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Sentencia AP-44-19 — Registro 12344

Resumen

Sentencia en consulta denegó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia que solicitó de manera urgente datos de la persona que extrajo información de la plataforma del sistema de la compañía (recurrente) a fin de que en estrados ratifique un oficio (prueba documental) que fue librado con anterioridad al órgano jurisdiccional requirente y que contiene llamadas entrantes y salientes; en relación a causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de cohecho en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; el Tribunal de Alzada considera que lo que la petición pretende es la ratificación de un medio de prueba y esto no es violatorio al debido proceso pues lo que se busca es confirmar la veracidad del contenido del documento solo es un acto de prueba por parte del Ministerio Público como encargado de la persecución penal que pasa por el control jurisdiccional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha seis (6) de Diciembre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, que resuelve DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogado DANELIA FERRERA TURCIOS en su condición de apoderada legal de TELEFONIA CELULAR S.A de C.V. (CELTEL), es totalmente apegada a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado no existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por la impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente DENEGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo de dos mil diecinueve. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que denegó el recurso de amparo presentado por la Abogada Danelia Ferrera Turcios a favor de la sociedad mercantil Telefonía Celular S.A de C.V (CELTEL), contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor Marco Antonio Zola por suponerlo responsable del delito de Cohecho en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Estima la recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 59, 68, 76 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, la Abogada Danelia Ferrera Turcios actuando en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada Telefonía Celular S. A de C.V. (CELTEL), interponiendo recurso de amparo a favor de su representada, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Rosa, departamento de Copán, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, manifestando la recurrente que dicho recurso se interpone contra el acto judicial mediante el cual se solicita la información, por medio de oficio de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, que señala que con instrucciones del Tribunal de Sentencia, solicita a CELTEL remita a ese Tribunal, la información solicitada por el Ministerio Público mediante oficio FETCCOP-SSS-268-2018, enviado por la empresa TIGO al Juzgado de Letras de Garantía Penal con Jurisdicción Nacional y el detalle impreso y digital de llamadas y mensajes entrantes y salientes; en el sentido que se envíe información respecto al nombre, numero de identidad y lugar donde pueda ser citado el empleado que realizó el trabajo de extracción de información del sistema de la plataforma de la empresa, siendo del criterio la impetrante de que dicha solicitud resulta innecesaria a nivel probatorio, ya que no hay fundamento legal que indique que deba ser evacuado como medio de prueba, produciendo ésta vulneraciones a las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la vida, la seguridad personal y a la intimidad contenidas en los artículos 59, 68, 76 y 90 de la Constitución de la República. (Folio 1-11 del antecedente) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió: PRIMERO: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, en su condición de apoderada legal de la sociedad TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL), sobre la causa contra MARCO ANTONIO ZOLA, por el delito de COHECHO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SEGUNDO:…TERCERO:…. (Folios 38-45 del antecedente) 3) Que en fecha quince de enero de dos mil diecinueve, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, que dictó sentencia en fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual falló por unanimidad de votos: “PRIMERO: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada DANELIA FERRERA TURCIOS, en su condición de apoderada legal de la sociedad TELEFONIA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL), sobre la causa contra MARCO ANTONIO ZOLA, por el delito de COHECHO, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SEGUNDO: Se ordena que por medio de la Secretaria de este Tribunal , se devuelva los autos o antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de la presente Resolución; TERCERO: Que se remita en consulta el presente fallo a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS Y EL CONCEPTO DE SU VULNERACIÓN. - Los Derechos Constitucionales que en el presente caso se estiman quebrantados son: l. Principio del Debido Proceso; II. Derecho a la Vida; III. Derecho a la Integridad Personal; y, IV. Derecho a la Intimidad. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL A LOS PRINCIPIOS.- DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA. CONSIDERACIONES FÁCTICO-JURÍDICAS. - 1. Principio al Debido Proceso. El Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República establece: " ... Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece ... ", Norma constitucional cuya finalidad es garantizar una Tutela Judicial Efectiva conforme el sistema de garantías que prima el Estado de Derecho y permite hacer valer sus derechos, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y obtener una resolución fundada en Derecho, así como el deber a los Jueces (zas) de cumplir con las exigencias fundamentales del procedimiento. Mismo derecho que es reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 sobre Garantías Judiciales. Por otro lado, es importante mencionar además que nuestra representada no es parte en el proceso por el cual se ha impetrado la presente acción, pero, sin embargo, como bien lo indica también la Corte Interamericana de derechos Humanos las garantías judiciales son exigibles también" ... Para toda persona para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... ", lo cual nos da la oportunidad de poder instar al órgano judicial para discutir sobre la pertinencia de la ratificación de un oficio que es únicamente la remisión de la información solicitada, entendiendo esta representación legal que la misma acredita solamente el origen de la información obtenida, la cual es sujeta de un posterior análisis, debiendo mencionar además que el origen de esta información, no está siendo sujeto de controversia por ninguna de las partes, ya que el Tribunal solamente busca una ratificación que al análisis de los hechos discutidos resulta inútil y desproporcional para la realización de la justicia penal. Al respecto también la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) señala que el derecho a ser oído comprende entonces dos ámbitos, el formal y el material. El ámbito formal o procesal del derecho implica asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales, es decir, en materia probatoria, por ejemplo, legalidad de la prueba, en el presente caso, el Acto Judicial contra el que se presenta la acción de Amparo, pretende una prueba inútil y desproporcional y que además coloca en riesgo a personas que no tienen relación con el proceso, riesgo que resulta innecesario para el éxito del mismo. Por su parte, el ámbito material del derecho, supone "que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido". En el presente caso, se observa una aplicación indebida de normas con fundamento en los antecedentes y consideraciones jurídicas siguientes: Violación a la Normativa Nacional e Internacional particularmente del artículo 90 de la Constitución de la República, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se detallan así: Inobservancias a lo dispuesto en el Código Procesal Penal: "Articulo 198. Finalidad de los Medios de Prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código." (refiriéndose al Código Procesal Penal). En este sentido podemos afirmar que los medios de prueba procuran conseguir el convencimiento del órgano sentenciador sobre la veracidad de los hechos que las partes procesales afirman respectivamente en sustento de sus respectivas pretensiones, en consecuencia, constituye el objeto de la prueba los hechos litigiosos. esto es, los controvertidos por las partes, premisa esta que nos impulsa a impetrar la acción de amparo, pues en el caso que nos ocupa no existe una controversia sobre el origen de la información que ha brindado la empresa, ni siquiera hay dudas sobre el contenido de la misma información, por lo que la ratificación del oficio en el que se remite esta, es completamente inútil a la intención probatoria de las partes, y más bien se trata de una diligencia que trae demora en la resolución del caso en cuestión, ya que al no existir dudas sobre estos aspectos no tienen que porque probarse con una ratificación de la firma que calza en el oficio, siendo por ende procesalmente inútil, al carecer de finalidad procesal atendible. "Articulo 199. Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque este no este expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos solo SI son pertinentes y se refieren directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados. ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Existiendo testigos presenciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia." A este respecto es importante señalar que el legislador busca que, en el proceso penal, sean incorporados medios de prueba que tengan un impacto en lo que se pretende acreditar y que atiendan y se refieren a las circunstancias que rodean la hipótesis de la parte, que las oferta, ya sea para efecto de la acusación o la defensa; en este sentido, el legislador busca que los medios de prueba que sean admitidos y valorados, tengan una relación directa con el hecho objeto de proceso, evitando la admisión de aquellos que sean redundantes, impertinentes, desproporcionales e inútiles, a efecto que se practique la finalidad del proceso penal que es la realización pronta y efectiva de la Justicia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, en ese sentido, no se pretende la aportación abundante de medios de prueba que acreditan el mismo hecho o circunstancia, debiendo en ese caso admitirse y valorarse los medios de prueba que más correspondan a su finalidad probatoria del hecho, evitando caer en la desproporcionalidad probatoria. En ese sentido, el hecho que el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencias de Santa Rosa de Copán pretendan que los empleados de Telefónica Celular S.A. de C.V. ratifiquen en estrados la información que la empresa remite mediante oficio y que contiene los datos que simplemente se sustraen intactos de la plataforma del sistema de la Compañía (relacionada a las comunicaciones de determinadas personas), constituye un medio de prueba inútil y desproporcional ya que por su naturaleza, el medio de prueba idóneo es el documental consistente ya sea en el mismo documento que emite la empresa o con mayor frecuencia, en el dictamen que emite el perito que realiza el análisis de la información que proporciona CELTEL o cualquier otra empresa de telefonía. Para poder determinar las condiciones bajo las cuales un medio de prueba debe y puede ser admitido para su valoración y análisis, es necesario decir que La pertinencia se da cuando la prueba con la que se pretende acreditar un hecho, tiene una relación directa y pueda acreditar el hecho investigado; Asimismo La conducencia es la idoneidad de la prueba para demostrar determinado hecho y La Utilidad se refiere a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de controversia que aún no se encuentra demostrada con otra. (En este caso el oficio emitido por CELTEL NO es la prueba pertinente, idónea y útil para acreditar las llamadas y mensajes entrantes y salientes de un número de teléfono determinado, sino más bien la información que remite ese mismo oficio). Debemos entender entonces que el fin que debe tener la presentación de una prueba, radican en que ésta debe prestar un servicio útil, al convencimiento del juez; de lo anterior, podemos decir, además, que una prueba es inútil cuando sobra, cuando no es idónea, no en sí misma, sino que no presta ningún servicio útil al proceso; en ese sentido, una prueba puede ser conducente y pertinente pero inútil. Por otro lado, y teniendo en cuenta otras opciones procesales permitidas por nuestra, normativa, el medio de prueba documental, se encuentra regulado en el artículo 332 del Código Procesal Penal el cual dispone que "Las pruebas documentales serán exhibidas en audiencia, con indicación de su origen y leídas por el secretario." El precepto antes enunciado, prevé que estas pruebas no deban ser ratificadas por quien expide o firma los documentos, sino que las mismas tienen valor probatorio per se, y lógicamente es entendible la excepción a esta regla radica en que alguna de las partes pueda alegar que la información que se extrae del sistema, o bien el oficio en el que se remite la misma no es conforme a la verdad, siendo en este caso necesario que se verifique el extremo debiendo ser ratificada la misma por la persona que firma, a efecto que pueda explicar la diferencia alegada por la parte que corresponda. Asimismo, en el artículo 311 numerales 4 y 5 del mismo cuerpo legal relaciona que los únicos documentos que han de ser ratificados en juicio son las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos, y aún estos, pueden ser incorporados únicamente por lectura autorizada, así como los informes periciales practicados durante la etapa preparatoria, por lo esta representación legal entiende que el documento que el Tribunal de Sentencia precisa sea ratificada, puede perfectamente en base a este artículo, ser introducido al juicio y valorado para la sentencia respectiva, sin necesidad de ratificación alguna. En nuestro caso, se trata de un oficio de respuesta de la Compañía que en la mayoría de los expedientes, ha sido objeto de análisis pericial por parte de un experto que ha sido juramentado en legal y debida forma para emitir un Dictamen/Informe Pericial del que tanto el oficio de respuesta de CELTEL, como la información que se extrae del sistema de la empresa, pasan a ser uno de sus anexos; y es precisamente ese dictamen que será ratificado por el perito en Juicio Oral y Público en presencia de las partes, el cual será objeto de contradictorio en el debate, en virtud a lo establecido en el artículo 326 del Código Procesal Penal. "Articulo 200. Pruebas Prohibidas o ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte…” Tomando en consideración que el requerimiento de información contra el cual se impetra la presente acción de Amparo, tiene corno propósito que el empleado de la Compañía comparezca al juicio oral y público a ratificar el oficio relacionado, en consecuencia, es necesario plantear los posibles efectos para la Compañía y sus empleados al proporcionar los datos personales de sus funcionarios quienes realizan la labor de extracción de la información del sistema de la plataforma: a. Riesgo para su seguridad personal y su vida, pues quedan expuestos frente a personas que podrían ejecutar acciones tendientes intimidarles e incluso ejecutar acciones contra su integridad física o la de sus familiares; A este respecto es importante mencionar al artículo 60 y 65 de nuestra Constitución de la Republica, en la cual se tutela tanto el derecho dela vida corno el derecho a la integridad física, b. Propicia además que cuando cualquiera de ellos reciba amenazas, pueden ser obligados a brindar información a los investigados, con lo que también se burla el proceso investigativo o judicial del que se trate, además de casos futuros; Siendo importante tornar en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Código Procesal Penal, en relación a la protección de los intervinientes en el proceso, entendiéndose que no se trata de llevar a un juicio todo lo que haya resultado de una investigación, sino más bien hacer un análisis minucioso de los medios de prueba que realmente acrediten las pretensiones que se buscan, pues caso contrario se cae en la desproporcionalidad o inutilidad de la misma, c. Riesgo que algunos de los empleados puedan por temor, incurrir en el delito de INFIDENCIA contemplada en el artículo 51 de la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas, ya que los empleados pueden ser objeto de coacción con el propósito que filtren información relacionada a casos en proceso de investigación o que ya estén judicializados; Lo antes mencionado habida cuenta que las partes procesales, ante todo, habrán de proponer prueba mediante la cual se dispongan a probar sus alegaciones y desacreditar las de su parte contraria, sin embargo en el caso sometido a su estudio Honorables Magistrados, no se busca acreditar ni desacreditar algún hecho en controversia, sino únicamente llevar al estrado a una persona que nada tiene que ver con el proceso y que su única participación ha sido plasmar su firma en un oficio que tiene como objetivo remitir una información que va anexa y que ha sido extraída de una plataforma del sistema de la empresa. Sumado a todo lo anterior, resulta meritorio apuntar además que los empleados de la Compañía son personas que no tienen la experiencia y la seguridad de un agente de investigación que desde el momento en que decide ingresar a los organismos de investigación o de seguridad pública, asumen los riesgos propios del cargo, sino que son personas que de alguna forma han optado por trabajos con riesgos menores o diferentes a los riesgos que asumen de forma voluntaria y consiente los diferentes elementos de los cuerpos de seguridad del Estado; En relación a esto el artículo 226 del Código Procesal Penal establece "Deber de Testificar. Todos los habitantes del país tienen la obligación de atender las citaciones que les libren los órganos jurisdiccionales, para decretar lo que sepan sobre el delito ... ", en este sentido el legislador de forma clara indica quienes son los llamados a declarar de forma obligatoria, siendo el requisito indispensable conocer una o más circunstancias de un hecho sancionable, II. Derecho a la vida, a la Integridad Personal y a la Intimidad. Es preciso considerar que la Constitución de la República garantiza la protección de los Derechos Fundamentales a la Vida y a la Seguridad personal de todas las personas sin excepción alguna, señalando en su artículo S9 que: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tiene la obligación de respetarla y protegería.:", asimismo en su artículo 61 dispone que: "La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho de la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.". Nuestra Carta Magna también dispone en su Artículo 64 que: "no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan."; el Artículo 68 señala que "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. .. "; el Artículo 70 señala que "Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe"."; el Artículo 76 establece que: "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen." A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé en su artículo 1.1 la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidas en la convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción; a su vez el derecho a la vida en el artículo 4.1 el cual establece que "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley ...” ; a la integridad personal en el artículo 5.1 que dispone que "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. "En relación a la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades establecidos en la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio; Gros Espiell define el "Respeto" como "la obligación del Estado y todos sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y libertades reconocidos en la Convención." Sobre este aspecto en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que "la protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente ... “La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos implica el deber Estatal de organizar su estructura (mediante la que ejerce su poder público) para asegurar jurídicamente a la persona el efectivo ejercicio de sus derechos humanos; Gros Espiell señala que esta obligación supone el deber del Estado de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción. Al respecto del Derecho a la Vida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han establecido que este derecho no se circunscribe únicamente a la sola limitación de la prohibición de privar arbitrariamente de la vida a una persona, sino que se extiende a las obligaciones positivas de prevenir y garantizar las condiciones aptas y apropiadas de la vida del ser humano, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que: “Los Estados deben adaptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo, capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares .. ,". Ahora bien, en relación al derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que para determinar la violación a este derecho y debe tomarse en cuenta no solo el sufrimiento físico, sino también la angustia psíquica y moral ... " Asimismo la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 11 señala la Protección de la Honra y de la Dignidad, y claramente en su numeral 2 apunta "Nadie puede ser objeto de inferencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia", por lo que es de tener claro que la misma no se refiere solamente a la protección de la honra o de la reputación de los individuos, sino que además atañe el derecho a la vida privada o a la intimidad, A este respecto, también la misma La Corte Interamericana de Derechos humanos en una reciente decisión ha afirmado que la intimidad comprende, entre otras dimensiones, que tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personas, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de persona hacia el públicos. De la misma manera en lo relacionado a la intimidad observamos que su concepto básico refiere que es una parte de la persona que se reserva para un reducido grupo de personas allegadas a su entorno, las cuales está segura que puede considerar de su confianza, compartiendo con estas circunstancias que no comparte de forma pública, esta intimidad puede estar relacionada sus vínculos familiares los y datos personales los cuales se reserva para sí mismo, su grupo afectivo o familiar, así como para tener cierto grado de seguridad frente a terceros; Sobre este tema incluso el articulo 3 numeral 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere "Datos personales confidenciales; Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, numero de telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen; ... " (lo subrayado es nuestro); A su vez, el artículo 25 de la indicada ley refuerza la protección de los datos personales al establecer: "Prohibición De Entrega De Información. Ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar la discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas." Con lo anterior, queda evidenciado que estas disposiciones constitucionales e internacionales han sido vulneradas con el acto judicial contra el que se impetra la presente acción, pues no se ha tomado en consideración la condición de los empleados de mi representada, quien, en aras de exponerse a riesgos mínimos, optaron por no dedicarse a una labor que implicara amenaza a su entorno en general, como el caso de los Agentes de Investigación quienes de manera voluntaria asumen el riesgo al que se ven diariamente expuestos al ejercer legítimamente sus funciones. Entre los Derechos individuales que nuestra Constitución y el derecho internacional garantizan proteger de manera prioritaria, se encuentran el Derecho a la Vida, a la Integridad Personal y a la Intimidad; todos estos derechos de los empleados de la Compañía se ponen en riego con la información solicitada mediante la orden judicial del Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, quienes no han observado a cabalidad el principio del Debido Proceso, pues se debe tener en cuenta la necesidad del medio de prueba para acreditar el hecho, y en el caso que nos ocupa la prueba realmente influyente y/o determinante es precisamente el informe o el dictamen que emite el perito que realizara el análisis respectivo de la información que es proporcionada por mi representada.” CONSIDERANDO (4): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, mediante sentencia de fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, consigna en la FUNDAMENTACION FACTICA JURIDICA: “Primero: El recurso de amparo se concede contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho público cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas o se encuentren de hecho o de derecho en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos y libertades fundamentales. Por ende, es un derecho humano de naturaleza procesal que puede interponer cualquier persona, para demandar ante el órgano jurisdiccional competente la protección o el restablecimiento de cualquiera de sus derechos constitucionales, con excepción de la libertad corpórea, el acceso a la información pública y del derecho a la autodeterminación informativa. Segundo: El acto judicial contra el cual se interpone la presente acción es donde el Tribunal de Sentencia de esta ciudad, mediante oficio solicita a CELTEL, de manera urgente remita a ese Tribunal la información respecto del nombre, número de identidad y lugar donde pueda ser citado el empleado que realizó el trabajo de extracción de la información del sistema de plataforma de la Empresa. Son dos pilares sobre los que se desarrolla un proceso de amparo: a) El derecho fundamental amenazado o vulnerado; y b) El acto invocado como lesivo de estos derechos. El acto lesivo puede ser definido como aquella conducta (acción u omisión) proveniente de cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera derechos fundamentales (BURGOA, Ignacio. El juicio de amparo. 34 edición, Porrúa, México, 1998, P 205). Tercero: Conforme la tesis de la Amparista el hecho de proporcionar los nombres, número de identidad y lugar donde pueda ser citada la persona que copió la información de la plataforma, esto para efectos de que ratifique un oficio (prueba documental) que fue librado con anterioridad al órgano jurisdiccional requirente y que contiene información de llamadas entrantes y salientes, lo cual implica que se trata de una prueba inútil, desproporcional, impertinente, y coloca a las personas que no tienen relación con el proceso, ya que el medio idóneo para ello es el medio de prueba documental o pericial, violentándose con ello el debido proceso consignado en los artículos 90 de la Constitución de la Republica, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- Al respecto diremos que no estamos de acuerdo con ello, ya que a nuestro criterio la resolución del Tribunal de Sentencia no viola en manera alguna los derechos mencionados por la impetrante, a los que nos pronunciaremos de la manera siguiente: La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de Derechos establecidos a favor de las partes constituidas en un procedimiento judicial, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduzca a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo, dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada a sus pretensiones, al derecho a recurrir las resoluciones judiciales etc. La Sala Constitucional ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida se traduce de un modo general en el deber que tienen los tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. Si bien el Tribunal de Sentencia pretende la ratificación de un medio de prueba cuya naturaleza corpórea no necesita de ello, esto no es violatorio al debido proceso, pues lo que se busca asegurar, entendiéndolo así este Tribunal, es confirmar la veracidad del contenido de un documento, lo cual no es imperativo realizarse a través de la ratificación, cuando se trata de este tipo de prueba; pero tal circunstancia no se puede verse como violatoria del Debido Proceso, solo es producto de un acto de prueba por parte del Ministerio Público derivado del Principio de Acusatorio y de Aportación de Parte, como encargado de la persecución penal, que pasa por el control jurisdiccional, el cual no afecta en nada a la persona que pudiere participar activamente en el mismo. No se aprecia violación al debido proceso en razón de que, si el órgano jurisdiccional incorpora un medio de prueba en contravención a las reglas ya estipuladas para el juicio oral y público, la parte afectada por ello, eventualmente puede invocar como motivo de casación este extremo, pues el amparo solo acoge aquellas situaciones donde no existan vías legales ordinarias. Si bien es cierto se trata de un medio de prueba documental que solo precisa para su incorporación al juicio que sea exhibido, dar cuenta de su origen y leído por el Secretario, sin que sea preciso su ratificación, la actuación del órgano jurisdiccional de solicitar el nombre de la persona que extrajo la información, en manera alguna violenta el debido proceso, y como se reitera esta circunstancia se puede alegar a través de la vía ordinaria, esto al amparo del artículo 363 numeral 2 del Código Procesal Penal. Cuarto: Sobre los otros derechos invocados como lesionados: derecho a la vida, a la Integridad Personal y a la Intimidad, consignados en los artículos 59, 64, 68, 70, 76 de la Constitución de la Republica, 1.1, 4.1 Y 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la amparista considera que: "Proporcionar el nombre de la persona que sacó la información de la plataforma trae como efectos: Riesgo personal para su seguridad personal y su vida, pues quedan expuestos frente a personas que puedan ejecutar acciones tendientes a intimidarles e incluso ejecutar acciones contra su integridad física o la de sus familiares; propicia, que cualquiera de ellos reciba amenazas, pueda ser obligados a brindar información" a los investigados; riesgo que algunos de los empleados puedan por temor incurrir en delito de Infidencia. El acto judicial que se reprocha, no se ha tomado en consideración la condición de los empleados de su representada, quien, en aras de exponerse a riesgos mínimos, optaron por no dedicarse a una labor que implicara amenaza a su entorno en general". Al respecto nos pronunciamos así: Sobre el derecho a la vida, el artículo 65 de la Constitución de la República dice: "El derecho a la vida es Inviolable." En consonancia con tal artículo 59 del mismo cuerpo legal dice: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad ..." Partiendo de tales Principios reconocemos la existencia de este derecho, el cual es imperativo respetar, ya que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad, estamos de acuerdo con ello. Pero, por otra parte, el hecho de prestar colaboración una persona natural dentro de un proceso judicial independientemente de la jurisdicción (civil, penal, laboral etc.), pero no implica que se vaya a atentar contra la vida de esa personal no se han aportado datos verosímiles, concretos que respalden tal afirmación. Como ciudadano se está en la imperiosa necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de contribuir con la justicia cuando se nos requiera para ello, ya que bajo esa condición estamos sujetos a participar en pro de una correcta aplicación de la justicia y como un beneficio social. La intimidación, amenazas o el delito de infidencia a que puedan quedar sujetas las personas que brinden este tipo de información a la que se solicita en oficio, es algo abstracto a que ayude la peticionaria, sin información que lo sustente, e igualmente al tomarse los recaudas o las medidas adecuadas se prevé ello, si bien es cierto el Estado deviene obligado a la salvaguardia del derecho a la vida e integridad física, los entes encargados de dirigir la investigación y la Empresa para las que laboran estas personas pueden tomar las medidas pertinentes para prevenir estos riesgos. Además, ella actúa como representante de una persona jurídica (CELTEL), solo las personas naturales son sujetas del derecho a la vida, al igual que el derecho a la integridad física, intimidad familiar, por lo que, las personas jurídicas no pueden invocar estos derechos fundamentales, porque no ostentan esa titularidad. Sobre el Derecho a la Integridad personal: Este supuesto está íntimamente ligado al anterior, cuyo pronunciamiento es aplicable al presente. d) Derecho a la Intimidad: Este derecho no se le vulnera desde ningún punto de vista, ya que en el hipotético caso que participara activamente dentro de un juicio, no habría posibilidad de resultar afectado física, psíquica o moralmente; al contrario, el contribuir con el sistema de justicia y por ende con la sociedad da lugar a sentirse útil y orgulloso del deber cumplido, ya que como ciudadanos tenemos la obligación de participar activamente dentro de los diferentes procesos en pro de la correcta impartición de justicia. Además, como se ha dejado plasmado líneas arriba este derecho solo puede ser invocado por la persona natural, no por la persona jurídica a la que representa la amparista (CELTEL). Como corolario de lo anteriormente expuesto debe necesariamente declararse sin lugar el presente Recurso de Amparo.” CONSIDERANDO (5): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de la Acción de Amparo, de fecha seis (6) de Diciembre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, que resuelve DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por la Abogado DANELIA FERRERA TURCIOS en su condición de apoderada legal de TELEFONIA CELULAR S.A de C.V. (CELTEL), es totalmente apegada a derecho, por lo que constando que en el expediente examinado no existe vulneración al Derecho Constitucional reclamado por la impetrante; de acuerdo a las motivaciones de dicha Corte de Apelaciones era procedente DENEGAR el Amparo reclamado y a esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 59, 64, 65, 68, 70, 76, 90 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 4, 6, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 63, 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 311.4.5, 363.2 del Código Procesal Penal; 1.1, 4.1, 5.1, 8.1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución que DENIEGA la Acción de Amparo emitido en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisies días del mes de agosto de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0044=2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.