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Sentencia AP-44-18 — Registro 8549

Resumen

Resolución que revocó el sobreseimiento provisional contra impetrantes por los delitos de asociación ilícita, Facilitación del Local para el Tráfico Ilícito de Drogas ordenando el auto de formal procesamiento contra dichos delitos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(7): Que el Artículo 92 de la Carta Magna exige ciertos elementos de fondo y de forma para proveer auto de formal procesamiento, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa acrediten el haberse cometido un delito, así como la probable responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. Por su parte el artículo 297 del Código Procesal Penal en relación al auto de prisión establece que “…,para decretarlo el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. De acuerdo al estudio de los antecedentes y las pruebas aportadas en la audiencia inicial queda acreditada la comisión de una acción penada por la ley, en ese orden de ideas no puede inobservarse la existencia de la comisión de un delito y la probabilidad de que los imputado (a), hayan participado en el mismo. El Ente Acusador de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del código Procesal Penal, en procura de la persecución de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad es el rector de la investigación criminal que tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los hechos para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió, para ello se valdrá de cualquier medios de prueba obtenido lícitamente, tal como acontece en el caso que nos ocupa el Ente Acusador aportó medios probatorio suficientes para que el A quo decrete el auto de formal procesamiento. En consecuencia, esta Sala aprecia que el Ad quem a dictado una resolución conforme a derecho.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha intervenido todos los actos procesales, así como que ha hecho uso de cuantos recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa, tal y como sucede que ha comparecido ante esta Sala recurriendo la resolución que según su parecer le causa agravio.- CONSIDERNADO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a los antecedentes y la resolución impugnada esta Sala encuentra que el fallo del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley, así como que deja claramente establecidos los motivos por los que dicta la resolución cuestionada. En consecuencia, no se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos invocados por el recurrente.- CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- "

Legislación citada

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen  derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, a favor de los Señores LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecisiete (2017); en las causas instruidas contra: el Señor LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por suponerlo responsable de los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, ASOCIACION ILICITA y TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES; y la Señora WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por suponerla responsable de los delitos de ASOCIACION ILICITA y TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES; ambos en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos: 60, 62, 64, 80, 82, 90, 92 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada LESLY MARGARITA LOPEZ CASTELLANOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra: el Señor LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y el delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; y de la Señora WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por el delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2–8 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 2) Que en fecha (doce (12) de abril del año dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Audiencia Inicial el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “1).- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por suponerla responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2).- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIETNO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (USO COMERCIAL), en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por suponerlos responsable del delito de ASOCIACION ILICITA, e perjuicio de LA SEGUIRIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS 5).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por suponerlos responsable del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 6).- Imponerle a la referida imputada WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, separado de las personas condenadas, para lo cual se librará atento oficio a la señora Directora de dicho Centro Penitenciario.- 6).- Imponerle al referido imputado LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Ubicado en el Valle de Tamara, Francisco Morazán, de las personas condenadas, para lo cual se librará atento oficio al señor Director de dicho Centro Penitenciario.- 7).- La apuntada Medida Cautelar, tendrá una duración provisional y se mantendrá hasta la celebración del Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase hasta esta etapa procesal, sin perjuicio que la misma pueda ser sustituida por otra u otras menos gravosas, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que la originaron.- 4).- …”. (Folios 82–97 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ELI MAURICIO MURILLO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) Declarando HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto.- 2) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de Leonardo Xavier Orellana Claros por Facilitación del Local para el Tráfico Ilícito de Drogas y que se dicte el Auto de Formal Procesamiento.- 3) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional por Asociación Ilícita dictada a favor de Leonardo Xavier Orellana Claros y Wendy Francisca Claros Alemán, y que se dicte el Auto de Formal Procesamiento.” (Folios 128–132 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- 4) Que el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, contra la Resolución de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 62, 64, 80, 82, 90, 92 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Folios 1–130 del Presente Recurso).

  1. Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 159 del Presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual REVOCÓ el sobreseimiento Provisional dictado en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Penal de la misma sección judicial Seccional, con relación al proceso que se instruye contra LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN por suponerla responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): que el recurrente al formalizar el recurso manifiesta que el acto reclamado vulnera los siguientes artículos constitucionales: Artículo 60, 62, 64, referidos a la igualdad y libertad de los hombres, los límites a los derechos de cada hombre, y a la prohibición de aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución si los disminuyen o tergiversan. Artículo 82 del Derecho de Defensa, Artículo 90 del Debido proceso; artículo 92 de los requisitos para proveer auto de formal procesamiento; así como las disposiciones internacionales contenidas en el artículo 10 y 11 de La Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 1, 2, 8 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. El recurrente desarrolla los motivos de vulneración de la siguiente manera: “La Corte de Apelaciones ignoró la petición de la Defensa en la que se le pidió sustentara con el asidero legal el recibir a pruebas la Segunda Instancia, cuando se haya tenido conocimiento de hechos de influencia en el pleito, después de la resolución y la Defensa ignoraba asuntos importantes, sobre la actividad que los imputados estaban efectuando en el momento en que la autoridad policial los estaba vigilando. Esta circunstancia es que facultó al representante procesal de la defensa, por estar habilitado legalmente, según lo estipula el artículo 357 No. 3 del Código Procesal Penal, y porque eso no fue debatido en la primera instancia. Expone que el artículo 62 ha sido violentado por la Corte de Apelaciones recurrida cuando resuelve declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y Revoca el Sobreseimiento Provisional dictado contra sus representados, esta reforma al fallo conlleva a la vulneración también del artículo 64 constitucional. Señalando que es notorio y evidente que al haber ignorado totalmente el derecho de petición solicitando la apertura a pruebas en la apelación se violentó el derecho de Defensa como el Derecho al Debido Proceso, además se violenta el debido proceso al “inculpar directamente al y a la indiciada, sin tener la oportunidad de escuchar la defensa de demostrar que la autoridad policial no fue responsablemente diligente cuando aseguró que estaban en vigilancia y detener a las personas In Fraganti y decomisarles las piezas de convicción o evidencia de la comisión de un delito. De la formalización relacionada quedan ampliamente expresado el criterio del recurrente en cuanto al quebrantamiento de los derechos fundamentales y derechos humanos de los acusados.- CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem al dictar su fallo, en su motivación fáctica jurídica expone los requisitos para dictar auto de formal procesamiento acorde con lo establecido en el artículo 92 constitucional, a continuación detalla los medios de prueba de los que se hizo valer el Ministerio Público en la audiencia Inicial, dejando establecido: “analizados los medios probatorios aportados, en su conjunto y las actividades que realizan, la droga encontrada nos lleva a la conclusión, que estas personas están asociadas para realizar actividades ilícitas, por lo que procede revocar el sobreseimiento Provisional y que se dicte el correspondiente Auto de Formal Procesamiento. Expone, además, que de conformidad con el Acta de allanamiento en la habitación se encontró hierba seca que de según el dictamen de medicina forense es en una cantidad de 53.2 gramos, siendo esa la habitación del acusado, es bajo su poder que se encuentra la droga. Por todo ello, Declaró con Lugar el recurso de Apelación, Revoca el sobreseimiento Provisional y dicta Auto de Formal Procesamiento por facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas. Revoca el Sobreseimiento Provisional por asociación Ilícita dictada a favor de Leonardo Xavier Orellana Claros y Wendy Francisca Claros Alemán y se dicta auto de formal procesamiento.- CONSIDERANDO (6): Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, celebrada la audiencia en la que el imputado puede o no declarar, el Juez de garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a que quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2].- CONSIDERANDO (7): Que el Artículo 92 de la Carta Magna exige ciertos elementos de fondo y de forma para proveer auto de formal procesamiento, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa acrediten el haberse cometido un delito, así como la probable responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. Por su parte el artículo 297 del Código Procesal Penal en relación al auto de prisión establece que “…,para decretarlo el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. De acuerdo al estudio de los antecedentes y las pruebas aportadas en la audiencia inicial queda acreditada la comisión de una acción penada por la ley, en ese orden de ideas no puede inobservarse la existencia de la comisión de un delito y la probabilidad de que los imputado (a), hayan participado en el mismo. El Ente Acusador de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del código Procesal Penal, en procura de la persecución de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad es el rector de la investigación criminal que tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los hechos para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió, para ello se valdrá de cualquier medios de prueba obtenido lícitamente, tal como acontece en el caso que nos ocupa el Ente Acusador aportó medios probatorio suficientes para que el A quo decrete el auto de formal procesamiento. En consecuencia, esta Sala aprecia que el Ad quem a dictado una resolución conforme a derecho.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha intervenido todos los actos procesales, así como que ha hecho uso de cuantos recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa, tal y como sucede que ha comparecido ante esta Sala recurriendo la resolución que según su parecer le causa agravio.- CONSIDERNADO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a los antecedentes y la resolución impugnada esta Sala encuentra que el fallo del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley, así como que deja claramente establecidos los motivos por los que dicta la resolución cuestionada. En consecuencia, no se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos invocados por el recurrente.- CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, a favor de; LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS Y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMÁN, contra la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0044-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, a favor de los Señores LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que declaró HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecisiete (2017); en las causas instruidas contra: el Señor LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por suponerlo responsable de los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, ASOCIACION ILICITA y TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES; y la Señora WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por suponerla responsable de los delitos de ASOCIACION ILICITA y TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES; ambos en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos: 60, 62, 64, 80, 82, 90, 92 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho (8) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada LESLY MARGARITA LOPEZ CASTELLANOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra: el Señor LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y el delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; y de la Señora WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por el delito de TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y el delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2–8 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 2) Que en fecha (doce (12) de abril del año dos mil diecisiete (2017), en la celebración de la Audiencia Inicial el citado Juzgado, Resolvió: (SIC) “1).- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por suponerla responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2).- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIETNO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (USO COMERCIAL), en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 3).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por suponerlo responsable del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS, por suponerlos responsable del delito de ASOCIACION ILICITA, e perjuicio de LA SEGUIRIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS 5).- SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor de WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, por suponerlos responsable del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 6).- Imponerle a la referida imputada WENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, separado de las personas condenadas, para lo cual se librará atento oficio a la señora Directora de dicho Centro Penitenciario.- 6).- Imponerle al referido imputado LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, la cual deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Ubicado en el Valle de Tamara, Francisco Morazán, de las personas condenadas, para lo cual se librará atento oficio al señor Director de dicho Centro Penitenciario.- 7).- La apuntada Medida Cautelar, tendrá una duración provisional y se mantendrá hasta la celebración del Juicio Oral y Público, siempre y cuando se llegase hasta esta etapa procesal, sin perjuicio que la misma pueda ser sustituida por otra u otras menos gravosas, en caso de acreditarse que han desaparecido los presupuestos que la originaron.- 4).- …”. (Folios 82–97 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado ELI MAURICIO MURILLO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, Resolvió: (SIC) “1) Declarando HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto.- 2) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional dictado a favor de Leonardo Xavier Orellana Claros por Facilitación del Local para el Tráfico Ilícito de Drogas y que se dicte el Auto de Formal Procesamiento.- 3) REVOCAR el Sobreseimiento Provisional por Asociación Ilícita dictada a favor de Leonardo Xavier Orellana Claros y Wendy Francisca Claros Alemán, y que se dicte el Auto de Formal Procesamiento.” (Folios 128–132 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- 4) Que el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, compareció ante este Tribunal en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN, contra la Resolución de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 62, 64, 80, 82, 90, 92 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Folios 1–130 del Presente Recurso).

  1. Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 159 del Presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual REVOCÓ el sobreseimiento Provisional dictado en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Penal de la misma sección judicial Seccional, con relación al proceso que se instruye contra LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS por suponerlo responsable del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMAN por suponerla responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): que el recurrente al formalizar el recurso manifiesta que el acto reclamado vulnera los siguientes artículos constitucionales: Artículo 60, 62, 64, referidos a la igualdad y libertad de los hombres, los límites a los derechos de cada hombre, y a la prohibición de aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta constitución si los disminuyen o tergiversan. Artículo 82 del Derecho de Defensa, Artículo 90 del Debido proceso; artículo 92 de los requisitos para proveer auto de formal procesamiento; así como las disposiciones internacionales contenidas en el artículo 10 y 11 de La Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 1, 2, 8 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. El recurrente desarrolla los motivos de vulneración de la siguiente manera: “La Corte de Apelaciones ignoró la petición de la Defensa en la que se le pidió sustentara con el asidero legal el recibir a pruebas la Segunda Instancia, cuando se haya tenido conocimiento de hechos de influencia en el pleito, después de la resolución y la Defensa ignoraba asuntos importantes, sobre la actividad que los imputados estaban efectuando en el momento en que la autoridad policial los estaba vigilando. Esta circunstancia es que facultó al representante procesal de la defensa, por estar habilitado legalmente, según lo estipula el artículo 357 No. 3 del Código Procesal Penal, y porque eso no fue debatido en la primera instancia. Expone que el artículo 62 ha sido violentado por la Corte de Apelaciones recurrida cuando resuelve declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y Revoca el Sobreseimiento Provisional dictado contra sus representados, esta reforma al fallo conlleva a la vulneración también del artículo 64 constitucional. Señalando que es notorio y evidente que al haber ignorado totalmente el derecho de petición solicitando la apertura a pruebas en la apelación se violentó el derecho de Defensa como el Derecho al Debido Proceso, además se violenta el debido proceso al “inculpar directamente al y a la indiciada, sin tener la oportunidad de escuchar la defensa de demostrar que la autoridad policial no fue responsablemente diligente cuando aseguró que estaban en vigilancia y detener a las personas In Fraganti y decomisarles las piezas de convicción o evidencia de la comisión de un delito. De la formalización relacionada quedan ampliamente expresado el criterio del recurrente en cuanto al quebrantamiento de los derechos fundamentales y derechos humanos de los acusados.- CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem al dictar su fallo, en su motivación fáctica jurídica expone los requisitos para dictar auto de formal procesamiento acorde con lo establecido en el artículo 92 constitucional, a continuación detalla los medios de prueba de los que se hizo valer el Ministerio Público en la audiencia Inicial, dejando establecido: “analizados los medios probatorios aportados, en su conjunto y las actividades que realizan, la droga encontrada nos lleva a la conclusión, que estas personas están asociadas para realizar actividades ilícitas, por lo que procede revocar el sobreseimiento Provisional y que se dicte el correspondiente Auto de Formal Procesamiento. Expone, además, que de conformidad con el Acta de allanamiento en la habitación se encontró hierba seca que de según el dictamen de medicina forense es en una cantidad de 53.2 gramos, siendo esa la habitación del acusado, es bajo su poder que se encuentra la droga. Por todo ello, Declaró con Lugar el recurso de Apelación, Revoca el sobreseimiento Provisional y dicta Auto de Formal Procesamiento por facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas. Revoca el Sobreseimiento Provisional por asociación Ilícita dictada a favor de Leonardo Xavier Orellana Claros y Wendy Francisca Claros Alemán y se dicta auto de formal procesamiento.- CONSIDERANDO (6): Que el proceso penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo al orden previamente establecido en el artículo 292 del mismo código, celebrada la audiencia en la que el imputado puede o no declarar, el Juez de garantías podrá decretar la detención judicial del mismo por el término de ley o en su caso las medidas cautelares sustitutivas a que quedará sujeto el acusado, o la libertad provisional por falta de méritos para ser detenido y señalamiento del día y hora para celebrar audiencia inicial. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[5].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si esta justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[6].- CONSIDERANDO (7): Que el Artículo 92 de la Carta Magna exige ciertos elementos de fondo y de forma para proveer auto de formal procesamiento, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa acrediten el haberse cometido un delito, así como la probable responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución. Por su parte el artículo 297 del Código Procesal Penal en relación al auto de prisión establece que “…,para decretarlo el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito”. De acuerdo al estudio de los antecedentes y las pruebas aportadas en la audiencia inicial queda acreditada la comisión de una acción penada por la ley, en ese orden de ideas no puede inobservarse la existencia de la comisión de un delito y la probabilidad de que los imputado (a), hayan participado en el mismo. El Ente Acusador de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del código Procesal Penal, en procura de la persecución de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad es el rector de la investigación criminal que tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad mediante la reconstrucción histórica de los hechos para determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió, para ello se valdrá de cualquier medios de prueba obtenido lícitamente, tal como acontece en el caso que nos ocupa el Ente Acusador aportó medios probatorio suficientes para que el A quo decrete el auto de formal procesamiento. En consecuencia, esta Sala aprecia que el Ad quem a dictado una resolución conforme a derecho.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha intervenido todos los actos procesales, así como que ha hecho uso de cuantos recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la Defensa, tal y como sucede que ha comparecido ante esta Sala recurriendo la resolución que según su parecer le causa agravio.- CONSIDERNADO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[7]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[8]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a los antecedentes y la resolución impugnada esta Sala encuentra que el fallo del Ad quem es conforme a derecho, observando los requisitos, exigencias y formalidades de la ley, así como que deja claramente establecidos los motivos por los que dicta la resolución cuestionada. En consecuencia, no se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos invocados por el recurrente.- CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo, interpuesto por el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, a favor de; LEONARDO XAVIER ORELLANA CLAROS Y WHENDY FRANCISCA CLAROS ALEMÁN, contra la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0044-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALI

Secretario Sala Constitucional

[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371

[2] Idem.

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[5] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371

[6] Idem.

[7] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[8] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.