Sentencia AP-402-18 — Registro 12036
Resumen
Resolución declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó medida cautelar de prisión preventiva contra recurrente en causa por suponerlo responsable del delito de lavado de activos y asociación o confabulación ilícita para el lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras; en apelación se considera que no han desaparecido los presupuestos legitimadores que no va haber peligro de fuga de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el Pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida encuentra que la resolución dictada por el Ad-quem, no quebranta los derechos fundamentales del recurrente, si bien la libertad personal es un derecho fundamental instituido en la Constitución de la República, el mismo puede verse limitado conforme a las excepciones establecidas en la misma Constitución de la República y en la Ley secundaria que la desarrolla. El derecho a la libertad personal admite restricciones, que deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. En este sentido, el artículo 7.2 de la Convención establece, como principio, que nadie puede ser privado de su libertad física, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados partes o por la Leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas que contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las Leyes cónsonas con ella, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse. Situaciones estas que han sido ampliamente desarrolladas en la resolución que se impugna, por ello el Tribunal de Alzada confirma la medida cautelar de Prisión Preventiva decretada por el A-quo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 93 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 178 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 179 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Cuatro (4) de Junio de dos mil diecinueve (2019). VISTO: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia integrado por los Magistrados y Magistradas: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ Presidente, REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, RAFAEL BUSTILLO ROMERO, WILFREDO MENDEZ ROMERO, RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, GARIN ENOC URQUIA CASTRO, DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, RUBEN RIVERA FLORES, REINA MARIA LOPEZ CRUZ, LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, ROXANA LICETH MORALES TORO, NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA y CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Comparecencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, con relación a la causa instruida contra el señor: MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 69, 92 y 93 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1.-) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Comparecencia en Materia de Corrupción, los Abogados LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, GELMER HUMBERTO CRUZ Y ABIGAIL MERARY RAMOS CERRATO, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Publico, presentando requerimiento Fiscal, contra los señores: 1) ROSA ELENA BONILLA AVILA por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, ASOCIACION ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LÑA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA Y 3) SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO, ambos por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACÍON ILÍCITA, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-20 del Tomo I de los antecedentes). 2.-) Que en audiencia Inicial celebrada en fechas dos, tres y cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Resolvió: “1)… 2) MANUEL MAURICIO MORA PADILLA: por considerarse responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL LAVADO DE ACTIVOS, ambos en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, y a titulo de COMPLICE DE AUTOR DEL DELITO CONSUMADO ART. 8 DECRETO 45-2002 Ley del Lavado de Activos, a quien se le dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA, quien deberá guardar Prisión en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de la Ciudad de Támara Francisco Morazán, debiéndose enviar los correspondientes oficios para su guarda y custodia. Para los nueve delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.” (Folios 2226 al 2258 del Tomo 5 de los antecedentes). 3.-) Que conociendo de los Recursos de Apelación interpuestos por los Abogados RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS Y HERMAN JOVANNY HERRERA, en su condición de Apoderados Legales del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dicto resolución en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en la cual Resolvió: “1)…2) Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, REVOCA la calificación Jurídica del Auto de Formal Procesamiento por los delitos de Lavado de Activos y de Asociación o Confabulación Ilícita para el delito de Lavado de Activos. REFORMA y en consecuencia dicta AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por seis (06) delitos de Fraude a titulo de COOPERADOR NECESARIO. 3)… (Folios 1946 al 1964 del Tomo 4 de los antecedentes). 4.-) Que en fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, solicitó audiencia de revisión de medida cautelar en consideración de la nueva tipificación de los delitos que se le imputan a su representado MANUEL MAURICIO MORA PADILLA. 5.-) Que en Audiencia celebrada en fecha once y doce de mayo del dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, Resuelve: “este Juzgador considera que estas notas no suficiente para poderlas adoptar en razón a la sustitución de la medida de la Prisión Preventiva solicitada, aunado a lo interior lo establecido en el articulo 179 circunstancias arriba desarrolladas (peligro de fuga, riesgo fundado ejecute actos represalia) 180, peligro de obstrucción influir en los demás imputados, forzara o inducirá), establece que no han desaparecido los presupuestos legitimadores para pensar que puestos en libertad no va haber peligro de fuga, que va a someterse al proceso, que pueda salir del país y pues en ese sentido estableciéndose las circunstancias descritas haciendo uso de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, se establece que no han desaparecido los presupuestos legitimadores que inicialmente y ahora analizados, se dieron para dictar lo que es la medida de prisión preventiva en a los 3 imputados se les está declarando SIN LUGAR lo que es la sustitución de la prisión preventiva, quedan notificados de la presente audiencia para que puedan hacer uso de los recursos concluyendo la presente audiencia para que puedan hacer uso de los recursos, concluyendo la presente audiencia a las once con quince minutos de la mañana (11:15 AM) (Folios 2325 al 232 del Tomo 5 de los antecedentes). 6.-) Que conociendo el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, en fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa.- SEGUNDO: CONFIRMA la Medida Cautelar de PRISION PREVENTIVA decretada en fecha doce (12) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional de Corrupción, contra los señores ROSA ELENA BONILLA AVILA, SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO Y MANUEL MAURICO MORA PADILLA, por un plazo de NUEVE (09) MESES, contados desde el momento de su detención, sin perjuicio que esta medida sea revisada o ampliada oportunamente. 7.-) El recurrente Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, reclamando amparo a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69,92, y 93 de la Constitución de la República. 8.-) Que en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de Conformidad, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. 9) Que en fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, la Sala de lo Constitucional emitió sentencia en la cual no existió unanimidad, por lo que decidió remitir en fecha Veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el expediente a secretaria de la Presidencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que fuera sometido al conocimiento del Pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo que establece el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución del Pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, conocer de la Garantía de Amparo, cuando no ha existido unanimidad en la Sala de lo Constitucional, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.244-2003 CONSIDERANDO:(2) Que la acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece, Asimismo, de Conformidad al artículo 183 Constitucional concordando con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, por la corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de corrupción, mediante la cual Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal, con Competencia Nacional en materia de Corrupción, con relación a la causa instruida contra el señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION O CONFABULACION ILICITA PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo expone su reclamo contra la resolución de la Corte impugnada que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la defensa confirmado la medida cautelar de prisión preventiva decretada en fecha 12 de mayo del año 2018, contra el señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, en el momento oportuno se interpuso recurso de reposición contra dicha resolución, mismo que fue declarado sin lugar. El impetrante es del criterio que la impugnada resolución es violatoria de la garantía del Debido Proceso. Al decretar prisión preventiva contra su representado sin que se haya valorado la caución ofrecida, así como las circunstancias de los hechos, señalando que se admitieron como hechos elementos que solo fueron mencionados por el Ministerio Público sin aportar prueba sobre ellos. Señala además las garantías constitucionales consagradas en los artículos 89, 60, 69, 92, y 93 constitucionales y los artículos 14, 20, 101, del Código Procesal Penal. Expone que se han quebrantado los principios de Objetividad e Igualdad; menciona las actuaciones de la Corte impugnada y del Juzgado de Letras en materia de Corrupción, en el caso especifico de los Ex concejales, señalando que al menos unos de los Consejales tiene 63 delitos de malversación de caudales públicos los que de acuerdo al Código Penal o la suma de las penas corresponde a una pena mínima de 225 años, esto en relación a las penas, además señala la posibilidad de obstruir las investigaciones o testigos, considerando que ellos nombraron Juez, la posibilidad es sumamente alta, manifiesta que si bien fue correcta la actuación de imponer medidas a los Ex concejales, aprecia que estos mismos Órganos Jurisdiccionales deben darse las mismas medidas a las mismas condiciones de los imputados señalando que en el caso de su representado la pena es de 36 años, lo cual es una pena menor al caso antes planteado. Además manifiesta que su representado no puede obstruir la Justicia pues se encuentra fuera del gobierno y el nunca fue la persona que nombrara a otros funcionarios, por lo tanto la Corte de Apelaciones con su resolución violenta el principio de igualdad. CONSIDERANDO: (5) Que el recurrente señala que se ha quebrantado el principio derecho a la libertad contenido en el articulo 69 constitucional y 25, 7.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Refiere que el Código Penal en su artículo 445 establece dos categorías de delitos; los graves con penas mayores de cinco años y lo menos graves con penas menores a cinco años, dice, que con la teoría de la Corte de Apelaciones contra la Corrupción todas las personas acusada por delitos graves no tendrán medidas diferentes a la prisión preventiva, señala además la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal, mediante la cual existen 21 delitos graves a los que no podrá imponerse medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en el caso de mérito dice el recurrente que la Corte de Apelaciones y el Juez de Letras considera delito grave mayor de cinco años y que esta circunstancia es suficiente para mantener privado de libertad a su defendido, violentando con ello el derecho a la libertad. CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en su resolución expone como Antecedentes Procesales que motivan la acción de amparo, la actuación realizada entre el 11 y 12 de febrero del año 2018, denominada audiencia de Revisión de Medida Cautelar, solicitada por los abogados defensores de las personas imputadas, misma que fue declarada sin lugar, lo que motiva la presentación de un recurso de apelación. El Ad-quem en el párrafo de la motivación deja establecido: “que causa agravio a los recurrentes la violación al artículo 93 de la Constitución de la República que establece.” “aun con auto de formal procesamiento ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida en ella si otorga caución suficiente”, relacionado con el artículo 1 de la Carta Magna que establece “el estado debe garantizar a sus habitantes el goce de la libertad”, por lo que conforme al artículo 69 de la Constitución “la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente” señalando que bajo este marco constitucional es deber de los Órganos Jurisdiccionales analizar proporcionalidad de la medida cautelar a imponer, estableciendo parámetros objetivos de aplicación tal cual lo establece el artículo 194 del Código Procesal Penal tomando en “cuenta la gravedad del delito, la capacidad económica del imputado, su personalidad moral y sus antecedentes”. CONSIDERANDO: (7) Que la Corte de Apelaciones impugnada explica y desarrolla la temática relacionada en el considerando que antecede de la siguiente manera: A) Gravedad de los delitos, la vinculación de los imputados en la comisión de los delitos contra la administración pública, situación que con una mínima actividad probatoria fue probada por el Ministerio Público y confirmada por la misma Corte de Apelaciones en su momento, si bien es cierto recalificando los delitos de APROPIACION INDEBIDA Y FRAUDE, estableciendo las partes recurrentes que no constan en el catalogo establecido e artículo 184 del Código Procesal Penal vigente, por lo cual no existirá una prohibición de aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva”. B) Pronostico de la pena que se le podría aplicar a los imputados: En el caso de resultar una sentencia condenatoria, cuya pena abstracta señalada en el caso del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA por seis delitos de Fraude a titulo de cooperador necesario y al señor SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO por seis delitos de Fraude a titulo de autor, según artículo 376 del Código Procesal Penal, la pena es de seis (6) a nueve (9) años multiplicados por seis (6) delitos de Fraude, quedando una pena abstracta de 36 años la mínima y la máxima de 54 años. La señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, tres (03) delitos de apropiación Indebida apreciados como un solo delito continuado a titulo de AUTORA, la pena es de seis (6)a nueve (9) años de reclusión, aumentada en 2/3 y no podemos olvidar la multa correspondiente que es el 10 % del valor defraudado, quedando una pena mínima de diez (10) años y una pena máxima de quince años (15). Y los seis delitos de Fraude cometidos en el grado de participación de Inductora, regulado en el artículo 376 del Código Penal, con una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión. En este caso concreto estamos hablando de seis delitos de fraude, quedando una pena de treinta y seis (36) años la mínima y la máxima de cincuenta y cuatro (54) años. Las penas acumuladas por ambos delitos es la mínima de cuarenta y seis (46) años y la máxima de sesenta y nueve (69), las cuales sobrepasan los treinta años que manifiesta el artículo 35 del Código Penal vigente. CONSIDERANDO: (8) Que el Ad-quem señala la gravedad de los delitos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 445 del Código Procesal Penal, que considera delitos graves los sancionados con pena mayor, entendiéndose como tal los que exceden de cinco años, incluidos los sancionados con multa que excedan de treinta mil lempiras. De acuerdo a los hechos el Ad-quem considera que se está ante la comisión de varios delitos graves incluyendo la multa mínima que oscilara en Un Millón Seiscientos y Dos mil quinientos Cuarenta Lempiras con trece centavos de Lempiras. (l. 1, 682,540.13), por lo que en el caso de que a los acusados se les dicte una sentencia condenatoria la pena es grave, lo que redunda en un peligro de fuga ante la gravedad de la pena. CONSIDERANDO: (9) Que la Corte de Apelaciones impugnada, en relación al artículo 194 del Código Procesal Penal, se pronuncia en cuanto a “la capacidad económica de los imputados, su personalidad moral y sus antecedentes” señalando que los imputados SAUL FERNANDO ESCOBAR PUERTO Y MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, han ofrecido cauciones reales, por su parte la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA ofrece como caución dos cheques de caja no negociable de Banco América Central de Honduras. Sin embargo el Ad-quem considera que los recurrentes NO RINDEN CAUCION SUFICIENTE, en virtud de que el Ente Acusador no solo esta señala como cantidad sustraída de dieciséis millones, esto como resultado haber aportado solamente la mínima actividad probatoria, siendo el requerimiento fiscal por la sustracción irregular de noventa y cuatro millones de lempiras, por lo que sería irrisorio hablar de un millón quinientos mil (L. 1,500.000.00) lempiras o dieciséis millones (L.16,000.000.00) de Lempiras, que pueden ser reclamados en el proceso por una ampliación de la acusación, por todo ello considero el Tribunal de alzada que los imputados (a) no han rendido caución suficiente. CONSIDERANDO: (10) Que el Ad-quem siempre en relación al artículo 194, se pronuncia acerca de la personalidad Moral y la referencia a los Antecedentes de los imputados, aspecto importante para el Juzgador ya que podría aumentar o reducir el riesgo de ceder a la tentación de darse a la fuga o de manipular en su beneficio las fuentes de prueba, pero también al examen de su comportamiento en otras ocasiones, debiendo considerarse el contenido del artículo 178 en todos sus numerales; como resultado del análisis el Ad-quem declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto y confirma la medida cautelar de Prision Preventiva dictada contra los acusados. (a). CONSIDERANDO: (11) Que Honduras hace suyos lo Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados Internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su artículo 7 el derecho a la Libertas personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fiadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el articulo 9 literal 3) establece: “la prisión preventiva de las personas que hagan de ser Juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del Juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.” CONSIDERANDO: (12) Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ovaciones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 Constitucional, no obstante a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal encuentra en su encuadre legal en el CPP, en la institución de las Medidas Cautelares. Los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de fumus Boni Iuris, consistente en un Juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y la sentencia; presupuestos estos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad. CONSIDERANDO: (13) Que la finalidad de las medidas cautelares personales es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba. Para que el órgano Jurisdiccional pueda adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad es preciso que : 1) Existan indicios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor o participe de un hecho tipificado como delito; 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratara de destruir o manipular las fuentes de prueba. En ese orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 174 del CPP determina que el órgano Jurisdiccional, al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado. CONSIDERANDO: (14) Que los derechos fundamentales instituidos en nuestra constitución, la libertad personal, constituye uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor importancia después de la vida; tan es así que una de las características para la aplicación de la medida cautelar de privación de la libertad es la excepcionalidad; para Armenta Deu, “La excepcionalidad significa que la Ley procesal opta decididamente por la libertad provisional como regla general y primera opción que se debe escoger frente a la prisión provisional, en tanto concurran, claro esta, los presupuestos legales al efecto”; aunado a la excepcionalidad, otra característica que reviste mayor importancia para la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad personal es la proporcionalidad, la misma autora sostiene que: “La proporcionalidad exige que la norma restrictiva del derecho a la libertad de movimientos tenga un contenido proporcionado a los fines que con la prisión provisional se pretende alcanzar, expresado en otros términos, para privar de libertad a alguien debe exigirse un fin constitucionalmente legitimo, Así, junto a la necesidad e idoneidad de la medida se requiere que concurra la proporcionalidad strictu sensu, es decir, el Juicio de ponderación entre intereses en juego, de manera que el sacrificio de la libertad de la persona resulte razonable en comparación con la importancia del fin de la medida. CONSIDERANDO: (15) Que el debido proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración Judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado, (acusados, imputados) y que además el resultado de este se encuentre asegurado, garantizado la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO: (16) Que el Pleno de Magistrados y Magistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al estudio de los antecedentes y la resolución recurrida encuentra que la resolución dictada por el Ad-quem, no quebranta los derechos fundamentales del recurrente, si bien la libertad personal es un derecho fundamental instituido en la Constitución de la República, el mismo puede verse limitado conforme a las excepciones establecidas en la misma Constitución de la República y en la Ley secundaria que la desarrolla. El derecho a la libertad personal admite restricciones, que deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2 de la Convención. En este sentido, el artículo 7.2 de la Convención establece, como principio, que nadie puede ser privado de su libertad física, pero a continuación deja a salvo la posibilidad de adoptar injerencias en este derecho, “por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados partes o por la Leyes dictadas conforme a ellas”. Esto implica una remisión a la facultad de los Estados partes a dictar normas que contemplen supuestos de privación de la libertad, pero tal remisión no es indeterminada sino contiene ciertos parámetros, ya que, además de la necesidad de que tales normas estén contenidas en la Constitución o en las Leyes cónsonas con ella, se exige que las mismas precisen las “causas” y las “condiciones” en las cuales la privación de libertad puede ordenarse. Situaciones estas que han sido ampliamente desarrolladas en la resolución que se impugna, por ello el Tribunal de Alzada confirma la medida cautelar de Prisión Preventiva decretada por el A-quo. PORTANTO: El Pleno de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por MAYORIA de votos, en virtud de haber disentido el Magistrado REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, y en aplicación de los artículos 15,59, 62, 90, 183, 303, 313 N°.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 N° 5, 132, 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 , N° 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; articulo 7 inciso 2, 8 de la Convención American de Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 14.1 del pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos; Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANDRES WILFREDO URTECHO JEAMBORDE a favor del señor MANUEL MAURICIO MORA PADILLA, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.- Y MANDA: 1) Que se notifique a las partes el presente fallo y se remita la original al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes.- Redacto el Magistrado Integrante MIRANDA SANABRIA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO: ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, MAGISTRADO PRESIDENTE; REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, MAGISTRADO; JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, MAGISTRADO; RAFAEL BUSTILLO ROMERO, MAGISTRADO; WILFREDO MENDEZ ROMERO, MAGISTRADO; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, MAGISTRADA; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, MAGISTRADO; GARIN ENOC URQUIA CASTRO, MAGISTRADO INTEGRANTE; DAYANI IVETTE BOCANEGRA PADILLA, MAGISTRADA INTEGRANTE; RUBEN RIVERA FLORES, MAGISTRADO INTEGRANTE; REINA MARIA LOPEZ CRUZ, MAGISTRADA INTEGRANTE; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, MAGISTRADA INTEGRANTE; ROXANA LICETH MORALES TORO, MAGISTRADA INTEGRANTE; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, MAGISTRADO INTEGRANTE; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, MAGISTRADO INTEGRANTE; FIRMA Y SELLO: LUCILA CRUZ MENENDEZ, SECRETARIA GENERAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0402=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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