la Alzada manifieste un entendimiento erróneo de las exigencias legales de las causas de justificación o que no perciba su alcance jurídico y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al imputado, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basen sus pretensiones conforme con la normativa que rige nuestro proceso penal. -CONSIDERANDO (16): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.-PARTE RESOLUTIVA.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 24 del Código Penal; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado OSCAR ARMANDO MUÑOZ ZELAYA, a favor del señor SANTOS EUGENIO ORTEGA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0451-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] APC 631-12:AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11
[2] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
[3] Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14