Sentencia AP-42-19 — Registro 12111
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra la resolución emitida por el Juzgado de con relación al delito de asesinato en perjuicio. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo promovido por la Abogada Evelyn Giselle Trejo Murillo en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor Lenin Jose Guevara Figueroa por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio de los señores Maria Edita López, Jorge Leonel Martínez y Rodolfo López López. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha dos de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Elmer Alfonso García Lanza, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores Lenin Josué Guevara Figueroa y Frenin Omar Pineda Fúnez por suponerlos responsables del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido Q10 y por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, asimismo, contra el señor Lenin Josué Guevara Figueroa por el delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 2-5 del testimonio número 2477-17 de los antecedentes) 2) El Juzgado antes referido, en fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, celebró audiencia inicial, en la que resolvió: 1.-DECRETAR: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de LENIN JOSUE GUEVARA FIGUEROA por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2.- DECRETAR: SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL favor de LENIN JOSUE GUEVARA Y FRENIN OMAR PINEDA FUNEZ por suponerlos responsables del delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, debiendo de extenderse las respectivas cartas de libertad provisional.- 3.- DECRETAR: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de LENIN JOSUE GUEVARA FIGUEROA Y FRENIN OMAR PINEDA FUNEZ por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO Q10, debiendo de extenderse las respectivas cartas de libertad definitiva.- 4.- Como medida cautelar para LENIN JOSUE GUEVARA FIGUEROA se decreta la prisión preventiva establecida en el Artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal…. (Folios 46-53 del testimonio número 2477-17 de los antecedentes) 3) En fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Evelyn Giselle Trejo Murillo, en su condición antes indicada, presentando escrito solicitando la diligencia prejudicial consistente en la realización de prueba pericial de comparación de balística con las formalidades del anticipo de la prueba, misma que fue declarada sin lugar en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, por considerar el A-quo que el Ministerio Público no necesita autorización judicial para ordenar esa pericia, por no estarse violentando derechos fundamentales… (Folios 2-6/10-12 de la pieza número 3263-17 de los antecedentes) 4) En fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ante el Juzgado antes referido, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunal la Abogada Evelyn Giselle Trejo Murillo, interpuso recurso de reposición contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, considerando que la misma debía reponerse por considerar que se vulneró el derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva y principio de legalidad. (Folios 17-22 de la pieza número 3263-17 de los antecedentes) 5) En fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado precitado, resolvió: 1) Admitir el escrito que antecede presentado por la Abogada EVELYN GISELLE TREJO MURILLO. 2) DECLARAR SIN LUGAR, la reposición solicitada por la Fiscal. 3) Que al advertirle al Juez sobre las consecuencias de no emitir sus resoluciones en estricto apego a la Ley y pedirle que reponga una resolución conforme a derecho, se está vulnerando el principio de independencia judicial, coaccionando al Juez a resolver conforme a lo solicitado. 4) Hacer nuevamente un llamado de atención a la Fiscal para que, en lo sucesivo, evite estar coaccionando al Tribunal e informar a la Corte Suprema de Justicia, por considerar el suscrito que se está vulnerando el principio de independencia del Juez. (Folios 23-24 vuelto de la pieza número 3263-17 de los antecedentes) 6) En fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, compareció la Abogada Evelyn Giselle Trejo Murillo, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución relacionada en el numeral que precede, manifestando la recurrente entre otros extremos lo siguiente: “…al no autorizar el Juez dicha pericia bajo el control jurisdiccional la referida prueba realizada carecería de eficacia probatoria para efectos de utilizarla en el proceso, por no estar revestida de toda la legalidad debida, por lo tanto sería nula, no pudiendo utilizarla para ninguna de las etapas del proceso penal y siendo que el ente administrador e impartidor de justicia es el encargado y garante de no violentar los derechos y garantías constitucionales…”[1]. Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran las garantías constitucionales a su representado contenidas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 2-7 de la pieza del Ad-quem) 7) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual falló: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada EVELYN GISELLE TREJO MURILLO… (Folios 38-41 vuelto de la pieza del Ad-quem) 8) Que en fecha quince de enero de dos mil diecinueve, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo promovido por la Abogada Evelyn Giselle Trejo Murillo en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor Lenin Jose Guevara Figueroa por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio de los señores Maria Edita López, Jorge Leonel Martínez y Rodolfo López López. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete; violenta las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; cuando no autoriza la práctica de una pericia bajo el control jurisdiccional evitando así su eficacia probatoria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que si bien es cierto corresponde al Juez valorar la existencia o no de las circunstancias de los Artículos 246 y 277 del Código Procesal penal, la Justicia Constitucional interviene cuando se ha quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello los derechos consagrados en la Constitución de la República, como en el presente caso, donde se limita la realización de una prueba pericial a las atribuciones del fiscal, en la etapa de investigación; impidiéndose con ello el ejercicio del Derecho de Defensa del Investigado; y, por otro el debido proceso al limitar la práctica y aseguramiento de la referida prueba pericial. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo promovido por la Abogada Evelyn Giselle Trejo Murillo en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público a favor del Estado de Honduras, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0042-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Folio 6 de la pieza del Ad-quem. escrito de interposición del recurso.párr.3.