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Sentencia AP-396-18 — Registro 12034

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recursos de apelación, confirmó sobreseimiento provisional a favor de imputado por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de recurrente; en apelación se consideró que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación del imputado en los hechos denunciados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"nuevamente la Sala debe señalar, como ya lo ha hecho en reiterados precedentes, que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República..."..."también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas..."..."el recurrente ha presentando como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, partiendo de una estimación particular de la misma. El quejoso denuncia la decisión de favorecer al imputado con un sobreseimiento provisional cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento..."..."corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. En este respecto, resulta oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1]. No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso..."..."la Alzada determinó que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación del imputado en los hechos que se denunciaron. En su sentencia la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, resaltando la falta de prueba sobre la incapacidad de la ofendida; la evaluación forense que no encontró evidencia de lesiones en la víctima, y la testigo de referencia, hermana de la víctima, que formó su conocimiento del relato la ofendida—de quien se tuvo únicamente su declaración en sede administrativa— y ante estas incidencias, no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, así fue entendido tanto por el A-Quo como por el Tribunal de Apelación (al menos en la mayoría de sus integrantes), al decidirse por la confirmación del sobreseimiento provisional dictado por el juez de instancia, el cual admite la posibilidad de continuar con el proceso si se aportan otros elementos probatorios, como lo indica ya el artículo 295 del Código Procesal Penal..."..."esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."a diferencia de los argumentos esgrimidos por el impetrante, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar—por ahora—no acreditada la participación del imputado en los hechos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido exhaustiva en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho..."..."esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS RAMÓN ROMERO OCHOA, a favor de la Joven A. L. P., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en la audiencia que comenzó en fecha veinte (20) de febrero y concluyó el dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), que declaró –por mayoría de votos SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); en la causa instruida contra el señor MOISÉS OBED NORIEGA SANTOS, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la Joven A. L. P.. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 90 y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el Abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor MOISÉS OBED NORIEGA SANTOS, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de la joven A. L. P.. (Folios 1-26 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 2) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en la audiencia inicial correspondiente resolvió: (SIC) “PRIMERO: Decretar un Sobreseimiento Provisional a favor del imputado MOISÉS OBED NORIEGA SANTOS, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio de A. L. P.; SEGUNDO: Ordenar la inmediata excarcelación de MOISÉS OBED NORIEGA SANTOS, sin perjuicio de que tenga otros procesos pendientes en su contra, debiéndose librar el oficio correspondiente al Director del Centro penal de El Progreso, Yoro. TERCERO: Declarar sin lugar el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO peticionado por la Fiscalía del Ministerio Publico y el Acusador Privado y la medida de prisión preventiva. CUARTO: Declarar sin lugar el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa del encausado. -“ (Folios 54-57 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Publico y el Abogado LUIS RAMÓN ROMERO OCHOA, en su condición de acusador privado, se celebró audiencia Ad Hoc que comenzó en fecha veinte (20) de febrero y concluyó el dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a lo que la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, al haber un voto disidente del Magistrado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, por mayoría de votos Resolvió: (SIC) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR los recursos de apelación presentados por el Ministerio Publico y Acusador Privado, contra la resolución dictada en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta ciudad en la presente causa. SEGUNDO: Se CONFIRMA el Sobreseimiento Provisional decretado a favor del acusado MOÍSES OBED NORIEGA SANTOS, por suponerlo responsable del delito de VIOLAClON ESPECIAL, en perjuicio de A. L. P..” (Folios 25—45 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia). 4) Que el Abogado LUIS RAMÓN ROMERO OCHOA, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), interponiendo acción de amparo a favor de la joven A. L. P., contra la resolución que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 1-11 del presente recurso) 5) Que en fecha ocho (8) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 33 del presente recurso). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de la señora A. L. P., la precitada sentencia que dictó la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, la cual determinó por mayoría de votos CONFIRMAR el sobreseimiento provisional que emitió el juez de instancia en la audiencia inicial. El razonamiento del Ad-Quem se fundó principalmente en el hecho que no se acreditó la pérdida de capacidad en la ofendida, requisito esencial para la calificación del delito imputado por el Ministerio Público conforme con el artículo 140.2 del Código Penal. La Alzada enfatizó en su motivación que la acusación no logró demostrar tampoco que la ofendida se encontrase en estado de ebriedad, y que la evaluación forense no se encontró evidencia de lesiones en la víctima, y de igual forma dejó entrever que a falta de testimonio de la ofendida, quien no compareció a la audiencia inicial, resultó insuficiente la declaración de su hermana, que al ser testigo de referencia, su dicho no pareció resultar convincente para el A-Quo, una circunstancia que también parece haber tenido efecto en la decisión del Ad-Quem de confirmar el sobreseimiento provisional dictado a favor del encartado. ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que el impetrante hizo un recuento de la prueba aportada en el proceso, la que consideró suficiente para demostrar con solvencia los hechos por los que se le inició proceso al encausado, considerando que los operadores de justicia estaban obligados a dictar un auto de formal procesamiento en este caso porque se acreditó la mínima actividad probatoria sobre la existencia del delito y la participación del imputado en los mismos. Al explicar las violaciones constitucionales en las que según el impetrante incurrió la Alzada, se limitó a establecer cuál es la prueba que debió ser estimada por la Alzada y cómo la misma debió ser considerada para que se dictase un auto de formal procesamiento, es decir que las argumentaciones del recurrente se fundan particularmente en que la prueba aportada debió ser suficiente para decretar un auto de formal procesamiento y que al no haberlo hecho así, el Tribunal de Apelaciones violentó el artículo 59 constitucional, que declara a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, garantizando la inviolabilidad de la dignidad del ser humano; el artículo 90, que recoge la garantía del debido proceso; y, el artículo 92 que establece los requisitos exigidos para decretar auto de formal procesamiento en causa criminal. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que nuevamente la Sala debe señalar, como ya lo ha hecho en reiterados precedentes, que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que también es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (9): Que el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentando como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, apreciaciones relacionadas estrictamente con valoración probatoria, partiendo de una estimación particular de la misma. El quejoso denuncia la decisión de favorecer al imputado con un sobreseimiento provisional cuando a su parecer existía prueba suficiente para estimar cumplidas las exigencias constitucionales para dictar un auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (10): Que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si el acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. En este respecto, resulta oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1]. No obstante, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. CONSIDERANDO (11): Que en el asunto objeto de examen, la Alzada determinó que no se pudo establecer en el proceso una mínima actividad probatoria para estimar la participación del imputado en los hechos que se denunciaron. En su sentencia la Alzada estableció con razonamientos fundados el porqué de su decisión, resaltando la falta de prueba sobre la incapacidad de la ofendida; la evaluación forense que no encontró evidencia de lesiones en la víctima, y la testigo de referencia, hermana de la víctima, que formó su conocimiento del relato la ofendida—de quien se tuvo únicamente su declaración en sede administrativa— y ante estas incidencias, no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, así fue entendido tanto por el A-Quo como por el Tribunal de Apelación (al menos en la mayoría de sus integrantes), al decidirse por la confirmación del sobreseimiento provisional dictado por el juez de instancia, el cual admite la posibilidad de continuar con el proceso si se aportan otros elementos probatorios, como lo indica ya el artículo 295 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (13): Que, a diferencia de los argumentos esgrimidos por el impetrante, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar—por ahora—no acreditada la participación del imputado en los hechos por los que se ejerció la acción penal respectiva, es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha sido exhaustiva en sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como ya queda dicho. CONSIDERANDO (14): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 295 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LUIS RAMÓN ROMERO OCHOA, a favor de la joven A. L. P., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, de la que se hace mérito en este fallo; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0396=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200