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Sentencia AP-391-18 — Registro 9005

Resumen

Resolución que inadmite medio de prueba pericial consistente en un informe pericial en relación a causa Instruida contra imputados por suponerlos responsables de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Publica del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"(6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-

CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho a la defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisies dias del mes de enero del año dos mil diecinueve.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que denegó el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas RUTH DURON FLORES y LUZ VILLEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la causa instruida contra los señores RODOLFO PADILLA SUNCERY, MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILS Y LUIS ALONZO LOPEZ EUCEDA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima la recurrente que se le han violentado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha nueve (09) de marzo del año dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RODOLFO AUGUSTO PADILLA SUNCERY, MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILS Y LUIS ALONSO LOPEZ EUCEDA por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios del 1 al 8 de la pieza de primera instancia).- 2) Que seguido el proceso en fecha veinticuatro (24) agosto del año dos mil dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula departamento de Cortés, celebró Audiencia de Proposición de Pruebas en la cual resolvió: Admitir los medios de prueba presentados por l agente fiscal a excepción de la pericia consistente en el informe especial que debería ratificar el perito HALMER WILSON SALINAS, esto en vista de que la misma es violatoria del derecho de defensa de los acusados, ya que conforme el artículo 246 del CPP, se establece que el MP dentro de la investigación preliminar podrá ordenar la realización de pericias para recabar toda aquella prueba que necesite para sustentar el debate, sin embargo se establece que bajo control jurisdiccional y conforme al debido proceso, es decir la parte contraria tenga acceso al mismo y que el perito sea debidamente juramentado, para que la parte contraria tenga el derecho a controvertir dicha pericia en base al derecho al contradictorio; consideramos que este medio de prueba no es licito; los medios de prueba que se admiten por considerarlos útiles, pertinentes y proporcionales. …” (Folios del 1136 al 1137 de la pieza de primera instancia).-3) Que en fecha veintisiete (27) septiembre del año dos mil diecisiete (2017), comparecieron ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, las Abogadas RUTH DURON FLORES Y LUZ VILLEDA, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha veinticuatro (24) agosto del año dos mil dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula departamento de Cortés, por estimar que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en la cual: “FALLA: DENEGANDO la acción de Amparo interpuesta por las Abogadas, RUTH DURON FLORES Y LUZ VILLEDA en su condición de Fiscales del Ministerio Público, contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de esta Ciudad en la cual se inadmite el medio de prueba pericial consistente en un informe pericial.”. (Folios 36 al 40 de la pieza de Corte de Apelaciones).-5) Que en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha doce (12) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, que DENIEGA el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas, RUTH DURON FLORES Y LUZ VILLEDA en su condición de Fiscales del Ministerio Público a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de esta Ciudad en la cual se inadmite el medio de prueba pericial consistente en un informe pericial en el Requerimiento Fiscal presentado contra los señores RODOLFO AUGUSTO PADILLA SUNCERY, MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILS Y LUIS ALONSO LOPEZ EUCEDA por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Tribunal de Sentencias Sala Segunda de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veinticuatro (24) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en Artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República; en virtud de que al inadmitir el medio de prueba denominado pericial, se estaría violentando el derecho a la defensa del ente fiscal al inadmitir dicha prueba y esto en relación al artículo 13 del Código Procesal Penal que establece que todas las partes en el proceso gozan de los mismos derechos y obligaciones por tanto en el principio de la igualdad de los intervinientes y estos en relación a los artículos 198 y 199 de mismo cuerpo legal en relación al artículo 273 del Código Procesal Penal en relación a las atribuciones de las autoridades encargadas de la investigación preliminar.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia y se une a lo expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, que comparte la decisión del Tribunal de Sentencias, sala segunda de San Pedro Sula, Cortes, ya que es evidente que admitir la prueba denominada pericial violentaría el derecho a la defensa que tienen los imputados, en virtud de que la misma si bien es cierto la autoriza el artículo 273, pero es únicamente para la etapa de la investigación preliminar la cual tiene por objeto la investigación de la verdad, la policía nacional, el ministerio publico u otra autoridad competente practicaran todas la diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible tomara en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.-

CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho a la defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada de fecha doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por las Abogadas RUTH DURON FLORES y LUZ VILLEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la causa instruida contra los señores RODOLFO PADILLA SUNCERY, MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILS Y LUIS ALONZO LOPEZ EUCEDA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho. Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADRA HERCULES ROSA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil diecinueve (2019) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0391-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL